La corrupción, la pobreza y la represión de los derechos civiles y políticos continuaron debilitando la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial durante el gobierno del Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que está en el poder desde 1979. Se trata del mandatario que más tiempo ha ocupado una presidencia en todo el mundo. Los enormes ingresos generados por el petróleo financiaron los fastuosos hábitos de la élite política y hubo escasas mejoras en el acceso a la atención de la salud y la educación básica.

La dilapidación de fondos públicos persiste al igual que los señalamientos creíbles de corrupción en las más altas esferas y las graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de organizaciones de la sociedad civil y políticos opositores, la tortura y los juicios sin garantías. En diciembre de 2017, la policía detuvo a 147 miembros del partido político que ocupa el único escaño opositor en el parlamento, tras un enfrentamiento con policías en la localidad de Aconibe, en la zona oriental del territorio continental. Posteriormente, la justicia condenó a 28 de estas personas a 30 años de cárcel y dispuso la disolución del partido. Los abogados de los detenidos sostienen que todos sufrieron abusos físicos o torturas, que provocaron la muerte de dos de ellos. En octubre, el presidente indultó y liberó a estas personas. En general, la comunidad internacional se mostró renuente a criticar al gobierno por estos acontecimientos.

En una medida positiva, Guinea Ecuatorial ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un paso que exigía el Fondo Monetario Internacional como condición para el otorgamiento de un préstamo. No obstante, el gobierno solamente ha celebrado una reunión con la sociedad civil este año para avanzar en su compromiso de incorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI), una iniciativa anticorrupción que exige que los gobiernos y las empresas que explotan recursos naturales divulguen información clave vinculada con la gestión del petróleo, el gas y la minería.

En enero de 2018, Guinea Ecuatorial inició un mandato de dos años en el Consejo de Seguridad, tras promocionarse como defensor del desarrollo sostenible, pese a la deficiente situación de los derechos económicos y sociales en el país.

Derechos económicos y sociales

Guinea Ecuatorial, uno de los cinco máximos productores de petróleo del África Subsahariana, tiene una población de cerca de un millón de personas. Aunque el mandato de dos años en el Consejo de Seguridad se consiguió promocionándose como defensor del desarrollo sostenible, ocupa la posición 141 en el Índice de Desarrollo Humano, de un total de 189 países, puntuación que representa la brecha más amplia a nivel mundial entre riqueza y desarrollo humano per cápita.

A pesar de su riqueza en recursos naturales, Guinea Ecuatorial no ha brindado servicios públicos cruciales y no genera datos confiables relativos a derechos económicos y sociales. Los últimos datos confiables disponibles corresponden a una encuesta de hogares, realizada en 2011, que mostró en ese momento resultados sumamente deficientes en materia de acceso al agua limpia y desnutrición infantil. Los datos de 2016 sugieren que la proporción de niños no inscriptos en escuelas primarias en Guinea Ecuatorial es del 42 %, la séptima más alta en el mundo, según Unicef.

Guinea Ecuatorial ratificó en mayo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero logró avances muy limitados en su compromiso de volver a incorporarse a la EITI, una iniciativa de la cual fue expulsada en 2010, en parte debido a no haber garantizado un “entorno propicio” para que la sociedad civil participara plenamente en su implementación. No obstante, el comité directivo de la EITI de Guinea Ecuatorial, integrado por funcionarios gubernamentales, representantes del sector y miembros de la sociedad civil, se reunió solamente una vez durante 2018, en el mes de julio. El CEID, la principal organización de derechos humanos del país, renunció a su rol de representación de la sociedad civil en el comité luego de que las autoridades detuvieran a su presidente y vicepresidente durante dos semanas, sin presentar cargos.

Libertad de expresión y debido proceso

Los pocos medios privados del país pertenecen mayormente a personas cercanas a Obiang. Hay severas restricciones a la libertad de asociación y reunión, y el gobierno establece condiciones restrictivas a la inscripción y el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Los pocos activistas locales que trabajan en temas relacionados con derechos humanos a menudo recurren a la intimidación, el acoso y las represalias.

El 27 de febrero, un juez desestimó la acción contra el dibujante político Ramón Nsé Esono Ebalé, cuyas caricaturas a menudo ridiculizan al Presidente Obiang y otros altos funcionarios. Agentes de seguridad del Estado arrestaron a Ebalé el 16 de septiembre de 2017, y lo procesaron por la falsificación de moneda local por cerca de USD 1.800. La policía lo interrogó en relación con su labor artística, no presentó pruebas creíbles de que estuviera implicado en falsificación y, en el juicio, el único testigo que presentó el gobierno admitió que las autoridades le habían dado instrucciones de inculparlo.

La policía detuvo al docente Julián Abaga, de 44 años, el  12 de diciembre de 2017, poco después de que se subiera a internet un mensaje de audio que envió a un amigo en el extranjero, en el cual denunciaba la corrupción en Guinea Ecuatorial, según se indica en un comunicado de prensa difundido por un partido político opositor. Un abogado que se reunió con Abaga indicó que se lo acusó de “insulto al presidente”, aunque nunca fue llevado a juicio. Fue liberado el 4 de julio, como “gesto de buena voluntad” tras un evento, iniciado por Obiang, que pretendía entablar un diálogo entre el gobierno y grupos de oposición.

El magistrado José Esono Ndong Bindang murió el 21 de julio bajo custodia policial, tres días después de haber sido detenido por supuesta apropiación indebida de fondos, conforme lo señaló un abogado que conoce la causa. El abogado indicó que Esono era diabético y fue llevado a una clínica al sentirse descompuesto poco después de la detención. No obstante, la policía lo trasladó nuevamente a la prisión, desoyendo el consejo médico. Murió algunas horas después.

Represión política

En 2018, Obiang y el Partido Democrático (PDGE), que gobierna el país, consolidaron su monopolio de la vida política, luego de que la justicia disolviera al partido que ocupaba el único escaño opositor entre los 170 que componen el parlamento bicameral. En diciembre de 2017, la policía detuvo a 147 miembros de Ciudadanos por la Innovación (CI), entre ellos su representante en el parlamento, Jesús Mitogo, tras un enfrentamiento en la ciudad de Aconibe entre partidarios de CI, que asistieron a un acto para el cual se había obtenido autorización, y miembros de la policía. Una de las abogadas que trabajó en el caso, María Jesús Bikene, indicó que el enfrentamiento empezó luego de que la policía ordenara a CI dispersar el acto. Durante el enfrentamiento, miembros de CI hirieron a tres policías y les quitaron las armas, según se indicó en medios de prensa.

Las autoridades habrían usado el incidente para reprimir a CI. Bikene sostuvo que la gran mayoría de los 147 detenidos no estaban en Aconibe, y que casi todos sufrieron reiteradas golpizas y, en muchos casos, torturas. Un segundo abogado, Ponciano Mbomio Nvó, que representaba a Mitogo, también señaló que su cliente no se encontraba en Aconibe el día del altercado y que fue torturado mientras permaneció detenido en Malabo, la capital del país. Uno de los detenidos, Santiago Ebee Ela, que no contaba con representación de un abogado, murió como resultado de las torturas sufridas durante la detención, afirmó Bikene. El 23 de febrero, la justicia dispuso la disolución de CI y condenó a 21 de los detenidos, entre ellos Mitogo, a 30 años de cárcel por “sedición” y otros delitos, pero liberó a los demás. El 2 de julio falleció uno de los condenados, refirió Juan Obama Edu. Bikene sostiene que la muerte se debió a las torturas infligidas.

A partir del 16 de julio, el gobierno celebró una “Diálogo Nacional e Interacción Política”. Obiang inició este evento con el objeto de reunir a activistas y grupos políticos de oposición, incluidos aquellos en el exilio, para un diálogo con el gobierno y el partido gobernante. Obiang prometió conmutar a presos políticos y opositores que fueron condenados por un tribunal ecuatoguineano mientras vivían en el exilio. No obstante, la mayoría de los grupos y líderes opositores desconfiaron de esta promesa y no asistieron al diálogo. Asimismo, los miembros de CI encarcelados recién fueron liberados el 22 de octubre, cuando Obiang los indultó junto con otros 48 presos. Obiang no esgrimió ningún motivo oficial para el indulto.

El 27 de octubre, cuatro hombres armados obligaron a Alfredo Okenve, vicepresidente del CEID, a bajar de su automóvil a punta de pistola y lo llevaron hasta una zona alejada, donde lo golpearon con violencia y lo dejaron abandonado. Las insignias en el automóvil que conducían los hombres indicaban que se trataba de agentes de seguridad. Al parecer, los hombres confundieron a Okenve con su hermano, que es dirigente de un partido político, pero siguieron golpeándolo tras advertir su verdadera identidad.

Investigaciones internacionales sobre corrupción

El 14 de septiembre, Brasil confiscó USD 1,5 millones en efectivo y relojes valuados en USD 15 millones a Teodorín, hijo mayor de Obiang y vicepresidente del país. Las autoridades sostuvieron que ingresó los objetos de valor al país en un avión privado, sin realizar la correspondiente declaración que exige la ley.

Estos señalamientos son los más recientes entre las diversas investigaciones contra Teodorín por corrupción, lavado de dinero y malversación. En octubre de 2017, un tribunal de Francia condenó en ausencia a Teodorín por haber blanqueado decenas de millones de dólares en ese país. Se le impuso una pena en suspenso, una multa de € 30 millones (USD 35 millones) y la confiscación de los bienes. Ha apelado la decisión.

En otra causa, en 2014 el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó a Teodorín una mansión en Malibú valuada en USD 30 millones y un avión privado por valor de USD 38,5 millones, que habría comprado con fondos robados. Teodorín llegó a un acuerdo extrajudicial, por el cual aceptó entregar USD 30 millones a las autoridades estadounidenses, que serían repatriados en beneficio de la población ecuatoguineana. Se espera que EE. UU. determine qué entidades benéficas recibirán los fondos.

Se encuentra en trámite en la justicia española una causa por corrupción contra cinco altos funcionarios gubernamentales de Guinea Ecuatorial. El juicio está programado para el próximo año. La denuncia sostiene que los funcionarios compraron viviendas en España través de una sociedad privada que, según lo reveló una investigación realizada por el Senado de EE. UU., había recibido fondos gubernamentales por USD 26,5 millones aproximadamente en la misma época en que se adquirieron los inmuebles.