Estados Unidos tiene una sociedad civil dinámica y sus medios de comunicación disfrutan de fuertes protecciones constitucionales. Las víctimas del abuso son habitualmente los más débiles y vulnerables de la sociedad estadounidense: los inmigrantes, las minorías raciales y étnicas, los niños, los ancianos, los pobres y los presos. 

Estados Unidos encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo. Las prácticas contrarias a los principios de derechos humanos, como la pena de muerte, las condenas a cadena perpetúa sin derecho a libertad condicional para menores de edad y el confinamiento en solitario son habituales y se caracterizan a menudo por las disparidades raciales. Un número creciente de no ciudadanos están recluidos en centros de detención de inmigrantes, a pesar de que muchos de ellos no plantean ningún peligro ni riesgo de fuga.  Se ha producido una escalada de los enjuiciamientos federales por entrar y volver a entrar de manera ilegal en el país.

El gobierno federal del Presidente Obama ha continuado algunas prácticas antiterroristas abusivas, como las detenciones sin cargos en la prisión militar de la Bahía de Guantánamo, y los procedimientos judiciales ante comisiones militares con deficiencias fundamentales.

 

Pena de muerte y castigos excesivos

En 2012, Connecticut se sumó a los otros 16 estados y el Distrito de Columbia que han abolido la pena de muerte. Esta imposición sigue estando autorizada en 33 estados. En noviembre, los votantes de California rechazaron la Propuesta 34, que habría abolido la pena de muerte en ese estado. Cuando se escribió este capítulo, 40 personas habían sido ejecutadas en Estados Unidos en 2012.  Se ha registrado una tendencia a la baja de las ejecuciones desde 2000.

Hace casi 20 años, California fue uno de los primeros estados que aprobaron una ley punitiva de las “tres advertencias” (“three strikes”), que impone largas sentencias para los delincuentes reincidentes. En noviembre, los votantes de California aprobaron por abrumadora mayoría una medida electoral para eliminar la obligatoriedad de las cadenas perpetuas para ciertos delincuentes no violentos que cometen su tercer delito, y permitir que los presos que cumplen cadenas perpetuas por dichos terceros delitos no violentos soliciten una nueva sentencia.  Massachusetts avanzó en la dirección contraria y se convirtió en el vigésimo séptimo estado que ha promulgado la ley de las tres advertencias.

Las largas condenas han contribuido al aumento de las personas ancianas encarceladas.  El informe de Human Rights Watch de 2012, Old Behind Bars, concluyó que, entre 2007 y 2010, el número de presos condenados de más de 64 años aumentó 94 veces más rápido que la población carcelaria total de condenados durante ese mismo período. Las prisiones no están bien equipadas para tratar a esta población anciana.

Aproximadamente 2.600 delincuentes menores de edad están cumpliendo penas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, aunque en 2012 se avanzó de manera significativa en la abolición de este tipo de condenas para los menores de edad. En 2012, Human Rights Watch observó que casi todos los delincuentes juveniles que cumplen cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional dijeron que habían sufrido violencia física o abuso sexual a manos de otros reclusos o funcionarios de prisiones.

En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que las sentencias a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional eran inconstitucionales, y puso en duda aproximadamente el 85 por ciento de todos los casos de menores con esta condena en el país. En septiembre, California promulgó una ley que ofreció la posibilidad de revisar el caso de cerca de 300 menores sentenciados a esta pena y concederles la libertad condicional.

Se utiliza de manera generalizada el confinamiento en solitario de menores de edad dentro de prisiones y cárceles para adultos, a menudo durante semanas o meses. En 2011, más de 95.000 personas menores de 18 años estaban encerradas en prisiones y cárceles para adultos. El confinamiento en solitario provoca graves problemas para la salud mental y física, y menoscaba la rehabilitación de los adolescentes.

Los menores condenados por delitos sexuales también sufrieron un trato duro. La Ley Adam Walsh sobre Protección y Seguridad de los Niños (Adam Walsh Child Protection and Safety Act) requiere que las jurisdicciones registren a los menores condenados por delitos sexuales en un registro nacional, accesible al público y en la red. El registro tiene consecuencias para el acceso a la educación, la vivienda y el empleo de los delincuentes juveniles. Muchos estados tienen leyes similarmente duras.

 

Condiciones penitenciarias

En 2010, Estados Unidos tenía la mayor población carcelaria del mundo, 1,6 millones de presos, y la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, 500 reclusos por cada 100.000 habitantes.

En mayo de 2012, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos emitió normas definitivas, en el marco de la Ley para la Eliminación de la Violación en las Prisiones (Prison Rape Elimination Act, PREA), para la detección, la prevención, la reducción y el castigo de la violación en las prisiones. Estas normas constituyen una obligación inmediata para todos los centros del DOJ. Un memorando presidencial aclaró que otras agencias federales que operan centros de detención, como el Departamento de Seguridad Interna, también tienen la obligación de cumplir la PREA y deben proponer reglas y procedimientos para su cumplimiento.

California respondió a un fallo de 2010 de la Corte Suprema en el que dictaminó que tenía que reducir su población carcelaria debido a la atención médica y de salud mental inadecuada provocada por el hacinamiento, trasladando a un gran número de presos del sistema penitenciario estatal a cárceles de condados dentro de un proceso denominado reajuste. El reajuste causó inicialmente una marcada reducción de la población carcelaria del estado, pero esta disminución se ha estabilizado. 

 

Disparidades raciales en el sistema de justicia penal

Hace mucho tiempo que las minorías raciales y étnicas tienen una presencia desproporcionada en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. Aunque sólo constituyen el 13 por ciento de la población estadounidense, los afroamericanos representan el 28,4 por ciento de todos los arrestos.  Según la Oficina de Estadísticas Judiciales, aproximadamente el 3,1 por ciento de los hombres afroamericanos, 1,3 por ciento de los hombres latinos y 0,5 por ciento de los hombres blancos están en prisión.  Dada la probabilidad desproporcionada de que tengan antecedentes penales, los miembros de las minorías raciales y étnicas tienen más posibilidades que los blancos de sufrir estigma y discriminación racial en el empleo, la vivienda, la educación, los beneficios públicos, el servicio como jurados y el derecho al voto.

Los blancos, los afroamericanos y los latinos tienen niveles comparables de consumo de drogas, pero las tasas de detención y enjuiciamiento por delitos relacionados con las drogas son enormemente diferentes.  La tasa de detención de afroamericanos por delitos relacionados con los drogas, como la posesión, es tres veces mayor que la de los blancos.

En 2008, la probabilidad de que un automovilista afroamericano fuera registrado durante un control de tráfico era tres veces mayor que la de un automovilista blanco y dos veces mayor que la de un automovilista latino. En la Ciudad de Nueva York, el 86 por ciento de las personas “paradas y cacheadas” por la policía eran afroamericanas o latinas, a pesar de que representaban el 52 por ciento de la población. Según la New York Civil Liberties Union, el 89 por ciento de los que fueron parados eran inocentes de toda culpa. 

 

Derechos de los no ciudadanos

Hay aproximadamente 25 millones de no ciudadanos en Estados Unidos. El gobierno calcula que 10,8 millones de ellos están en el país sin autorización. 

En el ejercicio fiscal 2012, el Servicio de Inmigración y Vigilancia Aduanera (ICE) de Estados Unidos deportó un número histórico de 396.906 no ciudadanos. Un aumento drástico de los enjuiciamiento federales de violaciones de las leyes de inmigración y del número de inmigrantes detenidos ha alimentado un sistema de detención en todo el país compuesto por más de 250 centros.

En 2011, se enjuició a más de 34.000 y más de 37.000 personas, respectivamente, por entrar y volver a entrar ilegalmente en Estados Unidos  Volver a entrar ilegalmente en el país es el crimen federal más enjuiciado en la actualidad. Muchos de los enjuiciados por estos delitos tienen antecedentes penales menores o ningún antecedente, y están sustancialmente ligados a Estados Unidos.

Los programas de comunidades seguras y otros programas federales en los que participan las fuerzas locales encargadas de hacer cumplir la ley contribuyen considerablemente al aumento de las deportaciones. El gobierno federal ha señalado que estos programas se centran en los criminales peligrosos, pero la mayoría de inmigrantes deportados a través del programa de comunidades seguras han sido clasificados como “no criminales” o delincuentes de bajo nivel. Estos programas pueden exacerbar la desconfianza de las comunidades inmigrantes en la policía y, por consiguiente, pueden disuadir a las víctimas de crímenes de buscar protección y resarcimiento. Algunos gobiernos locales y estatales han intentado limitar el alcance de estos programas.

En septiembre, el ICE dijo que iba a reconsiderar sus políticas sobre transferencias de detenidos entre centros. En 2011, Human Rights Watch documentó la forma en que un gran número de detenidos eran trasladados de manera caótica y frecuente entre los centros, obstaculizando el acceso de los detenidos al debido proceso y el apoyo familiar.

También en septiembre, los tribunales federales rechazaron algunas partes de varias leyes estatales que afectan a los derechos de los inmigrantes no autorizados. En Alabama, un tribunal anuló disposiciones que autorizan al estado a exigir que se demuestre la situación migratoria de los niños antes de matricularse en la escuela, o prohíben que los tribunales estatales validen los contratos en los que una de las partes es un inmigrante un autorizado. En Georgia, un tribunal falló en contra de una disposición que permite al estado castigar a personas que trabajan con inmigrantes indocumentados o los transportan. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó varias secciones de la ley de inmigración de Arizona, aunque dejó intacta una sección que requiere a la policía intentar verificar la situación migratoria de una persona, si existe una “sospecha razonable” de que la persona se encuentra en el país sin autorización. Esta disposición aumenta el riesgo de que las familias inmigrantes de Arizona y otros estados sufran abusos a manos de las autoridades locales.

La ley de inmigración de Alabama, al igual que la de Arizona, negó el disfrute de derechos fundamentales a los inmigrantes no autorizados y sus familias, que incluyen a niños ciudadanos de Estados Unidos.

En un avance positivo en junio, los funcionarios federales suspendieron la deportación de ciertos inmigrantes no autorizados que habían sido traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Para beneficiarse del aplazamiento de la adopción de medidas por haber llegado cuando eran niños, los inmigrantes tienen que ser menores de 30 años, tienen que haber vivido en el país al menos cinco años, no tienen que haber sido condenados por un delito penal grave y debe estar en la escuela, haber obtenido un diploma de educación secundaria o haber servido en las fuerzas armadas. 

Cientos de miles de mujeres y muchachas agricultoras se enfrentan a un alto riesgo de violencia y acoso sexual en sus lugares de trabajo. Con frecuencia, las mujeres inmigrantes no denuncian estos delitos debido a la falta de protecciones adecuadas en el lugar de trabajo, y su temor a la deportación o las represalias de los empleadores. 

 

Derechos de los trabajadores

Cientos de miles de niños trabajan en labores  agrícolas de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 exime a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y jornada laboral máxima aplicables a todos los demás niños trabajadores, lo que los expone a trabajar cuando son mucho más jóvenes, durante muchas más horas y en condiciones mucho más peligrosas. Como consecuencia, los trabajadores agrícolas menores de edad, la mayoría de ellos latinos, suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por plaguicidas, enfermedades producidas por el calor, lesiones, discapacidades permanentes y muerte. De los niños menores de 16 años que sufrieron lesiones mortales en el trabajo en 2010, el 75 por ciento trabajaban en la producción agrícola. Miles más de ellos se lesionan cada año. Las protecciones federales existentes no se aplican a menudo.

En abril, el Departamento de Trabajo retiró nuevos reglamentos propuestos en 2011 que habrían actualizado, por primera vez en décadas, la lista de tareas agrícolas peligrosas prohibidas para los niños menores de 16 años. (La legislación federal prohíbe el trabajo peligroso para los niños menores de 18 años fuera de la agricultura). Varios miembros del Congreso afirmaron, de manera inexacta, que las reglas perjudicarían a las explotaciones familiares y la formación agrícola, e introdujeron proyectos de ley para bloquearlas.

Millones de trabajadores estadounidenses, entre ellos padres y madres de bebés, resultan perjudicados por leyes débiles o inexistentes sobre los permisos pagados, condiciones para la lactancia y discriminación contra trabajadores con responsabilidades familiares. Los permisos inadecuados contribuyen al retraso de la inmunización de los bebés, la depresión posparto y otros problemas de salud, y hacen que las mujeres interrumpan pronto la lactancia.

El gobierno de Obama propuso un reglamento para poner fin a la exclusión de ciertos trabajadores del hogar de las protecciones sobre salarios mínimos y horarios. Estos trabajadores, la mayoría de los cualesson mujeres, y muchos son inmigrantes o forman parte de las minorías, prestan servicios esenciales a las personas discapacitadas y ancianas.

 

Política de salud

En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la Ley de Atención Asequible para la Salud (Affordable Care Act), que amplía significativamente el acceso de muchos ciudadanos al seguro de salud y la atención médica.

Las infecciones del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en Estados Unidos continúan afectando de manera desproporcionada  a las comunidades minoritarias, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las mujeres transgénero. Muchos estados siguen menoscabando los derechos humanos y la salud pública con la limitación de la educación sexual, las protecciones legales inadecuadas para las personas con VIH, la resistencia a los programas de reducción del daño como los de intercambio de jeringuillas y la falta de financiamiento de la prevención y la atención para el VIH. Las políticas de justicia penal negativas incluyen leyes que aplican penas más severas a las personas que viven con el VIH y permiten el uso de condones como prueba de la prostitución. Esta práctica, documentada por Human Rights Watch en cuatro ciudades importantes, hace que los trabajadores del sexo tengan reticencias a llevar el número de condones que necesitan para evitar enfermedades y embarazos, y menoscaba los derechos humanos y la salud pública.

 

Personas con discapacidad

En julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sometió la Convención de las Naciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la ratificación del Senado. La documentación para la ratificación incluye una serie de observaciones, como una que señala que Estados Unidos ya cumple la Convención. Cuando se escribió este capítulo, la ratificación parecía estancada al menos hasta 2013.

 

Los derechos de las mujeres y las niñas

La Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act), la principal ley federal que ofrece protección legal y servicios a las víctimas de la violencia doméstica y sexual y el acoso, se enfrentaba a un futuro incierto. Cuando se escribió este capítulo, el proceso de renovación de su vigencia en el Congreso se había estacando debido a los desacuerdos sobre las protecciones para las víctimas inmigrantes; las víctimas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT); y las víctimas en territorios tribales.

Las estadísticas del Departamento de Defensa indican que de las 19.000 agresiones sexuales que se estima que se cometen cada año en las fuerzas armadas, sólo se denunciaron 3.192 en el ejercicio fiscal 2011, y sólo 240 de estas denuncias se saldaron con un enjuiciamiento militar. Las iniciativas anunciadas recientemente para abordar el problema incluyen la suspensión de la responsabilidad de investigar de los comandantes en primera línea; sin embargo, los casos seguirán investigándose dentro de la cadena de mando. 

Las investigaciones inadecuadas de la violencia sexual son un problema que va más allá de las fuerzas armadas. A nivel nacional, menos del 20 por ciento de las agresiones sexuales se denuncian a la policía, y los casos denunciados tampoco se investigación siempre de manera adecuada. Por ejemplo, la investigación de Human Rights Watch indica que entre 2009 y 2011, numerosas víctimas que denunciaron agresiones sexuales a la policía del Distrito de Columbia vieron como sus casos languidecían después de su cierre efectivo sin investigación. Human Rights Watch había observado previamente que las pruebas de los exámenes forenses de las víctimas de agresiones sexuales en California e Illinois quedaban almacenadas durante años sin analizarlas.

A pesar de docenas de demandas judiciales presentadas por empleadores contrarios a la medida, una reforma de la atención a la salud que requería que los empleadores cubrieran los gastos de los contraceptivos en los planes de seguro de salud de sus empleados entró en vigor este año, y permitió que alrededor de 47 millones de mujeres tuvieran acceso gratuito a contraceptivos. Las leyes estatales contra el aborto aprobadas en 2012 incluyeron límites sobre la cobertura del seguro para esta intervención, restricciones sobre el aborto por razones médicas y prohibiciones del aborto después de 20 semanas de embarazo. Las leyes que ordenan ecografías antes de un aborto, existentes en ocho estados, se enfrentaron al rechazo popular cuando el debate sobre un proyecto de ley en Virginia reveló que el requisito propuesto podría forzar a las mujeres a someterse a un procedimiento de inserción de una sonda en la vagina.

 

Orientación sexual e identidad de género

Las actitudes populares respecto al matrimonio gay parecen estar cambiando. Durante las elecciones de noviembre, los estados de Maryland, Maine y Washington aprobaron iniciativas electorales en defensa del matrimonio homosexual, con lo que se sumaron a los seis otros estados y el Distrito de Columbia que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Era la primera vez en todoel mundo que se aprobaba el matrimonio gay por votación popular.  Los votantes de Minnesota también rechazaron un intento de prohibir los matrimonios homosexuales en su estado.  En febrero, un tribunal federal de apelaciones declaró inconstitucional una medida electoral de California que prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2008. Este fallo se ha apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos. 

La Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act, DOMA) continúa impidiendo el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal. En mayo, Carolina del Norte se convirtió en el trigésimo estado de Estados Unidos que incluye una prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en la constitución del estado. Además, aunque el Poder Legislativo de Nueva Jersey aprobó un proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, el gobernador lo vetó. 

El Presidente Barack Obama ha expresado que apoya personalmente el matrimonio gay, y algunos altos funcionarios estadounidenses han hecho declaraciones en las que reconocen que los derechos de las personas LGBT son derechos humanos.

Sin embargo, la legislación federal no ofrece protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Sólo 21 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que prohíben la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual.

 

Antiterrorismo

El 31 de diciembre de 2011, Obama firmó la Ley de Presupuestos de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) para el ejercicio fiscal 2012. Esta ley codificó la práctica existente del Poder Ejecutivo de detener indefinidamente sin cargos a sospechosos de terrorismo, y requirió que ciertos sospechosos de terrorismo sean detenidos inicialmente por las fuerzas armadas si son capturados dentro del territorio de Estados Unidos. Una directiva sobre la política presidencial emitida en febrero redujo el alcance de la parte de la ley sobre la detención militar obligatoria por las fuerzas armadas, señalando que era rígida y constituía un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 11 de enero se conmemoró el décimo aniversario de la detención de sospechosos de terrorismo en la Bahía de Guantánamo. La NDAA reafirmó las restricciones del Congreso sobre el traslado de presos de Guantánamo, con cambios menores. Cuando se escribió este capítulo, ningún detenido había sido transferido fuera de Guantánamo en cumplimiento de esta normativa. Dos detenidos uigures —para los que no se aplicaban las restricciones del Congreso porque un juez federal ya había dictaminado que su detención era ilegal— fueron trasladados a El Salvador en abril. En julio, en otra excepción a las restricciones, Ibrahim al-Qosi fue trasladado de regreso a su país de origen, Sudán, en cumplimiento de los términos de un acuerdo judicial en un proceso de una comisión militar. En septiembre, Adnan Latif, se convirtió en el noveno preso fallecido en este centro de detención desde su apertura; y Omar Khadr, que sólo tenía 15 años cuando fue capturado por Estados Unidos en Afganistán, fue enviado por un acuerdo judicial de regreso a su país natal, Canadá, para que cumpliera allí el resto de su condena de ocho años. Esto hizo que la población total de presos en Guantánamo se quedara en 166.

El plazo de un año para establecer un sistema de examen periódico de los casos de los detenidos recluidos en Guantánamo se venció en marzo. El Departamento de Defensa no realizó ningún examen, pero sí emitió reglamentos que describían los procedimientos. El Departamento de Defensa también intentó limitar el acceso de los detenidos a un abogado, mediante la creación de una nueva serie de reglas que estarán bajo la supervisión del comandante militar de Guantánamo; en septiembre, un juez federal falló que las nuevas reglas sobre el acceso a abogados eran ilegales. En noviembre, el Gobierno de Estados Unidos notificó su intención de apelar esta decisión.

El 30 de agosto, el Departamento de Justicia cerró sin formular cargos su investigación, liderada por el fiscal especial John Durham, sobre la muerte de dos personas detenidas clandestinamente por la Agencia Central de Inteligencia (Centra Intelligence Agency, CIA).  La investigación había abarcado inicialmente los casos de alrededor de un centenar de detenidos bajo la custodia de la CIA, pero, en 2011, el Departamento de Justicia se concentró en tan sólo dos casos.

Entre 2003 y 2006, Estados Unidos trasladó a al menos 15 ciudadanos libios de regreso al régimen de Muammar Gaddafi. Estados Unidos los había detenido, interrogado y torturado o maltratado de otro modo durante años antes de enviarlos de regreso a Libia. Dos de estos detenidos alegaron que los habían sometido a ahogamientos simulados u otros tipos de tortura con agua, lo que puso en entredicho la afirmación de Estados Unidos de que sólo se había aplicado esta práctica a tres detenidos. Ninguno de ellos ha sido contactado por funcionarios estadounidenses en relación con la investigación de Durham.

En junio, una comisión militar instruyó cargos contra cinco hombres acusados de organizar los atentados del 11 de septiembre de 2011. Continuaron los procedimientos preliminares ante una comisión militar contra Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de organizar el ataque con bomba contra el buque USSCole en Yemen en octubre de 2000. El Departamento de Defensa formuló una acusación preliminar contra otro detenido.

Tras la revelación de que el Departamento de Policía de Nueva York (New York Police Department, NYPD) estaba realizando una amplia vigilancia de las mezquitas, las organizaciones de estudiantes musulmanes y las empresas propiedad de musulmanes, el Subjefe de la NYPD, Thomas Galati, testificó ante un tribunal que ninguna de la información obtenida por el programa había generado una pista para una investigación sobre terrorismo.

Los funcionarios estadounidenses utizaron los discursos y las informaciones de prensa para explicar la política de Estados Unidos de asesinatos selectivos en Pakistán, Somalia y otras partes del mundo mediante aeronaves no tripuladas, o drones. Dijeron que la política consistía en emprender asesinatos selectivos sólo cuando no se dispusiera de métodos tradicionales de aplicación de la ley, aunque utilizaron tanto las leyes de la guerra como la defensa propia para justificar legalmente estos asesinatos selectivos.

John Brennan, el principal asesor sobre antiterrorismo de Obama, afirmó que los asesinatos selectivos estaban justificados contra cualquier persona que “forme parte” de al Qaeda, los talibanes o fuerzas asociadas, incluso en contextos alejados de un campo de batalla reconocido como tal. Si se aplicara, esta definición excedería el alcance de los ataques permitidos de acuerdo con las leyes de la guerra. La participación de la CIA en muchos ataques con aviones no tripulados ha conllevado que se rindan muy pocas no se rindan cuentas por posibles violaciones de las leyes de la guerra. Las informaciones de prensa describieron como el Presidente Obama había aprobado personalmente cada asesinato selectivo ejecutado por las fuerzas armadas de Estados Unidos.