Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue presentando una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. La represión de las protestas tras las elecciones generales de noviembre de 2017 provocó la muerte de al menos 22 civiles y un policía, y la detención de más de 1.300 personas. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas, y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en 2016 a través de un acuerdo entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha impulsado investigaciones en unos pocos casos de corrupción en los que están implicados altos funcionarios.

Abusos y corrupción policial

En enero de 2018, el Presidente Juan Orlando Hernández anunció que extendería el mandato de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional hasta enero de 2019. Hasta abril de 2018, más de 5.000 de los más de 10.000 policías evaluados por la comisión habían sido separados de la fuerza, y en junio la comisión presentó al Ministerio Público más de 1.300 expedientes de policías expulsados para que fueran investigados por presuntas actividades delictivas. No obstante, la comisión ha sido cuestionada por falta de transparencia y se convirtió en blanco de críticas en octubre de 2018, cuando un funcionario al que la comisión había ascendido al cargo de subcomisionado de policía, y que posteriormente se convirtió en jefe de la policía, fue detenido por asociación ilícita y lavado de dinero.

Ocho expolicías fueron procesados o condenados en Estados Unidos por su participación en actividades de delincuencia organizada.

Independencia judicial

Los jueces suelen ser blanco de actos de interferencia política por parte del poder ejecutivo y otros actores, como particulares vinculados con el gobierno. El junio de 2017, el ex vicepresidente del ahora desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, fue declarado culpable de tráfico de influencias.

En octubre de 2018, el poder judicial restituyó en el cargo a los jueces Tirza Flores Lanza y Guillermo López Lone. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado que los jueces habían sido destituidos en forma arbitraria tras el golpe de 2009 en Honduras.

Represión de manifestaciones

Luego de que observadores internacionales y actores nacionales señalaran irregularidades en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, se desencadenaron múltiples protestas y las autoridades decretaron un estado de emergencia. Esta medida que fue criticada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no cumplir con estándares internacionales de derechos humanos.

Según ACNUDH, al menos 22 civiles fueron asesinados durante las manifestaciones, incluyendo al menos 16 a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. También murió un policía tras ser alcanzado por un cóctel Molotov relleno de esquirlas. Entre el 1° y el 5 de diciembre de 2017, más de 1.300 personas fueron detenidas, muchas en centros de detención militares, por violar el toque de queda decretado el 1° de diciembre. ACNUDH documentó “testimonios fidedignos y coherentes” de que las personas detenidas habían sufrido maltrato, e indicó que en varias oportunidades miembros de las fuerzas de seguridad habían disparado en forma indiscriminada contra manifestantes.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Es común que los periodistas sean blanco de amenazas y violencia. Durante las manifestaciones que se desarrollaron tras las elecciones mencionadas precedentemente, ACNUDH documentó agresiones físicas contra al menos seis periodistas, amenazas contra periodistas que estaban cubriendo las protestas y la interrupción de la señal de medios críticos del gobierno.

Según un informe elaborado en 2016 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), 25 periodistas fueron asesinados entre 2014 y 2016. El 91% de los asesinatos de periodistas ocurridos desde 2001 han quedado impunes.

En abril de 2018, el Congreso aprobó una versión preliminar de un proyecto de ley sobre ciberseguridad que menoscabaría gravemente la libertad de expresión al obligar a las empresas que brindan servicios de internet a censurar contenidos. Cuando se preparó el presente informe, el proyecto, que había sido criticado por el Relator especial de la OEA para la libertad de expresión, estaba siendo debatido nuevamente y sometido a votación para convertirse en ley.

En febrero de 2017, el Congreso aprobó un nuevo Código Penal que tipificó como delito —con una pena de cuatro a ocho años de prisión—la participación de personas físicas o medios de comunicación o difusión en “apología, enaltecimiento o justificación” del terrorismo. El nuevo código incluyó además una definición imprecisa y amplia de terrorismo, que podría ser usada para prohibir reuniones de grupos y protestas pacíficas alegando que se trata de terrorismo. Luego de las críticas vertidas por ACNUDH en Honduras y por la CIDH, en junio de 2018 el Congreso derogó la disposición sobre “apología, enaltecimiento o justificación” del terrorismo. Sin embargo, la definición amplia de terrorismo sigue vigente. 

Ataques contra abogados, defensores de derechos humanos y ambientalistas

Los abogados, defensores de derechos humanos y ambientalistas son a menudo blanco de amenazas, agresiones y asesinatos. En 2016, el CONADEH registró 16 ataques violentos contra abogados, entre los cuales se cuentan 13 asesinatos. En agosto de 2016, la CIDH describió a Honduras como “uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos” de América.

Hasta la fecha de preparación del presente informe, nueve hombres habían sido imputados por el homicidio de la activista por los derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres, perpetrado en marzo de 2016. Los imputados incluyen a un mayor del Ejército, además del presidente y el exgerente ambiental de Desarrollo Energético S.A. (DESA), la empresa que estaba detrás del proyecto de la represa Agua Zarca. Cuando fue asesinada, Cáceres lideraba una campaña contra esta represa. Al inicio del proceso contra ocho de los presuntos responsables, en septiembre de 2018, los abogados de la familia Cáceres presentaron recursos objetando el procedimiento y solicitando que se conformara un nuevo panel de jueces. En octubre, el proceso había empezado con los jueces inicialmente asignados mientras los recursos seguían pendientes.

Diversos activistas hondureños criticaron el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015, por la falta de criterios uniformes para otorgar medidas de protección. También señalaron que las medidas no siempre son eficaces.

Orientación sexual e identidad de género

La violencia basada en la identidad de género o la orientación sexual es un problema extendido en Honduras. Varios organismos de Naciones Unidas que trabajan en Honduras han señalado que la violencia contra las personas LGBT las obliga al “desplazamiento interno” o a abandonar el país en busca de protección internacional.

En agosto de 2018, el Congreso hondureño aprobó varios artículos de una versión preliminar de una nueva ley de adopción que prohibiría que las parejas del mismo sexo adopten hijos. Al momento de redacción de este documento, la aprobación final de la ley seguía pendiente.

Derechos sexuales y reproductivos de la mujer

Según el Código Penal, en Honduras el aborto es ilegal sin excepción, y las mujeres y niñas que interrumpen embarazos pueden recibir penas de prisión de hasta seis años. También se prohíbe la anticoncepción de emergencia. En mayo de 2017, el Congreso votó en contra de modificar el Código Penal vigente para permitir el aborto en casos de violación, riesgos graves para la vida y la salud de la mujer, o complicaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. La legislación que sigue vigente también penaliza a los proveedores de servicios de aborto y a las personas que asisten en estos procedimientos.

Derechos del niño

En julio de 2017, el Congreso de Honduras aprobó por unanimidad un proyecto legislativo que declaró ilegal el matrimonio infantil. El nuevo proyecto legislativo reemplaza la ley que hasta entonces permitía que las niñas contrajeran matrimonio a los 16 años con autorización de su familia. Según datos de Unicef, un tercio de las niñas hondureñas se casa antes de los 18 años.

En mayo de 2017, el Presidente Hernández creó una comisión para revisar el Código Penal para permitir que los niños y niñas desde apenas 12 años sean procesados como adultos, en lugar de ser juzgados en el sistema de justicia de menores existente. Esta modificación iría contra los estándares internacionales. Sin embargo, a la fecha del presente, no se había presentado ninguna propuesta.

Condiciones en centros de detención

Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la salubridad deficiente, son endémicas en las prisiones hondureñas. Según medios de prensa, en agosto de 2018 había más de 20.500 presos en las instituciones penales del país, diseñadas para albergar hasta 10.600 personas.

Actores internacionales clave

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha estado activa en el país desde abril de 2016. Ha contribuido al establecimiento en el país de una jurisdicción contra la corrupción y a que se aprobara la Ley de Política Limpia, que busca impedir que la delincuencia organizada contribuya a las campañas políticas y lograr que los partidos y candidatos sean castigados cuando reciban financiamiento ilegal para sus campañas. Asimismo, contribuyó, junto con el Ministerio Público, a varias investigaciones sobre corrupción.

Una de estas es un caso sobre fraude en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS). Al momento de preparación del presente informe, 14 personas habían sido condenadas en este caso, incluido el exdirector del instituto y tres viceministros. Cinco miembros del Congreso, de tres partidos opositores distintos, estaban siendo investigados por presunta malversación de fondos públicos por 8,3 millones de lempiras (USD 345.000), al igual que la ex primera dama, por presunta malversación de 16 millones de lempiras (USD 680.000).

Sin embargo, en enero de 2018, un mes después de que la MACCIH y la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) procesaran a miembros del Congreso, este aprobó una serie de reformas legislativas que establecieron que el Tribunal Superior de Cuentas era la única entidad habilitada para auditar fondos públicos, lo que en la práctica frenó las investigaciones. En mayo de 2018, la Sala Constitucional determinó que aunque la MACCIH era constitucional, algunos aspectos de la UFECIC podrían no serlo, lo cual podría frustrar su trabajo.

En febrero de 2018, el titular de la MACCIH, Juan Jiménez, renunció a esa función, alegando falta de apoyo del Secretario General de la OEA. Luego de que la designación de un reemplazante fuera postergada varios meses por el gobierno hondureño, Luiz Antonio Guimarães Marrey asumió el cargo en junio de 2018.

En mayo de 2018, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas recomendó que Honduras adecuara al derecho internacional su legislación en materia de desapariciones y mejorara los esfuerzos de búsqueda, incluidos los relacionados con las personas desaparecidas en las décadas de 1980 y 1990.

Para el año fiscal 2018, el Congreso de EE. UU. destinó USD 67,85 millones en asistencia bilateral para Honduras.