A pesar de la caída en el número de inmigrantes que llegan a las fronteras de la Unión Europea, los líderes populistas en los Estados de la Unión Europea (UE) intentaron utilizar el problema de la inmigración para avivar el miedo y aumentar su apoyo en las urnas. Sus posiciones de cara a la migración resquebrajaron la posición moral de la UE y a menudo tenían poco que ver con una política efectiva. Sin embargo, las instituciones de la UE tomaron medidas para abordar los ataques del gobierno húngaro contra las instituciones democráticas del país y los ataques del gobierno polaco contra el Estado de derecho.
Migración y asilo
A pesar de que las llegadas de inmigrantes y solicitantes de asilo disminuyeron a los niveles previos a 2015, la posición implacable, a menudo oportunista, de los gobiernos antiinmigrantes de la UE, incluidos los de Italia, Hungría y Austria, dominó el debate migratorio durante todo el año.
En medio de los impasses que bloquean los acuerdos sobre las reformas de las leyes de asilo de la UE y la distribución justa de la responsabilidad del procesamiento de los inmigrantes y solicitantes de asilo que ingresan y ya se encuentran en el territorio de la UE, la prioridad siguió siendo mantener a los inmigrantes y solicitantes de asilo alejados de la UE, incluso mediante propuestas problemáticas como el procesamiento en alta mar y una cooperación migratoria con países no pertenecientes a la UE con menos recursos, historiales de derechos humanos dispares y menos capacidad para procesar las solicitudes de asilo.
A mediados de noviembre, se habían registraron 107.900 llegadas por mar (la gran mayoría) y por tierra, en comparación con las 172.300 de 2017. Una combinación de factores, incluida la problemática cooperación migratoria de la UE con Libia y el control de los esfuerzos de rescate por parte de organizaciones no gubernamentales en el Mediterráneo central, llevó a una marcada disminución en las llegadas a Italia, mientras que los cruces de Turquía a las islas griegas y de Marruecos a España aumentaron.
La UE consolidó su alianza sobre el control de la migración con Libia a pesar de abrumadoras evidencias de brutalidad cometida contra los inmigrantes y solicitantes de asilo. El apoyo a la Guardia Costera de Libia, combinado con el reconocimiento de la Organización Marítima Internacional, en junio, de una zona de búsqueda y rescate libia, significó que un mayor número de personas fueran interceptadas en el mar y luego detenidas en condiciones abusivas en Libia.
Un programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para evacuar a los solicitantes de asilo vulnerables de Libia a Níger no recibió suficientes ofertas de reasentamiento de los países de la UE. En septiembre, el ACNUR actualizó su recomendación de no retorno a Libia, enfatizando que el país no es un lugar seguro para desembarcar a las personas rescatadas.
Los esfuerzos de los Estados miembros de la UE por obstaculizar las tareas de rescate de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la creciente dependencia de las fuerzas de la guardia costera libia coincidieron con un auge en la tasa de mortalidad. A mediados de noviembre, el número de muertos había llegado a 2.043, un descenso en comparación con 2017. Pero la tasa de mortalidad por cruce aumentó de 1 de cada 42 en 2017 en los primeros ocho meses a 1 de cada 18 en el mismo período de 2018, según el ACNUR .
A principios de junio, Italia comenzó a rechazar o retrasar el descenso de personas rescatadas por barcos de ONG, comerciales y militares. Después de que Malta siguiera su ejemplo, hubo numerosos incidentes en los que cientos de personas tuvieron que permanecer a bordo de barcos de rescate hasta que se pudieron alcanzar acuerdos ad hoc de desembarque. Existía la preocupación de que estas acciones pudieran disuadir a los buques mercantes de realizar rescates.
En lugar de buscar un acuerdo de desembarco regional para garantizar un sistema justo y predecible para compartir la responsabilidad entre los países de la UE, los líderes europeos se centraron en crear las llamadas plataformas de desembarque fuera de la UE para llevar a todas las personas rescatadas y procesar allí sus solicitudes de asilo. Egipto, Túnez y otros Estados del norte de África, así como Albania fueron propuestos como posibles aliados a pesar de las preocupaciones sobre las condiciones, el trato y el acceso significativo al asilo.
Las reformas propuestas a las leyes de asilo de la UE, presentadas en mayo de 2016, permanecieron en gran parte bloqueadas. Los cambios a la regulación de Dublín de la UE necesarios para garantizar una distribución más equitativa de la responsabilidad del procesamiento de asilo siguieron siendo los más controvertidos.
Bélgica siguió adelante con sus planes para reanudar la detención migratoria de familias, y a mediados de 2018 completó la construcción de nuevos centros de detención para familias migrantes con niños. Había renunciado a la detención migratoria de menores, ya estuvieran solos o acompañados de sus familias, a principios de 2016. Los países de la UE no reportan sistemáticamente datos sobre la detención migratoria de menores de edad, observó la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en un estudio de 2017. En otros lugares de la UE, 16 de los 28 Estados miembros mantuvieron a niños en detención migratoria en 2016, el último año para el cual se dispone de datos completos.
Discriminación e intolerancia
Las ideas y los partidos populistas extremistas volvieron a ejercer una gran influencia sobre la política europea a lo largo del año. Los partidos alineados con el populismo radical de derecha ganaron la reelección en Hungría, se unieron a coaliciones gobernantes en Italia y Austria, y ganaron terreno en las elecciones de Suecia y Eslovenia, así como en las elecciones estatales de Alemania. El gobierno populista de Polonia permaneció en el poder, pero perdió impulso en las elecciones locales de 2018. Algunos partidos políticos tradicionales en varios países de la UE, entre ellos Alemania, continuaron adoptando elementos de la agenda política populista antiinmigrante, antirrefugiados y antimusulmana.
Las autoridades danesas introdujeron una serie de medidas durante el año para hacer cumplir los “valores daneses”, designando ciertas áreas como “guetos”, basándose en una alta proporción de residentes de minorías étnicas o inmigrantes y un bajo estatus social. Los niños en esas áreas deben acudir obligatoriamente a una guardería como parte de proceso de integración. En agosto, entró en vigencia la prohibición de usar velos faciales en público.
Hubo incidentes de intolerancia racista y crímenes violentos de odio en muchos Estados de la UE, como Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Eslovaquia, España y el Reino Unido. El antisemitismo también siguió siendo una preocupación en los Estados miembros de la UE.
Un informe de abril de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE señaló que los romaníes en toda la UE fueron víctimas de hostigamiento y discriminación en el acceso a la educación, el empleo y la asistencia sanitaria.
La Comisión Europea lanzó una consulta para desarrollar estándares sobre la inclusión de la discapacidad en las operaciones humanitarias financiadas por la UE.
La discriminación de género y sexo siguió siendo generalizada. En el momento de redactar este informe, ocho Estados miembros y la UE aún tenían que ratificar el Convenio de Estambul, un tratado del Consejo de Europa para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres. En julio, el Tribunal Constitucional de Bulgaria falló que el tratado era incompatible con su constitución.
En Irlanda, un referéndum anuló en mayo una prohibición casi total del aborto; y en diciembre el parlamento finalizó la aprobación de la legislación que legaliza el acceso al aborto. En Polonia, un proyecto de ley presentado en enero para “acabar con el aborto” todavía estaba pendiente en el momento de redacción de este informe. El objetivo de la iniciativa es restringir los abortos legales realizados en situaciones de anomalía fetal grave, el motivo de más del 95 por ciento de los abortos legales realizados en Polonia.
En junio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los cónyuges de ciudadanos de la UE del mismo sexo tienen derecho a la libre circulación a cualquier Estado miembro de la UE, incluso si las leyes de matrimonio del Estado miembro (en este caso, Rumania) no autorizan los matrimonios de parejas del mismo sexo.
Estado de derecho
Las instituciones de la UE intensificaron sus respuestas a la conducta de los gobiernos de la UE que amenaza el Estado de derecho y otros valores fundadores de la UE. Polonia y Hungría se vieron sometidas al mecanismo político contenido en el artículo 7 del tratado de la UE por presentar tales amenazas.
En diciembre de 2017, la Comisión Europea activó el artículo 7 sobre la crisis del Estado de derecho en Polonia, tras la adopción de 13 leyes que socavaban el poder judicial del país. En el momento de redactar este informe, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE habían convocado dos audiencias en junio y septiembre con el gobierno de Polonia para discutir estos temas. Paralelamente, la comisión emprendió acciones de ejecución contra Polonia sobre la Ley de Tribunales Ordinarios y la Ley del Tribunal Supremo, remitiendo los casos al Tribunal de Justicia de la UE en diciembre de 2017 y septiembre de 2018, respectivamente. En octubre, el Tribunal de Justicia de la UE ordenó a Polonia suspender la aplicación de la Ley del Tribunal Supremo que retiraría a los jueces en funciones de sus cargos hasta que se tome una decisión final sobre el caso. En el momento de redactar este informe, el Tribunal de Justicia de la UE aún tenía que evaluar los fundamentos de los dos casos.
En julio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los tribunales nacionales pueden bloquear las solicitudes de extradición automática que Polonia realiza caso por caso si se determina que el acusado no recibirá garantías de un juicio imparcial.
En septiembre, el Parlamento Europeo decidió por mayoría de dos tercios activar el artículo 7 sobre la situación en Hungría. El Parlamento expresó preocupación por un amplio abanico de temas, como la independencia judicial, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad académica y los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo.
En diciembre de 2017, la Comisión Europea remitió la Ley de educación superior de Hungría 2017 y la Ley sobre ONG financiadas con fondos extranjeros al Tribunal de Justicia de la UE. En julio de 2018, la comisión expidió la ley de asilo de Hungría de 2017 al tribunal. También puso en marcha la acción de ejecución de la ley anti-ONG que Hungría adoptó en mayo.
En noviembre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que expresa preocupación por las reformas legislativas en Rumania que socavan la independencia del poder judicial y amenazan la capacidad de las ONG para operar.
En mayo, la Comisión Europea propuso que el próximo presupuesto de la UE a partir de 2021 vincule la distribución de los fondos de la UE a los Estados miembros a su respeto por el Estado de derecho.
El asesinato de tres periodistas en los Estados miembros de la UE planteó preguntas inquietantes sobre la protección de la libertad de los medios de comunicación en la UE. La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia murió en un coche bomba en octubre de 2017; el periodista de investigación eslovaco Ján Kuciak fue asesinado a tiros en febrero de 2017; y la periodista búlgara de televisión Viktoria Marinov fue violada y asesinada en octubre de 2018. Los tres se dedicaban a revelar denuncias de corrupción y fraude. En el momento de redactar este informe, ninguno de los casos había sido resuelto.
Terrorismo y contraterrorismo
En marzo, la Comisión Europea anunció una serie de “medidas operativas” no vinculantes para que los Estados y las compañías de Internet eliminen el contenido en línea que se considere relacionado con el terrorismo o que sea de alguna manera ilegal, generando preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión. En septiembre, la comisión publicó un borrador de reglamento que, de ser aprobado, convertiría estas medidas en ley, e incluiría grandes multas para las compañías de Internet que no retiren rápidamente el contenido considerado ilegal.
Dos fallos clave emitidos juntos en mayo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaron a Lituania y Rumania por su complicidad en el programa de tortura y detención secreta de la CIA en la década de 2000. El tribunal también determinó que las investigaciones nacionales en ambos países fueron ineficaces, y exigió que se reanudaran las pesquisas para identificar y castigar a los funcionarios responsables.
En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó una solicitud del gobierno irlandés para reconsiderar el caso histórico de Irlanda contra el Reino Unido de 1978 en relación con las técnicas de interrogatorio prohibidas utilizadas por las fuerzas de seguridad británicas en Irlanda del Norte en la década de 1970. Irlanda había intentado reabrir el caso a la luz de evidencias de que el Reino Unido había retenido información que podría haber alterado la conclusión de que los métodos equivalieron a malos tratos en lugar de tortura.
En septiembre, al menos 12 Estados miembros habían informado sobre la incorporación a la legislación nacional de la directiva de la UE de 2017 para combatir el terrorismo. La directiva contiene disposiciones que socavan la libre expresión y la libertad de movimiento.
Croacia
Según el ministro del Interior, 3.200 inmigrantes y solicitantes de asilo cruzaron a Croacia entre enero y agosto, de los cuales 852 solicitaron asilo. Las autoridades concedieron asilo a 140 personas y protecciones subsidiarias a 21, durante el mismo período.
En agosto, el ACNUR reportó denuncias de que desde enero la policía croata había rechazado la entrada de unos 2.500 solicitantes de asilo e inmigrantes desde Bosnia y Herzegovina, además de cientos de casos de acceso denegado a procedimientos de asilo y más de 700 denuncias de violencia policial y robo. El mismo mes, un grupo de miembros del Parlamento Europeo de 11 Estados de la UE solicitaron conjuntamente a la Comisión Europea que investigase con urgencia las denuncias. En octubre, el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa se hizo eco de este llamamiento.
Una década después de que Croacia ratificase la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), miles de adultos y niños con discapacidad permanecen atrapados en instituciones segregadas. Un proyecto de ley sobre el cuidado de acogida presentado por el gobierno en mayo daría prioridad a la ubicación de adultos con discapacidad en el sistema de cuidado de acogida, incluso sin su consentimiento, en contradicción con la CDPD. En el momento de redacción de este informe, el proyecto de ley seguía pendiente.
Un estudio financiado por el gobierno y publicado en julio concluyó que casi todos los romaníes en el país viven en la pobreza y que menos de un tercio termina la escuela primaria.
Una campaña que comenzó en mayo para convocar un referéndum público para reducir el número de escaños para los serbios étnicos en el Parlamento croata y limitar su capacidad de voto sobre el presupuesto y la formación del gobierno causó alarma entre los líderes comunitarios serbios y las ONG. En el momento de redacción de este informe, las autoridades estaban revisando la propuesta.
Entre enero y septiembre de 2018, había pendientes 14 casos de crímenes de guerra en los tribunales de Croacia. En el mismo período, los tribunales condenaron sólo a cuatro personas por crímenes relacionados con la guerra y el procesamiento de otros casos fue lento.
Francia
En agosto, Francia endureció su ley de inmigración y asilo. El defensor del pueblo francés, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las ONG criticaron la ley por socavar el acceso al asilo, incluso mediante el debilitamiento de los derechos de apelación y las salvaguardias para las personas sometidas a los procedimientos acelerados de asilo. La ley no prohibió la detención de niños inmigrantes a pesar de los seis fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que dicha detención por parte de Francia constituye una violación de sus derechos.
En abril y mayo, el defensor del pueblo francés denunció las terribles condiciones de vida de los inmigrantes y solicitantes de asilo en los campamentos de La Villette, en París, y en Grande-Synthe, en el norte de Francia, y dijo que su desmantelamiento sólo podía efectuarse si se implementaban soluciones sostenibles que respeten los derechos fundamentales. Las autoridades desalojaron los campamentos a fines de mayo y principios de septiembre, respectivamente. Las condiciones de vida de los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el área de Calais siguen siendo indignas y el acoso a los trabajadores humanitarios por parte de la policía continuó.
Las autoridades de protección infantil en París siguieron recurriendo a procedimientos de evaluación de edad deficientes para los niños inmigrantes no acompañados, negándoles a muchos los cuidados que necesitan y a los que tienen derecho, y dejando a cientos de ellos sin hogar.
En julio, el Consejo Constitucional dictaminó que la solidaridad es uno de los valores más importantes de la república francesa y que, por lo tanto, la asistencia a los inmigrantes indocumentados no debería ser criminalizada “cuando estos actos se llevan a cabo con fines humanitarios”. Esta decisión quedó consagrada en la ley de inmigración y asilo de agosto. A las ONG les sigue preocupando que los jueces puedan hacer una interpretación muy restringida de la excepción humanitaria de una manera que permita los procesamientos.
Desde fines de 2017, la Oficina de Asilo de Francia seleccionó a 458 refugiados que se encuentran actualmente en campamentos de Níger y Chad para su reasentamiento. Francia se comprometió a reasentar a 3.000 refugiados de esa región antes de octubre de 2019.
En mayo, la ONG SOS Homophobie dijo que registró un aumento del 15 por ciento en el número de denuncias por ataques físicos contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en 2017 en comparación con 2016. En noviembre, el primer ministro Edouard Philippe anunció un incremento del 69 por ciento en los ataques antisemitas en los primeros nueve meses de 2018, en comparación con 2017. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó en marzo que los actos violentos contra los musulmanes aumentaron en 2017 en un 8 por ciento en comparación con 2016.
La celebrada decisión de incluir el acceso a la educación inclusiva en la estrategia nacional para el autismo lanzada en abril contrastó con una ley de vivienda adoptada en octubre que reduciría la obligación de garantizar que las nuevas viviendas sean accesibles para personas en sillas de ruedas.
En agosto, Francia adoptó una nueva ley de violencia sexual dirigida a combatir el acoso sexual y la violencia sexual contra los niños. La ley convierte en delito el acoso en la calle, aumenta el estatuto de limitación de los delitos sexuales contra niños de 20 a 30 años y otorga a los jueces el poder de decidir caso por caso que el sexo de un adulto con un niño menor de 15 años es una violación. Sin embargo, se queda corta al no criminalizar todo tipo de relaciones sexuales con un niño menor de 15 años como una violación. En septiembre, un hombre fue declarado culpable de acoso sexual callejero (“outrage sexiste”) por primera vez bajo la nueva ley y fue multado con 300 euros (aproximadamente US$340).
El Examen Periódico Universal de Francia tuvo lugar en enero y el informe fue adoptado en junio. Francia aceptó recomendaciones para eliminar los perfiles étnicos en los controles de identidad, pero no tomó medidas legislativas para poner fin a tales prácticas.
En una visita a Francia en mayo, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo expresó su preocupación por la ley contra el terrorismo de 2017, que incorpora el estado de emergencia en el derecho ordinario y no incluye salvaguardias suficientes en el uso de medidas no penales contra los sospechosos de terrorismo.
Alemania
La canciller Angela Merkel anunció en octubre que no se presentaría a una quinta reelección después de que su partido Unión Democrática Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) y su partido hermano, la Unión Social Cristiana (CSU) obtuvieran malos resultados en varias elecciones estatales. Los esfuerzos de la CSU en las elecciones de Baviera para emular la retórica y la agenda antiinmigrante de la Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) fracasaron ya que la CSU perdió votantes ante la AfD y los Verdes, los cuales se convirtieron en el segundo partido más grande de ese estado.
Las llegadas de solicitantes de asilo e inmigrantes cayeron por tercer año consecutivo, y las autoridades federales lograron durante el año un progreso significativo en la reducción de la acumulación de solicitudes de asilo sin procesar. A fines de julio, se habían registrado 96.644 nuevos solicitantes de asilo, una disminución de una sexta parte con respecto al año anterior.
A pesar de los desacuerdos dentro del gobierno de coalición federal recién formado sobre el enfoque de Alemania con respecto a la política de inmigración y asilo de la UE, Alemania continuó desempeñando un papel de liderazgo en el reasentamiento de refugiados. En abril, el gobierno anunció que Alemania aceptaría a 4.600 refugiados reasentados en 2018 y a 5.600 en 2019 como contribución a un programa de la UE. En julio, el gobierno concedió la admisión a hasta 300 refugiados evacuados de Libia a Níger.
Las ONG criticaron aspectos del sistema de deportación de Alemania después de denuncias de una serie de casos en que los solicitantes de asilo fueron devueltos a sus países de origen mientras sus casos aún seguían pendientes de evaluación, entre ellos el de un tunecino que fue deportado a pesar de una orden judicial que bloqueaba su devolución por riesgo de sufrir tortura.
Aunque hubo menos que en años anteriores, los ataques contra refugiados y solicitantes de asilo siguieron siendo motivo de preocupación. En la primera mitad de 2018, la policía registró 627 ataques contra refugiados y solicitantes de asilo fuera de su hogar, y 77 ataques contra albergues para refugiados.
Las manifestaciones xenófobas en la ciudad de Chemnitz provocadas por el asesinato de un hombre alemán, presuntamente por dos ciudadanos extranjeros, en agosto y la explotación del asesinato por la extrema derecha, protagonizó escenas violentas, incluyendo ataques contra personas percibidas como “no alemanas”.
En marzo, un juez de Dresde declaró culpables a ocho personas de un grupo de extrema derecha por delitos de terrorismo e intento de asesinato en 2015 contra albergues para refugiados y un político local que asistía a inmigrantes recién llegados. En julio, un juez de Múnich declaró culpable de asesinato, delitos de terrorismo e incendio a un hombre en un caso relacionado con una serie de asesinatos cometidos por un grupo neonazi entre 2000 y 2006. Cuatro cómplices fueron declarados culpables de delitos menores.
La controvertida Ley sobre el cumplimiento de la normativa en las redes sociales (NetzDG) entró en vigor el 1 de enero. Esta ley obliga a las empresas de redes sociales a eliminar el discurso de odio y otros contenidos ilegales o enfrentar severas multas. La ley fue criticada luego de que varios usuarios de redes sociales de alto perfil vieron bloqueadas sus cuentas o su contenido, ya fuera como resultado de la NetzDG o por las condiciones de uso de las compañías.
Un grupo de corresponsales extranjeros, con el apoyo de los sindicatos de periodistas alemanes y otros grupos de libertad de prensa, presentó en enero un desafío ante el Tribunal Constitucional Federal para cuestionar el poder de la agencia de inteligencia nacional alemana para vigilar las comunicaciones de los extranjeros, argumentando que infringe su derecho a la libertad de expresión y privacidad.
Las autoridades judiciales alemanas continuaron investigando delitos internacionales graves cometidos en países del extranjero, entre ellos Siria.
Grecia
Si bien Grecia continuó albergando a un gran número de solicitantes de asilo, no protegió adecuadamente sus derechos. El número total de llegadas aumentó en comparación con el mismo período de 2017. Las deficiencias en el sistema de recepción y asilo empeoraron: problemas graves de hacinamiento, condiciones insalubres y antihigiénicas y una ausencia de atención especializada, incluida la atención médica, el asesoramiento para superar situaciones de trauma y apoyo psicosocial. Los incidentes de violencia física y de género fueron comunes en los campamentos de asilo, y las ONG denunciaron el deterioro de las condiciones de salud mental entre los solicitantes de asilo. La mayoría de los niños no acompañados continuaron siendo ubicados en campamentos con adultos, bajo la llamada custodia o detención policial “protectora” o se arriesgaban a quedarse sin hogar, en medio de la inacción por parte de las autoridades para abordar la escasez de refugios para menores o el cuidado de acogida.
La política de Grecia respaldada por la UE de confinar a los solicitantes de asilo que llegaron por mar a las islas del mar Egeo mantuvo atrapadas a miles de personas en estas condiciones.
Si bien el gobierno transfirió a 18.000 solicitantes de asilo de las islas a la Grecia continental luego de una campaña concertada de distintas ONG en noviembre, se negó a aplicar un fallo vinculante de la Corte Suprema para poner fin a la política de confinamiento para los recién llegados, y en su lugar adoptó una nueva ley en mayo para continuarla. En Lesbos, una inspección de la autoridad regional en septiembre concluyó que el campamento de Moria, el más grande de su clase, presentaba un peligro para la salud pública y el medio ambiente, e instó al gobierno a abordar las graves deficiencias o cerrar el campamento.
Algunos inmigrantes y solicitantes de asilo que intentaban cruzar la frontera terrestre desde Turquía hacia el noreste de la región de Evros denunciaron que fueron devueltos a Turquía durante el año, en ocasiones de forma violenta. Grecia no abordó las necesidades de recepción de los solicitantes de asilo recién llegados a la región, a pesar de un aumento en las llegadas a partir de abril. Como resultado, mujeres y niñas fueron alojadas con hombres con los que no mantenían ningún tipo de vínculo en emplazamientos para la recepción o detención de solicitantes de asilo y donde carecían de acceso a servicios esenciales.
Menos del 15 por ciento de los niños solicitantes de asilo tenían acceso a la educación en las islas, y sólo uno de cada dos en el continente estaba matriculado en una escuela pública.
Los grupos de extrema derecha continuaron haciendo campaña contra los solicitantes de asilo en las islas, y los medios de comunicación informaron sobre ataques en todo el país contra personas consideradas inmigrantes o musulmanas. Las estadísticas policiales de delitos de odio para 2017 publicadas en marzo pusieron en evidencia un marcado aumento en comparación con el año anterior.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitó Grecia en abril y emitió un informe preliminar en el que expresaba su preocupación por los tratos inhumanos y degradantes en establecimientos psiquiátricos y centros de detención de inmigrantes.
Hungría
El partido gobernante de Hungría, Fidesz, y su primer ministro, Viktor Orban, ganaron un tercer mandato consecutivo con una mayoría de dos tercios en las elecciones de abril.
Antes de las elecciones de abril, el gobierno realizó una campaña de desprestigio en la televisión, la radio y vallas publicitarias de todo el país contra las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas de asilo e inmigración, y el filántropo de origen húngaro George Soros, un patrocinador clave de estas organizaciones.
Durante el período de campaña electoral, los funcionarios del gobierno, incluido el primer ministro Orban, se refirieron a las organizaciones de la sociedad civil, la oposición política y los periodistas críticos como “agentes de Soros”.
Además de la campaña de desprestigio, que continuó después de las elecciones en los medios de comunicación partidarios del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que trabajaban en materia de asilo e inmigración, afrontaron una creciente presión en 2018 por parte del gobierno.
En junio, el Parlamento aprobó las enmiendas propuestas por el gobierno a la Constitución y otras leyes, para penalizar los servicios, el asesoramiento y el apoyo a los inmigrantes y solicitantes de asilo con hasta un año de prisión. Las medidas entraron en vigor en julio. En el momento de redacción de este informe, no se había llevado a cabo ningún procesamiento. Las medidas fueron adoptadas a pesar de las críticas del comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa en febrero, del Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril, del ACNUR en mayo y del órgano consultivo constitucional del Consejo de Europa en junio.
Las instituciones de la UE tomaron varias medidas de ejecución contra Hungría durante el año (véase la sección Estado de Derecho).
En agosto, se introdujo un impuesto especial del 25 por ciento sobre la financiación a organizaciones “que apoyan la inmigración”, eximiendo sólo a los partidos políticos y las organizaciones internacionales con inmunidad.
La Universidad Centroeuropea y el gobierno húngaro no llegaron a un acuerdo para asegurar las operaciones de la universidad en Hungría lo que llevó a la universidad a anunciar en diciembre su traslado a Viena, Austria.
En octubre, una ley sobre la asamblea pública otorga a la policía más discreción para prohibir o disolver manifestaciones.
El país registró en 2018 una disminución significativa en las solicitudes de asilo, en gran parte debido a que se hizo casi imposible para los solicitantes de asilo ingresar al país para buscar protección.
En agosto, las autoridades habían limitado el ingreso diario de solicitantes de asilo a 1-2 por día, dejando a miles de personas varadas en condiciones miserables en Serbia. A principios de agosto, las autoridades húngaras negaron alimentos a los solicitantes de asilo rechazados en las zonas de tránsito. Tras una intervención de emergencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades reanudaron la distribución de alimentos.
En julio, entró en vigor una enmienda constitucional que restringe aún más el acceso al asilo al prohibir explícitamente el “asentamiento de poblaciones extranjeras” en Hungría y negar la protección a los solicitantes de asilo que llegan a Hungría vía cualquier país de tránsito que las autoridades húngaras consideren seguro para los solicitantes de asilo. En agosto, un total de 3.119 personas habían solicitado asilo, y las autoridades otorgaron protección internacional a un total de 320 personas, de las cuales 54 recibieron estatus de refugiado y 266 recibieron protección subsidiaria.
Los romaníes siguieron siendo blanco de discriminación en materia de vivienda, educación y salud pública. La enmienda constitucional de julio penaliza a las personas sin hogar, ignorando las críticas en junio del relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada de que el plan era cruel e incompatible con las leyes de derechos humanos. Las personas sin hogar empezaron a ser procesadas después de que la ley entrara en vigor en octubre.
Italia
En junio se inauguró un gobierno de coalición entre la Liga antiinmigrante y el populista Movimiento 5 Estrellas. En marzo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos deploró el racismo y la xenofobia que caracterizaron la campaña electoral.
A mediados de noviembre, sólo 22.435 inmigrantes y solicitantes de asilo llegaron a Italia por mar según el ACNUR, en gran parte debido a las medidas para prevenir las llegadas ya establecidas por el gobierno saliente. En contraste, durante todo el año 2017, llegaron 119.369 personas.
Casi inmediatamente después de asumir el poder, el nuevo gobierno comenzó a bloquear el desembarco de personas rescatadas en puertos italianos. En noviembre, un fiscal siciliano quiso cerrar una investigación, abierta en agosto, sobre el viceprimer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini, por detención ilegal y secuestro, entre otros cargos, por negarse a permitir que 177 solicitantes de asilo desembarcaran de un barco de la Guardia Costera italiana, algunos durante hasta 5 días.
En junio, Italia comenzó a relegar sistemáticamente la coordinación de los rescates en el Mediterráneo a la Guardia Costera de Libia, a pesar de las preocupaciones sobre su capacidad y el destino de las personas que eran devueltas a Libia. En agosto, el Parlamento aprobó el suministro de 12 barcos y programas de capacitación para tripulaciones libias.
En noviembre, el Parlamento aprobó un decreto gubernamental para limitar los visados humanitarios y restringir el acceso a centros de recepción especializados. A una cuarta parte de los solicitantes de asilo en 2017 se les otorgó permiso para permanecer por razones humanitarias, y hasta el 28 por ciento de las decisiones tomadas en enero-febrero de 2018 fueron favorables y concedieron visas humanitarias. En octubre, los fiscales acusaron al alcalde de Riace, en el sur de Italia, de irregularidades en lo que se consideraba un proyecto de integración modelo para solicitantes de asilo y refugiados.
El año estuvo marcado por los episodios de violencia racista. En febrero, un mes antes de las elecciones nacionales, un ex candidato de la Liga en elecciones locales disparó e hirió a seis inmigrantes en Macerata, en el centro de Italia. Un grupo antirracismo registró un fuerte aumento en los ataques que sufría en los dos meses posteriores a que el nuevo gobierno llegara al poder, en comparación con el mismo período de 2017.
En julio, las autoridades desalojaron a varios cientos de romaníes de un asentamiento en Roma, a pesar de una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para retrasar el traslado. El ministro Salvini convocó en junio un censo de todos los romaníes en Italia para deportar a aquellos sin ciudadanía italiana. No hubo avances visibles en una investigación de la Comisión Europea, en curso desde 2012, sobre la discriminación de los romaníes en el acceso a la vivienda y los desalojos forzosos.
En diciembre de 2017, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a Italia a garantizar que la definición del delito de tortura en la legislación nacional, introducida el año pasado, cumpla el derecho internacional.
Países Bajos
El gobierno decidió limitar el alojamiento para los solicitantes de asilo recién llegados al país, argumentando que las autoridades locales estaban cubriendo satisfactoriamente la demanda, por lo que durante el año cerraron varios refugios, con el objetivo de reducir la capacidad de 31.000 a 27.000. La reducción en la capacidad de acogida por segundo año consecutivo dio lugar a preocupaciones sobre la idoneidad de la provisión para los solicitantes de asilo que acaban de llegar.
En julio, el gobierno anunció que planeaba mejorar los procedimientos para evaluar las solicitudes de asilo basadas en el temor a la persecución por motivos de identidad como lesbianas, gais, bisexuales o personas transgénero (LGBT) o conversión religiosa, al tratar los casos de manera más individualizada, ante las críticas de distintas ONG y parlamentarios.
A pesar de los resultados de un referéndum público no vinculante en marzo que rechazó una nueva ley de vigilancia aprobada el año anterior por el Parlamento, la ley entró en vigor en mayo. Grupos nacionales de defensa de los derechos siguieron manifestando sus críticas con los nuevos poderes de intercepción masiva, el nivel de supervisión de esos poderes para interceptar datos en masa y los controles sobre el intercambio de material derivado de la interceptación con las agencias de inteligencia de otros países.
En junio, el ministro de Justicia y Seguridad confirmó al Parlamento que el gobierno continuaba ejerciendo poderes para privar a los sospechosos de terrorismo en el extranjero de su ciudadanía holandesa, aunque se negó a confirmar a cuántos individuos se les había retirado la ciudadanía. El mismo mes, un tribunal holandés expresó su preocupación sobre si las limitadas garantías en el proceso son consistentes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Un fallo de mayo por parte del tribunal de distrito de Limburgo determinó que la ley holandesa que exige que las personas se identifiquen como hombres o mujeres en documentos oficiales, incluidos los certificados de nacimiento, es demasiado restrictiva e instó a los legisladores a introducir una disposición legal para una opción neutral de cara al género.
Polonia
El gobierno siguió socavando el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos a lo largo del año.
Frenar la independencia judicial siguió siendo una prioridad, a pesar de la crecientes críticas internacionales. En julio, entró en vigencia una ley que reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo, lo que obligó a 27 jueces a retirarse, más de un tercio de todos los jueces del Tribunal Supremo. La primera presidenta del Tribunal Supremo se negó a renunciar y, en el momento de redactar este informe, continuaba con su trabajo. En agosto, el Tribunal Supremo suspendió la aplicación de la ley, solicitando que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara si violaba el derecho de la UE, después de solicitudes similares en agosto y septiembre en dos casos de tribunales comunes. En octubre, el Tribunal de Justicia de la UE ordenó a Polonia suspender la aplicación de la Ley del Tribunal Supremo, a raíz de una solicitud de la Comisión Europea de medidas provisionales.
Los ataques del gobierno contra el Estado de derecho comenzaron a afectar la cooperación judicial de Polonia con otros Estados de la UE. En julio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los tribunales irlandeses tenían derecho a rechazar la extradición de un ciudadano polaco a Polonia en caso de concluir que existe un riesgo real de que esa persona reciba un juicio injusto, citando los procedimientos del artículo 7. En septiembre, la Red Europea de Consejos de Justicia suspendió a Polonia por preocupaciones sobre la independencia de su órgano de nombramientos judiciales.
Además de las remisiones y resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, otras instituciones de la UE emprendieron varias acciones contra Polonia durante el año (véase la sección de Estado de Derecho).
En junio, el gobierno logró imponer una ley que convierte en delito atribuir cualquier responsabilidad o corresponsabilidad a Polonia por los atroces crímenes cometidos en territorio polaco durante el periodo nazi.
Tras la condena internacional, las autoridades eliminaron la sentencia máxima de tres años del delito pero mantuvieron las multas.
A mediados de enero, el Parlamento polaco promulgó una legislación gubernamental que obstaculizaba los derechos de los activistas ambientales a protestar durante las conversaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en diciembre de 2018, y permitía a las autoridades someterlos a vigilancia gubernamental.
Las ONG dedicadas a temas relacionados con el asilo y la inmigración, los derechos de las mujeres o los derechos de las personas LGBT denunciaron continuas dificultades para acceder a fondos públicos anteriormente disponibles y algunas fueron blanco de campañas de desprestigio en los medios de comunicación progubernamentales.
Las devoluciones sumarias a Belarús de solicitantes de asilo continuaron, la mayoría provenientes de la república rusa de Chechenia y Asia Central. En mayo, el principal tribunal administrativo determinó que los guardias fronterizos no habían realizado una evaluación adecuada de la intención de un solicitante de asilo de pedir asilo.
España
El Partido Socialista Español asumió el poder en junio después de una moción de censura en el Parlamento contra el entonces gobernante del Partido Popular. El nuevo gobierno se comprometió a adoptar políticas de inmigración más humanas; en el momento de redactar este informe, el parlamento estaba debatiendo reformas a la controvertida ley de seguridad pública de 2015, entre ellas, las disposiciones que permiten el retorno sumario y los límites a la libertad de asociación y expresión.
Más 49.300 personas llegaron por mar a territorio español en los primeros once meses del año. Casi 6.000 cruzaron fronteras terrestres desde Marruecos hacia los enclaves de Ceuta y Melilla, en el norte de África, muchos de ellos escalando vallas. Los inmigrantes se enfrentaron a condiciones deficientes en las instalaciones de acogida y obstáculos para solicitar asilo.
Las devoluciones sumarias a los enclaves también continuaron, y el nuevo gobierno prosiguió con una apelación iniciada por el gobierno anterior contra una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 de que España violó los derechos de dos inmigrantes del África subsahariana cuando los guardias fronterizos los deportaron a Marruecos desde Melilla en 2013. El Consejo de Europa instó a España en septiembre a mejorar las condiciones y las medidas de protección para los inmigrantes y solicitantes de asilo, especialmente los niños no acompañados, en Ceuta y Melilla.
En enero, un juez de Ceuta cerró la investigación sobre la muerte de 15 inmigrantes en febrero de 2014 después de que agentes de la Guardia Civil dispararan pelotas de goma y gas lacrimógeno al agua de la costa del enclave.
En abril estallaron protestas en toda España después de que un tribunal absolviera a cinco hombres del cargo de violación en grupo y los condenara por un cargo menor de agresión sexual debido a que la fiscalía no estableció el uso de la violencia o la intimidación, lo que llevó al gobierno a examinar posibles cambios en el código penal. En julio, un fallo del Tribunal Supremo impuso el cumplimiento de una decisión de 2014 del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer que ordenaba al gobierno a compensar a una mujer por discriminación de género.
En el momento de redacción de este informe, ningún agente de policía había sido condenado por el uso excesivo de la fuerza durante la represión del 1 de octubre de 2017, día en que se celebró el referéndum por la independencia en Cataluña. En marzo, 25 líderes independentistas fueron acusados de varios cargos, desde rebelión a la malversación de fondos públicos.
En febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó a España a crear con urgencia un organismo de igualdad para combatir el racismo y recomendó medidas para integrar a los inmigrantes y poner fin a la segregación escolar de los niños romaníes. El proyecto de ley para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual permanece bajo examen en el Parlamento español desde septiembre de 2017.
En febrero, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de prisión para un rapero condenado por glorificar el terrorismo e injurias contra la Corona. En marzo, el máximo tribunal penal condenó a otro rapero a prisión por cargos similares. En marzo, el Tribunal Supremo anuló la condena de 2017 de una joven por bromear en Twitter sobre un asesinato del grupo separatista vasco ETA en 1973.
Reino Unido
La planificada salida del Reino Unido de la UE (Brexit) en marzo de 2019 continuó dominando la vida pública y eclipsando otras preocupaciones acuciantes en temas de derechos humanos. En noviembre, los gobiernos de la UE y el Reino Unido llegaron a un acuerdo provisional sobre un tratado para cubrir el período de transición posterior a la salida del Reino Unido de la UE en 2019. También acordaron un borrador de declaración política sobre las relaciones futuras que incluye un compromiso con los derechos humanos. Pero en el momento de redacción de este informe, no estaba claro si el tratado sería aprobado por el Parlamento del Reino Unido, dejando abierta la posibilidad de que el país se fuera en 2019 sin un acuerdo, lo que conllevaría graves riesgos para los derechos humanos, incluida la incertidumbre sobre los futuros derechos de residencia de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y de ciudadanos del Reino Unido que viven en países de la UE, después del Brexit.
Una ley de junio de 2018 para incorporar la legislación de la UE a la legislación nacional cuando el Reino Unido abandone la UE fue criticada por omitir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, lo que abre la posibilidad a un futuro gobierno del Reino Unido de debilitar las protecciones laborales y de otros derechos derivadas de la legislación de la UE.
Hubo avances significativos con respecto a la complicidad del Reino Unido en las operaciones de tortura y detención secreta dirigidas por la CIA. En mayo, el primer ministro se disculpó sin reservas con una pareja libia por el papel del Reino Unido en su entrega a Libia en 2004. En junio, una comisión parlamentaria publicó dos informes que contenían sus hallazgos sobre las denuncias de complicidad del Reino Unido expuestos más ampliamente. El comité concluyó que las acciones que el Reino Unido tomó y toleró entre 2001 y 2010 fueron “inexcusables”. Hubo nuevos llamamientos por parte de varias ONG y algunos políticos para que se lanzara una investigación judicial completa sobre el tema. En el momento de redacción de este informe, nadie en el Reino Unido había sido acusado de ningún delito relacionado con estos abusos.
El Reino Unido continuó sin imponer un límite máximo de tiempo a la detención migratoria, y siguió deteniendo a inmigrantes y solicitantes de asilo menores de edad. Los datos publicados en noviembre muestran que el gobierno había reubicado sólo a 220 niños no acompañados de otros países de la UE, frente a su meta de 480. El Reino Unido sólo había reasentado a 417 niños refugiados como parte de un compromiso de 2016 de aceptar a 3.000 niños de zonas de conflicto en Oriente Medio y África.
El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la estricta ley de aborto de Irlanda del Norte viola el derecho a la integridad personal protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque la corte desestimó el caso por motivos técnicos. Un proyecto de ley privado presentado en la Cámara de los Comunes en octubre exigía la despenalización del aborto en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
La investigación pública sobre un incendio en 2017 que destruyó un bloque de apartamentos en Londres, mató a 71 personas y dejó a cientos sin hogar, continuó su trabajo, en medio de preocupaciones sobre si las víctimas pueden participar plenamente en el proceso. En el momento de redacción de este informe, seguía en curso una investigación penal sobre el incendio.
Un borrador de ley contra el terrorismo aprobado por la cámara baja del Parlamento (la Cámara de los Comunes) contenía medidas controvertidas que podrían perjudicar los derechos humanos de las personas, incluida la penalización de la visualización de material extremista y proponer un delito de viaje a un “área designada”. En el momento de redacción de este informe, seguía pendiente ante la cámara alta no electa (la Cámara de los Lores).
En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la ausencia de salvaguardias en los poderes de vigilancia ahora caducados en virtud de la Ley de Poderes de Investigación de 2000 había violado el derecho a la privacidad en un caso presentado por más de una decena de ONG, organizaciones de privacidad y periodistas. Sin embargo, el tribunal no falló que la interceptación masiva fuera necesariamente ilegal. Los defensores de los derechos de privacidad siguieron siendo críticos con los poderes de reemplazo.
El organismo establecido en 2017 para completar las investigaciones sobre las denuncias de abuso por parte de las fuerzas británicas en Irak entre 2003 y 2008, continuó su trabajo. En el momento de redactar este informe, no había surgido ningún proceso judicial por su trabajo o el de su predecesor.
Después de una visita en noviembre, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema llegó a la conclusión de que los cambios en el sistema de asistencia social y las reducciones en los servicios públicos habían tenido un impacto negativo en los derechos de las personas que viven en la pobreza.
Política exterior
A pesar de las deficiencias, la Unión Europea siguió siendo un actor principal en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo.
En julio, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE reafirmaron su firme apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) y al orden internacional basado en normas.
La UE y sus Estados miembros siguieron apoyando firmemente las iniciativas internacionales para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes atroces cometidos en Siria. En conjunto son los mayores donantes del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM) de las Naciones Unidas, que tiene el mandato de recopilar y analizar información y pruebas de los crímenes internacionales cometidos en Siria para ayudar en los procesos penales ante tribunales nacionales o internacionales.
La UE buscó mitigar el impacto de las decisiones de EE.UU. de retirar su apoyo a los acuerdos internacionales y los órganos y mecanismos de derechos humanos: el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) luchó para garantizar la supervivencia del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) con Irán, pero la UE se centró mucho menos en la preocupante situación de los derechos humanos en el país y no pudo garantizar la liberación de los activistas y periodistas encarcelados, entre ellos varios ciudadanos de la UE. La UE y sus Estados miembros aumentaron significativamente sus contribuciones financieras a la agencia de la ONU que brinda asistencia a los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) después de la decisión del gobierno de Trump de retirar toda la financiación de EE.UU. La UE continuó presionando a Israel para que detenga su política de asentamiento ilegal.
La decisión de EE.UU. de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) impulsó a la UE a buscar nuevos aliados en el principal organismo de derechos humanos de la ONU. En septiembre, la UE redobló sus esfuerzos para promover la justicia penal para las fuerzas armadas de Birmania por su despiadada campaña de limpieza étnica de más de 700.000 musulmanes rohingya y otras violaciones graves de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos en otras partes del país.
Junto con la Organización para la Cooperación Islámica (OIC), la UE impulsó una resolución del CDH que estableció un mecanismo de rendición de cuentas similar al IIIM de Siria. En junio, la UE adoptó sanciones específicas contra siete personas consideradas responsables de atrocidades y graves violaciones de derechos humanos cometidas contra la población rohingya. En septiembre, la comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, advirtió a Birmania que la responsabilidad del ejército y del gobierno por las graves violaciones de derechos humanos y la continua impunidad por los delitos contra los derechos humanos podría llevar a la suspensión de las preferencias comerciales condicionadas al respeto de los derechos humanos.
De manera similar, y luego de repetidas advertencias, la UE inició procedimientos para suspender las preferencias comerciales con Camboya condicionadas al respeto de los derechos humanos, citando las elecciones fraudulentas camboyanas y el incumplimiento por parte del primer ministro Hun Sen y su gobierno de las normas internacionales de derechos humanos.
La UE pidió insistentemente la liberación de activistas pacíficos, abogados y disidentes detenidos en China y, junto con Alemania, desempeñó un papel importante para garantizar la libertad de Liu Xia, artista y viuda del fallecido Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo. Sin embargo, en una cumbre celebrada en junio, los presidentes del Consejo y la Comisión de la UE no aprovecharon el impulso generado por la liberación y reubicación de Liu Xia en Alemania para expresar públicamente su preocupación por el terrible historial de derechos humanos de China y presionar para obtener más liberaciones.
La UE adoptó una postura firme contra la continua represión de las libertades fundamentales y la disidencia en Rusia. La UE presionó públicamente por la liberación de varios defensores de los derechos humanos y críticos del gobierno, así como opositores detenidos por sus actividades pacíficas. Si bien la UE abordó violaciones de derechos en áreas de Ucrania bajo el control de rebeldes respaldados por Rusia y en la Crimea ocupada por Rusia, se mostró más cautelosa cuando el gobierno de Ucrania frenó la libertad de expresión en el resto del país.
La UE y sus Estados miembros por lo general no respondieron adecuadamente a la brutal represión de la disidencia y a los límites impuestos a las libertades de expresión, reunión y asociación en los estados árabes del Golfo. Por lo general, la UE no presionó públicamente por la liberación de activistas de los derechos de las mujeres, periodistas, defensores de los derechos humanos y críticos del gobierno en los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita, incluido el ganador del Premio Sájarov, Raif Badawi. Sin embargo, en respuesta a la desaparición y asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, en el consulado de Estambul en Arabia Saudita, Alemania incluyó a 18 funcionarios sauditas presuntamente vinculados al asesinato en una lista de prohibición de entrada a la Zona Schengen de 26 Estados, un movimiento unilateral que posteriormente fue apoyado expresamente por varios otros Estados.
La UE siguió silenciando en gran medida su posición sobre las violaciones de los derechos humanos en Turquía, Libia, Egipto y Sudán debido a su cooperación con esos países para impedir la migración a Europa.
Como reacción directa a las fraudulentas elecciones de mayo y las continuas violaciones de derechos humanos en Venezuela, la UE puso en junio a 11 personas responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en el país en su lista de sanciones, lo que eleva el número total de funcionarios sancionados por la UE a 18.
En octubre, la UE renovó sus sanciones específicas contra las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos y actos para socavar la democracia en Burundi.