La excesiva concentración de poder en el ejecutivo ha permitido que el gobierno del Presidente Daniel Ortega cometiera gravísimos abusos contra críticos y opositores con absoluta impunidad. La represión ejercida por miembros de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno en 2018 dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente y procesadas.

Desde que asumió en 2007, el gobierno de Ortega se ha empeñado en desmantelar todos los controles institucionales al poder presidencial. El Consejo Supremo Electoral excluyó partidos políticos y destituyó a legisladores de oposición. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado decisiones del Consejo Electoral que socavan derechos políticos, y le ha permitido a Ortega ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato. En 2016, su partido logró una mayoría del 79 % en la Asamblea Nacional, y esto le permitió acelerar una serie de reformas que otorgaron al presidente control directo sobre la Policía Nacional y el ejército y lo habilitaron a legislar por decreto y postularse a la reelección indefinidamente.

Represión del disenso

En abril, iniciaron en todo el país protestas multitudinarias contra el gobierno. Policías, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de cientos de muertos y varios miles de heridos. Agentes gubernamentales son responsables de la mayoría de las 324 personas asesinadas hasta septiembre, una cifra que incluye a 23 niños y niñas, y de casi la totalidad de los más de 2.000 heridos. Algunos asesinatos constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Numerosos hospitales públicos que dependen del Ministerio de Salud negaron u obstaculizaron la atención médica a manifestantes heridos.

Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente por policías o secuestradas por grupos partidarios del gobierno, como parte de “una política” para “erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas”, señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En algunos casos, no se conoció el paradero de las personas detenidas por períodos de hasta dos semanas, lo cual constituyó desaparición forzada durante el tiempo en que no se supo dónde se encontraban.

Oficiales de la Policía Nacional sometieron a manifestantes a abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, como golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y violación sexual. Numerosas personas indicaron a la prensa y a Human Rights Watch que las obligaron a grabar videos autoincriminatorios.

Al intensificarse la represión, algunas personas respondieron de manera violenta y 22 policías murieron entre abril y septiembre, según estadísticas oficiales. El ACNUDH determinó que los manifestantes no realizaron un esfuerzo coordinado de uso de la violencia.

En reiteradas ocasiones, altos funcionarios acusaron a los manifestantes de “terroristas” o “golpistas”.

Aunque algunos detenidos han sido liberados, diversas organizaciones no gubernamentales nicaragüenses que brindan asistencia legal a estas personas indicaron que 477 estaban siendo procesadas en relación con las protestas. Entre ellas, había 136 personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, algunas por aplicación de la nueva ley antiterrorista que promulgó el poder legislativo en julio.

En septiembre, el Fiscal General invocó esta ley para acusar a Félix Maradiaga, una prominente figura de oposición y director de un centro de investigación, de “financiar al terrorismo”. Según transcendió en la prensa, la acusación indica que Maradiaga entrenó a personas para que participaran en actividades “desestabilizantes” al crear el Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil, cuya misión declarada es impartir los valores democráticos y de derechos humanos a la juventud.

El ACNUDH indicó que los acusados son objeto de violaciones de los derechos de debido proceso, que incluyen negarles la posibilidad de elegir quién los representará legalmente, no poder reunirse en forma privada con sus abogados durante la detención y tener audiencias a puertas cerradas.

Los abusos cometidos por las autoridades siguen impunes. La Fiscalía General de la República y la Corte Suprema obstaculizaron los esfuerzos de órganos internacionales de derechos humanos de documentar e investigar estos casos.

Defensores de derechos humanos

Defensores de derechos humanos y otros actores críticos del gobierno en materia de derechos humanos se han convertido en blanco creciente de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia, agresiones y persecución judicial.

Diversos funcionarios públicos realizaron reiteradamente declaraciones estigmatizantes con el fin de socavar la credibilidad de los defensores. En julio, en declaraciones públicas, Ortega se refirió a prominentes obispos católicos que habían denunciado abusos del gobierno como “asesinos” y “golpistas”.

En noviembre y diciembre, el Congreso canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil a instancias del Ministerio de Gobernación. La policía allanó las oficinas de cinco de estas organizaciones y se llevó documentos y computadoras.

Libertad de expresión

Autoridades y grupos armados partidarios del gobierno hostigaron, amenazaron, intimidaron, atacaron y robaron a periodistas y blogueros que informaban sobre las protestas, y confiscaron sus equipos. En octubre, la policía detuvo arbitrariamente por períodos cortos a reporteros del periódico La Prensa y del canal de televisión 100% Noticias, cuando cubrían a una protesta pacífica. Las autoridades también registraron sus vehículos, conforme se indicó en los medios. A menudo los periodistas que son críticos con el gobierno son blanco de campañas de desprestigio en redes sociales y medios favorables al gobierno.

El 13 de diciembre, la Policía Nacional allanó la sede del medio de noticias Confidencial, cuyo director es el internacionalmente reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro. La policía confiscó computadoras, discos rígidos y numerosos documentos legales y contables. Al momento de redacción del presente, agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) todavía ocupaban las oficinas de Confidencial.

En algunos casos, se ha detenido y deportado a corresponsales extranjeros. Por ejemplo, en agosto, la policía detuvo en Carazo a la productora de documentales brasileña Emilia Mello, confiscó sus equipos, la interrogó durante varias horas y la deportó al día siguiente.

Discriminación política

Durante la represión, autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua despidieron de varios hospitales públicos al menos a 135 médicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores de la salud, presuntamente en represalia por haber participado en protestas o por estar en desacuerdo con políticas del gobierno. Al menos 40 docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), una institución pública, fueron despedidos desde que empezaron las protestas, por habar apoyado o participado en manifestaciones contra el gobierno, según trascendió en los medios de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también determinó que se había amenazado a funcionarios públicos con la posibilidad de ser despedidos si no participaban en manifestaciones en apoyo al gobierno.

Solicitantes de asilo nicaragüenses

Entre abril y el 19 de octubre, la cantidad de nicaragüenses que solicitan asilo en la vecina Costa Rica aumentó a 15.584, respecto de apenas 22 en los tres meses previos a que empezara la represión, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En noviembre, a otras 11.383 personas se les habían concedido entrevistas para solicitar asilo.

Otras miles huyeron a México, Panamá y Estados Unidos.

Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas

Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando un embarazo suponga un riesgo para la vida de la madre o sea el resultado de violación o incesto. La prohibición total del aborto establecida en 2006 penaliza a las mujeres y niñas que abortan con hasta dos años de cárcel. Las sanciones para profesionales médicos que realicen abortos van de uno a seis años de cárcel. Un recurso presentado en 2008 ante la Corte Suprema de Justicia planteó que la prohibición era inconstitucional. La corte nunca se pronunció sobre el caso. Sigue vigente la prohibición del aborto, que hace que mujeres y niñas con embarazos no deseados se vean obligadas a recurrir a abortos clandestinos, a menudo asumiendo un grave riesgo para su salud y su vida.

Actores internacionales clave

Luego de una visita al país en mayo, la CIDH difundió un informe en el cual concluyó que las autoridades nicaragüenses habían perpetrado abusos generalizados al responder a las protestas, y que no se trataba de acciones aisladas de agentes insubordinados. La CIDH creó entonces un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). El gobierno se negó a cooperar con el MESENI y limitó sus actividades, entre otras cosas, al no permitir que su personal visitara centros de detención.

Poco después, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH y el gobierno nicaragüense acordaron crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que asistiría en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos que llevara a cabo la Fiscalía General de la República. El mandato del GIEI concluyó en noviembre; en su última conferencia de prensa, anunció que las autoridades judiciales no habían cooperado de la forma prevista en el acuerdo. El GIEI indicó además no haber recibido información sobre ninguna investigación ni condena contra policías o miembros de grupos armados partidarios del gobierno implicados en abusos. Por último, el GIEI instó a que se creara una unidad de fiscalía especial dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República, que investigara graves violaciones perpetradas en el contexto de las protestas.

En agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó que el MESENI y el GIEI solicitaran autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores para estar presentes en audiencias judiciales que la ley exige que sean públicas. No se ha permitido que el MESENI ni el GIEI ingresen en los juzgados. Aunque han presentado reiteradas solicitudes, el ministerio no ha respondido ninguna.

El 19 de diciembre, el canciller Denis Moncada expulsó a los equipos del MESENI y el GIEI, a quienes acusó de adoptar una postura “intervencionista”, un día antes en que estaba previsto que el GIEI divulgara un informe lapidario en Managua. El informe, que finalmente se presentó en Washington D.C., concluyó que debía investigarse por delitos de lesa humanidad a autoridades nicaragüenses, incluidos el Presidente Ortega y sus jefes de Policía.

El Consejo Permanente de la OEA celebró varias sesiones en las cuales abordó la crisis. En agosto, creó un Grupo de Trabajo para Nicaragua integrado por países miembros de la OEA, que buscaría “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles”. En septiembre, a instancias del Grupo de Trabajo, el consejo adoptó una resolución en la cual instó a sus miembros y observadores permanentes a adoptar todas las “medidas diplomáticas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”. Sólo cuatro países votaron en contra: Venezuela, Bolivia, San Vicente y Nicaragua.

En junio, el gobierno permitió que ingresara en el país un equipo del ACNUDH, luego de varios meses de rechazar sus pedidos de invitación. Las autoridades obstruyeron sistemáticamente su trabajo y, en agosto, dos días después de que el ACNUDH difundiera un duro informe, el gobierno nicaragüense expulsó a sus representantes.

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión pública sobre Nicaragua. Dos tercios de sus miembros subrayaron su preocupación por la continuidad de las violaciones de derechos humanos, los refugiados que esto ha generado y la expulsión del equipo del ACNUDH. Algunos días después, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos instó a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) “refuerce la vigilancia” sobre Nicaragua y adopte “todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en informes recientes”.

Durante el período de sesiones de septiembre del CDH, Argentina, en representación de un grupo de 47 países, emitió una declaración conjunta en la que exigió el cese inmediato de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la persecución judicial de activistas y las detenciones arbitrarias. Muchos otros Estados, entre ellos Australia, Costa Rica e Islandia, expresaron preocupaciones similares en sus declaraciones individuales.

Entre junio y julio, el Departamento de Estado revocó las visas a algunos funcionarios nicaragüenses responsables de abusos y de “socavar la democracia”. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Francisco Díaz, entonces subdirector de la Policía, y a un funcionario de la Alcaldía de Managua, en el marco de la Ley Magnitsky de 2012, “por tener a su cargo o liderar entidades implicadas en graves violaciones de derechos humanos”. En noviembre, el presidente Donald Trump dictó el Decreto Ejecutivo 13851, que posibilitó que el Departamento del Tesoro aplicara sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau, uno de los principales asesores presidenciales, que consistieron en la inmovilización de sus activos y la prohibición de viajar al país.

La Ley de Anticorrupción y Derechos Humanos sobre Nicaragua, una ley bipartidista que entró en vigor en diciembre, faculta al Departamento del Tesoro a sancionar a cualquier “funcionario o exfuncionario del Gobierno de Nicaragua o cualquier persona que actúe en representación de ese Gobierno” cuando el Presidente de EE. UU. determine que es autor o responsable de “ordenar de cualquier modo actos significativos de violencia o violaciones de derechos humanos” en el contexto de la represión que empezó en abril de 2018. La ley también se aplica a personas que estén implicadas en graves hechos de corrupción o en actos que socaven la democracia.

En julio, los Países Bajos suspendieron un proyecto por 18,4 millones de euros (USD 21,2 millones) en el sector de salud debido a “graves violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios gubernamentales y grupos parapoliciales”. Poco después, Luxemburgo frenó los desembolsos de fondos de asistencia, resaltando su “profunda consternación por el deterioro de la situación” y exigiendo rendición de cuentas.