El Partido Socialista Español asumió el poder en junio después de una moción de censura en el Parlamento contra el entonces gobernante del Partido Popular. El nuevo gobierno se comprometió a adoptar políticas de inmigración más humanas; en el momento de redactar este informe, el parlamento estaba debatiendo reformas a la controvertida ley de seguridad pública de 2015, entre ellas, las disposiciones que permiten el retorno sumario y los límites a la libertad de asociación y expresión.

Más 49.300 personas llegaron por mar a territorio español en los primeros once meses del año. Casi 6.000 cruzaron fronteras terrestres desde Marruecos hacia los enclaves de Ceuta y Melilla, en el norte de África, muchos de ellos escalando vallas. Los inmigrantes se enfrentaron a condiciones deficientes en las instalaciones de acogida y obstáculos para solicitar asilo.

Las devoluciones sumarias a los enclaves también continuaron, y el nuevo gobierno prosiguió con una apelación iniciada por el gobierno anterior contra una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 de que España violó los derechos de dos inmigrantes del África subsahariana cuando los guardias fronterizos los deportaron a Marruecos desde Melilla en 2013. El Consejo de Europa instó a España en septiembre a mejorar las condiciones y las medidas de protección para los inmigrantes y solicitantes de asilo, especialmente los niños no acompañados, en Ceuta y Melilla.

En enero, un juez de Ceuta cerró la investigación sobre la muerte de 15 inmigrantes en febrero de 2014 después de que agentes de la Guardia Civil dispararan pelotas de goma y gas lacrimógeno al agua de la costa del enclave.

En abril estallaron protestas en toda España después de que un tribunal absolviera a cinco hombres del cargo de violación en grupo y los condenara por un cargo menor de agresión sexual debido a que la fiscalía no estableció el uso de la violencia o la intimidación, lo que llevó al gobierno a examinar posibles cambios en el código penal. En julio, un fallo del Tribunal Supremo impuso el cumplimiento de una decisión de 2014 del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer que ordenaba al gobierno a compensar a una mujer por discriminación de género.

En el momento de redacción de este informe, ningún agente de policía había sido condenado por el uso excesivo de la fuerza durante la represión del 1 de octubre de 2017, día en que se celebró el referéndum por la independencia en Cataluña. En marzo, 25 líderes independentistas fueron acusados ​​de varios cargos, desde rebelión a la malversación de fondos públicos. 

En febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó a España a crear con urgencia un organismo de igualdad para combatir el racismo y recomendó medidas para integrar a los inmigrantes y poner fin a la segregación escolar de los niños romaníes. El proyecto de ley para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual permanece bajo examen en el Parlamento español desde septiembre de 2017.

En febrero, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de prisión para un rapero condenado por glorificar el terrorismo e injurias contra la Corona. En marzo, el máximo tribunal penal condenó a otro rapero a prisión por cargos similares. En marzo, el Tribunal Supremo anuló la condena de 2017 de una joven por bromear en Twitter sobre un asesinato del grupo separatista vasco ETA en 1973.

 

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