VIII. FORMAS EN QUE RUTINARIAMENTE SE MANIFIESTA LA REPRESIÓN (cont.)

Periodistas independientes

El Gobierno Castro mantiene una postura firme contra el periodismo independiente. En junio de 1998, el Gobierno se refirió al pequeño grupo de reporteros independientes cubanos como autodenominados "periodistas independientes" dedicados a difamar al pueblo por medio de las estaciones de radioque emiten desde Miami contra Cuba.194 Dado que los periodistas independientes no cuentan con medios para publicar sus artículos en el ámbito nacional, ni acceso a la radio y la televisión controladas por el Estado, suelen entregar sus informaciones por teléfono a los medios internacionales. En contraste, el Gobierno pidió a la prensa "verdaderamente libre" que sirviera al Estado socialista para "garantizar la continuidad de las ideas y valores socialistas, patrióticos, antiimperialistas de la Revolución misma, en las futuras generaciones de cubanos."195 En octubre de 1998, un representante de la Sección de Intereses de Cuba en Washington declaró que "no nos ruborizamos por admitir que la prensa nacional está totalmente al servicio del Partido Comunista y del pueblo cubano."196 Y señaló que los esfuerzos del Partido Comunista por "ejercer un adecuado control sobre sus actividades subversivas [de los periodistas independientes]" habían demostrado ser insuficientes, y que el partido había pedido a sus organizaciones de base "generar en cada cuadra y comunidad un clima de rechazo social a estos elementos, de modo tal que sientan que sus calumnias son repudiadas y sancionadas moralmente por el pueblo."197

El Gobierno cubano no sólo utiliza a las organizaciones de masas, sino también a sus propias fuerzas de seguridad y tribunales para amenazar, intimidar,detener y procesar a periodistas independientes.198 El Gobierno de Cuba suele utilizar las detenciones para amenazar a los periodistas con procesamientos penales, e instándoles a abandonar sus actividades o exiliarse. Cuando se escribió este informe, Manuel Antonio González Castellanos, un reportero de Cuba Press en Holguín, seguía encarcelado en la prisión de Holguín acusado de desacato a Fidel Castro. La policía cubana arrestó a Castellanos el 1 de octubre de 1998.199

El Gobierno cubano tenía previsto juzgar el 27 de noviembre de 1998 a Mario Julio Viera González, el director de la agencia de prensa Cuba Verdad, por el delito de injuria. Cuando se escribió este informe, la policía cubana todavía no había detenido a Viera González. Se informó de que había cometido un delito contra el honor de José Peraza Chapeau, el director legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, al publicar un artículo titulado "Moral en Calzoncillos," en el que se cuestionaba el compromiso de Cuba con una Corte Penal Internacional eficaz, en vista de su deficiente sistema jurídico nacional. Cuando los manifestantes y la policía se enfrentaron frente al tribunal, con el resultado de varias detenciones, el Gobierno pospuso indefinidamente el juicio de Viera González.200

Las autoridades cubanas detuvieron al menos a 15 periodistas independientes a finales de febrero de 1999, con el fin de prohibir su cobertura del juicio de los líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna.201

El 27 de enero de 1999, la policía de Ciego de Ávila detuvo a Pedro Arguelles Morán, de Cuba Press. Las autoridades lo retuvieron durante dos días en una residencia controlada por el Gobierno.202 Esa misma semana, la policía de La Habana había arrestado a María de los Angeles González Amaro, la directora de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba Independientes (UPECI); a Nancy Sotolongo, una periodista de la UPECI; a Santiago Martínez Trujillo, un fotógrafo de la UPECI; y Ángel Pablo Polanco, de la Cooperativa de Periodistas Independientes, a los que detuvo entre tres y cinco días antes de ponerlos en libertad. Los arrestos se produjeron al parecer porque los periodistas planeaban cubrir un evento con motivo del primer aniversario de la visita del Papa a Cuba en enero de 1998. Se informó de que la policía advirtió oficialmente a González Amaro que se enfrentaría a un juicio por asociación para delinquir y desobediencia si continuaba con sus actividades.203

Ana Luisa López Baeza, una reportera de Cuba Press, salió de Cuba para exiliarse en Estados Unidos el 29 de octubre de 1998, debido según la periodista a la presión gubernamental sobre ella y su hija.204 El 29 de diciembre de 1998, la policía cubana detuvo a Jesús Labrador Arias, un reportero de Cuba Press en Manzanillo, al que retuvieron durante varias horas. El 8 de diciembre, los funcionarios de la seguridad del Estado de Cuba se presentaron en la residencia de otro periodista de Cuba Press, al que advirtieron que no cubriera ninguna de las celebraciones del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El 15 de diciembre de 1998, y de nuevo al día siguiente, los agentes de la seguridad del Estado detuvieron a Efrén Martínez Pulgarón durante varias horas.205 Anteriormente, el 13 de agosto de 1997, la policía lo había detenido en Pinar del Río. Las autoridades cubanas lo encerraron durante 38 días en una pequeña celdade aislamiento, instándole con frecuencia a que abandonara el periodismo independiente. El 10 de septiembre de 1998, la policía de La Habana detuvo al parecer a Juan Antonio Sánchez Rodríguez, un reportero de Cuba Press en Pinar del Río, al que trasladaron a un centro de detención de la seguridad del Estado en su provincia natal donde lo retuvieron al menos seis días. Aparentemente, no fue acusado de ningún delito pero lo amenazaron con procesarlo por "estado peligroso."206 Los funcionarios de la seguridad del Estado de La Habana arrestaron a Luis López Prendes, el director del Buró de Prensa Independiente de Cuba (BPIC), el 7 de septiembre de 1998, y lo detuvieron durante más de 48 horas. Un capitán de la seguridad del Estado llamado Ariel interrogó a López Prendes sobre su relación con el movimiento disidente, lo que sabía sobre el juicio de Reynaldo Alfaro García del 28 de agosto de 1998,207 y si conocía los planes para las celebraciones patronales del 8 de septiembre en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. López Prendes declaró que el Capitán le dijo que los periodistas independientes "no iban a tumbar al gobierno con sus noticias." López Prendes le explicó que su intención no era tumbar al Gobierno. Cuando estaba saliendo de la estación de policía, varios agentes de la seguridad del Estado le sugirieron que se uniera a su hijo en Estados Unidos. Los agentes acompañaron a López Prendes hasta su casa, donde informaron a los líderes del CDR local que lo habían detenido para evitar que contribuyera a crear problemas en las celebraciones de la Virgen de la Caridad.208

Con frecuencia, las detenciones no duran más de un día. El 23 de octubre de 1998, la policía política de Santa Clara detuvo durante varias horas a Edel José García Díaz, un reportero de la agencia de prensa Centro-Norte. Un funcionario policial interrogó a García Díaz y le advirtió oficialmente que podía enfrentarse a un juicio por propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, debido a su programa en la cadena operada por el Gobierno estadounidense Radio Martí.209 El1 de octubre de 1998, los funcionarios de inmigración de La Habana convocaron a una reunión a la periodista de Cuba Press María de los Angeles Gómez Amauro, pese a que no tenía asuntos migratorios pendientes . Los funcionarios la amenazaron con detenerla y tratarla como a varios disidentes que había pasado largas detenciones preventivas si no dejaba el periodismo independiente o emigraba de Cuba.210 Los agentes de la seguridad del Estado de Caibarién obligaron a Héctor Trujillo Pis, un periodista de Cuba Press, a personarse en sus oficinas a principios de septiembre de 1998. La policía le advirtió que contaban con pruebas suficientes para procesarle por difusión de noticias falas a medios extranjeros contrarrevolucionarios, entre ellos Radio Martí.211 En septiembre, la policía de la seguridad del Estado de Manzanillo, en la provincia de Granma, detuvo a Jesús Labrador Arias, un periodistas de Cuba Press, durante una media hora y lo amenazó con procesarlo.212 En julio, el reportero fue sometido a un acto de repudio cuando salía de un hospital local. Una treintena de personas lo rodeó y le gritó insultos tales como "gusano contrarrevolucionario."213 El 17 de julio de 1998, la policía cubana detuvo a Luis Alberto Lazo, un reportero de la Agencia Nueva Prensa en Artemisa, durante unas 24 horas. Lo acusaron de haber planeado informar sobre una manifestación de una serie de ex reclusos frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Lazo desmintió haber previsto cubrir la protesta, que nunca se celebró.214

Se informó de que el líder de un Sistema Único de Vigilancia y Protección (SUVP) en La Habana atacó a José Luis Rodríguez Jiménez, un fotógrafo delBPIC, en mayo de 1998. Al parecer, el representante local del SUVP, conocido como Eliseo, golpeó con un palo al fotógrafo y lo llamó contrarrevolucionario.215

Uno de los periodistas independientes más destacados de Cuba, el fundador y director de Cuba Press Raúl Rivero, fue víctima de constantes limitaciones a sus libertad para viajar en 1998. El 25 de mayo, solicitó permiso gubernamental para viajar España y visitar a algunos amigos. El 24 de junio, un funcionario de la Oficina Central de Migración de La Habana le dijo que se había denegado su petición. El funcionario no quiso dar a Rivero el nombre del responsable de la decisión ni le entregó una notificación por escrito. Rivero señaló que la policía cubana le había informado varias veces que siempre podía viajar fuera de Cuba con tal de que lo hiciera de "una manera definitiva," es decir sin opción a regresar. Recordó que durante una detención de tres días en agosto de 1997, un agente de la policía política llamado Soroa le explicó los diferentes delitos que había cometido con la agencia de prensa, entre ellos la asociación ilegal y la difusión de noticias falsas. Soroa le instó a que evitara el juicio saliendo de Cuba.216

Los agentes de la seguridad del Estado de Santiago detuvieron a Margarita Sara Yero, la directora de la delegación en Turquino de la Agencia de Prensa Independiente de Cuba (APIC), el 17 de noviembre de 1997. Su detención se produjo poco después de que informara sobre el juicio de un opositor local al Gobierno, Orestes Rodríguez Horruitiner, que fue condenado a cuatro años de prisión por propaganda enemiga. Tras interrogarla en la sede central de la seguridad del Estado, conocida como "Versalles," los agentes la pusieron en libertad ese mismo día.

En unos cuantos casos, el Gobierno empleó las regulaciones sobre vivienda para hostigar a reporteros independientes. En enero de 1999, las autoridades de la vivienda de Santiago informaron a Yero que sería desalojada de su casa, donde había residido durante 35 años. Los funcionarios alegaron al parecer que había abandonado su casa, pero varios vecinos confirmaron lo contrario. El 1 de febrero de 1999, la policía y los funcionarios del departamento de vivienda convocaron a sus vecinos a una reunión pública, donde aparentemente afirmaron que Yero no pertenecía al CDR local ni había votado a candidatos del Partido Comunista. Al día siguiente, las autoridades locales de la vivienda enviaron alparecer a Yero una notificación por escrito de su desalojo inminente.217 El 23 de septiembre de 1998, los funcionarios dijeron a la periodista de la ANP Mercedes Moreno que, según las regulaciones sobre la vivienda, no podía residir legalmente en la casa de su hermana en La Habana e impusieron fuertes multas a ambas mujeres. Los inspectores de la vivienda regresaron el 21 de octubre y advirtieron a la familia que Mercedes Moreno no tenía autorización para quedarse con ellos y tenía 24 horas para marcharse. El 3 de octubre de 1998, las autoridades de la vivienda se presentaron en la casa de Miriam García Chávez, la presidenta del Colegio de Maestros Independientes, después de que albergara a Efrén Martínez Pulgarón y su madre. Los funcionarios dijeron a García Chávez que sus visitantes tenían 72 horas para salir de su residencia. Martínez Pulgarón dijo que su madre y él llevaban más de dos años sin poder encontrar una residencia permanente, debido a las intimidaciones del Gobierno a los propietarios de viviendas y otras personas que les habían ofrecido un lugar donde quedarse.218

Activistas de derechos humanos

El Gobierno cubano mantiene un estrecho control de los defensores de derechos humanos internos. El procesamiento de Reynaldo Alfaro García y el juicio por sedición de los cuatro líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna demuestran las recientes medidas de mano dura del Gobierno contra los defensores de derechos humanos.219 Los presos que denuncian abiertamente los abusos también son víctimas de la violencia física y otros castigos en los centros de detención cubanos.220 Además de estas medidas drásticas, el Gobierno también recurre con insistencia a las detenciones breves, la vigilancia, la intervención telefónica y otras formas de intimidación a los activistas de derechos humanos.

A finales de enero de 1999, la policía de La Habana detuvo al parecer entre cuatro y seis días a siete miembros de la Fundación Lawton de Derechos Humanos (FLDH), entre ellos su director, el Dr. Óscar Elías Biscet González. Losactivistas de derechos humanos tenían previsto participar en una celebración del primer aniversario de la visita del Papa a Cuba en enero de 1998. Las detenciones impidieron que los miembros de la FLDH participaran en el evento del 25 de enero, ya que no fueron puestos en libertad hasta el 30 de enero de 1999.221

El 10 de diciembre de 1998, las autoridades cubanas arrestaron a Biscet González después de que organizara una manifestación con motivo del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La policía cubana detuvo al menos seis disidentes en la manifestación, que fue celebrada en el parque Butari de La Habana.222 Días antes, el 7 de diciembre, la policía había detenido brevemente a Biscet González y a su colega Rolando Muñoz Yyobre.223

El 20 de octubre de 1998, la autoridades de migración de la Isla de la Juventud, antes conocida como Isla de Pinos, ordenaron a Antonio Morales Torres que se presentara a una cita. Morales Torres, un ex preso político que había cumplido dos años por propaganda enemiga y es el presidente del Comité de Derechos Humanos Pinero, no tenía ningún asunto migratorio pendiente. En la entrevista, los funcionarios de migración revelaron que habían estado siguiendo de cerca sus movimientos y reuniones con otros disidentes, lo que incluía varias entrevistas en La Habana. Los funcionarios le advirtieron que si no cesaba sus actividades de derechos humanos y abandonaba Cuba, sería procesado como un delincuente común, una estrategia destinada a desviar la atención internacional. Los funcionarios también insistieron en que si decidía salir del país, le retirarían la obligación de pagar los costosos exámenes médicos, que el Gobierno cubano exige a todos los emigrantes, y su hijo no tendría que cumplir el servicio militar obligatorio.224

El 9 de julio de 1998, tres agentes de la seguridad del Estado detuvieron al Dr. Biscet González y a Muñoz Yyobre. Los funcionarios, asistidos por varios agentes de policía, se llevaron a Biscet González a su casa, la cual registraron, ydespués a la sede del DTI en la esquina de las calles 100 y Aldabó. La policía detuvo inicialmente a Muñoz Yyobre en una estación de policía de La Habana Vieja, para trasladarlo después al DTI. La policía tuvo detenidos a los dos hombres durante más de dos semanas, hasta la tarde del 24 de julio. Durante ese período, estuvieron recluidos en celdas sucias, calurosas, poco iluminadas y hacinadas junto con violentos sospechosos. La policía internó a Muñoz Yyobre en una celda de unos 2,3 por 3,3 metros, junto con otros tres detenidos, mientras que Biscet González estuvo recluido en otra celda un poco más grande con una decena de detenidos. Tras una semana, la policía les permitió a ambos que recibieran una breve visita de unos cuantos familiares, pero les advirtió que las visitas terminarían si hablaban sobre los motivos del arresto, las condiciones de la detención o los nombres de otros presos. Ajustándose a las leyes cubanas que minimizan las protecciones al debido proceso, la policía también les dijo que no podrían tener un abogado hasta que llevaran diez días arrestados.225 Finalmente, ninguno de ellos recibió asistencia legal durante la detención.226

La policía los interrogó en varias ocasiones durante la detención, los acusó de realizar actividades ilícitas y los amenazó con utilizar los procesamientos penales para aplastarlos. Alegaron que los hombres habían planeado una protesta el 13 de julio con motivo del aniversario del hundimiento por parte del Gobierno del barco llamado el 13 de Marzo, que se saldó con el ahogamiento de docenas de cubanos que intentaban huir del país, y que habían distribuido documentos antigubernamentales, entre ellos una copia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, carta a la prensa nacional e internacional y una carta al Consejo de Estado. Cuando fueron puestos en libertad, la policía les advirtió que tenían expedientes archivados. La policía también señaló que la Fundación Lawton de Derechos Humanos no estaban operando legalmente. Hacía más de un año que los hombres habían presentado una solicitud para la legalización de la organización en virtud de la Ley de Asociaciones pero el Gobierno nunca les respondió.

El 25 de julio, el 29 de septiembre y el 3 de noviembre de 1997, las autoridades cubanas exigieron a Pedro Orlando Herrada Delgado, un ingeniero y miembro del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Villa Clara, que se presentara en estaciones de policía. En cada una de las ocasiones, la policíaamenazó a Herrada Delgado con procesarle penalmente por sus actividades de oposición. En la cita de septiembre, la policía le advirtió oficialmente de un posible procesamiento por propaganda enemiga, difusión de noticias falsas, incitación para delinquir y asociación con el enemigo. En noviembre, un funcionario policial, Dennis Durán Morales, mencionó que también podían juzgarle por "difundir noticias falsas que ponen en peligro la paz internacional."227

El Gobierno cubano no permitió ni a Elizardo Sánchez Santacruz, líder de la Comisión Cubana para los Derechos Humanas y la Reconciliación Nacional, ni a Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación, que asistieran a una conferencia internacional de derechos humanos en Varsovia, Polonia, en octubre de 1998. Tras completar dos ediciones de un boletín de derechos que fue distribuido a pequeña escala dentro y fuera de Cuba, Sánchez Santacruz fue informado aparentemente por el Gobierno en octubre de 1998 de que su organización no podía producir más ediciones.

En consonancia con los comentarios de octubre de 1998 del Presidente Fidel Castro señalando que no daría visados a los reporteros extranjeros a no ser que pudieran garantizar su "objetividad," el Gobierno cubano limita los visados a periodistas extranjeros basándose en sus informaciones reales o probables. Las regulaciones del Gobierno imponen controles también para los reporteros que obtienen visados. Como se señaló anteriormente, el Gobierno de Cuba formalizó las reglas que gobiernan la objetividad y la exactitud del trabajo de los periodistas extranjeros en febrero de 1997.228 Aunque Cuba permite el funcionamiento de unas cuantas agencias internacionales de noticias en Cuba, la CNN y, desde el 13 de noviembre de 1998, Associated Press (AP), son los únicos medios de comunicación estadounidenses con permiso oficial para operar en Cuba.229 La prensa internacional destacada en Cuba se encuentra con ciertos obstáculos a su labor. El 10 de diciembre de 1998, un camarógrafo de Reuters, Alfred Tedeschi, dijo que fue golpeado y que le robaron un micrófono, y otros periodistas dijeron que fueronempujados, mientras cubrían el arresto policial de disidentes que estaban celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos.230 Como se señaló anteriormente, un periodista de la CNN que cubría una protesta frente al tribunal que iba a juzgar al periodista Mario Viera en noviembre de 1998 también fue tratado con dureza. La corresponsal de la CNN en La Habana, Lucía Newman, dijo que pese a que los reporteros extranjeros pueden operar con cierto grado de libertad en Cuba, muchos creen que el Gobierno escucha sus conversaciones telefónicas.231 Los procesamientos de ciudadanos cubanos por ofrecer información a periodistas extranjeros también limitan la libertad de prensa. El caso del Dr. Dessy Mendoza, que fue condenado a ocho años de prisión por propaganda enemiga al haber informado a la prensa internacional de una epidemia de dengue, subraya estas restricciones.232

El 28 de enero de 1999, las autoridades cubanas expulsaron al periodista holandés, Edwin Kopmann de Radio Neederland, tras acusarle de haber suministrado fondos a un "grupo contrarrevolucionario." Al parecer, el periodista radiofónico había entregado 250 dólares a un organización sindical independiente, la Confederación de Sindicatos Cristianos. Los funcionarios cubanos también multaron aparentemente con 1.000 dólares a un ciudadano cubano que había albergado al periodista durante su estancia en La Habana por violar las regulaciones sobre vivienda.233

La práctica gubernamental de negar de manera selectiva los visados a periodistas se puso de manifiesto cuando gran número de reporteros solicitaron permisos de entrada en las isla con motivo de la visita del Papa en enero de 1998. El Gobierno denegó visados a reporteros de agencias de noticias y canales de radio y televisión conocidos por sus críticas a las autoridades cubanas, entre los periodistas de varios medios ubicados en Miami, tales como el Miami Herald. Unafuncionaria de la embajada cubana en Argentina, Concepción Muñoz, denegó al parecer el visado para cubrir la visita papal a Matilde Sánchez, del periódico bonaerense Clarín, porque había escrito un artículo sobre el héroe nacional Che Guevara "que dañaba al pueblo cubano."234 En octubre de 1998, el Gobierno cubano permitió la entrada a la isla del director y el Presidente del Miami Herald, Doug Clifton y David Lawrence Jr., como parte de una delegación de 32 miembros de la Sociedad Americana de Editores de Periódicos (American Society of Newspaper Editors). La bienvenida de Castro al grupo se vio empañada por sus comentarios sobre la objetividad de los periodistas, pero el hecho de que accediera a mediados de noviembre a la recomendación de la delegación de permitir la apertura de una oficina de la agencia AP en La Habana fue un avance positivo.235 Sin embargo, los comentarios de Castro en enero de 1999, ante la asamblea anual de varios miles de agentes de Policía Nacional Revolucionaria, sobre la "propaganda" de los periodistas extranjeros y su sugerencia de que los reporteros participaban en campañas "repugnantes" para dañar la imagen de Cuba demostraron muy poca tolerancia a las críticas directas o indirectas de los periodistas internacionales.236 Castro se estaba refiriendo a las informaciones aparecidas en la prensa sobre el problema creciente de la prostitución en Cuba, que el mismo había reconocido.

El Gobierno cubano suele recibir con satisfacción las visitas de organizaciones internacionales que ofrecen ayuda humanitaria, especialmente las que se han opuesto públicamente al embargo estadounidense. Pero trata de maneradistinta a las agencias internacionales de derechos humanos y humanitarias que puedan ser críticas de su historial de derechos humanos, a las que prohíbe la entrada en el país. El Gobierno no ha permitido el regreso de Human Rights Watch a Cuba desde 1995. Nunca autorizó la entrada a la isla del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos en Cuba. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala, visitó Cuba en noviembre de 1994, pero el hecho de que no hiciera ninguna declaración pública sobre la situación de derechos humanos en el país supuso la pérdida de una oportunidad de presionar a los funcionarios cubanos para que emprendieran reformas.

El Gobierno permitió por última vez la visita a sus cárceles del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que visita a presos recluidos por delitos políticos o contra la seguridad del Estado en todo el mundo, en 1988 y 1989. El CICR no hace públicas sus evaluaciones de las condiciones o el trato en las prisiones, sino que se dedica a interceder confidencialmente ante los Gobiernos en representación de los presos.237

La negativa del Gobierno de Cuba a permitir que observadores internacionales de derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, realicen investigaciones independientes impiden la recopilación y divulgación de información sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Las fuertes restricciones del Gobierno cubano-que impiden el tipo de investigaciones que Human Rights Watch realiza habitualmente en docenas de países, que suelen incluir entrevistas con funcionarios gubernamentales, la prensa, y líderes de ONG, así como visitas a centros de detención de prisiones y estaciones de policía-lo convierten en el menos cooperativo del Hemisferio Occidental en este aspecto. En varias ocasiones, las entrevistas telefónicas de Human Rights Watch se vieron repentinamente interrumpidas o perturbadas por constantes ruidos de fondo que hicieron imposible la conversación.