Los avances logrados en los últimos años en el juzgamiento de casos de corrupción y abusos podrían verse frustrados debido a graves obstáculos interpuestos por el gobierno. Estos avances fueron el resultado de la colaboración del Ministerio Público con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, que se estableció en 2007 para investigar la delincuencia organizada y afianzar los esfuerzos locales para fortalecer el Estado de derecho. Al redactar este informe, la CICIG y el Ministerio Público estaban investigando a más de una decena de miembros actuales y anteriores del Congreso, así como al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos detenidos por corrupción en 2015.

En agosto, el Presidente Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato de la CICIG cuando venza en septiembre de 2019. En septiembre, prohibió que el comisionado de la CICIG Velásquez reingresara al país. Al momento de preparación de este documento, la Corte de Constitucionalidad había ordenado que se permitiera el regreso de Velásquez, pero las autoridades manifestaron que no acatarían esa orden.

En agosto, el Congreso de Guatemala aprobó en una votación preliminar un proyecto legislativo con disposiciones que discriminarían a lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y ampliarían la penalización del aborto. El proyecto seguía pendiente ante el Congreso cuando se redactó este informe.

Seguridad pública, corrupción y justicia penal

La violencia y la extorsión por poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas a irse del país, incluidos niños y niñas y adultos jóvenes no acompañados.

En Guatemala existen altos niveles de impunidad, en parte porque es común que haya demoras irrazonables en los procesos penales contra actores poderosos debido al uso excesivo de recursos por los acusados. Estas demoras se ven agravadas debido a que, a menudo, la justicia no cumple con los plazos legalmente establecidos, y a veces tarda meses en reprogramar audiencias suspendidas. Persisten problemas como la intimidación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema de justicia.

Pese a estos obstáculos, las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público han puesto al descubierto más de 60 tramas de corrupción, en las cuales estaban implicados funcionarios de los tres poderes del gobierno. Estas investigaciones propiciaron en 2015 la renuncia y la detención de los entonces presidente y vicepresidenta por estar presuntamente involucrados en un esquema de defraudación de la autoridad aduanera, mediante el cobro de sobornos en vez de los correspondientes aranceles.

Los fiscales también presentaron cargos contra numerosos funcionarios, incluso más de una decena de miembros actuales y anteriores del Congreso de seis partidos políticos distintos, por haber contratado a personas que nunca desempeñaron ninguna labor para esa institución (o que ya recibían un sueldo de otro empleador) y quedarse con los salarios de esas “plazas fantasma”.

En octubre de 2018, la ex vicepresidenta Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de cárcel por su rol en un mecanismo para defraudar al Estado en USD 18 millones. A la fecha de elaboración de este documento, todavía estaban en trámite otros importantes casos de corrupción iniciados desde 2015.

Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado

En mayo de 2018, tres exmilitares fueron condenados a 58 años de prisión cada uno por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, y la violación sexual de su hermana Emma, en 1981. Luego de que Emma escapara de una base militar donde fue violada, varios militares se presentaron en su vivienda y se llevaron a su hermano menor, presuntamente en represalia. Entre los condenados se encontraba el exjefe militar Benedicto Lucas García, hermano del exdictador militar Romeo Lucas García. Un militar fue condenado a 33 años de cárcel por la violación sexual.

Se había programado para agosto de 2018 el juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y un exsoldado por su papel en la masacre de las Dos Erres, en la cual fuerzas especiales del Ejército de Guatemala asesinaron, en 1982, a cerca de 200 civiles como parte de su política contra la insurgencia durante el conflicto armado. Sin embargo, Ríos Montt falleció en abril. El proceso contra el exsoldado empezó en octubre y estaba en curso cuando se redactó este informe. En 2011 y 2012, cinco exmilitares fueron condenados por su participación en la masacre.

En mayo de 2013, Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad por la muerte de más de 1.771 civiles de la comunidad maya ixil en 105 masacres ocurridas en 1982 y 1983, durante su presidencia. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, 10 días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones procedimentales. El nuevo juicio empezó en marzo de 2016, pero se suspendió dos meses más tarde debido a que se encontraban pendientes varios recursos. El juicio se reanudó en octubre de 2017, con apenas una audiencia por semana. Ríos Montt murió antes de la conclusión del juicio. En septiembre de 2018, el otro acusado en la causa, su exjefe de inteligencia, fue absuelto.

Violencia contra periodistas

Es habitual que periodistas sean blanco de hostigamiento y violencia. En febrero de 2018, se hallaron los cuerpos del periodista Laurent Castillo y el trabajador de radio Luis de León, con heridas de bala en la cabeza, en un sitio próximo a la localidad de Santo Domingo, en el departamento guatemalteco sudoriental de Suchitepéquez. En junio de 2017, el periodista de televisión Carlos Rodríguez sobrevivió a un disparo en la cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron asesinados. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por la CICIG y el Ministerio Público implicaron en este delito al diputado Julio Juárez, del partido oficialista FCN-Nación. Al momento de la preparación de este documento, el proceso contra Jatar se encontraba en la etapa previa al juicio.

Derechos de mujeres y niñas

En marzo de 2017, 41 niñas adolescentes murieron en un incendio en el refugio Hogar Seguro, gestionado por el gobierno. Se había encerrado durante la noche a 56 niñas en un espacio que sólo podía albergar en forma segura a 11, sin acceso a agua ni baños, luego de una protesta por las precarias condiciones de vida y el trato recibido en el refugio, incluidos señalamientos de violencia sexual que databan de varios años. Tras al menos seis horas en esas condiciones, una de las niñas quemó un colchón para que los guardias abrieran las puertas, pero no lo hicieron. Estaba previsto que tres funcionarios públicos fueran juzgados en febrero de 2019 por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, entre otros cargos. Cuando se preparó este informe, los procesos contra otros nueve funcionarios estaban en curso.

La legislación vigente en Guatemala sólo contempla el aborto legal cuando esté en riesgo la vida de la mujer o niña embarazada. En agosto, el Congreso guatemalteco aprobó una versión preliminar del proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que ampliaría la penalización del aborto y expondría a las mujeres con abortos espontáneos a la posibilidad de ser juzgadas penalmente. Elevaría la pena máxima para el aborto de 3 a 10 años de prisión y tipificaría la “promoción del aborto”. Como resultado de esto, brindar información, asesoramiento o derivaciones en materia de salud sexual y reproductiva podría ser causal de penas de hasta 10 años de prisión. El proyecto aún debe someterse a otra votación y a la aprobación de cada artículo en forma individual, antes de que el presidente pueda promulgarlo.

Orientación sexual e identidad de género

La versión preliminar del proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que se aprobó en agosto también contiene disposiciones que discriminan a las personas LGBT. Prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y define el matrimonio como la unión entre personas que sean hombre y mujer “así nacidos”, y excluye así a numerosas personas transgénero. El proyecto define la “diversidad sexual” como “incompatibl[e] con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

El proyecto establece, además, que la “libertad de conciencia y expresión” protege a las personas de ser “obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”. Esta disposición podría interpretarse de forma tal que niegue servicios a las personas en función de su orientación sexual o identidad de género, en contravención a estándares internacionales de derechos humanos.

Actores internacionales clave

La CICIG, que trabaja con el respaldo de la ONU, desempeña un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala para juzgar delitos violentos. La CICIG trabaja en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.

En agosto de 2018, la CICIG y el fiscal general presentaron un nuevo pedido de desafuero del Presidente Jimmy Morales para investigar su rol en el financiamiento electoral ilícito. Dos semanas después, Morales, acompañado de decenas de altos mandos militares, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG cuando venza en septiembre de 2019. La semana siguiente, anunció que había prohibido que reingresara el comisionado de la CICIG Iván Velásquez, que entonces se encontraba en el exterior por motivos laborales.

Las autoridades se negaron a permitir su regreso, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad lo había ordenado, y en octubre de 2018 el ministro de Relaciones Exteriores se negó a recibir los documentos para la renovación de la visa de Velásquez. A la fecha de preparación del presente informe, se encontraba en trámite en la justicia un proceso contra el presidente y las autoridades inmigratorias por presunto desacato de la orden de la Corte de Constitucionalidad. El vocero del Secretario General de la ONU António Guterres ha señalado que Velásquez seguiría supervisando la labor de la CICIG desde fuera de Guatemala, y añadió que la decisión de impedir que Velásquez regresara era incompatible con el acuerdo por el cual se creó la comisión.

El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por USD 615 millones para 2018, en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Esta iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras, al intentar reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad y generar más oportunidades económicas. El 25 % de los fondos están supeditados a que los países beneficiarios adopten medidas para limitar la migración hacia Estados Unidos; y el 50 % a que, cada año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos certifique los avances logrados por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la defensa de los derechos humanos.

En 2018, Guatemala obtuvo la certificación que la habilita a recibir todos los fondos y en forma continuada conforme al plan. La asistencia para 2018 incluyó USD 7 millones para la CICIG. Sin embargo, en mayo, un grupo de legisladores pidió que se frenara el desembolso de los USD 6 millones pendientes, tras señalamientos de influencia rusa en la CICIG, aunque el Departamento de Estado indicó que no había identificado pruebas que corroboren tales aseveraciones. Los fondos se liberaron en agosto.