Derechos en transición

El proceso es tan habitual como la vida misma: cuando un bebé nace, el médico, el padre o el asistente del parto anuncia la llegada de “una niña" o de “un niño”. Esa asignación de una fracción de segundo dicta múltiples aspectos de nuestra vida. También es algo que la mayoría de nosotros nunca cuestionamos.

Pero algunas personas lo hacen. Su género evoluciona de forma diferente a su asignación de niño/niña en el nacimiento y puede que no encaje en las rígidas nociones tradicionales de femenino o masculino.

El desarrollo del género no debería influir en que alguien pueda disfrutar de sus derechos fundamentales, como la posibilidad de ser reconocido por su gobierno o tener acceso a atención sanitaria, educación o empleo. Pero para las personas transgénero sí influye, en un grado humillante, violento y, a veces, hasta letal.

El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, una iniciativa que recoge y analiza informes de homicidios de personas transgénero en todo el mundo, registró 1.731 asesinatos de personas transgénero a nivel mundial entre 2007 y 2014. Muchos eran de una naturaleza sorprendentemente brutal, a veces incluyendo la tortura y la mutilación.

La violencia no es la única amenaza que afrontan las personas transgénero. Tienen hasta 50 veces más probabilidades de contraer VIH que la población en su conjunto, en parte porque el estigma y la discriminación crean barreras para acceder a los servicios de salud. Estudios realizados en Estados Unidos, Canadá y Europa han encontrado altas tasas de intentos de suicidio entre las personas transgénero, en respuesta a la marginación y la humillación sistemática.

Varios países, entre ellos Malasia, Kuwait y Nigeria, tienen leyes que prohíben “hacerse pasar” por el sexo opuesto, ilegalizando la existencia misma de las personas transgénero. En muchos otros países, las personas transgénero son arrestadas bajo leyes que penalizan la conducta homosexual.

Estos datos dan una idea de las horribles variantes de violencia y discriminación a las que se enfrentan las personas transgénero. Ante la ausencia de reconocimiento legal del género con el que se identifican, los derechos y protecciones asociados, cada momento de la vida cotidiana en que deben mostrar sus documentos de identidad o se analiza su apariencia viene cargado de una potencial violencia y humillación, obligando a muchas personas transgénero a vivir entre las sombras.

La demanda del reconocimiento legal del género provoca pánico moral en muchos gobiernos. Pero es una lucha crucial que se tiene que emprender. Si las comunidades transgénero van a progresar, y si los derechos a la intimidad, la libertad de expresión y la dignidad han de ser respetados para todos, el movimiento de derechos humanos tiene que dar prioridad a la eliminación de procedimientos abusivos y discriminatorios que impiden arbitrariamente el derecho al reconocimiento. Los gobiernos deben reconocer que el Estado ya no debería estar en situación de negar o restringir injustamente el derecho fundamental de las personas a su identidad de género.[1] 

Punto de inflexión

En los últimos años, las personas transgénero de todo el mundo han hecho grandes avances hacia el logro del reconocimiento legal. 

Argentina abrió el camino en 2012 con una ley que es considerada el estándar dorado para el reconocimiento legal del género: cualquier persona mayor de 18 años puede elegir su identidad de género, someterse a un cambio de sexo y revisar los documentos oficiales sin aprobación judicial o médica previa, y los niños pueden hacerlo con el consentimiento de sus representantes legales o por medio de un procedimiento sumario ante un juez.

En los tres años siguientes, otros cuatro países –Colombia, Dinamarca, Irlanda y Malta— explícitamente eliminaron significativas barreras al reconocimiento legal del género. Esta evolución los diferencia de los países que, o bien no permiten que las personas cambien su designación “hombre/mujer” de ninguna manera, o sólo lo permiten cuando se han cumplido ciertas condiciones, que pueden incluir la cirugía, la esterilización forzada, la evaluación psiquiátrica, prolongados períodos de espera y el divorcio. Por primera vez, la gente puede cambiar su indicador de género en los documentos simplemente con la presentación de los formularios correspondientes.

Este progreso, gracias a un largo proceso, a menudo se ha logrado gracias al coraje de personas dispuestas a que sus vidas e identidades fueran juzgadas por tribunales a con frecuencia hostiles.

Por ejemplo, la Ley de Reconocimiento de Género de 2015 en Irlanda fue el producto de una batalla legal de 22 años llevada a cabo por Lydia Foy, una dentista hoy retirada. Desafiando un abanico de procedimientos legales, consiguió ser reconocida como mujer ante el Tribunal Supremo de Irlanda en 1997 y, nuevamente en 2007, respaldada por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que pidieron a Irlanda constituir un procedimiento de reconocimiento de género basado en la identidad y los derechos humanos, y no en las cirugías ni las opiniones de expertos. A pesar de la constante presión, no fue hasta 2015, después de una aplastante victoria en un referéndum sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que el gobierno instituyó el reconocimiento legal del género basado en la identidad.                                                                                                                                      

En el sur de Asia –los hijras, una categoría de identidad para personas que son asignadas al nacer como de sexo masculino pero que desarrollan una identidad de género femenina, han sido durante mucho tiempo reconocidos culturalmente, si no legalmente— los activistas han perseguido un objetivo similar: el reconocimiento formal de un tercer género. El status tradicional de los hijras, que incluía conferir bendiciones en las bodas, les había proporcionado cierta protección y una apariencia de respeto. Pero en lugar de ser vistos como iguales a los demás ante la ley, eran considerados como exóticos y marginales, en una existencia dictada por los obstáculos y las limitaciones, y no los derechos.

La Corte Suprema de Nepal, en una sentencia de gran alcance en 2007, ordenó al gobierno a reconocer una tercera categoría de género en base a un “autosentimiento” individual. La decisión se basaba en gran medida en los Principios de Yogyakarta recién acuñados: el primer documento en codificar los principios internacionales en materia de orientación sexual, identidad de género y derechos humanos. Alentados por la sentencia, los activistas incidieron exitosamente con las agencias gubernamentales para incluir la tercera categoría de género en las listas de votantes (2010), el censo federal (2011), los documentos de ciudadanía (2013) y los pasaportes (2015).

Del mismo modo, en 2009, la Corte Suprema de Pakistán pidió que se reconociera una tercera categoría de género, y en Bangladesh el gobierno emitió un decreto en 2013 reconociendo a los hijras su propio género legal. En 2014, el Tribunal Supremo de India emitió un amplio dictamen reconociendo un tercer género, afirmando “el derecho de toda persona a elegir su género”, y pidiendo la inclusión de los colectivos transexuales en los programas de asistencia social del Estado.

En algunos países se está cuestionando el propio propósito de los indicadores de género. Nueva Zelanda y Australia ofrecen ahora la opción de que aparezca como “no especificado” en los documentos oficiales de género, mientras que el Parlamento holandés ha comenzado a considerar si el gobierno no debería registrar en absoluto el sexo de una persona en los documentos oficiales de identificación.

Una cuestión de dignidad

El derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica está garantizado en numerosos tratados de derechos humanos, y es un aspecto fundamental de la afirmación de la dignidad y el valor de todas las personas. Sin embargo, incluso en los países que permiten a las personas ser reconocidas por el género con el que se identifican, los procedimientos necesarios pueden someter a los solicitantes a tratos humillantes y perjudiciales.

Por ejemplo, las personas transgénero en Ucrania que desean ser reconocidas legalmente deben someterse a una evaluación psiquiátrica hospitalaria de una duración de hasta 45 días para confirmar o rechazar el diagnóstico de “transexualidad”; esterilización forzada; numerosas pruebas médicas, que a menudo requieren un amplio compromiso de tiempo, gastos y viajes, y que no están relacionadas con los requisitos legales del procedimiento de reconocimiento de género en sí; y una humillante evaluación presencial por parte de una comisión gubernamental para confirmar una vez más el diagnóstico de “transexualidad” y autorizar el cambio de documentos legales. Estos procedimientos no respetan el derecho a la salud y pueden exponer a las personas transexuales a un trato inhumano o degradante que está prohibido.

Tina T., una mujer transgénero ucraniana de 38 años, dijo a Human Rights Watch que, durante su estancia en una institución psiquiátrica, el personal la obligó a vivir en un pabellón de alta seguridad para hombres, con barras y puertas metálicas. Dijo que sólo se le permitió caminar alrededor del perímetro de un patio de 30 metros cuadrados durante 45 minutos cada día; que los baños no tenían cerraduras, por lo que se sentía insegura; y que los médicos no le permitieron tomar hormonas femeninas mientras estaba bajo su cuidado.

Puede parecer obvio: someter a la gente a procedimientos médicos no deseados o innecesarios no tiene cabida en el proceso de reconocimiento de identidad. Sin embargo, incluso en los países que se consideran progresistas en materia de derechos LGBT, entre ellos algunos de Europa occidental y  América Latina, así como EE.UU., las personas transgénero aún están obligadas a someterse a procedimientos denigrantes –incluida la esterilización— para cambiar el indicador de género en sus documentos de identidad. Estas consecuencias negativas de la búsqueda de reconocimiento legal de género limitan de manera perjudicial y grave la capacidad de las personas para acceder a servicios esenciales y vivir de forma segura, libre de violencia y discriminación.

Una antesala para otros derechos

El reconocimiento legal de género es también un elemento esencial de los demás derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no ser objeto de detención arbitraria y los derechos relacionados con el empleo, la educación, la salud, la seguridad, el acceso a la justicia y la capacidad de desplazarse libremente.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Delhi en octubre de 2015 expuso el vínculo intrínseco entre el derecho al reconocimiento legal de género y otros derechos. Al ratificar el derecho de un hombre transgénero de 19 años de edad a recurrir contra el acoso por parte de sus padres y la policía, el juez Siddharth Mridul escribió:

La identidad de género y la orientación sexual son fundamentales para el derecho a la libre determinación, la dignidad y la libertad. Estas libertades están en el corazón de la autonomía personal y la libertad de los individuos. El sentido de una [persona] transgénero o su experiencia de género es parte integral del núcleo de su personalidad y su sentido de ser. En tanto, entiendo así la ley, todas las personas tienen el derecho fundamental a ser reconocidas por su género elegido.

Empleo y vivienda

Las personas transgénero denuncian rutinariamente que son rechazadas en empleos y viviendas cuando se hace evidente que su apariencia no coincide con el indicador de género de sus documentos oficiales. En EE.UU., una encuesta nacional de 2011 realizada por el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero y el Grupo Nacional Especial LGBTQ encontró que, entre los encuestados cuyos documentos de identificación no “correspondían” con el género que presentaban, el 64 por ciento dijo que habían sufrido discriminación en la contratación, comparado con el 52 por ciento de los encuestados que habían actualizado el indicador de género en sus documentos. Se encontraron pruebas similares de discriminación cuando las personas transgénero sin documentos “coincidentes” trataron de alquilar o comprar una casa o un apartamento.

Sharan, una mujer transgénero de Malasia, dijo a Human Rights Watch que, a pesar de que se presenta como mujer, la falta de reconocimiento legal de género en Malasia implica que debe presentar documentos de identidad de sexo masculino al solicitar un trabajo. Así describió su experiencia en las entrevistas de trabajo:

Cuando voy a una entrevista, si el entrevistador es hombre, lo primero que me pregunta es, “¿sus pechos son de verdad? ¿Cuándo decidiste cambiar?” Le explico que soy una mujer transgénero. “¿Tienes un pene o una vagina? ¿Tiene relaciones sexuales con hombres o con mujeres? ¿A qué cuarto de baño vas? ¿Se ha operado? ¿Por qué eligió tomar hormonas?” Nada es relevante para el puesto de trabajo...Y luego te dicen que te llamarán en dos semanas, pero nunca recibes ninguna llamada telefónica.

Educación

Los niños transgénero y los adolescentes sufren abusos en el ámbito escolar que van desde la agresión sexual a la intimidación, pasando por la obligación de asistir a una escuela no mixta o a usar un uniforme basado en el indicador de género asignado al nacer.

En Japón, estudiantes de distintos niveles de educación secundaria dijeron a Human Rights Watch que las estrictas políticas “masculino/femenino” en el uniforme escolar, que a menudo no permiten que los niños cambien los uniformes sin un diagnóstico de “trastorno de identidad de género”, les causaron una ansiedad extrema, traduciéndose en absentismo escolar prolongado y repetido e incluso el abandono escolar. Algunos dijeron que el procedimiento de reconocimiento legal de género en el país, que exige la cirugía de reasignación de sexo, les ponía bajo presión para someterse al procedimiento completo antes de convertirse en adultos, para así poder acceder a la universidad o solicitar puestos de trabajo de acuerdo a su identidad de género.

En Malasia, el Departamento de Educación del Territorio Federal (Kuala Lumpur) tiene una política explícitamente discriminatoria que impone castigos, incluyendo azotes, expulsión temporal y permanente por homosexualidad y “confusión de género”.

Malta se ha convertido en pionera en reconocer el derecho a la educación de los niños transgénero: después de legislar para el reconocimiento legal del género en abril de 2015, el gobierno lanzó directrices generales para que las escuelas se adaptaran a estudiantes que no estén conformes con su género, incluso abordando cuestiones relacionadas con los uniformes y los aseos.

Atención médica

En ausencia de documentos de identidad que correspondan con su presentación de género, las personas transgénero que buscan atención sanitaria se ven sometidas a un cuestionamiento invasivo y a la humillación. Erina, una mujer transgénero de Malasia, fue hospitalizada durante dos días en 2011 por una fiebre alta. Dijo a Human Rights Watch que fue ubicada en una sala masculina debido al indicador de género “masculino” en su documento de identidad, a pesar de su solicitud para ser colocada en una sala femenina. Los médicos y las enfermeras le interrogaron acerca de su identidad de género, haciendo preguntas que no tenían ninguna relación con el motivo por el que buscaba tratamiento.

Donde las identidades transgénero están criminalizadas, el acceso a la salud es aún más complicado. En Kuwait, mujeres transgénero dijeron a Human Rights Watch que los médicos les habían denunciado a la policía después de darse cuenta de que sus documentos oficiales de identidad no coincidían con su apariencia y presentación, limitando su acceso a la atención médica.

Después de que Uganda aprobara su famosa Ley contra la Homosexualidad en febrero de 2014, agentes del orden y ciudadanos corrientes comenzaron a dirigir sus miras a las personas transgénero, las lesbianas, los gays y los bisexuales. Jay M., un hombre transgénero, describió a Human Rights Watch una ocasión en que buscó tratamiento para la fiebre:

El doctor me preguntó: “pero ¿es usted un hombre o una mujer?” Le dije: “eso no importa, pero lo que le puedo decir es que soy un hombre transgénero”. Él preguntó: “¿qué es un hombre transgénero? Usted sabe que aquí no ofrecemos servicios a las personas homosexuales. Se supone que ustedes ni siquiera tienen que vivir en nuestra comunidad. Incluso puedo llamar a la policía y denunciarle...”.

Al final, Jay pagó al médico un soborno de 50,000 chelines ugandeses (alrededor de US$14) y huyó de la consulta médica.

Viajes

El simple movimiento de un lugar a otro puede ser una experiencia peligrosa y humillante para las personas cuyos documentos no coinciden con su expresión. Hay mucho en juego, sobre todo en caso de los viajes internacionales, y abarca desde acusaciones de fraude a la exposición a un intenso escrutinio y humillación.

Una mujer transgénero de los Países Bajos dijo a Human Rights Watch: “cuando viajo al extranjero, a menudo me sacan de la cola para interrogarme: la gente piensa que he robado mi pasaporte”. Un hombre transgénero de Kazajstán explicó: “cada vez que he pasado por el aeropuerto de Almaty –las cuatro veces- los agentes de seguridad me han humillado”. Describió cómo “primero, el guardia examina mis documentos y se queda confundido; después me mira y pregunta qué está pasando; entonces yo le digo que soy transgénero; a continuación le muestro mis certificados médicos; entonces él reúne a sus colegas, a todo el mundo que puede encontrar, y todos ellos me miran, me señalan y se ríen de mí, y luego, finalmente, me dejan ir”.

Expertos de derechos humanos de Naciones Unidas han condenado esta fijación en las personas transgénero en los procesos de seguridad. 

Acceso a protección policial y justicia

La falta de reconocimiento básico ante la ley impide el acceso al recurso legal, un problema importante para una población expuesta a índices escandalosamente altos de violencia. Llevar documentos que no coinciden con la apariencia puede significar que el abuso se vuelve aún peor cuando alguien trata de denunciarlo ante las autoridades.

En Mombasa, Kenia, una mujer transgénero, Bettina, dijo a Human Rights Watch que unos vándalos destruyeron el puesto del mercado donde vendía alimentos, en una ola de ataques homofóbicos y transfóbicos en octubre de 2014. Cuando Bettina denunció el delito a la policía, le interrogaron sobre su identidad de género y se negaron a darle un número de caso para hacer un seguimiento de su situación. “Me marché porque de ahí no iba a sacar nada”, dijo.

Protección contra la violencia

En muchos países, las personas transgénero detenidas son ubicadas en celdas con personas de un género con el que no se identifican, exponiéndolas a abusos y violencia sexual. Las directrices internacionales sobre detención emitidas por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito advierten que “en los casos en que los prisioneros transgénero son ubicados de acuerdo a su sexo de nacimiento, especialmente cuando presos transgénero de hombre a mujer son ubicados con hombres debido a que su género de nacimiento es masculino, se está facilitando el abuso sexual y la violación”.

En EE.UU., donde la mayoría de los establecimientos penitenciarios ubican a los detenidos en salas en base a la identidad de género asignada en el nacimiento, en lugar de a su identidad, los datos indican que uno de cada tres detenidos transgénero sufre violaciones en la cárcel. 

Privacidad

La negativa de un gobierno a reconocer a las personas con el género con el que se identifican puede constituir una violación del derecho a la intimidad. En un caso de 2002 en el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la negativa a cambiar los documentos de identidad y las identidades legales podía equivaler a discriminación y violar el derecho al respeto a la vida privada. En otro caso, en 2003, el mismo tribunal determinó que Alemania no había respetado la “libertad de la solicitante para definirse a sí misma como una persona de sexo femenino, uno de los elementos esenciales más básicos de la libre determinación”.

Un derecho básico a la libertad

En demasiados países, las personas transgénero son criminalizadas simplemente por ser quienes son. Las leyes estatales de la Sharia en Malasia, que prohíben que “una persona de sexo masculino se haga pasar por mujer” y, en algunos estados, que “una persona de sexo femenino se presente como un hombre”, han dado lugar a innumerables detenciones de personas transgénero por el simple hecho de caminar por la calle llevando ropa que los funcionarios religiosos estatales no encuentran adecuada para el sexo asignado en su nacimiento. Estas personas son condenadas a penas de prisión, multas o sesiones obligatorias de “terapia”.

En los últimos años, Nigeria, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también han llevado a cabo arrestos por “travestismo”; aunque no hay ninguna ley que penalice específicamente a las personas transgénero en Arabia Saudita, los jueces saudíes han ordenado que hombres acusados de comportarse como mujeres sean encarcelados y azotados. 

Las leyes que prohíben las relaciones sexuales con personas del mismo género también se utilizan para arrestar y hostigar a las personas transgénero y las personas no conformes con su género, independientemente del hecho de que la identidad de género no tenga correlación directa con la orientación o el comportamiento sexual, tal y como Human Rights Watch ha documentado en Malawi, Uganda y Tanzania.

Las personas transgénero también son arrestadas bajo otros pretextos. En Nepal, la policía arrestó y abusó sexualmente de mujeres transgénero en 2006 y 2007, con la excusa de la limpieza de espacios públicos. En 2008, las mujeres transgénero fueron hostigadas por la policía con detenciones y desalojos forzosos en India como parte de un esfuerzo similar de “limpieza social”. En 2013, la policía de Birmania arrestó arbitrariamente a un grupo de 10 hombres gays y mujeres transgénero, y abusó de ellos en prisión. 

Para muchas de las víctimas de estos abusos, un futuro en el que puedan ser legalmente reconocidas –y en el que ya no se arriesguen a ser encarceladas por ser sí mismas— puede parecer muy lejano. Sin embargo, es precisamente la persecución a la que se enfrentan estas personas lo que presta urgencia a la lucha por el reconocimiento legal del género. Resalta el hecho de que los Estados no deberían involucrarse en la regulación de la identidad de las personas.

Un cambio en el pensamiento médico

Los Principios de Yogyakarta establecen que la orientación sexual autodefinida y la identidad de género de cada persona es “parte integral de su personalidad”, y es un aspecto básico de la libre determinación, la dignidad y la libertad. Son claros en que el reconocimiento de género puede implicar “si se elige libremente (el énfasis es nuestro), la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole”. 

En otras palabras, el proceso de reconocimiento legal debe ser independiente de cualquier intervención médica. Pero si el proceso de transición personal de un individuo requiere asistencia médica, estos servicios deberían estar disponibles y ser accesibles.

En 2010, la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés), una asociación profesional internacional multidisciplinaria, declaró: “nadie debería tener que someterse a una cirugía o aceptar la esterilización como condición para el reconocimiento de la identidad”. En 2015, WPATH amplió el alcance de su afirmación e instó a los gobiernos a “eliminar las barreras innecesarias e instituir procedimientos administrativos sencillos y accesibles para que las personas transgénero obtengan el reconocimiento legal de género, en consonancia con la identidad de cada individuo, cuando los indicadores de género en los documentos de identidad son considerados necesarios”. 

La Organización Mundial de la Salud está considerando cambios importantes en su versión revisada de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que saldrá publicada en 2018, y que transformará significativamente la manera en la que los médicos codifican y clasifican las experiencias de las personas transgénero. Las revisiones propuestas, todavía en forma de borrador, eliminarían los diagnósticos relacionados con la cuestión transgénero del capítulo de los trastornos mentales, un paso importante para desestigmatizar a las personas transgénero.

Un paradigma de derechos en transición

Tras aprender de décadas de arduo trabajo de activistas transgénero en todo el mundo, el movimiento internacional de derechos humanos ha comenzado lentamente a reconocer las violaciones de derechos humanos basadas en la identidad y la expresión de género, y ha comenzado a documentar y condenar los abusos.

Un histórico informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2011 sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género señaló que la mayoría de los países no permite el reconocimiento legal de género, por lo que las personas transgénero pueden enfrentarse a muchas dificultades, incluyendo la solicitud de empleo, vivienda, crédito bancario y prestaciones sociales, o también cuando viajan al extranjero. El informe de seguimiento, publicado en 2015, identificó avances en 10 países, pero encontró que la ausencia generalizada de mejoras continuaba afectando a un amplio espectro de los derechos de las personas transgénero.

En una muestra de la mayor atención al reconocimiento legal del género y su urgencia interseccional, un comunicado conjunto en 2015 de 12 agencias técnicas de la ONU –desde UNICEF al Programa Mundial de Alimentos— pedía a los gobiernos garantizar “el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero sin exigencias abusivas”, tales como la esterilización forzada, el tratamiento o el divorcio. En abril de 2015, el Consejo de Europa emitió una resolución, adoptada por su Asamblea Parlamentaria, pidiendo a los gobiernos que adoptaran procedimientos rápidos y transparentes de reconocimiento del género basados en la libre determinación.

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La ley no debería obligar a las personas a llevar un indicador de identidad que no refleje quiénes son. Reconocer, legalmente, el género con el que las personas se identifican a sí mismas no es pedir a los gobiernos que reconozcan ningún derecho nuevo o especial; es, en cambio, un compromiso con la idea central de que ni el Estado ni otros actores decidirán quiénes son las personas, sino que lo harán ellas mismas.

Lograr el derecho al reconocimiento legal de género es crucial para la capacidad de las personas transgénero de dejar atrás una vida de marginación y poder disfrutar de una vida digna. Un simple cambio para permitir la autonomía de la gente a la hora de determinar cómo expresan y registran su género está ganando impulso, aunque llega con un importante retraso. 

Neela Ghoshal es investigadora sénior y Kyle Knight es investigador de la División LGBT de Human Rights Watch.