Estamos viviendo más tiempo que nunca. Los expertos estiman que más de un tercio de todos los bebés nacidos en países ricos en 2012 vivirán para celebrar al menos 100 cumpleaños. La esperanza de vida en todas las regiones del mundo está aumentando. Las Naciones Unidas calculan que en Asia, donde viven la mayoría de las personas mayores del mundo, se han sumado en las últimas décadas casi 30 años a la esperanza de vida. Se proyecta que África experimente lo mismo para el año 2050.

Un cambio social tan grande nos obliga a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida independiente y digna como persona mayor. ¿Debería nuestro disfrute de los derechos humanos fundamentales disminuir con la edad? La respuesta es “no”.

Las personas mayores tienen el derecho a vivir independientemente en sus comunidades en igualdad de condiciones que todos los demás, con apoyo si es necesario. Pero en este momento, el envejecimiento o la discriminación contra las personas en función de su edad, persiste en todas las sociedades y, a menudo, motiva decisiones políticas que socavan los derechos humanos.

Por ejemplo, las personas mayores en muchas partes del mundo se encuentran entre la espada y la pared cuando se trata de elegir dónde y cómo vivir cuando sufren cambios físicos, emocionales o mentales que pueden acompañar al envejecimiento: mudarse a una institución o renunciar a servicios de ayuda cruciales en el hogar.

Vivir en una institución como en una residencia de ancianos puede tener serias repercusiones más allá de la iluminación fluorescente, las cortinas de “privacidad” que separan a las personas en las mismas habitaciones y las sombrías paredes de bloques de cemento que caracterizan a muchos de estos centros. Puede poner en riesgo nuestros derechos humanos a la libertad; al consentimiento informado y la salud; a la vida privada y familiar; y, a veces, incluso nuestro derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes. También puede poner en peligro la libertad y la independencia que nos hacen quienes somos.

En 2018, por ejemplo, Human Rights Watch documentó cómo 179.000 personas mayores que vivían en residencias de ancianos en Estados Unidos, en su mayoría personas con demencia, reciben medicamentos peligrosos sin su consentimiento informado o, a veces, incluso sin su conocimiento, que además, casi duplican su riesgo de muerte en cuestión de semanas. En Australia, en septiembre de 2018 se anunció una Comisión Real de Investigación sobre el cuidado de personas mayores, en medio de informes de los medios de comunicación muy preocupantes sobre el abuso físico y psicológico y la negligencia observada en numerosas residencias de ancianos. En Argentina, la investigación realizada por académicos especializados en protección social de las personas mayores en 2017 encontró que las familias pueden obligar a que sus parientes mayores ingresen en instalaciones no reguladas sin su consentimiento.

El hecho de estar literalmente alejados del resto del mundo hace que las personas mayores sean más vulnerables a ser excesivamente medicadas y a sufrir violaciones de otros derechos.

Los riesgos asociados a las residencias de ancianos están cada vez más reconocidos. En su decisión de 1999, Olmstead vs. LC, el Tribunal Supremo de EE.UU. reconoció el derecho de las personas con discapacidad a vivir en el entorno menos restrictivo, y que cuando una persona necesita apoyo, la vida en un centro “disminuye gravemente las actividades de la vida cotidiana de las personas” y constituye una forma de discriminación cuando está injustificada. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 y está ratificada por 162 países, exige que los Estados partes garanticen el derecho a vivir en la comunidad.

Los países que actualmente dependen en gran medida de las residencias de ancianos para prestar servicios a las personas mayores deberían tomar medidas para garantizar que las personas mayores también puedan en la práctica, y de manera significativa, ejercer su derecho a vivir en el hogar, con el apoyo que sea necesario. Para aquellos países que aún no han desarrollado servicios y sistemas de apoyo para las personas mayores, el camino hacia el respeto de los derechos debería centrarse desde el principio en los servicios comunitarios. Envejecer no debería ser sinónimo de renunciar a nuestra dignidad, seguridad e independencia.