La policía nacional de Chile, conocida como Carabineros, recurrió a un uso excesivo de la fuerza en la respuesta a las manifestaciones masivas, algunas de carácter violento, que empezaron en octubre y continuaban al momento de la preparación de este informe. Miles de personas resultaron heridas, incluidas más de 345 con lesiones oculares graves, como resultado de los disparos efectuados por carabineros con escopetas antidisturbios.  Muchos de los detenidos indicaron haber sufrido graves abusos durante el período de detención, incluidas brutales golpizas y abusos sexuales. Si bien el gobierno tomó algunas medidas positivas, como adoptar un protocolo sobre el uso de la fuerza y movilizar a 250 especialistas para que capacitaran a unidades de control de multitudes en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos, cuando se elaboró este informe las autoridades todavía no habían iniciado otras reformas orientadas a prevenir conductas indebidas por parte de carabineros y reforzar la supervisión de su accionar.

Chile enfrenta otros importantes problemas en materia de derechos humanos. Son considerables los obstáculos al aborto que encuentran las mujeres en situaciones en las que esta práctica se encuentra legalmente permitida. Siguen paralizados los proyectos para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. La imposición de reglamentaciones más rigurosas para las visas que se emiten a ciudadanos venezolanos podría hacer que, en la práctica, a muchos les resulte imposible ingresar a Chile. También persisten las condiciones inhumanas y de hacinamiento en muchas cárceles.

Durante 2019, Chile ha conseguido avances en derechos humanos en algunas áreas. El Congreso aprobó una ley sobre identidad de género que permite a las personas cambiar su nombre y género en el registro civil, y una ley que tipifica el acoso sexual en espacios públicos. Asimismo, Chile realizó acciones para juzgar a ex policías y militares por abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones

En octubre, se desataron protestas masivas en todo Chile por la situación de los servicios públicos y la desigualdad en el país. Aunque la mayoría de los manifestantes actuaron en forma pacífica, algunos grupos atacaron a carabineros con piedras, y saquearon y quemaron bienes públicos y privados. Casi 2.000 agentes resultaron heridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre.

Agentes de Carabineros respondieron empleando fuerza excesiva contra manifestantes y transeúntes, con independencia de si habían cometido actos de violencia o no. Los servicios sanitarios atendieron a más de 11.000 personas heridas entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, incluidas más de 345 que habían sufrido lesiones oculares, en su mayoría al ser alcanzadas por perdigones disparados por carabineros con escopetas antidisturbios. Cuando se elaboró este informe, Carabineros habría suspendido el uso de estas escopetas antidisturbios, mientras peritos analizaban la composición de los perdigones.

Más de 15.000 personas fueron detenidas por carabineros entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre, y en algunos casos recibieron maltratos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó 442 querellas ante el Ministerio Público sobre trato inhumano, torturas, abuso sexual y otros delitos. Human Rights Watch obtuvo testimonios creíbles de que carabineros obligaron a personas detenidas, especialmente mujeres y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudas, una práctica prohibida en sus protocolos vigentes. También documentamos casos de golpizas brutales y abusos sexuales de personas detenidas. La Fiscalía Nacional está investigando al menos cinco muertes presuntamente causadas por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones.

Juicios por abusos del pasado

La justicia chilena sigue juzgando a ex policías y militares responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.

En diciembre de 2018, un juez chileno condenó a 53 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta chilena, por el secuestro, tortura y desaparición forzada de siete dirigentes comunistas en 1976, y el homicidio en 1977 de Víctor Díaz, exdirigente del Partido Comunista.

En enero de 2019, la justicia chilena condenó a seis hombres, incluido un agente de seguridad, cuatro médicos y un conductor, por la muerte por envenenamiento del expresidente de Chile Eduardo Frei Montalva en 1982.

En marzo, la justicia chilena condenó a 11 exmilitares por haber quemado vivo al fotógrafo Rodrigo Rojas, de 19 años, en 1986.

Chile aplica un secreto de 50 años a los testimonios de víctimas prestados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entre noviembre de 2003 y mayo de 2004. Los testimonios revelaron los sitios de detención y los métodos de tortura usados por la dictadura, e identificaron a ex presos políticos y víctimas de torturas. En 2017, el gobierno de Bachelet (2014-2018) presentó un proyecto legislativo para levantar el secreto. Esto generó un fuerte debate entre quienes sostienen que divulgar los testimonios violaría la privacidad de las víctimas, y quienes creen que esto es necesario para castigar plenamente a los responsables y brindar justicia a las víctimas.

En diciembre de 2018, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto legislativo que penalizaría con hasta tres años de prisión a quien “justificare”, “aprobare” o “negare” las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Este proyecto, que resulta violatorio de las disposiciones sobre libertad de expresión consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos, seguía en trámite cuando se preparó este informe.

Derechos de la mujer

La prohibición absoluta del aborto concluyó, luego de 28 años, en 2017, cuando el Tribunal Constitucional ratificó una nueva ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer embarazada está en peligro o si el feto es inviable. Aunque la aprobación de la ley marcó un avance para los derechos reproductivos en Chile, sigue habiendo obstáculos significativos para acceder incluso a los abortos legales.

En su redacción actual, la ley permite que médicos e instituciones privadas se nieguen a practicar abortos por razones morales. De los 1.148 profesionales médicos que trabajan en hospitales públicos, más del 50 % se oponen a realizar abortos luego de una violación sexual, el 28,5 % cuando el feto es inviable y el 20,5 % cuando está en riesgo la vida de la mujer embarazada, según indica un informe publicado por el Ministerio de Salud chileno en junio.

En abril, Chile tipificó el acoso sexual en espacios públicos, y estableció multas e incluso penas de prisión para actos como agresiones verbales, tocaciones, acoso y actos indecentes en público.

Derechos indígenas

La justicia chilena sigue juzgando a activistas mapuches que defienden el derecho a la tierra, y aplica para ello la ley antiterrorista por actos de violencia y daños materiales durante protestas. La ley ha recibido críticas por establecer una definición excesivamente amplia de terrorismo y por no reconocer garantías suficientes de debido derecho. Tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera propusieron reformas para actualizar la ley y aclarar su alcance. Cuando se elaboró este informe, se encontraba en trámite en el Senado un proyecto para reformar la ley antiterrorista.

En noviembre de 2018, el activista mapuche Camilo Catrillanca, de 24 años, murió abatido por disparos de carabineros. La muerte causó fuerte indignación y se convirtió en un símbolo de brutalidad policial. Carabineros indicó que Catrillanca murió en un enfrentamiento armado y que el incidente no había sido registrado. Sin embargo, en diciembre de 2018, trascendieron videos en los que se ve que Catrillanca estaba desarmado en el momento en que recibió un disparo por la espalda. El presidente Piñera apartó del cargo al jefe de Carabineros, el general Hermes Soto. Cuando se elaboró el presente documento, ocho personas, entre ellas siete expolicías y un abogado acusado de ayudar a ocultar pruebas, estaban siendo juzgadas por su papel en esta muerte.

Orientación sexual e identidad de género

En agosto, recibió la última aprobación la ley de identidad de género, promulgada por el Presidente Piñera en noviembre de 2018, y está previsto que entre en vigor a comienzos del año 2020. La ley permite que las personas transgénero mayores de 14 años cambien legalmente de nombre y género en el registro civil, sin ningún requisito de cirugía ni cambio en la apariencia física. Si bien la sanción de la ley representa un importante avance para la comunidad trans de Chile, todavía queda mucho trabajo por delante para garantizar los derechos de las parejas casadas, que conforme a la legislación vigente deben divorciarse antes de poder acceder al derecho a cambiar legalmente de género.

El proyecto del gobierno de Bachelet para legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo y reconocer a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar o acceder a otras opciones reproductivas, presentado en agosto de 2017, sigue en trámite en el Senado. En septiembre, el gobierno chileno eliminó de su Plan de Derechos Humanos lenguaje que promueve el matrimonio igualitario.

Derechos de refugiados y migrantes

En agosto, el Senado de Chile acordó por unanimidad tratar un proyecto de reforma inmigratoria con el fin de incrementar la reglamentación del proceso migratorio y sistematizarlo para hacer frente a la creciente población migrante. Las leyes inmigratorias no se actualizan desde 1975.

En agosto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó que cerca de 400.000 migrantes venezolanos habían llegado a Chile desde 2016, lo cual ubica al país como tercer mayor receptor de refugiados y migrantes venezolanos, después de Colombia y Perú. Aunque Chile ha adoptado medidas para recibir a los venezolanos, las reglamentaciones para la obtención de visas hacen que, en la práctica, a algunas personas venezolanas les resulte difícil ser acogidas. En junio, Chile reformó sus reglamentaciones para exigir que los venezolanos que ingresen con fines de turismo obtengan una visa antes de llegar a la frontera. La visa turística, que tiene una validez de 90 días, se puede obtener en los consulados chilenos. Sin embargo, para conseguirla los venezolanos deben presentar un pasaporte emitido con posterioridad a 2013 y pagar un arancel de USD 50.

Chile también empezó a ofrecer en todos sus consulados una “visa de responsabilidad democrática” de un año de duración. Anteriormente, este tipo de visa solamente estaba disponible en Caracas. Aunque incrementar el acceso a la visa de responsabilidad democrática puede ayudar a algunos venezolanos, tiene igualmente un costo de USD 30 y exige la presentación de algún documento válido. La obtención de algunas de estas visas podría resultar un obstáculo insuperable para las miles de personas que huyen sin dinero ni documentos de identificación adecuados.

Derechos del niño

El gobierno de Piñera ha adoptado varios pasos concretos para reformar el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que históricamente ha tenido deficiencias, incluida la aprobación de una ley para duplicar los subsidios gubernamentales destinados a 200 residencias que albergan y atienden a niños y niñas en régimen de acogida;  la creación de la primera residencia especializada en el cuidado de niños con discapacidad y la adopción de medidas para sacar a niños que están en centros tradicionales del SENAME y asignarlos a residencias con mayores recursos y atención más personalizada. El SENAME estaba cuestionado desde hacía años debido a señalamientos de abusos, maltratos y muertes en sus centros.

En julio, el gobierno de Piñera aprobó una ley que elimina la prescripción de los delitos sexuales contra menores, luego de que se multiplicaran los señalamientos de abusos perpetrados por miembros de la Iglesia católica. Cuando se elaboró este informe, los fiscales chilenos investigaban más de 200 casos de este tipo.

Condiciones en centros de detención

Un informe divulgado en abril por el INDH mostró que 19 de las 40 cárceles estatales en Chile presentaban sobrepoblación en 2016 y 2017, que en 24 no había acceso suficiente a baños y agua potable, y que muchas tenían problemas de saneamiento, moho, plagas y falta de circulación de aire y calefacción. Asimismo, el 50 % de los hombres y el 35 % de las mujeres no tenían acceso a camas individuales. El INDH ha presentado decenas de demandas en representación de internos que están en condiciones indignas e insalubres.

Actores internacionales clave

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), en 2019 Chile apoyó medidas de la ONU orientadas a que se abordaran violaciones de derechos humanos en Nicaragua, Siria, Sri Lanka, Myanmar, Corea del Norte, Sudán del Sur, Bielorrusia, Eritrea, Irán, Ucrania y los Territorios Ocupados de Palestina. Sin embargo, en julio se abstuvo de una resolución que alertaba sobre los abusos en Filipinas.

Desde 2018, Chile ocupa la copresidencia del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En agosto, Chile apoyó una resolución para nombrar una comisión que dé seguimiento a la crisis de derechos humanos que persiste en Nicaragua, así como al cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana.

Chile también ha apoyado resoluciones ante la ONU y la OEA que condenan los abusos en Venezuela.