Además de encarcelar a activistas, el Gobierno cubano emplea otras tácticas para impedir que las personas o las organizaciones emprendan actividades de oposición real o aparente a las políticas y prácticas gubernamentales.158 Entre las medidas represivas se encuentran las detenciones arbitrarias de corta duración, las advertencias oficiales, los despidos laborales y las expulsiones de viviendas, la vigilancia, el hostigamiento, la intimidación y el exilio forzado. Las acciones gubernamentales contra los disidentes se producen aparentemente en oleadas, con períodos de calma seguidos de un intenso hostigamiento, con frecuencia en respuesta al aumento de las actividades de oposición. Mientras que la visita del Papa en enero de 1998 marcó un período de relativa calma, las presiones del Gobierno aumentaron y la atención internacional se desvaneció a lo largo del año. Los activistas se enfrentaron a una fuerte represión gubernamental a principios de 1999.
Los disidentes dispuestos a criticar al Gobierno públicamente se exponen a graves consecuencias, que van del trauma que suponen los arrestos injustificados y los posibles procesamientos a la pérdida de sus casas y sus fuentes de ingresos, así como el considerable coste emocional causado por los llamados actos de repudio, y la privación del contacto con la familia, la comunidad y la cultura que conlleva el exilio forzado. Estas medidas suelen afectar a los familiares de los activistas, lo que agrava las consecuencias de manifestarse abiertamente. La intimidación del Gobierno, junto con los procesamientos penales, ha conducido al cese o la reducción de muchas actividades de la disidencia y a la disolución de algunas organizaciones.
Los activistas de derechos humanos y los periodistas independientes son algunos de los objetivos más frecuentes del Gobierno, junto con los sindicalistas independientes.159 Los líderes religiosos y sus seguidores también se enfrentan a lasrestricciones de sus actividades por parte del Gobierno.160 Entre el resto de los miembros de la nueva sociedad civil cubana sometidos al acoso gubernamental se encuentran los afiliados a partidos políticos independientes, organizaciones independientes de académicos, maestros, profesionales de la medicina, artistas, activistas medioambientales y otros grupos. Los familiares de presos políticos también se enfrentan a la intimidación del Gobierno. En general, el Gobierno cubano justifica la represión calificando a los activistas de contrarrevolucionarios. El hecho de que el Gobierno no quiera reconocer legalmente a los grupos de oposición hace que todos sus miembros corran el riesgo de ser detenidos o procesados.161 Pero los grupos independientes que critican al Gobierno de manera pacífica-ya sea con la celebración de mítines, la distribución de carteles con "Abajo Fidel," los artículos sobre las condiciones económicas en Cuba, la propuesta de un debate político abierto o la documentación de violaciones de los derechos humanos-están ejerciendo sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y asociación.
Además, el Gobierno cubano intenta desacreditar la labor de los grupos independientes y justifica la represión de éstos alegando que actúan en representación o con el apoyo económico del Gobierno de Estados Unidos, que canaliza fondos a las organizaciones no gubernamentales cubanas de conformidad con la Ley Helms-Burton. El Gobierno estadounidense ha suministrado fondos a organizaciones con sede en EE.UU. que hacen entregas de productos tales como libros, copias de tratados de derechos humanos y máquinas de escribir a gruposcubanos.162 Sin embargo, las autoridades cubanas han reconocido que la decisión gubernamental de permitir la creación y funcionamiento legal de ONGs en Cuba (muchas de las cuales son organismos controlados por el Gobierno) se deriva principalmente del interés en aumentar la entrada de ayuda extranjera en Cuba.163 A pesar de los problemas que plantea la restrictiva Ley de Asociaciones cubana, que dificulta la financiación por parte de gobiernos extranjeros de grupos cubanos con opiniones políticas independientes o críticas (que no pueden funcionar legalmente de conformidad con la Ley de Asociaciones de Cuba), la Unión Europea y Canadá han ofrecido apoyo a organizaciones de ayuda humanitaria autorizadas en Cuba. Las medidas del Gobierno están destinadas a los grupos disidentes, dado que limitan sus posibilidades de recibir ayuda mientras permiten la llegada de fondos a las organizaciones legalizadas. Y aunque el Gobierno de Estados Unidos ha apoyado en el texto de la Ley Helms-Burton el derrocamiento del Gobierno de Cuba, éste último no debería penalizar a los grupos disidentes que aceptan financiación estadounidense para distribuir copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos o informar sobre violaciones de los derechos humanos-actividades que no están concebidas para promover el derrocamiento violento del gobierno actual-por el ejercicio de sus derechos protegidos. El hecho de que los grupos cubanos hayan recibido fondos del extranjero no sirve por sí sólo para demostrar que han practicado una actividad inapropiada o violenta, ni que plantean una verdadera amenaza para la seguridad del Estado.164
El Gobierno de Cuba niega habitualmente visados a periodistas extranjeros e investigadores de derechos humanos en lo que parece ser un intento por evitar la publicidad negativa. En octubre de 1998, el Presidente Fidel Castro explicó en que condiciones se concederían visados a los reporteros de medios de comunicación estadounidenses: si se tuviera la certeza de que los reporteros quevinieran a Cuba eran objetivos y no estaban influenciados de antemano.165 Las restricciones del Gobierno cubano al trabajo periodístico y de derechos humanos se encuentran entre las más duras del hemisferio occidental.
Organos del Estado encargados de la vigilancia y la represión internas
El Ministerio del Interior es el principal responsable de vigilar las muestras de disidencia en la población cubana. Según se ha informado, el Ministerio cuentan con dos oficinas centrales para esta finalidad: la Dirección General de Contrainteligencia y la Dirección General de Orden Interno. La primera de ellas supervisa las actividades del Departamento de Seguridad del Estado, también conocido como la Policía Política, que reparte al parecer sus operaciones de contrainteligencia entre unidades especializadas. Una de estas unidades-conocida como el "Departamento Cuatro"-se encarga aparentemente del "sector ideológico," que incluye a los grupos religiosos, los escritores y los artistas. Tres desertores cubanos que habían trabajado previamente en el aparato de seguridad del Estado informaron al Miami Herald que Cuba tenía entre diez y 15 agentes dedicados a espiar e infiltrar a la iglesia.166 El segundo departamento del Ministerio del Interior encargado de vigilar las supuestas actividades disidentes, la Dirección de Orden Interno, supervisa dos unidades policiales responsables de la vigilancia interna, la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI). Una vez que las autoridades han dado una advertencia oficial a un activista, las leyes cubanas permiten que la Policía Nacional Revolucionaria observe las actividades de esa persona.167 Pero con o sin advertencia oficial, los disidentes cubanos son conscientes de que la policía y las fuerzas de seguridad del Estado vigilan sus movimientos, contactos, teléfonos y correspondencia. Los disidentes han denunciado que los policías que losinterrogaron demostraron un conocimiento en detalle de sus actividades y contactos. En juicios en 1992 y 1995, los tribunales cubanos condenaron a 11 ciudadanos a condenas prolongadas porque habían revelado las identidades de agentes del Estado infiltrados en grupos disidentes. Cabe destacar que los tribunales sentenciaron a los activistas y a los funcionarios gubernamentales, cinco de los cuales siguen encarcelados en Cuba, por el delito de "revelar secretos concernientes a la seguridad del Estado."168
Desde su creación en 1960, Cuba también ha empleado los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) para mantener una intensa vigilancia en cada barrio cubano. Los CDR constituyen la organización más grande de Cuba y, según el Presidente Fidel Castro, comprenden al 91 por ciento de la población cubana.169 Juan Contino, uno de los miembros del Consejo de Estado, coordina las actividades de los CDR. Castro alabó a los CDR cuando iniciaron sus actividades como "un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quiénes y... a que se dedica, con quién se junta, en qué actividades anda."170 Bajo la dirección de capitanes de bloque, los CDR realizan numerosas actividades vecinales, en las que la falta de participación puede ser sospechosa, y mantienen una estrecha vigilancia de los supuestos opositores al Gobierno. En septiembre de 1998, el Gobierno pidió a los CDR y a los grupos de vigilancia apoyados por el Gobierno, conocidos como "destacamentos populares revolucionarios de vigilancia" (miembros de los CDR desarmados que colaboran con la policía), que aumentaran sus actividades en respuesta al aumento de la delincuencia.171
En 1991, aparecieron dos nuevos mecanismos patrocinados por el Gobierno de vigilancia y control internos. Los dirigentes del Partido Comunista organizaron el Sistema Único de Vigilancia y Protección (SUVP). El SUVP cuentacon miembros en varias instituciones estatales, como el partido, la policía, los CDR, el sindicato oficial, los grupos de estudiantes y las organizaciones de masas.172 El Gobierno ha pedido al parecer al SUVP que lleve a cabo la vigilancia y la intimidación de los activistas de oposición. Además, el Gobierno ha organizado con los grupos de simpatizantes civiles las Brigadas de Acción Rápida (también llamadas Brigadas de Respuesta Rápida) para observar y controlar a los disidentes.
Las autoridades migratorias y los funcionarios encargados de asuntos de la vivienda en Cuba también se han convertido en elementos importantes de los esfuerzos gubernamentales de intimidar a activistas independientes con amenazas de destierro y pérdida de sus casas, o con la imposición de multas. El Gobierno cubano también observa la lealtad política en los lugares de trabajo y las escuelas. El Gobierno mantiene expedientes escolares y laborales para cada ciudadano, en los que los funcionarios registran las acciones o las declaraciones que puedan tener relación con la lealtad al régimen. Antes de acceder a una nueva escuela o puesto de trabajo, se debe aceptar el expediente de cada persona.
Las universidades cubanas profesan abiertamente las opiniones del Gobierno, en lugar de promover el libre intercambio de información e ideas. Tras una gira en las universidades estatales, el Ministro de Educación, Fernando Vecino Alegret, subrayó que las instituciones necesitaban fortalecer sus tareas políticas e ideológicas. El Ministro respaldó un nuevo Proyecto Educativo con el fin de resaltar "la necesidad de imprimir a todas las actividades sustantivas de la universidad un profundo carácter político-ideológico" y formar "convicciones revolucionarias."173
Represión de activistas independientes
Los agentes o las organizaciones del Gobierno cuentan con una amplia gama de medidas represivas para disuadir a sus críticos de continuar con sus actividades. Algunas de las tácticas disuasorias más comunes se mencionan a continuación y se estudian en detalle más adelante, por ser las que se aplican con más frecuencia contra los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos.
Detenciones por corto plazo
La policía y los agentes de la seguridad del Estado realizan detenciones por corto plazo, que duran entre unas cuantas horas y dos semanas, para intimidar a disidentes con la amenaza de un procesamiento y de una condena de cárcel y revelar lo bien vigilados que están. Algunos activistas han sido víctimas de múltiples detenciones breves. La policía suele dictar advertencias oficiales durante las detenciones a corto plazo. Durante la reclusión, la policía los amenaza con futuros procesamientos, normalmente no tienen contacto con sus familiares o un abogado y se encuentra en pésimas condiciones de detención, con frecuencia con criminales violentos. Las autoridades migratorias y de la vivienda también realizan algunas detenciones a corto plazo con el fin de intimidar a los activistas.
A finales de febrero de 1999, la policía y los agentes de la seguridad del Estado cubanos detuvieron a más de 50 periodistas independientes y miembros de grupos de oposición y de derechos humanos. Al parecer, las autoridades llevaron a cabo los arrestos para impedir que los activistas y periodistas estuvieran en las cercanías del juicio del 1 de marzo de los cuatro líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna.174 La duración de las detenciones osciló entre varias horas y varios días, y los detenidos fueron retenidos tanto en estaciones de policía como en residencias bajo el control del Ministerio del Interior. Muchos de los periodistas y activistas detenidos fueron aparentemente amenazados con procesamientos penales. Se informó de que la policía obligó a otros 50 activistas a permanecer en sus casas durante la celebración del juicio.175
Durante enero de 1999, las autoridades de Matanzas obligaron a unos 25 miembros locales del Partido Democrático de Solidaridad (PSD) a presentarse ante la policía para ser interrogados brevemente sobre sus actividades.176
El 16 de diciembre de 1998 y el 7 de enero de 1999, Miriam García Chávez del Colegio de Pedagogos Independientes planeó una manifestación frenteal tribunal habanero donde estaban juzgando a su colega Lázaro Constantín Durán, que fue condenado por estado peligroso.177 En ambas ocasiones, la policía cubana la arrestó y la mantuvo detenida durante 72 horas en diciembre y unas 48 horas en enero.178
El 27 de noviembre de 1998, la policía de La Habana detuvo al parecer a cinco disidentes, a los que retuvo hasta el día siguiente, mientras que golpeó a otros que también habían protestado contra el juicio previsto del periodista independiente cubano Mario Julio Viera González.179 Las autoridades cubanas detuvieron aparentemente al Dr. Óscar Elías Biscet González y a Rolando Muñoz Yyobre, de la Fundación Lawton de Derechos Humanos; y a Miriam García Chávez, Lázaro Constantín Durán y Marisela Pompa del PSD. Se informó de la policía golpeó a otro miembro del Colegio de Maestros Independientes, Roberto de Miranda. Un simpatizante del Gobierno aparentemente empujó y propinó un puñetazo al cámara de la CNN (Cable News Network) Rudy Marshall, que intentaba filmar las detenciones.180
El 18 de septiembre de 1998, la policía de La Habana detuvo brevemente e interrogó a Jorge León Rodríguez, del Movimiento Democracia y Paz. León Rodríguez, residente en Santiago, dijo que los funcionarios de la seguridad del Estado sabían aparentemente con antelación que los miembros de su organización iban a desplazarse a La Habana. La policía lo interrogó en la sede del DTI y requisó los documentos pro democracia que calificaron de "contrarrevolucionarios."181
El 28 de agosto de 1998, una veintena de personas protestaron el juicio en La Habana del activista Reynaldo Alfaro García. A principios de septiembre, la policía habanera arrestó a siete manifestantes a los que detuvo entre 12 y 24horas.182 Las detenciones impidieron la participación de los activistas en una marcha del 8 de septiembre de 1998 conmemorando la festividad de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. La policía interrogó a los detenidos sobre la manifestación contra el juicio de Alfaro García y sobre sus planes para la marcha. Los detenidos eran Nancy de Varona, líder del Movimiento 13 de Julio; Ofelia Nardo, de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba; Vicky Ruiz Labrit, del Comité Cubano de Opositores Pacíficos; Leonel Morejón Almagro, el dirigente nacional del Concilio Cubano; Miriam García Chávez, presidenta del Colegio de Maestros Independientes; y el Dr. Óscar Elías Biscet González y Rolando Muñoz Yyobre, de la Fundación Lawton de Derechos Humanos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro González, no quiso ofrecer a los periodistas detalles sobre las detenciones, y se limitó a declara que el deber del Gobierno era prevenir las actividades ilegales.183 El 8 de septiembre, los agentes de la seguridad del Estado también detuvieron brevemente a 30 defensores de los derechos humanos y otros activistas que se habían congregado en la residencia en La Habana de Isabel de Pino Sotolongo, del Movimiento Cristo Rey. Los agentes impidieron la salida de los activistas de la casa de Pino Sotolongo, donde se habían reunido antes de sumarse a las celebraciones patronales, hasta que finalizaron las festividades y los funcionarios se aseguraron que no podrían participar.184
Exilio forzado
La policía cubana o los agentes de la seguridad del Estado suelen amenazar a los disidentes con procesarles penalmente si no abandona sus actividades de oposición o se exilian. Los recientes juicios de disidentes en Cuba y su considerable número de presos políticos añaden credibilidad a estas amenazas, y las detenciones recurrentes han hecho que muchos huyan del país. En diciembre de 1997, Héctor Peraza Linares, un periodista independiente de Pinar del Río, salió de Cuba para exiliarse en España. El 23 de junio de 1997, la policía cubana lo detuvo y confinó en una celda oscura y cerrada. Estuvo detenido hasta septiembrede 1997, cuando lo pusieron en libertad a condición de que abandonara Cuba. En abril de 1997, el Gobierno cubano obligó a Miguel Angel Aldana, otro líder del Concilio Cubano, a exiliarse por medio de amenazas de condenarle a cuatro años de prisión por estado peligroso. Las autoridades cubanas habían detenido en varias ocasiones a Aldana, que también era un líder de la Asociación Cívica Martiana.185
Otras tácticas represivas
Como se describió anteriormente, la regresiva Ley de Asociaciones de Cuba hace que los grupos independientes sean vulnerables a la injerencia arbitraria del Gobierno. Por ejemplo, el 25 de marzo de 1998, los funcionarios del Partido Comunista convocaron a una reunión a la junta directiva de una agencia de ayuda humanitaria llamada Grupo de Apoyo a Necesitados (GAN) y le informaron de que iban a disolver la organización. Varias semanas antes, Orlando Bordón Gálvez, un reportero de la agencia independiente Cuba Press, mencionó al grupo en un artículo que los funcionarios de la seguridad del Estado admitieron haber revisado.186 En marzo de 1998, un grupo de 20 mujeres líderes de organizaciones de mujeres independientes (entre ellas periodistas, activistas de derechos humanos, economistas y médicos) entregaron una petición a Wilma Espín, Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) controlada por el Gobierno, solicitando autorización para participar en el Encuentro Internacional de Solidaridad entre Mujeres que se celebraría en La Habana en abril de 1998. El Gobierno nunca respondió a la petición y las mujeres no pudieron participar en la conferencia. El Movimiento de Solidaridad y Paz, uno de los grupos que solicitaron la participación en el encuentro, había solicitado al Gobierno su legalización deconformidad con la Ley de Asociaciones en 1994, sin recibir nunca una contestación.187
El monopolio estatal casi completo de los empleos permite al Gobierno ejercer un control estrecho de la mano de obra del país.188 Con frecuencia, la primera medida del Gobierno contra los disidentes es despedirlos de sus empleos. La mayoría de los disidentes destacados cubanos perdieron sus trabajos conforme fueron involucrándose más en organizaciones independientes.
El Gobierno cubano controla estrictamente la libertad de salida y entrada al país de los disidentes y sus desplazamientos dentro de Cuba. Los activistas cubanos saben que a no ser que obtengan un permiso del Gobierno para viajar que les garantice el derecho a regresar, cualquier viaje no autorizado puede saldarse con el exilio forzado. Pero las solicitudes de permisos de salida o entrada al país suelen ser ignoradas o denegadas. En octubre de 1998, el Gobierno cubano negó aparentemente a Osvaldo Alfonso Valdés, Presidente del Partido Liberal Democrático, el permiso para asistir a una reunión de la Internacional Liberal que se celebró del 6 al 8 de noviembre en Suiza.189 Se informó de que el Gobierno negó a un pastor bautista, el reverendo Roberto Hernández Aguiar, la autorización para viajar fuera de Cuba en septiembre de 1998.190 En mayo, el Ministerio de Cultura negó las peticiones de visados al Ballet Clásico de La Habana, que iba a realizar una gira en España en junio y julio. La negativa estaba basada al parecer en el hecho de que el ballet, fundado por la hija del director del Ballet Nacional de Cuba, "no existe oficialmente" y su gira podría entrar en conflicto con el calendario de actuaciones del ballet nacional.191
En marzo de 1998, dos líderes del Concilio Cubano de oposición viajaron a Santiago para una reunión de la organización pero no pudieron salir del aeropuerto a su llegada. Las autoridades cubanas pusieron a Leonel Morejón Almagro, que había cumplido una condena de prisión por anteriores actividades con el Concilio Cubano, y a Osvaldo Alfonso Valdez, en un avión de regreso a La Habana.
El Gobierno emplea además los llamados mítines de repudio, o actos de repudio, para humillar e intimidar públicamente a los disidentes, a veces con violencia. El 18 de septiembre, Miriam García Chávez, la presidenta del Colegio de Maestros Independientes, y su familia fueron sometidos a un acto de repudio. Una cincuentena de escolares uniformados, dirigidos por miembros del CDR local y de una Brigada de Respuesta Rápida, se congregaron frente a la casa de García Chávez en La Habana y gritaron insultos contra ella y otros disidentes.192
El Gobierno suele recabar el apoyo de las llamadas organizaciones populares para aumentar la presión sobre los activistas independientes. Por ejemplo, el 15 de marzo de 1998, Mirna Riverón Guerrero abrió la Biblioteca Independiente "Eduardo René Chibas" en Santiago. A principios de julio, todavía no había recibido respuesta de varios organismos gubernamentales a los que había presentado solicitudes para la legalización de la biblioteca, entre ellos las autoridades provinciales y el Partido Comunista. Sin embargo, en los meses posteriores a la apertura de la biblioteca, recibió visitas de miembros de varias organizaciones pro gubernamentales, entre ellas los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas y una asociación de agentes de la seguridad del Estado retirados. En cada una de estas visitas, los visitantes la instaron a que abandonara la actividad "ilegal" de dirigir la biblioteca.193
CONTINUACIÓN DEL CAPÍTULO VIII
158 Los procesamientos y encarcelamientos de disidentes por parte del Gobierno se estudian en los capítulos anteriores, Procesamientos políticos y Tratamiento de presos políticos.
159 La situación de los sindicalistas independientes se discute más adelante en el capítulo titulado Derechos del trabajador.
160 La situación de los líderes religiosos y sus seguidores se estudia más adelante en el capítulo Límites a la libertad de culto.
161 Aunque el Gobierno cubano ha reconocido a unas 2.000 organizaciones supuestamente no gubernamentales en virtud de la Ley de Asociaciones, entre los grupos se encuentran organizaciones apoyadas por el Partido Comunista y organizaciones de masas controladas por el Gobierno, así como organismos creados por ministerios gubernamentales. Aproximadamente una quinta parte de los grupos reconocidos son ligas deportivas. Homero Campo, "El Gobierno las ve con recelo y las somete a estrictos controles," Proceso, México, 18 de mayo de 1997. Ver también Prof. Gillian Gunn, "Cuba's NGOs: Government Puppets or Seeds of Civil Society?" Cuba Briefing Paper; Number 7, Proyecto del Caribe de la Universidad de Georgetown, febrero de 1995. Cuba se ha negado constantemente a reconocer a organizaciones críticas de las políticas o prácticas gubernamentales. La Ley de Asociaciones se estudia en el apartado anterior titulado Negación de los derechos humanos en la legislación cubana: La Ley de Asociaciones.
162 Juan O. Tamayo, `American Dollars Committed to Building Cuban Democracy," Miami Herald, 25 de octubre de 1998.
163 Prof. Gillian Gunn, "Cuba's NGOs: Government Puppets or Seeds of Civil Society?" Cuba Briefing Paper; Number 7, febrero de 1995.
164 La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que entró en vigor en marzo de 1999, establece duras penas para el apoyo directo o indirecto al embargo estadounidense. La ley se estudia en el capítulo anterior Negación de los derechos humanos en la legislación cubana. Las justificaciones legítimas e ilegítimas de crímenes contra la seguridad del Estado se estudian en el mismo capítulo en la sección Codificación de la Represión.
165 Doug Clifton y David Lawrence Jr., "Defiant Castro Says He'll Reign as Long as He's Needed," Miami Herald, 25 de octubre de 1998.
166 Juan O. Tamayo, "Cuba has Long Spied on Church," Miami Herald, 21 de enero de 1998. Se ha informado de que el Departamento Cuatro tiene su sede en un edificio de 11 plantas en la Calle 21 en el centro de La Habana. El Herald también informó que el Ministerio del Interior de Cuba cuenta con una división de inteligencia dedicada a reunir información en el extranjero. La oficina tiene su sede al parecer en la esquina de las calles Línea y A en el barrio de El Vedado de La Habana.
167 Las advertencias oficiales se estudian en el apartado anterior, Negación de los derechos humanos en la legislación cubana: Codificación de la represión.
168 Estos juicios se estudian en el apartado anterior, Negación de los derechos humanos en la legislación cubana: Revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado.
169 "Fidel en la Clausura del V Congreso de los CDR: Al Mundo no le Queda Otra Alternativa que Salvarse," Prensa Latina, 27 de octubre de 1998.
170 Román Orozco, Cuba Roja (Buenos Aires: Información y Revistas S.A. Cambio16 - Javier Vergara Editor S.A., 1993), p. 158.
171 "Cuba: Cubans Urged to Join Fight Against Rising Crime," Reuters New Service, 27 de septiembre de 1998, y "Mandatario cubano resalta rol de los CDR contra el delito," Prensa Latina, 28 de septiembre de 1998.
172 Orozco, Cuba Roja, pp. 151-52.
173 Vladia Rubio, "La realidad universitaria a pecho abierto," Granma Diario, 18 de septiembre de 1998.
174 El Gobierno celebró el juicio a puerta cerrada, limitó el número de familiares de los acusados que podían asistir y acordonó un área de dos bloques alrededor del tribunal. El juicio se estudia en el capítulo anterior titulado Procesamientos políticos.
175 Andrew Cawthorne, "Cuba: Cuba Releases Dissidents After Crackdown," Reuters News Service, 2 de marzo de 1999; Serge Kovaleski, "Sedition Trial in Cuba Begins Amid Skepticism," Washington Post, 2 de marzo de 1999; y carta de Ann K. Cooper, directora ejecutiva del Comité para la Protección de Periodistas, al Presidente Fidel Castro Ruz, 2 de marzo de 1999.
176 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Fernando Sánchez López, Presidente del PSD, La Habana, 3 de febrero de 1999.
177 Su caso se expone en el capítulo anterior titulado Procesamientos políticos.
178 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Odilia Collazo, Partido Pro Derechos Humanos, 11 de enero de 1999.
179 Este caso se estudia más adelante en el apartado Periodistas independientes.
180 Pascal Fletcher, "Cuba: Fights Break Out at Trial of Cuban Dissident," Reuters News Service, 27 de noviembre de 1998; John Rice, "Protestan por proceso de periodista en La Habana," Associated Press, 27 de noviembre de 1998; y Olance Nogueras, "Liberados los detenidos en disturbio el viernes: Continúa desaparecido un joven transeúnte golpeado," El Nuevo Herald, 29 de noviembre de 1998.
181 Luis López Prendes, "Represión contra oposicionistas Santiagueros de visita en La Habana," Buró de Prensa Independiente de Cuba, 22 de septiembre de 1998.
182 Ariel Hidalgo y Tete Machado, "Nueve disidentes detenidos durante una redada," Infoburó, 9 de septiembre de 1998.
183 "Liberan a disidentes detenidos esta semana," Reuters News Service publicado por El Nuevo Herald, 11 de septiembre de 1998.
184 Juan O. Tamayo, "Cuban Authorities Mix Tolerance, Repression," Miami Herald, 9 de septiembre de 1998.
185 Armando Correa, "Expulsan a líder de concilio cubano por `peligroso'," El Nuevo Herald, 11 de abril de 1997.
186 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Raúl Rivero, director de Cuba Press, La Habana, 3 de julio de 1998; y Ana Luisa López Baeza, "Periodista de Cuba Press agredido el sábado último," Cuba Press, 22 de abril de 1998. Se informó de que los funcionarios de la seguridad del Estado dijeron a los dirigentes del GAN que las informaciones de Bordón Gálvez eran las responsables de la disolución del grupo. En un acontecimiento desafortunado ocurrido el 18 de abril, un miembro de GAN, Juan Carlos Figueredo, atacó físicamente a Bordón basándose en su información, lo que le produjo heridas leves.
187 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Marta Pagas García del Movimiento de Solidaridad y Paz, La Habana, 25 de junio de 1998.
188 Este asunto se estudia en profundidad más adelante en el apartado Derechos del trabajador: Control gubernamental del empleo.
189 Oswaldo de Céspedes, "Niega el Gobierno cubano permiso de salida a opositor," Cooperativa de Periodistas Independientes, 16 de octubre de 1998.
190 Luis López Prendes, "Niega el Partido comunista permisos a Pastor Bautista," Buró de Prensa Independiente de Cuba, 17 de septiembre de 1998.
191 Jordan Levin, "Niegan a ballet permiso para viaje," El Nuevo Herald, 2 de mayo de 1998.
192 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Odilia Collazo, Partido Pro Derechos Humanos, La Habana. 23 de octubre de 1998. Manuel David Orrio, "Niños cubanos en acto de repudio," Cooperativa de Periodistas Independientes, 21 de septiembre de 1998.
193 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Mirna Riverón Guerrero, Santiago, 3 de julio de 1998.
