Instalaciones laborales, Isla Saadiyat, noviembre de 2008. Miles de trabajadores de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Tailandia están construyendo en la isla, donde no existen los sindicatos ni ONG sobre derechos de los trabajadores.

© 2008 Bill Van Esveld / Human Rights Watch

(Abu Dabi) - Miles de trabajadores migrantes del sur de Asia que trabajan en la construcción del desarrollo de la isla de $27 mil millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos enfrentan explotación y abusos graves, que en algunos casos equivalen a trabajos forzados, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las agencias de contratación de mano de obra, compañías de construcción, y las leyes represivas son los responsables de los abusos.

El informe de 80 páginas, "‘The Island of Happiness': Exploitation of Migrant Workers on Saadiyat Island, Abu Dhabi," (“'La isla de la felicidad": La explotación de los trabajadores migrantes en la Isla de Saadiyat, Abu Dabi"), encontró que a pesar de que el gobierno de los EAU ha procurado mejorar las condiciones de vivienda y asegurado el pago puntual de los salarios en los últimos años, muchos abusos laborales siguen siendo comunes. Las instituciones internacionales que planean abrir sucursales en la isla - incluyendo el museo Guggenheim, la Universidad de Nueva York (NYU por sus siglas en inglés) y la Agencia del Museo Francés (responsable del Louvre Abu Dabi) – deben exigir urgentemente las garantías contractuales ejecutorias de que las empresas de construcción protegerán los derechos fundamentales de los trabajadores durante sus proyectos, dijo Human Rights Watch.

"Estas instituciones internacionales necesitan demostrar que no tolerarán ni se beneficiarán de la explotación flagrante de estos trabajadores migrantes", dijo Sarah Leah Whitson, directora de la división de Medio Oriente y del Norte de África de Human Rights Watch. "Las vaguedad de las garantías que ellos han recibido por parte de sus socios del desarrollo son sustitutos huecos de los acuerdos contractuales firmes de que sus proyectos serán diferentes a la manera usual de hacer negocios en Abu Dabi".

Abu Dabi, la capital de los EAU, espera convertir la Isla de Saadiyat (la "isla de la felicidad") en un destino turístico internacional. La isla de baja altitud tendrá cuatro museos y un centro de artes escénicas diseñado por firmas arquitectónicas reconocidas mundialmente – incluyendo Ateliers Jean Nouvel, Foster and Partners, y Gehry Partners – así como un campus de la Universidad de Nueva York, y costosos campos de golf, hoteles y residencias.

Trabajadores de la India, Pakistán, Bangladesh y otros países del sur de Asia han estado construyendo la infraestructura de la isla desde que Abu Dabi creó la Compañía de Inversión y Desarrollo Turístico (TDIC por sus siglas en inglés) para supervisar el proyecto en 2005. Se espera que el museo abra sus puertas en 2013.

Basado en entrevistas con trabajadores migrantes y en reuniones con oficiales de los Emiratos Árabes Unidos y del gobierno francés, así como funcionarios de las instituciones internacionales y empresas con proyectos en la isla, el informe de Human Rights Watch documenta un ciclo de abuso que deja a los trabajadores migrantes profundamente endeudados, mal pagados, e incapaces de defender sus derechos o incluso renunciar a sus puestos de trabajo.

El gobierno de los EAU y las autoridades encargadas de desarrollar la Isla de Saadiyat han fracasado en confrontar las causas fundamentales que dan origen al abuso del trabajador: cuotas ilegales de contratación, promesas rotas de salarios y un sistema de patrocinio que otorga al empleador prácticamente el poder absoluto sobre sus trabajadores.

Para obtener las visas necesarias para trabajar en los Emiratos Árabes Unidos, casi todos los trabajadores que Human Rights Watch entrevistó en la Isla de Saadiyat pagaron altas cuotas en sus países de origen a las "agencias de mano de obra" que son contratadas para suministrar trabajadores a las empresas de construcción en los Emiratos Árabes Unidos. Debido a que las agencias prometieron buenas condiciones de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos, muchos trabajadores vendieron sus hogares o sus tierras o pidieron préstamos a altas tasas de interés para pagar las cuotas de las agencias. A su llegada a los Emiratos Árabes Unidos, los trabajadores endeudados - muchos de los cuales son analfabetos - son obligados a firmar contratos con las compañías de construcción en términos mucho peores de lo que les habían prometido en sus países de origen. Los trabajadores no tienen prácticamente ningún recurso en contra de las agencias que les engañaron con falsas promesas de buenos salarios y con cuotas de reclutamiento de explotación.

Las leyes de los EAU prohíben a las agencias cobrar a los trabajadores dichas cuotas. Se supone que las agencias deben de cobrar estas cuotas a las empresas, pero la ley no se aplica. Además, no existen sanciones para las compañías que, buscando su propio beneficio financiero, conscientemente trabajan con agencias que cobran estas cuotas a los trabajadores.

Los trabajadores se enfrentan a la opción de renunciar a sus puestos de trabajo aún debiendo miles de dólares por las cuotas ilegales de contratación o la opción de continuar trabajando en condiciones de explotación. Prácticamente todos se quejaron de los bajos salarios y la mala calidad de la atención médica. Los trabajadores tampoco pueden exigir de manera efectiva un mejor salario o condiciones de vida, debido a que las leyes de los Emiratos Árabes Unidos no protegen los derechos básicos de formar sindicatos, negociación colectiva o huelga. En cambio, el sistema de "patrocinio" de los Emiratos Árabes Unidos les da a los empleadores casi un control absoluto sobre el empleo y estancia legal de los trabajadores en el país, con visas atadas a empleadores individuales. Todos los trabajadores dijeron que cuando llegaron a los Emiratos Árabes Unidos, los empleadores les confiscaron sus pasaportes. Los empleadores pueden revocar la visa de un trabajador que renuncie, lo que lleva a la deportación.

Algunos trabajadores informaron de condiciones que equivalen a trabajos forzados: sus empleadores amenazaron con multarlos fuertemente si intentaban renunciar antes de haber trabajado durante dos años, lo que los mantuvo confinados de manera efectiva en la "isla de la felicidad". Por lo general, los trabajadores no conocen sus derechos y tienen miedo de expresar sus quejas, y se carece de una supervisión independiente y eficaz.

"Los museos y la Universidad de Nueva York deben insistir en que sus socios locales de desarrollo garanticen los derechos básicos de los trabajadores, lo que al menos debe incluir el reembolso de las cuotas ilegales de reclutamiento, contratos oficiales en su lengua materna firmados antes de su llegada, y el derecho a huelga y a la negociación colectiva, dijo Whitson. "Y ellos deben insistir en la supervisión independiente de una tercera parte en sus proyectos, e imponer sanciones significativas por violaciones".

Investigaciones en la Isla de Saadiyat mostraron que las autoridades sí han tomado pasos positivos. A pesar de que los lugares de alojamiento para los trabajadores aún se encontraban bajo construcción cuando Human Rights Watch visitó la isla, estos parecían ser relativamente higiénicos y contar con suficiente espacio para evitar hacinamiento. La TDIC, la compañía del gobierno encargada de supervisar el desarrollo de la isla, ha solicitado garantías contractuales a las empresas de construcción de que no van a confiscar los pasaportes de los trabajadores, no harán uso del trabajo forzado, o que no cometerán otros abusos.

Human Rights Watch contactó a las compañías de construcción, firmas arquitectónicas, y a las instituciones internacionales que trabajan en la isla para alertarlos de la necesidad de tomar medidas para garantizar que los trabajadores de sus proyectos no sean abusados. Muchos de ellos no han contestado nuestras cartas. Entre el museo Guggenheim, la Universidad de Nueva York, y la Agencia del Museo francés (responsable del proyecto del Louvre Abu Dabi), sólo la Agencia ha adoptado medidas significativas para buscar las garantías contractuales de la TDIC para permitir la supervisión independiente de los derechos de los trabajadores, pero incluso el contrato de la Agencia carece de garantías o disposiciones que le permitan hacer valer los derechos de los trabajadores.