El Salvador presenta uno de los índices de homicidio más elevados a nivel mundial.

En 2018, las maras siguieron ejerciendo el control territorial y extorsionando a residentes de municipios de todo el país. Estos grupos reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a esclavitud sexual a mujeres, niñas y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Las maras son responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y desplazamientos de quienes les muestran resistencia, incluidos funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y periodistas.

En general, las fuerzas de seguridad no han sido eficaces en proteger a la población frente a la violencia de las maras y a la vez, sus integrantes han cometido gravísimos abusos como ejecuciones extrajudiciales de supuestos mareros, agresiones sexuales y desapariciones forzadas.

En El Salvador todavía se encarcela a mujeres y niñas acusandolas de homicidio por presuntamente haberse realizado un aborto. Las personas LGBT son blanco de discriminación y violencia. Estas condiciones han provocado desplazamiento interno y transfronterizo.

Rendición de cuentas gubernamental

Aunque en general la corrupción y los abusos gubernamentales quedan impunes, en los últimos años El Salvador ha realizado algunas acciones para llevar ante la justicia a exfuncionarios presuntamente involucrados en crímenes.

En julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistia de 1993 que prohibía el juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad de la guerra civil (1979-1992). Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En marzo de 2017, varios excomandantes militares fueron enjuiciados por su presunta responsabilidad en la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, en la cual murieron 978 civiles, incluidos 553 niños, y soldados cometieron violaciones sexuales masivas. A la fecha de redacción de este informe en noviembre, el juicio estaba en trámite.

Otras cuatro causas estaban abiertas pero no habían llegado a juicio, incluida una relacionada con el homicidio del arzobispo Oscar Romero quien fue asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla en un hospital en marzo de 1980. Esto ocurrió un día después de que en su homilía transmitida por radio implorara a los soldados que pusieran fin a la represión y a los asesinatos. En octubre, un juez dispuso la detención del excapitán Álvaro Saravia por su presunto rol en la planificación del delito.

En septiembre, un tribunal condenó al expresidente Antonio Saca y a varios miembros de su gobierno a penas de 5 y 10 años de prisión por la malversación de fondos públicos por más de USD 301 millones para enriquecimiento personal y para sobornar a funcionarios y periodistas durante su presidencia (2004-2009). La sentencia se dictó tras la detención, requerida por el Fiscal General, de 32 personas que integran el grupo de allegados del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) debido a una presunta malversación de USD 351 millones, a través del mismo mecanismo. En enero de 2016, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) falleció mientras estaba siendo investigado por delitos similares.

Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

Desde que asumió la presidencia en 2014, Salvador Sánchez Cerén ha ampliado el papel de las fuerzas militares en los operativos de seguridad pública, pese a que, en los acuerdos de paz alcanzados en 1992, se estableció que no intervendrían en estos operativos. Las muertes de miembros de maras a manos de agentes de las fuerzas de seguridad durante supuestos “enfrentamientos armados” aumentaron de 142 en 2013 a 591 en 2016. En su informe de junio de 2018, la Relatora especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales determinó que existía un “patrón de comportamiento… que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza” por personal de seguridad.

Un reportaje de investigación publicado en 2017 por Revista Factum documentó pruebas de la presencia de un “escuadrón de muerte” dentro de una unidad élite de la policía salvadoreña que cometió asesinatos, agresiones sexuales contra niñas adolescentes, robos y extorsiones. Durante el funeral de una mujer policía en septiembre, el director de la Policía Nacional Civil manifestó que otra unidad élite, ahora disuelta, había estado implicada en su desaparición y “feminicidio” en diciembre de 2017, un delito que la ley salvadoreña define como el asesinato motivado por el odio o desprecio hacia la mujer.

En sus visitas de 2017 y 2018, los relatores especiales de la ONU sobre el desplazamiento interno y las ejecuciones extrajudiciales documentaron amenazas y acoso por parte de agentes de las fuerzas de seguridad contra miembros de la población LGBT, personas que trabajan en la rehabilitación de integrantes de maras, y adolescentes y adultos jóvenes.

Condiciones en centros penales

En agosto, la Asamblea Legislativa volvió permanente el “estado de emergencia”. La asamblea de determinó el encierro total de los internos y suspendió las visitas familiares en siete cárceles. El Salvador había declarado en un primer momento el estado de emergencia en marzo de 2016, y luego lo extendió como parte de sus “medidas extraordinarias” para combatir el crimen organizado en abril de 2016.

En enero había más de 38.700 presos en los centros penales del país, diseñados para albergar hasta 11.400 personas. Cerca del 30 % están en prisión preventiva.

Los casos de tuberculosis en internos aumentaron de 96 en marzo de 2016 a 1.272 en enero de 2018. Se ha restringido la posibilidad de visitar prisiones, aunque a los periodistas internacionales a quienes sí se les ha permitido entrar, han notado la delgadez extrema de muchos presos. En 2018, más internos fueron asesinados o fallecieron en prisiones que en 2017.

Maras

Según cifras ampliamente difundidas, hay cerca de 60.000 miembros de maras en al menos 247 de los 262 municipios del país. Controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan en esas zonas, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados.

Numerosos agentes de seguridad y funcionarios electos han colaborado con maras en actividades delictivas, conforme informan medios internacionales y nacionales. Según información difundida en la prensa, todos los partidos políticos han negociado con maras para realizar campañas, votaciones y operaciones diarias, y también para una tregua iniciada en 2012 entre el gobierno nacional, 11 gobiernos municipales y las dos maras más numerosas.

En abril de 2016, la Asamblea Legislativa reformó una ley contra actos de terrorismo con la finalidad de definir de manera expresa a las maras como organizaciones terroristas, y reformó el Código Penal para que se aplicaran penas de hasta 15 años de prisión a quien “solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal” con maras. El Relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales indicó que existía una discrepancia significativa entre los acusados de pertenecer a una organización terrorista y quienes son condenados. La Fiscalía General de la República usó las reformas para juzgar de manera retroactiva a funcionarios y exfuncionarios que participaron en las negociaciones de la tregua entre 2012 y 2014.

Derechos del niño

Diversos funcionarios locales e internacionales consideran que el abuso infantil es un problema generalizado en todo el país. En 2017, 46 niñas y 311 niños fueron asesinados, según el Instituto de Medicina Legal, y al menos 20 niñas y 14 niños desaparecieron, de acuerdo con datos de la Fiscal General de la República. En algunos casos, los jueces absolvieron a personas que violaron sexualmente a niñas de apenas 12 años si después de esta violación, “formaron un hogar” o procrearon un hijo juntos.

En agosto de 2017, la Asamblea Legislativa prohibió en todas las circunstancias el matrimonio antes de los 18 años, y puso fin así a una excepción que existía para niñas embarazadas.

Derechos sexuales y reproductivos de la mujer

El aborto es ilegal en todas las circunstancias desde 1998. Los proveedores y las personas que asisten en este procedimiento enfrentan penas de seis meses a doce años de prisión.

En 2018, la Asamblea Legislativa consideró dos propuestas de reforma del Código Penal para permitir el aborto en casos de violación, malformación fetal grave o riesgo para la salud de la madre. No hubo apoyo suficiente para someter ninguno de los proyectos a votación.

Más de 150 niñas y mujeres fueron procesadas penalmente en las dos últimas décadas. La justicia aceptó como evidencia una prueba de flotación pulmonar, un examen que los patólogos forenses consideran poco fiable desde hace más de un siglo.

Cuando se preparó este documento, al menos 20 mujeres seguían encarceladas por homicidio culposo, simple o agravado por haberse presuntamente sometido a abortos. En febrero, la Corte Suprema determinó que no había pruebas suficientes para demostrar que Teodora Vásquez había causado lesiones al feto que estaba gestando y dispuso su liberación, luego de haber cumplido 10 años de una pena de 30 años. En marzo, Maira Figueroa fue liberada luego de cumplir 15 años de una pena de 30, luego de que la Corte Suprema determinara que la pena por cargos de homicidio agravado era “excesiva e inmoral”, considerando que la joven, que al momento del hecho tenía 19 años, había quedado embarazada por una violación y tuvo complicaciones obstétricas.

Derechos de personas LGBT

Las personas LGBT son blanco de violencia homofóbica y transfóbica, incluso por parte de policías y miembros de pandillas. Desde 1994, más de 600 miembros de esta comunidad han sido asesinados, según datos de cuatro organizaciones salvadoreñas de derechos de personas LGBT.

En septiembre de 2015, El Salvador incorporó los crimenes de odio en el Código Penal. Hasta la fecha, ningún caso se ha juzgado como crimenes de odio. Human Rights Watch no tiene conocimiento de que haya habido condenas en casos de homicidios motivados específicamente por el hecho de que las víctimas eran personas LGBT.

Ataques contra periodistas

Numerosos periodistas que informan sobre abusos de poder o corrupción en diversos medios sufren amenazas de muerte, al igual que los periodistas que viven en vecindarios controlados por maras.

En la última década, fueron asesinados al menos siete periodistas. En tres casos ocurridos entre 2011 y 2016, la justicia salvadoreña condenó a miembros de pandillas, que habían atacado a los periodistas debido al trabajo que realizaban.

Actores internacionales clave

Para el año fiscal 2018, Estados Unidos asignó USD 42 millones de asistencia bilateral a El Salvador.

En su informe de abril, la Relatora especial de la ONU sobre el desplazamiento interno destacó la “marcada disparidad entre las cifras [de cientos] que da el Gobierno sobre los desplazamientos internos provocados por la violencia [estatal y de las maras] y las que dan la sociedad civil y las organizaciones internacionales [de decenas o cientos de miles]”.

En agosto, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para iniciar lazos con China.

En octubre, el papa Francisco canonizó al arzobispo Oscar Romero, quien antes de ser asesinado usó su púlpito para predicar la paz y denunciar los asesinatos perpetrados por agentes estatales y los abusos de poder.