En mayo, el Presidente Nicolás Maduro se impuso en las elecciones presidenciales contra una oposición gravemente debilitada por años de represión gubernamental, en un contexto de señalamientos generalizados de que los comicios no habían cumplido con los estándares internacionales de elecciones libres y justas.
No quedan actualmente en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. Tanto durante el gobierno de Maduro como anteriormente durante el de Hugo Chávez, las autoridades coparon los tribunales con jueces sin la más mínima pretensión de independencia. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. El éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que huyen de la represión y la escasez representa la mayor crisis migratoria de este tipo en la historia reciente de América Latina.
Otras preocupaciones que persisten son las precarias condiciones de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por funcionarios públicos.
La crisis de refugiados
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 3 millones, de una población venezolana estimada de 32 millones, habían huido del país entre 2014 y noviembre de 2018. También se han ido muchas personas más cuyos casos no han sido registrados por las autoridades.
La combinación de crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela hace que numerosos venezolanos deban irse del país y no puedan o no deseen regresar. Algunos reúnen las condiciones para que se los reconozca como refugiados. Otros no, pero enfrentarían graves dificultades si fueran obligados a regresar a Venezuela y tienen una necesidad urgente de recibir asistencia humanitaria en los países a los cuales han migrado.
Muchos venezolanos en otros países siguen en situación irregular, y eso dificulta significativamente su posibilidad de obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud. Esto los vuelve más vulnerables a la explotación y el abuso.
Persecución de opositores políticos
El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de preparación de este documento, había más de 230 presos políticos en cárceles o sedes de servicios de inteligencia de Venezuela, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.
Al prepararse este documento, el dirigente opositor Leopoldo López cumplía prisión domiciliaria por una condena de 13 años de cárcel impuesta por supuesta incitación de la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de evidencias creíbles en su contra. Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio. Otros han debido exiliarse.
Represión de protestas
Durante la represión en 2014 y 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, atacaron protestas, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de manifestantes. Integrantes de las fuerzas de seguridad dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, golpearon brutalmente a personas que no mostraban resistencia y llevaron a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.
Más de 12.500 personas han sido detenidas desde 2014 en relación con las manifestaciones, según datos del Foro Penal. Esto incluye no solo a manifestantes sino también a transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin orden judicial. Cuando se redactó este documento, cerca de 7.300 habían recibido libertad condicional pero aún enfrentaban causas penales. En 2017, la justicia militar procesó a más de 750 civiles, violando lo dispuesto por el derecho internacional. Esta práctica continuó durante 2018, aunque con menor frecuencia.
Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.
Aunque desde agosto de 2017 no se han realizado manifestaciones multitudinarias, las fuerzas de seguridad siguen reprimiendo protestas espontáneas y llevando detenciones selectivas y arbitrarias de opositores o de personas que se perciben como opositoras en distintos lugares del país.
Ejecuciones extrajudiciales
En enero, miembros de las fuerzas de seguridad y de un colectivo rodearon una vivienda en la localidad de El Junquito, cerca de Caracas, donde se ocultaban Oscar Pérez —un policía insubordinado que había lanzado una granada desde un helicóptero al edificio del Tribunal Supremo de Justicia tras instar a la población a rebelarse contra el gobierno— y otras seis personas. Las autoridades señalaron que los siete hombres murieron en un enfrentamiento, y que se trataba de “terroristas”. También murieron dos agentes de seguridad y un miembro del colectivo.
No obstante, hay pruebas que sugieren que Pérez habría sido víctima de ejecución extrajudicial. Antes de su muerte, publicó en los medios sociales varios videos afirmando que estaban siendo atacados y que estaba negociando con las autoridades para rendirse. En una copia de su certificado de defunción se indica como causa de muerte un único disparo en la cabeza.
En 2015, el gobierno lanzó la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), supuestamente en respuesta al agravamiento de la situación de inseguridad. Policías y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana llevaron a cabo redadas que dieron origen a numerosos señalamientos de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.
En noviembre de 2017, el fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP. En reiteradas declaraciones, funcionarios públicos afirmaron que estas personas murieron en “enfrentamientos”, lo cual en muchos casos niegan los testigos o familiares de las víctimas. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.
Impunidad por abusos
Desde que en agosto de 2017 la fiscal general Luisa Ortega Díaz fue separada del cargo, no se ha difundido información oficial sobre procesos contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en junio de 2018 que la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela era “generalizada”.
En julio de 2017, la fiscalía a cargo de Ortega Díaz investigaba casi 2.000 casos de personas heridas durante la represión de 2017. En más de la mitad de los casos, los fiscales tenían pruebas que sugerían que se habían cometido violaciones de derechos fundamentales, según fuentes oficiales. ACNUDH señaló que 357 agentes de seguridad estaban siendo investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante las OLP. ACNUDH manifestó que, en algunos casos, se había liberado a integrantes de las fuerzas de seguridad presuntamente implicados en la ejecución extrajudicial de manifestantes, pese a las órdenes judiciales de detención en su contra, y que los fiscales habían cursado al menos 54 órdenes de detención contra agentes de seguridad involucrados en la muerte de 46 personas en el contexto de las manifestaciones. No obstante, sólo en un caso se había iniciado un juicio.
Crisis humanitaria
Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y comida que cercena gravemente sus derechos a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, durante ese año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra de salud fue despedida. Desde entonces, el gobierno no ha publicado boletines epidemiológicos.
La Organización Panamericana de la Salud ha informado cantidades crecientes de pacientes con enfermedades como malaria, tuberculosis, sarampión y difteria. Hasta 2016, el sarampión y la difteria, que pueden prevenirse con vacunas, habían sido erradicados del país.
En Caracas y varios estados, la proporción estimada de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición moderada o severa aumentó del 10 % en febrero de 2017 al 17 % en marzo de 2018, según Cáritas Venezuela. Cáritas indicó que el promedio descendió a 13,5 % en julio, pero las estadísticas eran significativamente más altas en Caracas (16,7 %) y el estado Vargas (19,7 %). Una encuesta nacional realizada en 2018 por tres prestigiosas universidades venezolanas concluyó que el 80 % de los hogares venezolanos estaban en situación de inseguridad alimentaria, y que las personas entrevistadas habían perdido un promedio de 11 kilos durante 2017.
Independencia judicial
Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno. El tribunal ha ratificado una y otra vez prácticas y políticas abusivas.
Asamblea Constituyente
En 2017, el Presidente Maduro convocó a una Asamblea Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que Smartmatic, la empresa británica contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó que había sido fraudulenta. En la práctica, la Asamblea Constituyente ha reemplazado a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, como poder legislativo del país.
Libertad de expresión
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. El gobierno puede suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, suspender de manera arbitraria sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias es muy habitual.
En mayo, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Pedro Jaimes Criollo por haber hecho referencia en Twitter a la ruta aérea del avión presidencial, un dato que era público. Entre los delitos imputados a Jaimes se incluyen el de espionaje y revelación de secretos políticos. Durante más de un mes, no se permitió que sus familiares ni los abogados de la organización venezolana Espacio Público, que trabajan en el caso, pudieran hablar con él o verlo. Le ha dicho a sus familiares que agentes de seguridad lo golpearon violentamente. Cuando se preparó este documento, seguía en una celda hacinado con otros presos, sin acceso a tratamiento médico.
En noviembre de 2017, la Asamblea Constituyente adoptó una “Ley contra el odio”, con expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. La ley prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales. En 2018, varias personas fueron acusadas por fiscales en relación con estos delitos, incluidos tres adolescentes detenidos tras haber expresado en los medios sociales su desacuerdo con el gobierno.
Defensores de derechos humanos
Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.
En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrán ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.
Discriminación política
Personas que apoyaron referéndums destituyentes contra Chávez y Maduro fueron despedidas de empleos públicos. Hubo señalamientos creíbles de que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados discrimina contra críticos del gobierno.
En abril, el Presidente Maduro manifestó que daría un “premio” a los venezolanos que acudieran a votar en las elecciones de mayo y presentaran su “carnet de la patria”, un documento emitido por el gobierno que se exige para acceder a beneficios de vivienda, pensiones, ciertos procedimientos médicos y cajas de alimentos sujetos a precios controlados por el gobierno. Durante la campaña presidencial, participantes que asistían a mítines oficiales recibieron bolsas de comida.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. La sobrepoblación penitenciaria se ve agravada por el uso excesivo de la prisión preventiva. En marzo, al menos 66 detenidos y dos visitantes murieron en un incendio luego de un motín en una dependencia policial que era usada como cárcel, en el estado Carabobo.
Actores internacionales clave
En febrero, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció que iniciaba un examen preliminar para analizar si, al menos desde 2017, se han producido delitos sujetos a la competencia de la corte, incluidos señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y la detención de miles de opositores o personas percibidas como tales, algunos de los cuales aseveran haber sufrido graves abusos durante las detenciones. En septiembre, seis países —todos miembros de la CPI— pidieron que la corte investigara el caso. Desde entonces, otros dos países han apoyado la remisión realizada por estos Estados.
En mayo, un panel de expertos designados por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó una devastadora evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, y concluyó que pueden haberse cometido delitos de lesa humanidad. En septiembre, luego de que 14 gobiernos vecinos aceptaran coordinar su respuesta al éxodo venezolano, Almagro creó un grupo de trabajo para evaluar la emigración y adoptar recomendaciones para abordarla.
Muchos gobiernos sudamericanos han hecho esfuerzos significativos para acoger a los venezolanos. Sin embargo, en 2018, algunos adoptaron medidas restrictivas como exigir pasaportes, que son prácticamente imposibles de obtener en Venezuela, lo cual supone un obstáculo a la posibilidad que tienen los venezolanos de solicitar estatus legal.
En el Caribe, ningún país ha creado un permiso especial para que los venezolanos puedan permanecer legalmente, y en la mayoría no hay leyes que regulen el procedimiento de solicitud de asilo. Algunos venezolanos con documentos que acreditan que son solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago y Curazao habrían sido detenidos o deportados a Venezuela, en contravención al derecho internacional. También hubo casos de hostigamiento xenófobo contra venezolanos que intentaban refugiarse en países del Caribe y el norte de Brasil.
En junio, ACNUDH difundió un informe de seguimiento que concluyó que las autoridades venezolanas no habían actuado para que los responsables de abusos graves como asesinatos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas rindieran cuentas por sus actos. El informe hace hincapié en las crisis de salud y nutrición, y alude no sólo a la escasez sistémica de comida y medicamentos, sino además a factores agravantes, como que los médicos se han ido del país y las amenazas del gobierno contra trabajadores de la salud y críticos de la situación del sistema de salud, así como su detención. El informe concluye que es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela, e insta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a crear una comisión de investigación que aborde las violaciones cometidas en el país.
El Grupo de Lima —integrado por 13 gobiernos latinoamericanos y Canadá— ha realizado un atento seguimiento de la situación en Venezuela, y ha criticado los abusos cometidos por las autoridades venezolanas y ofrecido asistencia humanitaria. Durante la sesión de junio del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, 53 estados de distintas regiones apoyaron una declaración conjunta del Grupo de Lima. En septiembre, el grupo, a excepción de Brasil, presentó la primera resolución del consejo sobre Venezuela, en la cual se condena la crisis humanitaria y de derechos humanos y se insta a que la Alta Comisionada siga informando sobre la situación venezolana durante 2019. La resolución se adoptó con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones. Recibió apoyo de delegaciones de todos los continentes.
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá han aplicado sanciones selectivas contra más de 50 autoridades venezolanas implicadas en violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción. Las sanciones incluyen medidas como la inmovilización de activos y la cancelación de visas. En 2017, Estados Unidos también impuso sanciones financieras, incluida la prohibición de operar con nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y su empresa petrolera estatal.
En enero, la UE aplicó restricciones a siete personas que ocupan cargos públicos, por estar implicadas en la inobservancia de principios democráticos y del Estado de derecho, así como en la violación de derechos humanos. El Parlamento Europeo condenó los acontecimientos negativos en el país, mediante resoluciones adoptadas en febrero, mayo y julio, e instó a que se celebren elecciones creíbles, libres y justas y a que se brinde una respuesta efectiva a la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. En mayo, la UE recalcó las graves falencias en el proceso electoral venezolano, y destacó que los resultados carecen de credibilidad. En junio, la UE sumó 11 personas a su lista de sanciones, y elevó así el total a 18.
En 2013, entró en vigor la denuncia del gobierno venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), lo cual privó a ciudadanos y residentes de la posibilidad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos judiciales locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, un instrumento que no está sujeto a ratificación por los Estados.
En septiembre de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión informal con arreglo a la “Fórmula Arria” sobre corrupción en Venezuela, y varios líderes a nivel global, a iniciativa de Costa Rica, convocaron a una reunión especial de “alto nivel” sobre Venezuela durante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán. Venezuela también se niega a cooperar con los mecanismos del consejo; ello incluye haber rechazado los pedidos de visitas planteados por la mayoría de los titulares de relatorías y procedimientos especiales.