Política de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) esbozó una política especial de derechos humanos hacia Cuba en su "Posición Común" de 1996, al condicionar la plena cooperación económica con La Habana a importantes reformas en materia de derechos humanos. Además, la UE ha manifestado su fuerte oposición al embargo comercial de Estados Unidos sobre Cuba, especialmente en su forma actual con la Ley Helms-Burton, mientras ha fomentado el diálogo con Cuba con la intención de promover una apertura política y económica. Sin embargo, los intentos de utilizar la ayuda europea para inducir a Cuba a introducir reformas en materia de derechos humanos han sido rechazados por La Habana, lo que ha dejado a la política europea, al igual que la estadounidense, en la estacada. La Unión Europea, en colaboración con Canadá y los países de América Latina y el Caribe, debe redoblar sus esfuerzos para provocar reformas de derechos humanos en Cuba. Si no se logran inmediatamente reformas importantes, se deben perseguir con más energía objetivos más modestos, tales como la puesta en libertad de ciertos presos políticos y el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones.

En junio de 1995, la Comisión Europea recomendó el inicio de conversaciones preliminares con el Gobierno cubano con la intención de alcanzar un "acuerdo de cooperación" que estableciera las condiciones de la asistencia europea a la isla, similar al que tiene con el resto de países de América Latina. Esta iniciativa venía precedida de un aumento vertiginoso del comercio y las inversiones europeas en Cuba. A principios de los noventas, Europa pasó de tener un papel insignificante en el comercio y las inversiones en Cuba a convertirse en el sociocomercial más importante de Cuba y la segunda fuente de inversión extranjera.166 Según recientes cifras oficiales, la mitad de las aproximadamente 350 empresas con capital extranjero que han sido autorizadas en Cuba pertenecen a países de la Unión Europea.167 En diciembre de 1995, durante una cumbre de la UE en Madrid, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que continuara sus conversaciones preliminares con el Gobierno de Cuba y presentara un borrador del acuerdo de cooperación en 1996. El comisario español Manuel Marín viajó a Cuba en varias ocasiones. En febrero de 1996, en su visita más importante, Marín se reunió con Fidel Castro y miembros de su gobierno pero no pudo lograr su objetivo de que se aprobaran las reformas de derechos humanos necesarias para llegar a un acuerdo.168

La nuevas relaciones cordiales con la Unión Europea se vieron enfriadas, sin embargo, por el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aviones civiles en el espacio aéreo cubano, el encarcelamiento de los líderes del grupo disidente Concilio Cubano y el fracaso de los esfuerzos de Marín para obtener un compromiso de reformas en derechos humanos por parte del Gobierno de Cuba. Además del compromiso de dar más libertad a las empresas privadas, entre las listas de reformas necesarias de Marín se encontraba la anulación de ciertas disposiciones del Código Penal cubano que violan la libertad de expresión y de asociación. Mientras Marín se disponía a partir de la isla con las manos vacías, los agentes de la seguridad cubana detenían a la cúpula completa del Concilio Cubano, entre ellos los que se habían reunido con Marín durante esa misma visita.169 El firme rechazo del Gobierno de Cuba a la iniciativa europea hizo inconcebible la discusión de un acuerdo de cooperación.

La posición consiguiente de la Unión Europea se definió en diciembre de 1996, con la adopción de la "Posición Común" sobre Cuba, que la Unión Europeaha renovado cada seis meses desde entonces. En el preámbulo del documento se establece una posición de principios sobre derechos humanos y se toma cautelosamente distancia de la política de Washington:

El objetivo de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba es favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano. Es muy probable que la transición sea pacífica si el régimen actual inicia por sí mismo o hace posible dicho proceso. La política de la Unión Europea no contempla provocar el cambio mediante la aplicación de medidas coercitivas que tengan por efecto incrementar las dificultades económicas del pueblo cubano.170

Al señalar que los Estados Miembros de la Unión Europea seguirán realizando acciones específicas de cooperación económica y ayuda humanitaria a través de organizaciones no gubernamentales, en la Posición Común se afirma que la Unión Europea considera que "una plena cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales...." En concreto, la UE alienta "la reforma de la legislación nacional en lo referente a los derechos políticos y cívicos, incluido el Código Penal cubano, y por consiguiente, la supresión de todos los delitos políticos, la liberación de todos los prisioneros políticos y el fin del hostigamiento y de las medidas represivas respecto de los disidentes...."171 El 6 de diciembre de 1998, la UE concluyó que había "intensificado su diálogo con las autoridades cubanas en todos los sectores de la sociedad cubana, en particular con respecto a los derechos humanos..." y confirmó su fuerte deseo de "ser socio de Cuba en la progresiva e irreversible apertura de la economía cubana." La UE, "sin embargo, consideró que la plena cooperación conCuba dependería de la mejoría de la situación relativa a los derechos humanos y a las libertades fundamentales."172

En junio de 1998, en un esfuerzo por mantener el diálogo con Cuba mientras insistía en las reformas de derechos humanos, la Unión Europea aceptó que el Gobierno de Cuba participara como observador en la ronda de negociaciones del Tratado de Lomé, que otorga un trato comercial preferente a setenta países menos desarrollados en África, el Caribe y el Pacífico (grupo ACP). Sin embargo, la plena integración de Cuba en el grupo dependerá de la adopción de importantes y sustanciales reformas en materia de derechos humanos y libertades políticas. El Ministro de Relaciones Exteriores cubano Roberto Robaina rechazó rápidamente estas condiciones.173 Durante una visita a Cuba, en noviembre de 1998, el Ministro de Asuntos Exteriores español Abel Matutes comentó sobre las posibilidades de que Cuba ingresara como miembro de pleno derecho en el grupo ACP y subrayó su esperanza de que "el proceso de reflexión en el cual está inmerso el Gobierno cubano llegue a una conclusión positiva, de manera que Cuba pueda beneficiarse de los excelentes instrumentos que la UE está ofreciendo a los países en vías de desarrollo."174

Mientras tanto, el hecho de que los trabajadores cubanos en empresas extranjeras-al igual que sus compañeros en el sector estatal-no puedan organizarse o negociar colectivamente presenta un dilema para las compañías europeas que no quieren ser cómplices de las violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno cubano. Los derechos del trabajador están limitados por el control gubernamental de los contratos y los despidos, las reglas que prohíben solicitar una mejora de las condiciones laborales o un aumento salarial y otras leyes que restringen la libertad sindical.175 El hecho de que las compañías europeas-al igual que todos los inversores extranjeros en Cuba-se beneficien económicamentede estas restricciones no debe ser ápice para la adopción de medidas para la promoción de los derechos del trabajador. Los inversores deben insistir en que los criterios empleados por el Gobierno en las contrataciones individuales no discriminen por razones políticas, religiosas o raciales. Es más, los Gobiernos europeos deben plantear como principal objetivo de las relaciones bilaterales con Cuba el derecho a formar sindicatos independientes y el establecimiento de la libertad de negociación colectiva.

En los últimos cuatro años, Canadá también ha emprendido iniciativas para fortalecer sus relaciones diplomáticas con Cuba mientras sus inversiones en la isla aumentan significativamente. La política canadiense, al igual que la de la Unión Europea, está basada en el diálogo e importantes inversiones combinadas con ciertas críticas de las violaciones de los derechos humanos. Cabe reconocer que el Gobierno canadiense ha mantenido un diálogo bilateral con Cuba sobre derechos humanos desde enero de 1997. Sin embargo, el mensaje de Canadá sigue siendo débil.

La política canadiense de participación constructiva con Cuba se basa en un acuerdo de enero de 1997 entre Ottawa y La Habana relativo a las inversiones, los impuestos, las transacciones bancarias y otros asuntos. En el acuerdo se contemplaba la celebración de seminarios en Canadá y la capacitación de jueces en asuntos de derechos humanos. Desde entonces, se han celebrado varios seminarios sobre los derechos de la mujer y del niño.176 El Gobierno cubano, que detuvo a varios disidentes durante la negociación del acuerdo, no parece haber modificado sus prácticas de derechos humanos como resultado del programa.

Los funcionarios canadienses, especialmente el Ministro de Relaciones Exteriores Lloyd Axworthy, han manifestado abiertamente sus críticas al embargo estadounidense, a pesar de haber privado a Cuba de lo que califican de plena cooperación ante la ausencia de reformas de derechos humanos. Lamentablemente, la política canadiense, al igual que la de la UE, ha logrado pocas mejoras en materia de derechos humanos, a excepción de la puesta en libertad de unos cuantos presos políticos a condición de que abandonaran el país. El Gobierno canadiense no ha conseguido que los derechos humanos ocupen el lugar principal que merecenen sus relaciones con Cuba. Es posible que Canadá revise ahora su política de relación constructiva tras la condena de los cuatro líderes de la disidencia a penas de tres a cinco años.

La visita de abril de 1998 del Primer Ministro Jean Chrétien a La Habana demostró tanto su política de no llamar la atención sobre los derechos humanos como la ineficacia de la misma. Aunque en la agenda de la visita se incluían temas de derechos humanos además de los asuntos comerciales, el Primer Ministro no hizo declaraciones sobre las libertades civiles y políticas y evitó el encuentro con disidentes cubanos, aunque el Ministro de Relaciones Exteriores Axworthy y otros miembros de la delegación se reunieron con defensores de derechos humanos. Durante su entrevista privada, Chrétien le entregó a Castro una lista con los cuatro presos cuya puesta en libertad pedía, los miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna detenidos por reclamar reformas democráticas en julio de 1997.177 A pesar de la petición personal de Chrétien, los disidentes siguieron entre rejas y acaban de ser condenados a varios años de cárcel.

El silencio de Chrétien sobre los derechos humanos hizo que se perdiera una posibilidad de aprovechar la situación de apertura política iniciada durante la visita del Papa. Aunque el Pontífice ha denunciado en varias ocasiones el embargo-al igual que los funcionarios canadienses-no dudó en hacer un llamamiento público en favor del respeto a los derechos humanos, durante su visita. La reticencia de Chrétien a plantear temas de derechos humanos sugiere un deseo de aprovechar al máximo las oportunidades de comercio e inversión, mientras Cuba desprecia los principios internacionales de derechos humanos. De hecho, las compañías canadienses, al igual que sus homólogos europeos, se benefician de importantes inversiones en un país donde los trabajadores no pueden organizarse. Al igual que los inversores europeos, las compañías canadienses deben insistir en que las decisiones de contratación no estén basadas en cuestiones políticas, religiosas o raciales, mientras su Gobierno presiona a La Habana para que se establezca el derecho de los trabajadores a formar sindicatos independientes y a negociar colectivamente.

Los funcionarios canadienses han pasado dos años intentando establecer una relación diferente de la de Estados Unidos con La Habana. Ha llegado el momento de que su cautelosa relación con el Gobierno cubano arroje algún resultado. Además de los temas más acuciantes y difíciles, como la suspensión de la penalización de la libertad de expresión y de asociación, Canadá debe presionar para la obtención de objetivos más modestos, tales como que se permita el accesodel Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones cubanas. De otro modo, la política canadiense en materia de derechos humanos será menos perjudicial que la política estadounidense con respecto a Cuba, pero no más efectiva.

AGRADECIMIENTOS

Este informe fue escrito por Sarah A. DeCosse, investigadora de la División de las Américas de Human Rights Watch, sobre la base de investigaciones realizadas entre 1997 y 1999. Anne Manuel, Subdirectora de la División de las Américas, colaboró con la investigación y redacción del capítulo sobre política internacional y editó el informe. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas, Joanne Mariner, asesora jurídica de Human Rights Watch y Jeri Laber, asesora especial de Human Rights Watch, también editaron el informe. La traducción al castellano fue editada por José Miguel Vivanco. La investigación y producción de este informe contó con la colaboración de Megan Himan, Jessica Galería, y Monisha Bajaj, asistentes de la División de las Américas, así como de Amanda Sussman, Ariana Grebe, Loren Becker, Shadi Aryabod, Carina Cristovâo, Jessica Baumgarten y Sarah Carey, pasantes de Human Rights Watch. Agradecemos a Steven Lee Austin por su asesoría en la elaboración de este informe.

Nos sentimos en deuda con todos los ex presos políticos, sus familiares, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, activistas de derechos del trabajador y todos los cubanos entrevistados para este informe. Agradecemos especialmente la disposición a hablar con nosotros de los que aún residen en Cuba. También estamos agradecidos por la colaboración de Giselda Hidalgo y Amado J. Rodríguez de la organización Derechos Humanos en Cuba. Queremos dar las gracias a David Nachman, miembro del Directorio de la División de las Américas de Human Rights Watch, que entrevistó al Sr. Roberto Díaz Sotolongo, Ministro de Justicia de Cuba.

La Fundación J.M. Kaplan ofreció su generoso apoyo para la traducción al castellano de este informe. Juan Luis Guillén de Global Communications L.L.C. tradujo este informe.