El partido gobernante de Hungría, Fidesz, y su primer ministro, Viktor Orban, ganaron un tercer mandato consecutivo con una mayoría de dos tercios en las elecciones de abril.

Antes de las elecciones de abril, el gobierno realizó una campaña de desprestigio en la televisión, la radio y vallas publicitarias de todo el país contra las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas de asilo e inmigración, y el filántropo de origen húngaro George Soros, un patrocinador clave de estas organizaciones.

Durante el período de campaña electoral, los funcionarios del gobierno, incluido el primer ministro Orban, se refirieron a las organizaciones de la sociedad civil, la oposición política y los periodistas críticos como “agentes de Soros”.

Además de la campaña de desprestigio, que continuó después de las elecciones en los medios de comunicación partidarios del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que trabajaban en materia de asilo e inmigración, afrontaron una creciente presión en 2018 por parte del gobierno.

En junio, el Parlamento aprobó las enmiendas propuestas por el gobierno a la Constitución y otras leyes, para penalizar los servicios, el asesoramiento y el apoyo a los inmigrantes y solicitantes de asilo con hasta un año de prisión. Las medidas entraron en vigor en julio. En el momento de redacción de este informe, no se había llevado a cabo ningún procesamiento. Las medidas fueron adoptadas a pesar de las críticas del comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa en febrero, del Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril, del ACNUR en mayo y del órgano consultivo constitucional del Consejo de Europa en junio.

Las instituciones de la UE tomaron varias medidas de ejecución contra Hungría durante el año (véase la sección Estado de Derecho).

En agosto, se introdujo un impuesto especial del 25 por ciento sobre la financiación a organizaciones “que apoyan la inmigración”, eximiendo sólo a los partidos políticos y las organizaciones internacionales con inmunidad.

La Universidad Centroeuropea y el gobierno húngaro no llegaron a un acuerdo para asegurar las operaciones de la universidad en Hungría lo que llevó a la universidad a anunciar en diciembre su traslado a Viena, Austria.

En octubre, una ley sobre la asamblea pública otorga a la policía más discreción para prohibir o disolver manifestaciones.

El país registró en 2018 una disminución significativa en las solicitudes de asilo, en gran parte debido a que se hizo casi imposible para los solicitantes de asilo ingresar al país para buscar protección.

En agosto, las autoridades habían limitado el ingreso diario de solicitantes de asilo a 1-2 por día, dejando a miles de personas varadas en condiciones miserables en Serbia. A principios de agosto, las autoridades húngaras negaron alimentos a los solicitantes de asilo rechazados en las zonas de tránsito. Tras una intervención de emergencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades reanudaron la distribución de alimentos.

En julio, entró en vigor una enmienda constitucional que restringe aún más el acceso al asilo al prohibir explícitamente el “asentamiento de poblaciones extranjeras” en Hungría y negar la protección a los solicitantes de asilo que llegan a Hungría vía cualquier país de tránsito que las autoridades húngaras consideren seguro para los solicitantes de asilo. En agosto, un total de 3.119 personas habían solicitado asilo, y las autoridades otorgaron protección internacional a un total de 320 personas, de las cuales 54 recibieron estatus de refugiado y 266 recibieron protección subsidiaria.

Los romaníes siguieron siendo blanco de discriminación en materia de vivienda, educación y salud pública. La enmienda constitucional de julio penaliza a las personas sin hogar, ignorando las críticas en junio del relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada de que el plan era cruel e incompatible con las leyes de derechos humanos. Las personas sin hogar empezaron a ser procesadas después de que la ley entrara en vigor en octubre.

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