(Quito) – El presidente ecuatoriano Lenín Moreno se reunió el 29 de mayo de 2018 en Quito con una delegación de Human Rights Watch para hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país y la política exterior de su gobierno, señaló hoy Human Rights Watch.
“El primer año de gobierno del Presidente Moreno se destacó por un nuevo estilo que generó un ambiente propicio para el ejercicio de libertades públicas y un debate sin censura”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Hay que redoblar esfuerzos para reparar el daño sistémico que sufrieron las instituciones democráticas del país durante el gobierno anterior”.
Los representantes de Human Rights Watch transmitieron al Presidente Moreno su evaluación sobre distintos temas de derechos humanos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la independencia judicial y la persecución judicial de líderes indígenas y ambientalistas. Durante la década que estuvo en el poder el expresidente Rafael Correa, hubo serios retrocesos en Ecuador en todos estos ámbitos, sostuvo Human Rights Watch.
El gobierno de Moreno ha adoptado medidas positivas durante su primer año, que incluyen haber puesto fin a la práctica consistente en amenazar y hostigar públicamente a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y críticos, lo cual Correa hacía habitualmente. Ha permitido que medios de comunicación estatales tuvieran una línea editorial independiente. El Presidente Moreno también propuso reformar la Ley Orgánica de Comunicación y modificó el decreto presidencial de Correa que regula el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que se utilizó durante la gestión de Correa para castigar a críticos.
Sin embargo, Ecuador debería abordar ciertos problemas estructurales con el fin de proteger y promover derechos humanos fundamentales. Entre ellos se encuentran reformar las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación que permiten que el gobierno limite de manera arbitraria la libertad de expresión y derogar artículos del Código Orgánico Integral Penal que son incompatibles con el derecho de libertad de expresión, como la tipificación de las calumnias. El gobierno debería, además, proponer una ley integral que reemplace el actual decreto presidencial que todavía concede al gobierno la facultad de disolver organizaciones de la sociedad civil de manera arbitraria.
También es sumamente importante que se derogue la disposición del Código Orgánico de la Función Judicial que permite destituir a jueces que cometan un “error inexcusable”. Tal disposición se usó indebidamente para sancionar a jueces cuyos pronunciamientos no coincidían con los intereses del gobierno. Asimismo, Ecuador debería considerar la posibilidad de crear una comisión de expertos independientes para investigar casos de acoso judicial contra líderes indígenas y ambientalistas.
Al dialogar sobre política exterior, Human Rights Watch instó al presidente Moreno y a su gobierno a prestar especial atención a la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.
La delegación de Human Rights Watch en Quito se reunió también con otros funcionarios de alto nivel, incluyendo miembros del Consejo de Participación Ciudadana de transición, el ministro de Defensa, la defensora del pueblo y el fiscal general del Estado, así como también legisladores, diplomáticos extranjeros, activistas, periodistas y académicos.
“El presidente Moreno mostró excelente receptividad a nuestras recomendaciones y predisposición a seguir impulsando medidas para proteger derechos fundamentales”, dijo Vivanco.
