El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció a su cargo el 10 de noviembre luego de que se iniciaran protestas sociales multitudinarias, se publicara un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que señalaba una “manipulación dolosa” del sistema de votación durante la elección presidencial de octubre, y el jefe de las Fuerzas Armadas del país le pidiera la renuncia.
El 13 de noviembre, Jeanine Áñez, vicepresidenta segunda del Senado y oponente política de Morales, asumió como presidenta interina en una acción sumamente controvertida que contó con el apoyo del Tribunal Constitucional.
La administración de Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos y promovió reformas judiciales que suponen una amenaza al estado de derecho en el país. Tras asumir el cargo, la Presidenta Áñez anunció y adoptó algunas medidas contrarias a estándares fundamentales de derechos humanos, incluido un decreto que eximirá a militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios. El decreto luego fue derogado.
Otras problemáticas graves son la violencia contra las mujeres, violaciones a garantías de debido proceso de los detenidos, el trabajo infantil y la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
Elecciones
En octubre, Evo Morales se postuló para un cuarto mandato. En un referéndum nacional que se llevó a cabo en 2016, la mayoría de los bolivianos se habían pronunciado a favor de establecer límites a los mandatos. No obstante ello, el Tribunal Constitucional en 2017 habilitó a Morales a postularse.
Después de la elección, se iniciaron multitudinarias protestas, dado que muchos bolivianos consideraron que los comicios habían sido injustos y fraudulentos.
El 25 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comunicó que Morales había ganado la presidencia. Pero el 10 de noviembre, la OEA presentó un informe en el cual describía una “manipulación dolosa” del sistema electoral.
Tras conocer el informe de la OEA, Morales manifestó que en el país se celebrarían nuevas elecciones y que todos los miembros del TSE serían reemplazados. Horas más tarde, ese mismo día, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, General Williams Kaliman, pidió a Morales la renuncia. Morales renunció ese día y denunció un golpe de Estado. Al día siguiente viajó a México, después de que el gobierno mexicano le otorgara asilo.
Violencia y abusos relacionados con las protestas
Al 17 de noviembre, 23 personas habrían perdido la vida y más de 700 resultado heridas en el contexto de protestas desde las elecciones del 20 de octubre, según información proporcionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 15 de noviembre, nueve personas murieron y 122 resultaron heridas durante una manifestación en la provincia de Chapare. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que las muertes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”. Algunos manifestantes, incluidos partidarios de Morales, también han participado en graves actos de violencia.
El 15 de noviembre, Áñez dictó un decreto presidencial por el que moviliza a las fuerzas militares en “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”. El decreto exime de responsabilidad penal a miembros de las fuerzas armadas cuando actúen “en legítima defensa o estado de necesidad” y respeten los “principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, según la definición de estos términos de acuerdo a disposiciones específicas del derecho boliviano. El decreto, que fue derogado el 28 de noviembre, era inconsistente con las normas internacionales de derechos humanos y enviaba a los soldados en las calles el peligroso mensaje de que no tendrían que responder por los abusos que cometieran.
Independencia judicial
El gobierno de Morales ha intentado reformar el sistema judicial boliviano que, durante años, ha estado gravemente afectado por corrupción, demoras e interferencia política. No obstante, algunas iniciativas plantean un grave riesgo para la independencia judicial.
En 2017, el Consejo de la Magistratura resolvió que todos los jueces nombrados antes de que se aprobara la Constitución de 2009 debían considerarse interinos y podían ser destituidos de manera sumaria por el Consejo. Desde ese momento, el Consejo ha destituido, mediante un procedimiento sumario, a aproximadamente 100 jueces, sin explicar cuáles son los motivos de estas destituciones ni brindar una oportunidad para impugnarlas.
En diciembre de 2017, mediante una elección popular se eligió a jueces del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y miembros del Consejo de la Magistratura a partir de listas cerradas creadas por la Asamblea Plurinacional, en la cual tiene mayoría el partido de Morales, Movimiento al Socialismo.
En 2018, el Consejo de la Magistratura adoptó una resolución por la cual se otorgaba a sí mismo amplias facultades para transferir jueces a otras ciudades o circuitos judiciales.
En agosto de 2019, una legisladora de la oposición dio a conocer grabaciones de audio con fuertes indicios de que importantes jueces y miembros del Consejo de la Magistratura habían ejercido una influencia indebida en el nombramiento de jueces de instancias inferiores.
Impunidad por abusos
Bolivia ha juzgado apenas a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, en parte debido a que, en algunas ocasiones, las Fuerzas Armadas se han negado a transmitir información a las autoridades judiciales sobre el destino de personas que fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada.
En agosto de 2017, el gobierno estableció una “Comisión de la Verdad” para llevar a cabo investigaciones no judiciales de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante ese período, con el objeto de que fiscales y jueces usen esta información para condenar a los responsables. Al momento de preparación de este informe, aún no se habían publicado las conclusiones. Al finalizar este informe, las Fuerzas Armadas habían logrado escasos avances en la desclasificación de archivos militares y la divulgación de información sobre víctimas de desapariciones forzadas.
Debido proceso y condiciones carcelarias
Alrededor del 66 % de las personas presas en Bolivia no han sido condenadas. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias e inhumanas. A mediados de 2019, más de 19.000 presos se encontraban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de aproximadamente 5.000.
En julio de 2018, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU señaló que la “delegación de autoridad” por funcionarios penitenciarios a los internos, un “sistema de autogobierno de los internos” y la “corrupción” de los funcionarios penitenciarios habían aumentado la vulnerabilidad de los internos a “formas sistémicas” de explotación, tortura y otros tipos de malos tratos. En marzo de 2019, ocho policías fueron acusados por la violación, ocurrida a comienzos de año, de una interna de nacionalidad brasileña, de 21 años, en la cárcel de Rurrenabaque del departamento de Beni, en el noreste de La Paz.
En mayo de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó una ley por la cual se restringe la prisión preventiva de hombres y mujeres que tienen niños a su cargo. Al momento de preparación de este documento, aún no se había aprobado un plan de implementación y un presupuesto especial para aplicar la ley.
La Fiscalía General del Estado ha usado, en reiteradas oportunidades, una ley contra la corrupción del año 2010 para acusar a sospechosos de delitos presuntamente cometidos antes de que se promulgara la ley. Esto resulta violatorio del principio internacional de irretroactividad de la ley penal.
En 2018, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de amnistía para los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Se los había acusado de “conducta antieconómica” —un delito contemplado en la ley anticorrupción de 2010— por actos cometidos a principios de la década del 2000. La ley de amnistía exige que Quiroga y Mesa “soliciten” el beneficio. Al momento de redacción de este informe, no habían solicitado la amnistía, pues argumentaban que no eran culpables, y seguían abiertas las causas en su contra.
El 13 de noviembre, el ministro de gobierno nombrado durante la presidencia de Áñez, Arturo Murillo, advirtió que el gobierno iba a actuar contra quienes cometan “sedición” para encarcelarlos. El delito de sedición tiene una definición imprecisa y acarrea penas de hasta tres años de prisión en la legislación boliviana. Murillo señaló que el gobierno también iba a “ir a la cacería” de Juan Ramón Quintana, ministro de gobierno durante la presidencia de Evo Morales, a quien calificó de “animal”.
Defensores de derechos humanos
Una ley y un decreto que el entonces Presidente Morales firmó en 2013 otorgan al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización no gubernamental (ONG) cuando esta lleve a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o cuando el representante de la organización reciba una condena por delitos que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público''.
El decreto también permite a la Asamblea Legislativa solicitar que se revoque la personalidad jurídica de una ONG en casos de “necesidad o interés público”. Estas medidas otorgan al gobierno amplias facultades para clausurar a organizaciones independientes de la sociedad civil.
Diversos funcionarios del gobierno de Morales han acusado a organizaciones de derechos humanos de participar en una conspiración internacional contra el gobierno, sin presentar pruebas que respalden tales señalamientos contra las ONGs.
El 10 de noviembre, un grupo de hombres quemó la vivienda de Waldo Albarracín, rector universitario y defensor de derechos humanos. Albarracín atribuyó la responsabilidad a partidarios de Morales.
Libertad de expresión
Si bien existe un robusto debate público, el gobierno de Morales ha arremetido regularmente contra periodistas, acusándolos —sin presentar pruebas— de difundir mentiras y distorsionar la realidad con intenciones políticas. En mayo de 2018, el entonces Presidente Morales tuiteó que “algunos medios de comunicación” reciben “instrucciones desde Washington para mentir, manipular y desinformar”. El gobierno de Morales también ha acusado reiteradamente a los medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el presidente.
En el contexto de las violentas protestas poselectorales, varios medios de noticias y periodistas sufrieron ataques o amenazas. Al menos cuatro medios de comunicación debieron suspender momentáneamente la transmisión.
El 14 de noviembre, la ministra de Comunicación nombrada bajo el gobierno de Áñez, Roxana Lizárraga, manifestó que el gobierno iba a “tomar las acciones pertinentes”, incluida la “deportación”, contra los periodistas que “causen sedición”.
No se han adoptado en Bolivia criterios transparentes relativos al uso de fondos gubernamentales para comprar pauta oficial —una importante fuente de ingresos para los medios de comunicación—, y algunos medios acusaron al gobierno de Morales de discriminar a aquellos que critican a funcionarios gubernamentales, negándoles publicidades.
Derechos indígenas
La Constitución de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de poblaciones indígenas, incluidas la propiedad colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas.
La legislación boliviana no consagra plenamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con respecto a medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Los estándares internacionales exigen el CLPI en todas las etapas de los proyectos que afecten el derecho de las poblaciones indígenas a tierras y recursos naturales. Aun así, una ley sobre minería vigente en Bolivia limita el CLPI a la etapa de explotación de concesiones.
Violencia de género y derechos reproductivos
Las mujeres y niñas de Bolivia siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer. La ley tipificó el “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica) y exigió la creación de centros de acogida para mujeres, así como la designación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género.
La Fiscalía General del Estado informó que se habían producido 136 feminicidios en 2018, y 82 de enero a septiembre de 2019.
La legislación boliviana no penaliza el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando el procedimiento es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer o niña embarazada. En 2017, la Asamblea Plurinacional aprobó una reforma penal impulsada por el gobierno que habría despenalizado totalmente el aborto para las niñas y habría permitido que las mujeres interrumpan sus embarazos en distintas circunstancias, incluidos si su vida o su salud se encuentran en riesgo, si el embarazo es el resultado de una violación, y si el feto presenta condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina. Sin embargo, en reacción a varias protestas, la asamblea abrogó el proyecto en enero de 2018, antes de que entrara en vigencia.
Trabajo infantil
En 2018, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una disposición de una ley de 2014 que había permitido que niños y niñas desde los 10 años trabajaran en actividades que no se consideren “peligrosas” o “insalubres”. Posteriormente en el mismo año, la legislatura sancionó una ley por la cual se elevó la edad mínima laboral para niños, niñas y adolescentes a 14 años. Según datos del Ministerio de Trabajo, aproximadamente 390.000 niños y niñas trabajan en Bolivia, a menudo en actividades peligrosas, como la construcción, la cosecha de caña de azúcar y la minería.
Orientación sexual e identidad de género
En 2016, la Asamblea Plurinacional aprobó un proyecto legislativo que permite que las personas modifiquen el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa. No obstante, en 2017, el Tribunal Constitucional determinó que ese cambio de género no otorgaba el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo biológico. No se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. La Constitución de Bolivia de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
En julio, el entonces Presidente Morales firmó un decreto por el cual se derogó una norma discriminatoria que prohibía que las personas homosexuales y bisexuales donaran sangre.
Actores internacionales clave
El 14 de noviembre, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, designó a Jean Arnault como su enviado personal para que “ofrezca el apoyo de la ONU a los esfuerzos para encontrar una solución pacífica” en Bolivia.
El 18 de noviembre, la CIDH solicitó la autorización del gobierno para llevar a cabo una misión a Bolivia con el objeto de observar la situación de los derechos humanos. El mismo día, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH) manifestó que enviaría una misión para documentar la situación en el país.
En noviembre, Bolivia fue sometida a su tercer Examen Periódico Universal de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos.
El mandato del ACNUDH en Bolivia finalizó en diciembre de 2017, cuando el gobierno no renovó el acuerdo para que desarrollara su labor en el país.
Bolivia se ha opuesto de manera reiterada a resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que alertaban sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua.