I. RESUMEN (cont.)

Obstrucción del Gobierno a la observación internacional de los derechos humanos

El Gobierno cubano suele recibir con satisfacción las visitas de organizaciones internacionales que ofrecen ayuda humanitaria, especialmente las que se han opuesto públicamente al embargo estadounidense sobre Cuba. Pero concede un trato distinto a los organismos internacionales de derechos humanos y humanitarios que se muestran críticos con su historial de derechos humanos, prohibiéndoles habitualmente el acceso al territorio nacional. Desde 1995, el Gobierno cubano no ha permitido a Human Rights Watch que regrese a Cuba. El Gobierno cubano nunca permitió la entrada al país del Relator Especial de la ONUsobre los derechos humanos en Cuba. En noviembre de 1994, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, visitó Cuba. Lamentablemente, no hizo ningún comentario público sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El Gobierno cubano prohíbe el acceso regular a sus prisiones de observadores nacionales e internacionales de los derechos humanos y el derecho humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que visita a los presos recluidos por delitos políticos o contra la seguridad en todo el mundo, realizó su última visita a las prisiones cubanas en 1989. La negativa del Gobierno cubano a permitir el acceso de grupos de derechos humanos y humanitarios a sus prisiones demuestra una falta de mínima transparencia. Es más, el hecho de que el Gobierno prohíba el acceso del CICR, que opera entre bastidores para proteger los derechos de los presos políticos y no hace públicas sus conclusiones, demuestra una profunda falta de preocupación por el bienestar de esos presos.

Impunidad

A pesar de promover disposiciones constitucionales sobre la impunidad, el Gobierno cubano niega habitualmente los abusos de los derechos humanos, no investiga ni sanciona a los que los cometen y adopta represalias contra los que los denuncian, especialmente los presos. La persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba se debe sin duda, en parte, al hecho de que los funcionarios cubanos no han sufrido prácticamente ninguna consecuencia por los miles de violaciones de los derechos humanos cometidas en los últimos 40 años. Sin embargo, el Gobierno cubano tiene la obligación clara en virtud del derecho internacional de ofrecer recursos eficaces a las víctimas de abusos de los derechos humanos.

Con la desaparición de la Unión Soviética, Cuba se ha encontrado de repente con la necesidad de socios comerciales, inversiones extranjeras y asistencia humanitaria de todo el mundo. Esto ha hecho que La Habana tenga que restituir sus relaciones con países que habían tratado antes a Cuba como un Estado paria. También ha ofrecido a la comunidad internacional nuevas oportunidades para tratar de influir en favor de reformas en materia de derechos humanos en Cuba. Lamentablemente, la enorme división entre la política estadounidense y la de los socios comerciales y los inversores más importantes de Cuba ha impedido el desarrollo de una política eficaz y unificada que pudiera provocar cambios en la isla.

Estados Unidos

La política de Washington con La Habana sigue caracterizada por el embargo comercial de décadas. La aprobación en 1996 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, también conocida como Ley Helms-Burton, privó al Presidente Clinton del poder para modificar el embargo sin promulgar nuevas leyes. El embargo no sólo no ha logrado provocar la mejora de la situación de los derechos humanos en Cuba, sino que se ha vuelto contraproducente al ofrecer un pretexto para la represión del Gobierno mientras distancia a los antiguos aliados de Washington. Y Estados Unidos está cada vez más aislado de los posibles aliados en la campaña por la mejora de los derechos humanos. El Papa Juan Pablo II, la Asamblea General de las Naciones Unidas y gobiernos de todas las tendencias políticas en todo el mundo que han condenado el embargo en términos inequívocos.

Es más, el embargo continúa limitando los derechos a la libertad de expresión y asociación y a la libertad para viajar entre Estados Unidos y Cuba, violando de este modo el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos. En 1998, tan sólo los diplomáticos o los miembros de organizaciones intergubernamentales, tales como la ONU, podían viajar de Estados Unidos a Cuba con un permiso especial. Tras la visita del Papa a Cuba en enero de 1998, el Presidente Clinton restauró los vuelos chárter directos de Estados Unidos a Cuba, que estaban prohibidos desde 1996.

Las críticas al duro impacto del embargo en la población cubana han provocado iniciativas en el Congreso para atenuar sus efectos indiscriminados. En 1997, se introdujo legislación en ambas cámaras del Congreso para levantar las restricciones sobre la venta de alimentos y medicinas. A principios de 1998, el Senador Jesse Helms reclamó asistencia humanitaria para "socavar las políticas de Fidel Castro." El distribuidor de la asistencia previsto por Helms, la iglesia católica de Cuba, dejó claro que no desempeñaría ese papel si el proyecto se convertía en ley. En octubre de 1998, 15 senadores, encabezados por el Senador republicano John Warner, y varios destacados expertos en política exterior, entre ellos los ex secretarios de estado Lawrence Eagleburger y Henry Kissinger, pidieron a Clinton que estableciera una comisión bipartidista para reexaminar la política estadounidense con Cuba. La administración Clinton rechazó esta propuesta en enero de 1999, optando en cambio por un paquete de medidas limitadas destinadas a aumentar los contactos entre ciudadanos cubanos y estadounidenses.

La Unión Europea

En los últimos años, el comercio y la inversión europea en Cuba ha seguido aumentando vertiginosamente. La Unión Europea (UE) ha manifestado sufuerte oposición al embargo estadounidense mientras promueve la apertura política y económica con Cuba. Pero La Habana ha rechazado los intentos de utilizar la ayuda europea como un incentivo para inducir a Fidel Castro a aplicar reformas en materia de derechos humanos, lo que ha dejado en la estacada a la política europea. La "Posición Común," adoptada por la UE en diciembre de 1996 y renovada cada seis meses, condiciona la plena cooperación económica a "mejoras en derechos humanos y libertades políticas...." En concreto, la Posición Común de la UE pide la "reforma de la legislación interna relativa a los derechos políticos y civiles, incluido el Código Penal cubano, y... la abolición de todos los delitos políticos, la puesta en libertad de todos los presos políticos y el cese del hostigamiento y castigo a los disidentes...." En junio de 1998, la UE permitió que el gobierno cubano participara como observador en las negociaciones del Tratado de Lomé, que ofrecía un trato comercial preferente a los países menos desarrollados. La UE condicionó la plena integración en el grupo de Cuba al avance considerable en los derechos humanos y las libertades políticas, términos que el Ministro de Relaciones Exteriores rechazó inmediatamente dejando en la estacada a la política europea. Los Estados Miembros de la UE continúan ofreciendo cooperación económica directamente al Gobierno de Cuba y ayuda humanitaria ocasional por medio de organizaciones no gubernamentales.

Canadá

En los últimos años, el Gobierno canadiense sostuvo un dialogo bilateral con Cuba sobre derechos humanos, calificando su política como de relación constructiva. Canadá llegó a un acuerdo conjunto con Cuba en enero de 1997 sobre inversión, impuestos, asuntos bancarios y otros temas, que también estipulaba la impartición de seminarios y capacitación sobre temas de derechos humanos. Desde entonces, se han celebrado varios seminarios sobre derechos de la mujer y del niño, pero no parece que el Gobierno cubano haya cambiado sus prácticas en materia de derechos humanos como resultado del programa. En 1998, Canadá ofreció asistencia humanitaria a los 17 presos políticos que el Gobierno cubano forzó al exilio tras la petición papal de puesta en libertad de presos. Pero en su visita de abril de 1998 a Cuba, el Primer Ministro Chrétien prestó poca atención a los derechos políticos y civiles, y el Presidente Castro desestimó su petición de puesta en libertad de los cuatro dirigentes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna. Canadá, al igual que la UE, ha buscado agresivamente posibilidades de inversión y de comercio con Cuba.

Las Naciones Unidas

Entre 1991 y 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó resoluciones anuales promovidas por Estados Unidos condenando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Las resoluciones renovaban el mandato de un relator especial, el diplomático sueco Carl-Johan Groth, que produjo varios informes bien documentados sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Sin embargo, el 21 de abril de 1998, la Comisión revocó la resolución de Cuba, lo que ponía fin al mandato del relator especial antes de que el Gobierno cubano le hubiera permitido la entrada en el país. La resistencia internacional a la política estadounidense con Cuba marcó la votación, que se saldó con una interrupción indebida de la observación de la situación de derechos humanos en Cuba por parte de los organismos de la ONU. Pero las acciones flagrantes del Gobierno cubano a principios de 1999, con el juicio de destacados disidentes y la promulgación de reformas legales represivas, parece haber impulsado el apoyo internacional a la presión renovada sobre el Gobierno de Cuba. En la sesión de abril de 1999 de la Comisión, se aprobó con estrecho margen una resolución condenando las prácticas en materia de derechos humanos en Cuba, aunque no se incluyó la renovación del mandato de un relator especial.

En octubre de 1998, la Asamblea General aprobó por séptima vez una condena del embargo estadounidense sobre Cuba.

Países iberoamericanos

Desde la visita papal a Cuba, los países de América Latina y el Caribe han intensificado sus contactos diplomáticos con la isla; algunos han restaurado relaciones que han estado rotas durante décadas. Sin embargo, con algunas excepciones destacadas, estos países no han utilizado su dialogo renovado con el Gobierno cubano para influir en el ámbito de la protección de los derechos humanos. En noviembre de 1999, los jefes de Estado de todos los países iberoamericanos celebrarán su cumbre anual en La Habana.

Recomendaciones

Al Gobierno de Cuba

Reformas legales, procesamientos y hostigamiento

• El Gobierno cubano debe emprender reformas legales para garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y del trabajador de los cuales es Estado Parte. En concreto, el Gobierno cubano debe aplicar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tipificando como delito la tortura, einvestigando, procesando y sancionando a los funcionarios del Gobierno que empleen la tortura. Dicha medida debe penalizar también a todos los funcionarios que tomen represalias contra una persona que denuncia la tortura.

• El Gobierno cubano debe cesar todos los enjuiciamientos basados en el ejercicio individual de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación o movimiento. Además, las autoridades deben cesar las acciones represivas contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes, miembros de partidos políticos independientes, organizaciones independientes de académicos, profesores, activistas religiosos, profesionales de la medicina, artistas, activistas medioambientales, familiares de presos políticos, entre otros, sobre la base de sus verdaderas o presuntas críticas al Gobierno cubano o a sus políticas. Entre dichas medidas represivas se encuentran detenciones arbitrarias durante cortos períodos, advertencias oficiales, retirada de empleos y viviendas, vigilancia, hostigamiento, intimidación y exilio forzado.

• El Gobierno cubano debe reformar su Código Penal, revocando o reduciendo el marco legal de los crímenes políticos cuya aplicación viola normas y prácticas internacionales en materia de derechos humanos. Entre las disposiciones que deben ser revocadas se encuentran: el desacato, la impresión clandestina, la salida ilegal, la difamación de instituciones y organizaciones de masas, el insulto a los símbolos patrios, el abuso de la libertad de culto, el incumplimiento de la Ley de Asociaciones y el incumplimiento del deber de denunciar. Además, el Gobierno cubano debe derogar las disposiciones penales sobre el estado peligroso y la advertencia oficial, por ser indebidamente ambiguas y susceptibles de una aplicación arbitraria.

• El Gobierno cubano también debe cesar la aplicación de los delitos contra la seguridad del Estado contenidos en el Código Penal, tales como la propaganda enemiga, la rebelión, la revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado, la sedición, el sabotaje, y otros actos contra la seguridad del Estado, contra disidentes no violentos por el ejercicio de sus derechos fundamentales. Estas disposiciones deben ser derogadas o reformadas para eliminar el lenguaje ambiguo que permite su aplicación contra dichas personas.

• El Gobierno cubano debe cesar el empleo políticamente punitivo de otras disposiciones legales que, aunque no se ocupan explícitamente del ejercicio de derechos políticos y civiles legítimas, están definidas tan ambigua y ampliamente que pueden ser empleados para impedir que los cubanos ejerzan esos derechos. El Gobierno de Cuba debe reducir el marco de aplicación de varios delitos tales como: la asociación para delinquir, la desobediencia, la resistencia, el insulto, la calumnia, la difamación y la entrada ilegal.

• El Gobierno cubano debe reestructurar su sistema de justicia para restablecer la independencia judicial y fiscal.

• El Gobierno cubano debe reformar el Código de Procedimiento Penal para ofrecer las garantías del debido proceso a los acusados penalmente. En concreto, dicha ley debe contemplar la rápida revisión judicial de todas las detenciones y el acceso pronto de los acusados a sus abogados. El Gobierno cubano debe permitir la práctica de la abogacía sin tener que formar parte de bufetes colectivos.

• El Gobierno cubano debe reformar su Ley de Asociaciones para que permita la legalización de grupos independientes que no estén al servicio de organizaciones controladas por el Estado. Se debe revocar la disposición del Código Penal que penaliza a las organizaciones no reconocidas por la Ley de Asociaciones vigente.

• El Gobierno cubano debe abolir la pena de muerte. Hasta que se adopte dicha medida, se deben conmutar las penas de todas las personas sentenciadas a muerte por presidio perpetuo.

• El Gobierno cubano debe levantar las restricciones a los periodistas extranjeros que trabajan en Cuba y conceder visados a periodistas independientemente del contenido de sus informaciones previas sobre Cuba.

• El gobierno cubano debe cesar la conscripción de menores en las fuerzas armadas.

Prisiones y presos políticos

• El Gobierno cubano debe poner inmediatamente en libertad incondicional a todas las personas actualmente encarceladas por haber ejercido sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión o movimiento, entre ellos todos los encarcelados por la observación y la defensa de los derechos humanos.

• El Gobierno cubano debe emprender iniciativas inmediatas para mejorar las condiciones penitenciarias, garantizando especialmente que no se niegue ninguno de los recursos actualmente disponibles para los presos basándose en sus ideas políticas. El gobierno debe garantizar que todos los presos reciben un aporte calórico diario suficiente y atención médica apropiada y que las condiciones de estancia y sanitarias son adecuadas. El Gobierno cubano debe promover las visitas familiares y cesar la negación arbitraria de suministros, tales como alimentos y medicinas, por parte de las familias de los presos. El gobierno debe tratar el problema de los persistentes abusos físicos por parte de guardias de prisiones mediante investigaciones y medidas disciplinarias contra los funcionarios responsables, en lugar de procesar a los presos que denuncian dichos abusos.

• Hasta que el Gobierno cubano ponga en libertad a todos sus presos políticos, debe segregarlos de los presos comunes.

• El Gobierno cubano debe dejar de castigar a presos políticos por motivos tales como no participar en sesiones de adoctrinamiento político, negarse a llevar uniformes carcelarios o criticar abusos en las prisiones. En concreto, las autoridades cubanas deben cesar inmediatamente el empleo antes del juicio de celdas de castigo o el encierro en incomunicado, cuyo efecto se ve agravado por su utilización durante largos períodos y la privación sensorial.

• El Gobierno cubano debe cesar el hostigamiento a familiares de presos políticos durante las visitas y fuera del recinto de la prisión.

• El Gobierno cubano debe cesar el adoctrinamiento político obligatorio en sus prisiones.

• El Gobierno cubano debe permitir las visitas pastorales del clero, sin someter a los presos a una intensa revisión de sus motivos para dichas visitas.

• Con la intención de aumentar la transparencia, el Gobierno cubano debe hacer pública información detallada sobre su sistema penitenciario. Esa documentación debe contar con: estadísticas sobre el número de presos en detención preventiva y de condenados; personas condenadas a muerte; número de presos varones y mujeres; número de presos asignados a prisiones de máxima seguridad, de mínima seguridad y campos de trabajo; número de menores recluidos en prisiones u otros centros de detención e información sobre los cargos contra cada detenido.

Observación de derechos humanos

• El Gobierno cubano debe permitir la observación de los derechos humanos por parte de grupos nacionales e internacionales. El Gobierno debe reconocer oficialmente a las organizaciones de derechos humanos, otras organizaciones no gubernamentales y los grupos políticos de oposición cubanos. El Gobierno cubano debe conceder acceso regular a sus prisiones a observadores nacionales e internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario. El Gobierno de Cuba debe permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja reanude sus visitas a las prisiones. Además, las autoridades cubanas deben permitir a organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, que realicen investigaciones de derechos humanos en Cuba.

Derechos del trabajador

• El Gobierno cubano debe cumplir sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos del trabajador que ha ratificado.

• El Gobierno cubano debe garantizar que los presos que participan en programas de trabajo penitenciario estén suficientemente alimentados, en buena forma física y reciben una compensación adecuada. El Gobierno cubano debe retirar inmediatamente de los programas de trabajo penitenciario a todos los presos recluidos por expresar ideas políticas.

• El Gobierno cubano debe demostrar respeto a la libertad de asociación poniendo cese a la represión de sindicalistas independientes. El Gobierno cubano debe permitir el funcionamiento legal de sindicatos independientes.

• El Gobierno cubano debe revisar sus leyes sobre la inversión extranjera para eliminar el monopolio de las agencias de empleo controladas por el Estado y otros impedimentos al sindicalismo.

Impunidad

• El Gobierno cubano debe investigar, procesar y sancionar a los funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y debe ofrecer recursos efectivos a todas las víctimas de abusos de los derechos humanos. Todo funcionario que tome represalias contra una persona que alegue abusos de los derechos humanos debe enfrentarse a serias medidas disciplinarias.

• El Gobierno estadounidense debe poner fin al embargo económico sobre Cuba. El embargo no es una política calibrada destinada a provocar reformas en materia de derechos humanos, sino una política de mano dura con el propósito nada menos que de derrocar al Gobierno. Mientras fracasa en su objetivo principal, el carácter indiscriminado del embargo ha hecho que afecte a la totalidad de la población y ha ofrecido al Gobierno una justificación para sus medidas represivas. Las restricciones del embargo del libre intercambio de ideas mediante los viajes constituye una violación de los derechos humanos. Finalmente, el embargo ha convertido en enemigos de Washington a todos sus aliados potenciales, dividiendo así a países que deberían actuar conjuntamente para provocar el cambio en Cuba. Hasta que se adopte dicha medida, Estados Unidos debe revocar las disposiciones de la Ley Helms-Burton que limitan los derechos a la libertad de expresión y de viajar entre Estados Unidos y Cuba, que violan el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• La Posición Común de la Unión Europea establece criterios claros para los avances en materia de derechos humanos en Cuba, haciendo que la plena cooperación económica con Cuba esté condicionada a mejoras de derechos humanos tales como la reforma del Código Penal, la puesta en libertad de presos políticos, el cese del hostigamiento a disidentes, laratificación de convenciones internacionales de derechos humanos y el respeto a las libertades de expresión y asociación. Sin embargo, el Gobierno cubano no ha cambiado su política en estos asuntos desde la adopción de la posición común en 1996. Los gobiernos europeos deben redoblar sus esfuerzos para presionar a Castro para que emprenda reformas.

• El Gobierno canadiense ha seguido una política de relación constructiva con Cuba desde la firma, en enero de 1997, de un acuerdo sobre inversiones que también abrió un diálogo en materia de derechos humanos. Pero Ottawa ha obtenido escasos resultados con su política en La Habana y debe emplear su influencia para provocar reformas.

• Los países iberoamericanos deben aprovechar la ocasión de la próxima cumbre iberoamericana en La Habana, prevista para 1999, para ejercer una presión significativa con el fin de obtener reformas en materia de derechos humanos en Cuba. Durante la cumbre de 1996, Castro firmó la llamada Declaración de Viña del Mar, que comprometía a los signatarios a respetar la democracia y los derechos políticos y civiles. Sin embargo, no ha adoptado ninguna medida para cumplir ese compromiso. Los países asistentes a la próxima cumbre deben pedir cuentas al Presidente Fidel Castro por este incumplimiento y deben buscar compromisos firmes, en lugar de promesas vacías.

• Los inversores extranjeros en Cuba están en una buena situación para utilizar su influencia en negociaciones con el Gobierno cubano. Debe hacer todo a su alcance para garantizar que Cuba respete los tratados internacionales de derechos humanos y del trabajador que está obligada a cumplir. Los inversores deben fomentar y proteger la libertad de asociación y reunión en el lugar de trabajo y deben suscribir políticas en contra de la discriminación política en la contratación. Los inversores deben insistir en que Cuba desista de exigir la mediación de agencias de empleo controladas por el Estado para la contratación de personal. Además, las compañías deben adoptar medidas para evitar el empleo de productos fabricados en su totalidad o en parte en programas de trabajopenitenciario, en los que se exige injustamente la participación de presos políticos o que los presos trabajen en condiciones atroces.