En marzo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia antes de que se votara en el Congreso la posibilidad de someterlo a juicio político por señalamientos de corrupción y compra de votos. El Congreso aceptó su dimisión, tras lo cual asumió la presidencia el vicepresidente Martín Vizcarra.

En diciembre de 2017, el entonces presidente Kuczynski otorgó al expresidente Alberto Fujimori un “indulto humanitario” por su presunta enfermedad. En un juicio histórico que tuvo lugar en 2009, Fujimori había sido condenado a 25 años de prisión por asesinatos, desapariciones forzadas y secuestros cometidos en 1991 y 1992. Existen serios motivos para creer que su liberación fue producto de una negociación en respuesta a presiones crecientes de partidarios de Fujimori en el Congreso, incluido el intento de someter a juicio político a Kuczynski en diciembre. En octubre de 2018, un juez de la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto de Fujimori y dispuso su encarcelamiento. Cuando se elaboró el presente informe se encontraba pendiente una apelación, y Fujimori no había sido enviado de regreso a prisión.

En julio, el presidente Vizcarra anunció un referéndum para reformar el sistema político y de justicia, luego de que los medios peruanos difundieran grabaciones de audio que presuntamente implican en hechos de corrupción a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano responsable de nombrar y destituir jueces y fiscales. El referéndum, programado para el 9 de diciembre, propuso establecer un máximo de un mandato para los legisladores, crear una legislatura bicameral, reformar las normas para el financiamiento de los partidos políticos e implementar cambios en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura.

Juicios por abusos del pasado

Los esfuerzos por juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 20 años, que concluyó en el año 2000, han tenido resultados mixtos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, y otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales.

Las autoridades han logrado avances limitados en el juzgamiento de abusos cometidos por fuerzas gubernamentales durante el conflicto, en parte debido a la falta de colaboración del Ministerio de Defensa. Según organizaciones peruanas de derechos humanos, hasta mayo de 2017 los fiscales solamente habían conseguido sentencias en 78 casos vinculados con abusos cometidos durante el conflicto armado, y apenas fueron 17 condenas.

En diciembre de 2017 el entonces presidente Kuczynski otorgó al expresidente Fujimori un “indulto humanitario” por supuesta enfermedad. Sin embargo, el 3 de octubre de 2018 un juez de la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto y ordenó el encarcelamiento de Fujimori. Cuando se elaboró el presente informe, se encontraba pendiente una apelación, y Fujimori no había sido enviado de regreso a prisión.

El 12 de octubre de 2018, partidarios de Fujimori en el Congreso aprobaron un proyecto legislativo que habría concedido a los presos mayores de cierta edad, que hubieran cumplido un tercio de la pena, el derecho a cumplir el resto bajo “vigilancia electrónica”. Los defensores del proyecto afirmaron que su propósito era morigerar las condiciones penitenciarias para los presos de edad avanzada. Sin embargo, el momento en el que proyecto legislativo fue presentado y sus disposiciones dejan en evidencia que se buscaba garantizar la libertad de Fujimori. El 22 de octubre, el presidente Vizcarra vetó el proyecto.

En abril de 2018, un fiscal superior denunció a Fujimori y tres de sus ministros de Salud en relación con la esterilización forzada de mujeres, en su mayoría indígenas y de sectores de bajos recursos, que ocurrieron durante su gobierno. Cuando se redactó el presente informe, Fujimori y sus ministros todavía no habían sido acusados.

En septiembre, la Sala Penal Nacional de Perú condenó a varios miembros de Sendero Luminoso, incluido su líder Abimael Guzmán, a la pena de prisión perpetua por terrorismo. Guzmán ya cumplía prisión perpetua por el asesinato, en 1983, de 69 campesinos en la localidad de Santiago de Lucanamarca.

En 2017, trascendieron nuevas pruebas que confirmarían los señalamientos de que el expresidente Humala ordenó que miembros de las fuerzas de seguridad cometieran aberrantes violaciones de derechos humanos a principios de la década de 1990 en la base militar Madre Mía, en la región de Alto Huallaga. En septiembre, una comisión de legisladores que investiga señalamientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la base Madre Mía en 1992 concluyó que había suficientes pruebas contra Humala como para reabrir las investigaciones penales.

En 2015, el gobierno creó un registro nacional de víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1995 y 2001. Más de 5.000 víctimas habían sido registradas hasta el momento en que se elaboró el presente.

Los tribunales han logrado avances mucho más limitados con respecto a abusos ocurridos durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990), que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas.

En agosto, la Sala Penal Nacional condenó a dos militares retirados a penas de hasta 30 años de cárcel por su rol en las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 53 personas en la base miliar Los Cabitos, en Ayacucho, en 1983. En agosto, se exhumaron en un cementerio clandestino en las proximidades los restos de varias víctimas, que se entregaron a sus familiares.

Las autoridades peruanas estiman que cerca de 20.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado en el país. En septiembre, el presidente Vizcarra ordenó establecer un banco de datos genéticos que contribuirá a la búsqueda de las personas desaparecidas.

Abusos policiales

En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad han herido y matado a civiles al responder a protestas ocasionalmente violentas relacionadas con minería y otros proyectos de desarrollo a gran escala. En enero de 2018, Irineo Curiñaupa Campos y Celestino Flores Ventura fallecieron abatidos por disparos de miembros de la Policía Nacional peruana mientras participaban en una protesta durante una huelga agrícola nacional. Desde 2002, integrantes de las fuerzas de seguridad habrían matado a 155 personas durante protestas en todo Perú, según organizaciones de derechos humanos. Estas muertes se han reducido sustancialmente desde 2016.

En agosto de 2015, el entonces presidente Humala dictó el Decreto 1186, que limitó el uso de la fuerza por la policía. El decreto permite a la policía usar la fuerza legal únicamente cuando sea “estrictamente necesario” ante un “peligro real e inminente” de daños graves. No obstante, la Ley 30151, promulgada en enero de 2014, todavía prevé la inimputabilidad del “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas y otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. La ley podría impedir que se exija que los policías rindan cuentas ante la justicia cuando hayan ejercido la fuerza de manera ilegítima. Según organizaciones de derechos humanos locales, ningún miembro de las fuerzas armadas o la policía ha sido condenado por uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones desde 2002.

En 2016, el ministro del Interior anunció que se investigaba a 28 policías, incluido un general, que presuntamente habían cometido al menos 20 ejecuciones extrajudiciales entre 2009 y 2015, e informado falsamente que las víctimas eran delincuentes muertos en enfrentamientos, para conseguir ascensos y premios. Al momento de la preparación de este informe, seguía en trámite el juicio contra 11 policías, ocho de ellos prófugos, por estos delitos.

Libertad de expresión

Persisten en Perú las amenazas a la libertad de expresión.

En junio, el Congreso promulgó una ley que prohíbe al gobierno comprar publicidad oficial en medios privados. En octubre, el Tribunal Constitucional determinó que la ley era inconstitucional, al entender que cercenaba el derecho de los peruanos a acceder a información de interés público.

En julio, los medios IDL-Reporteros y Panorama difundieron grabaciones de audio en las que presuntamente se escucha a jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura negociando decisiones judiciales y nombramientos de jueces.

El 10 de julio, un fiscal se presentó en las oficinas de IDL-Reporteros y solicitó los materiales de trabajo y documentos de los periodistas. Los fiscales se retiraron, sin los documentos y materiales, luego de que el director de IDL-Reporteros exigiera ver la orden judicial. El 12 de julio, un grupo de legisladores citó a los periodistas y les exigió que informaran cómo habían obtenido los audios y que proporcionaran las grabaciones y los documentos originales.

Derechos de mujeres y niñas

La violencia de género es un problema extendido en Perú. En 2017, 368 mujeres fueron víctimas de “feminicidios” (el asesinato de una mujer en determinados contextos, incluidos de violencia doméstica y discriminación de género). Entre enero de 2015 y marzo de 2016, la justicia peruana condenó a 54 personas por feminicidio.

En agosto, el Congreso reformó la definición del delito de violación sexual en el Código Penal, y convirtió la “falta de consentimiento” en el elemento definitorio del delito, con independencia de si hubo violencia.

Las mujeres y niñas de Perú solamente pueden acceder a abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En octubre de 2016, se presentó un proyecto que autorizaría la despenalización del aborto cuando este sea resultado de violación y cuando el feto sufra condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina. El Congreso todavía no lo había tratado cuando se redactó este informe. También seguía pendiente en el Congreso, desde 2016, una ley que reconocería el “derecho” del feto concebido como resultado de violación sexual a recibir “protección del Estado” hasta que sea dado en “adopción”.

Orientación sexual e identidad de género

En Perú, no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. En febrero de 2017, un grupo de legisladores presentaron un proyecto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto seguía pendiente en el Congreso cuando se redactó este informe.

Las personas deben comparecer ante un juez para pedir que se modifique el género consignado en sus documentos de identidad. Cuando se redactó este informe, se encontraba pendiente en el Congreso un proyecto legislativo, presentado en 2017, que permitiría modificar el género consignado en los documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa.

En marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó los resultados de una encuesta que indica que más del 60% de las personas LGBT sondeadas habían sufrido algún tipo de discriminación o violencia.

Derechos de personas con discapacidades

En septiembre, se introdujeron cambios al Código Civil que eliminaron la interdicción para las personas con discapacidad. Las nuevas normas establecen que las personas con discapacidad física y mental tienen la misma capacidad jurídica que cualquier otro ciudadano peruano, incluida la facultad de decidir si desean someterse a tratamiento médico, contraer matrimonio o tener hijos. La reforma permite que las personas con discapacidad tengan la opción de nombrar a una persona de apoyo que las ayude en la toma de decisiones.

Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes

Más de 126.000 ciudadanos venezolanos buscan actualmente obtener asilo en Perú; esto representa el mayor número de solicitantes de asilo venezolanos registrados en cualquier país.

Más de 430.000 venezolanos viven en Perú. En 2017, el presidente Kuczynski aprobó por decreto un proceso de permiso especial para que los venezolanos puedan permanecer en el país. El decreto estipula que los ciudadanos venezolanos que llegaron al país antes del 2 de febrero de 2017 —fecha en que entró en vigor— y no tengan antecedentes penales, y cuyo permiso legal de permanencia en el país haya caducado, podrán pedir un permiso temporal de residencia de un año de duración. En agosto, el gobierno extendió el permiso para que pudieran solicitarlo las personas que llegaron al país hasta el 31 de octubre de 2018. Aquellos que obtengan el permiso podrán trabajar, inscribir a sus hijos en la escuela y acceder a atención de la salud.

Cuando se redactó el presente, más de 93.000 venezolanos se habían beneficiado con el permiso. En octubre, el presidente Vizcarra manifestó que su gobierno llevaría a cabo una “evaluación”, luego del 31 de octubre, con respecto a si el país contaba con los medios necesarios para brindar más permisos especiales a ciudadanos venezolanos.

En agosto, las autoridades anunciaron que exigirían que los venezolanos que ingresen en el país presenten un pasaporte, una decisión que en la práctica habría impedido el acceso de numerosos migrantes venezolanos, pues el proceso para obtener un pasaporte en Venezuela es sumamente difícil. Sin embargo, el 25 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú anunció que los venezolanos podrían entrar con un pasaporte vencido, que los niños y las personas mayores podrían ingresar sin pasaporte y que las personas sin pasaporte podrían igualmente solicitar asilo.

Política exterior

Perú ha desempeñado un rol de liderazgo en esfuerzos regionales para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. En agosto de 2017, el entonces presidente Kuczynski convocó a un encuentro durante el cual los cancilleres de otras 12 naciones firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.

En junio de 2018, Perú emitió una declaración en nombre de un grupo interregional de 53 países, en la cual manifestó preocupación por la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, e instó a que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguiera informando sobre la situación.

El 26 de septiembre, los gobiernos de Perú, Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Paraguay remitieron la situación en Venezuela a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, Perú ha apoyado resoluciones que alertaron sobre violaciones de derechos humanos en países como Myanmar, Irán y Venezuela.

Actores internacionales clave

En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) solicitó a la justicia peruana que revisara antes del 29 de octubre el “indulto humanitario” concedido en diciembre de 2017 al expresidente Fujimori, a fin de determinar si Perú había cumplido con su obligación de investigar, juzgar y sancionar violaciones graves de derechos humanos.

En julio, en respuesta a los pedidos efectuados a los periodistas de IDL-Reporteros y Panorama por un fiscal y varios legisladores, el Relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos manifestó su consternación y destacó que toda medida tendiente a incautar material periodístico que pueda revelar las fuentes o citar a periodistas como testigos tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión.

En septiembre, la Corte I.D.H. condenó a Perú por la desaparición forzada de cinco personas entre 1984 y 1992.