Persiste en Bolivia un grave problema de impunidad por delitos violentos y violaciones de derechos humanos. El gobierno del Presidente Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, que menoscaba su posibilidad de trabajar de manera independiente.
A pesar de las reformas legales recientes, el uso extendido de la prisión preventiva —sumado a las demoras en los juicios— atenta contra los derechos de los acusados y agrava la sobrepoblación carcelaria. Otras graves preocupaciones son las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo infantil.
En 2013, un fallo del Tribunal Constitucional permitió que el presidente Evo Morales se postulara a un tercer mandato, aunque la constitución limitaba la reelección presidencial a dos períodos de cinco años. En un referéndum nacional realizado en 2016, los votantes rechazaron una reforma constitucional que hubiera permitido que el presidente Morales se presente a un cuarto mandato. Sin embargo, en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional eliminó los límites a la reelección, lo cual permitirá que Morales se postule a un cuarto mandato en 2019.
Impunidad de abusos y delitos violentos
Bolivia ha juzgado apenas a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, en parte debido a que, en algunas ocasiones, las Fuerzas Armadas se han negado a brindar información a las autoridades judiciales sobre el destino de personas que fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada.
La Comisión de la Verdad establecida por el gobierno en agosto de 2017 siguió operando durante 2018 para llevar adelante investigaciones no judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1964 y 1982. La comisión, que brindará información a fiscales y jueces que intenten condenar a los responsables de abusos, tenía en un principio la obligación legal de publicar un informe con sus conclusiones antes de agosto de 2019. Sin embargo, en mayo la Asamblea Plurinacional —el órgano legislativo boliviano— permitió que el presidente extendiera un año ese plazo.
La impunidad ha llevado a que se produzcan ataques de turbas, o linchamientos, contra personas que se cree que han delinquido. En mayo, un grupo de conductores de mototaxis mató en Cochabamba a Edson Soria, de 19 años, a quien acusaban de haber robado motocicletas, según se señaló en los medios de comunicación.
Independencia judicial
El gobierno ha intentado reformar el sistema judicial boliviano, el cual está gravemente afectado por corrupción, demoras e interferencia política. Si bien ciertamente se necesitan reformas, las iniciativas actuales suponen un grave riesgo para la independencia judicial del país.
En 2016, miembros de los tres poderes de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados, debatieron propuestas durante una “Cumbre Nacional de Justicia”. Las recomendaciones de la cumbre incluyeron reformar el proceso de selección de magistrados de altas cortes, crear un nuevo órgano para la supervisión de los jueces y evaluar el trabajo de los jueces y fiscales en ejercicio.
En 2017, el Congreso creó una comisión para supervisar la implementación de las recomendaciones. La comisión tiene amplias facultades que incluyen “fiscalizar” la designación de nuevos jueces y llevar a cabo “otras acciones que sean necesarias” para implementar las recomendaciones. Cinco de los nueve miembros de la comisión son partidarios de Morales en la Asamblea Plurinacional o funcionarios gubernamentales nombrados directamente por el presidente.
En marzo de 2018, la comisión participó en un proceso para designar a 77 jueces de apelación, aunque la Constitución boliviana asigna esa tarea a un Consejo de la Magistratura que debe ser independiente del poder ejecutivo.
En 2017, miembros recientemente asignados del Consejo de la Magistratura resolvieron que todos los jueces nombrados antes de que se aprobara la Constitución de 2009 debían considerarse interinos y podían ser destituidos de manera sumaria por el Consejo. En mayo de 2017, el Consejo destituyó, mediante procedimientos sumarios, a 88 jueces.
En diciembre de 2017, los votantes eligieron a magistrados de altas cortes y miembros del Consejo de la Magistratura a partir de listas creadas por la Asamblea Plurinacional, en la cual el partido de Morales, Movimiento al Socialismo, tiene una mayoría de dos tercios. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) indicó que más de la mitad de los jueces y funcionarios elegidos habían trabajado para el gobierno de Morales.
Cuando se preparó este informe, el Tribunal Supremo Electoral todavía no se había pronunciado acerca de si el Presidente Morales podrá inscribirse como candidato para las elecciones presidenciales de 2019. En noviembre, Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, manifestó que el tribunal tendría que “aten[erse] a las consecuencias” si no permitía que Morales se postule.
Debido proceso y condiciones carcelarias
Alrededor del 70 % de las personas presas en Bolivia no han sido condenadas. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias e inhumanas. A mediados de 2018, más de 16.000 presos se encontraban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de aproximadamente 5.000.
En marzo de 2018, siete internos murieron durante un operativo policial en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. El gobierno señaló que la operación tenía por objeto recuperar el control de la prisión de organizaciones delictivas.
Diversos decretos presidenciales dictados entre 2012 y 2018 habilitan al presidente a reducir las penas a quienes hayan sido condenados por delitos menores, y a “indultar” a quienes cumplan prisión preventiva por estos delitos. Según estadísticas oficiales, más de 5.000 personas se han beneficiado de estos decretos.
La Fiscalía General del Estado ha usado, en reiteradas oportunidades, una ley contra la corrupción de 2010 para perseguir penalmente presuntos delitos cometidos antes de que se sancionara esa norma. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación retroactiva de reformas en las leyes penales, a menos que ello beneficie el acusado.
En octubre de 2016, la Fiscalía General del Estado aplicó la ley para acusar al empresario y líder opositor Samuel Doria Medina de “conducta antieconómica” por la presunta transferencia de USD 21 millones del gobierno a una fundación privada en 1992, mientras era ministro de Planificación del gobierno del presidente Jaime Paz Zamora.
En mayo de 2015, Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia y actual líder opositor, también fue procesado por “conducta antieconómica”. La fiscalía argumentó que funcionarios de su gobierno habían perjudicado los “intereses del Estado” al firmar cuatro acuerdos de petróleo con empresas extranjeras.
En julio de 2018, la Fiscalía General del Estado pidió a la Asamblea Plurinacional que enjuiciara a Carlos Mesa, también expresidente de Bolivia y actual dirigente opositor, por menoscabar los “intereses del Estado” cuando su gobierno expulsó del país a la empresa chilena Quirobax en 2004. En 2015, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CEADI) había ordenado indemnizar a Quirobax por la expulsión de Bolivia.
En septiembre, el Presidente Morales indultó a los expresidentes Quiroga y Mesa.
Defensores de derechos humanos
Numerosos defensores de derechos humanos continúan sufriendo acoso, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, lo cual limita su capacidad de trabajar de manera independiente.
Una ley y un decreto que el Presidente Morales firmó en 2013 otorgan al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización no gubernamental (ONG) cuando esta lleve a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o cuando el representante de la organización sea objeto de sanciones penales por realizar actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público'”.
El decreto también permite a la Asamblea Plurinacional solicitar que se revoque la personalidad jurídica de una ONG en casos de “necesidad o interés público”. Estas medidas conceden indebidamente al gobierno un amplio margen para entrometerse en las actividades de organizaciones de la sociedad civil independientes.
Diversos funcionarios bolivianos han acusado, en reiteradas oportunidades, a organizaciones de derechos humanos de participar en una conspiración internacional contra el gobierno. Sin embargo, no han presentado pruebas que respalden tales señalamientos.
Libertad de expresión
Si bien existe un robusto debate público, el gobierno de Morales ha arremetido regularmente contra periodistas, acusándolos —sin presentar pruebas— de difundir mentiras y distorsionar la realidad con intenciones políticas. El gobierno ha acusado reiteradamente a medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el presidente.
No se han adoptado en Bolivia criterios transparentes relativos al uso de fondos gubernamentales para comprar pauta oficial —una importante fuente de ingresos para los medios de comunicación—, y algunos medios han acusado a las autoridades de discriminar a aquellos que critican a funcionarios gubernamentales, negándoles publicidades.
Derechos indígenas
La Constitución de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de poblaciones indígenas, incluidas la propiedad colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas.
La legislación boliviana no consagra plenamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con respecto a medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Una ley vigente sobre minería limita el CLPI a la etapa de explotación de concesiones, a pesar de que los estándares internacionales exigen el CLPI en todas las etapas de los proyectos que afecten el derecho de las poblaciones indígenas a tierras y recursos naturales.
En mayo de 2017, el Presidente Morales promulgó un proyecto legislativo que autoriza la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure. La ley se basa en una consulta realizada en 2012 a organizaciones indígenas locales que, según señalan algunas organizaciones de derechos humanos, no fue totalmente libre ni justa.
Violencia de género y derechos reproductivos
Las mujeres y niñas de Bolivia siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer. La ley tipificó el “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica) y exigió la creación de centros de acogida para mujeres, así como la designación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género. La Policía Nacional informó más de 100 “feminicidios” en 2017.
Las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos anticonceptivos.
La legislación boliviana no penaliza el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando el procedimiento es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer o niña embarazada. En diciembre de 2017, la Asamblea Plurinacional aprobó una reforma penal impulsada por el gobierno que flexibilizó significativamente las restricciones al aborto.
Sin embargo, como reacción ante protestas, la asamblea abrogó el proyecto en enero de 2018, antes de que entrara en vigencia. Le ley habría despenalizado totalmente el aborto para las niñas. Habría permitido a las mujeres interrumpir embarazos en distintas circunstancias, incluyendo si su vida o su salud se encuentran en riesgo, si el embarazo es el resultado de una violación, y si el feto presenta condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina.
Trabajo infantil
En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una disposición de una ley de 2014 que había permitido que niños y niñas desde los 10 años trabajaran en actividades que no se consideren “peligrosas” o “insalubres”. La ley contravenía los estándares internacionales y había convertido a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo desde tan temprana edad.
Orientación sexual e identidad de género
En 2016, la Asamblea Plurinacional aprobó un proyecto legislativo que permite que las personas modifiquen el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa.
No obstante, en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional determinó que el cambio de género no otorgaba el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo biológico.
No se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. La Constitución de Bolivia de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Actores internacionales clave
En abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Bolivia violó los derechos humanos de dos exmiembros de la Asamblea boliviana al inhabilitarlos como candidatos a alcaldes en las elecciones subnacionales de 2015.
También en abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó un caso relacionado con el asesinato de dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en 2009, a quienes el gobierno señaló como mercenarios implicados en una conspiración separatista. Murieron abatidos por disparos policiales luego de que esta fuerza irrumpiera en las habitaciones de un hotel de Santa Cruz donde estaban alojados. El Presidente Morales publicó un tuit en el cual señaló que, por haber admitido el caso, la comisión era una “defensora del terrorismo y el separatismo”.
En junio, el gobierno de Morales postuló a su exministra de Transparencia y embajadora ante las Naciones Unidas, Nardi Suxo, para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero su candidatura no recibió apoyo suficiente en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.