Guatemala avanzó muy poco en la investigación y enjuiciamiento de los abusos cometidos en el pasado. Tres años después de que la Comisión de Esclarecimiento Histórico promovida por la ONU informara sobre 200.000 muertes y decenas de miles de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno (incluyendo "actos de genocidio"), el sistema penal sólo había sido capaz de resolver un pequeño número de dichos casos.
Los guatemaltecos que exigieron la determinación de los responsables por los abusos ocurridos en el pasado siguieron enfrentando enormes obstáculos. El trabajo del Ministerio Público se vio gravemente mermado por la escasez del presupuesto asignado por el Congreso, lo que hizo que los fiscales llevaran demasiados casos con recursos insuficientes. En general, los tribunales (incluidas la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad) no resolvieron los recursos y las peticiones judiciales de manera rápida permitiendo así que los abogados defensores realizaran maniobras de carácter claramente dilatorio. El ejército y otras instituciones oficiales no cooperaron plenamente con las investigaciones sobre abusos cometidos por sus miembros activos o retirados. El obstáculo más grave para el progreso en estos casos fue quizá la intimidación de testigos y funcionarios judiciales. (Véase más adelante.) La policía no ofreció medidas de protección adecuadas a las personas involucradas en casos delicados.
Una excepción importante fue el juicio contra tres oficiales superiores acusados de planear el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. En octubre, un tribunal compuesto por tres magistrados condenó al Coronel Juan Valencia Osorio por su participación en los hechos ocurridos en 1990. Valencia, que fue condenado a 30 años de prisión, fue el primer oficial superior del ejército encarcelado por haber planeado violaciones a los derechos humanos durante el período de la guerra civil. Los oficiales acusados junto a él, el General Augusto Godoy Gaitán y el Coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, fueron absueltos por el mismo tribunal.
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Lamentablemente, el caso Mack parecía ser la excepción que confirmó la regla de impunidad.
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Lamentablemente, el caso Mack parecía ser la excepción que confirmó la regla de impunidad ante los abusos cometidos por miembros activos o retirados de las fuerzas armadas guatemaltecas. La condena se logró gracias a una dura campaña de 12 años organizada por Helen Mack, la hermana de la víctima. El proceso estuvo plagado de amenazas y actos de violencia contra los funcionarios judiciales, los testigos y los abogados. En julio, Helen Mack se vio obligada a salir del país después de ser informada sobre la existencia de una conspiración para asesinarla. En agosto, Roberto Romero, abogado de la Fundación Myrna Mack, denunció que había recibido amenazas de muerte y que habían disparado contra su casa de Ciudad de Guatemala. La negativa de las fuerzas armadas a suministrar la información solicitada y su obstrucción de la investigación mediante la presentación de datos falsos y documentos manipulados entorpecieron la instrucción del caso. El proceso también se vio dificultado por el empleo de maniobras legales dilatorias por parte de los abogados de la defensa y por el hecho de que los magistrados no adoptaran medidas oportunas para evitarlas.
Otro caso en el que se hicieron escasos progresos fue el relacionado con los cargos presentados contra los ex presidentes Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, y contra la cúpula militar de sus respectivos gobiernos, por 21 comunidades indígenas afiliadas a la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) y representadas legalmente por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). En ambos casos se denunciaban crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio, cometidos a principios de los años ochenta. Un fiscal especial del Ministerio Público, que había iniciado la instrucción de los casos en los años 2000 y 2001 respectivamente, continuó tomando declaración a cientos de testigos de las masacres.
Sin embargo, otros procesos importantes estuvieron paralizados. Por ejemplo, en un caso relacionado con la masacre de más de 160 personas, ocurrida en 1982 en el pueblo de Las Dos Erres, Petén, los abogados de la defensa continuaron evitando la celebración del juicio mediante docenas de mociones dilatorias que el tribunal rechazó en su mayoría por ser "notoriamente infundadas."
Los abogados de la Fundación Rigoberta Menchú se quejaron por irregularidades judiciales en la tramitación de una demanda civil presentada por los familiares de 11 personas asesinadas en 1995 en la masacre de la comunidad de Xamán, departamento de Alta Verapaz. Uno de los problemas fue la decisión del juez de no permitir 54 de las 60 preguntas que los abogados de la fundación tenían preparadas para los soldados que presuntamente habían participado en la masacre. Otro fue que el juez citara a declarar a la misma hora del mismo día a 40 testigos de Xamán, en su mayoría mujeres que se habían desplazado hasta Ciudad de Guatemala con sus hijos. Cuando sus abogados se dieron cuenta de que tendrían que pasar horas y hasta días apiñadas en una sala del tribunal a la espera de turno para prestar declaración, solicitaron y obtuvieron la suspensión de las diligencias.
La sentencia en uno de los escasos juicios concluidos con éxito contra oficiales militares en relación a episodios de violencia política-la condena en 2001 de tres oficiales y un civil por el asesinato en 1998 del Obispo Juan Gerardo Conedera-fue anulada por un tribunal de apelación en octubre. Este tribunal aceptó el argumento de la defensa de que la corte inferior no había revisado adecuadamente las pruebas presentadas en el juicio. Los abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), parte acusatoria en el caso, habían planteado previamente serias dudas sobre la imparcialidad de unos de los magistrados del tribunal de apelación-incluido el hecho de que se había referido presuntamente a los abogados de la ODHA como sus "enemigos" personales. Tanto la ODHA como el Ministerio Público solicitaron a la Corte Suprema que revocara el fallo de la corte de apelaciones por haberse excedido en el ejercicio de la revisión judicial. La Corte Suprema decretó una suspensión temporal de la sentencia mientras evaluaba los elementos concretos de dichas peticiones. Al momento de la redacción de este informe, la Corte Suprema todavía no había emitido una sentencia firme.
Las denuncias contra la corrupción oficial provocaron represalias violentas en varias ocasiones. El Fiscal Miguel Ángel Bermejo, que se encontraba investigando denuncias por corrupción dentro del Ministerio del Interior, dijo haber recibido amenazas de muerte y se le informó que varias personas planeaban asesinarlo si continuaba con sus investigaciones. En febrero, César Augusto Rodas Furlán, testigo en un destacado caso de corrupción, fue asesinado a tiros en Ciudad de Guatemala.
Los agentes de la policía nacional continuaron haciendo uso excesivo de la fuerza contra civiles. En la mayoría de estos casos se trató de situaciones de abuso de autoridad por parte de agentes mal entrenados y sin disciplina. Sin embargo, también hubo operaciones policiales en las que se empleó una fuerza excesiva de manera aparentemente deliberada. En enero, por ejemplo, agentes del Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN) hicieron una redada en el pueblo de Chocón, donde abrieron fuego contra los residentes y mataron a dos civiles. Al momento de la redacción de este informe, se continuaba investigando la actuación de varios de esos agentes.
Las trabajadoras de las dos industrias guatemaltecas donde predominan las mujeres-los sectores del procesamiento para la exportación (maquiladoras) y de las trabajadoras de casas particulares-continuaron siendo discriminadas sexualmente por los empleadores privados y el gobierno. A las trabajadoras de casas particulares se les siguió negando el disfrute de ciertos derechos laborales fundamentales, tales como el derecho al salario mínimo y a una jornada laboral de ocho horas, y tuvieron limitado el derecho a días festivos pagos. Especialmente las muchachas jóvenes fueron víctimas, en ciertos casos, de situaciones de acoso y violencia sexual en las casas en las que trabajaban. El Congreso rechazó las propuestas de reforma del código laboral que buscaban ofrecer igualdad de derechos a estas trabajadoras.
A pesar de estar protegidas por la ley, las mujeres empleadas en el sector de la maquiladora enfrentaron una discriminación sexual constante, principalmente como consecuencia de su maternidad, con pocas esperanzas de que el gobierno remediara esta situación. Las maquiladoras guatemaltecas, muchas de las cuales son proveedoras de conocidas empresas surcoreanas y estadounidenses, discriminaron a las mujeres de varias maneras-exigiéndoles que se sometieran a una prueba de embarazo para obtener un contrato; negando, limitando o condicionando las prestaciones por maternidad a las mujeres embarazadas; denegándoles la atención a su salud reproductiva; y, en menor medida, despidiendo a trabajadoras embarazadas. Al momento de la redacción de este informe, el gobierno guatemalteco todavía no había adoptado las medidas necesarias para investigar y remediar de manera sistemática estas violaciones a los derechos de las trabajadoras.
El Congreso no aprobó ninguna ley para la abolición de la pena de muerte. No obstante, en julio, el Presidente Portillo anunció una moratoria para evitar su aplicación durante su mandato.
En julio, el Presidente Portillo anunció su respaldo a un programa de compensaciones económicas a ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupo integrante de la estrategia contrainsurgente que trajo consigo violaciones terribles y generalizadas a los derechos humanos durante la guerra civil guatemalteca. En dicha propuesta no se incluyó ningún mecanismo de selección que permitiera evitar que los delincuentes más destacados recibieran dinero del estado. El anuncio del presidente fomentó las iniciativas ya en curso para renovar la afiliación y la lealtad a las PAC. Dado el papel histórico de las PAC en los abusos contra los derechos humanos, estas acciones amenazaron con minar los avances conseguidos con respecto al restablecimiento del estado de derecho en Guatemala.
La defensa de los derechos humanos
Los defensores de los derechos humanos guatemaltecos se vieron sometidos a numerosos actos de intimidación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que había recibido información sobre "más de 100 ataques y actos de intimidación contra defensores" (entre ellos funcionarios judiciales, líderes de la sociedad civil y testigos civiles) en el año 2002. Estos ataques incluyeron "registros ilícitos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, robo de equipos e información, amenazas de muerte proferidas por teléfono y por escrito, ataques contra la integridad física, seguimientos, secuestros, y, en algunos casos, asesinatos".
Aunque algunos de estos incidentes podrían atribuirse a la delincuencia común, muchos otros fueron claramente cometidos con el objetivo de intimidar a miembros de la comunidad de derechos humanos. Por ejemplo, varias organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, recibieron amenazas de muerte en las que se hacía referencia explícita a su trabajo en casos de derechos humanos. Las oficinas de algunas ONG fueron saqueadas -- y algunos de sus miembros atacados -- por personas que no demostraron ningún interés en robar los objetos de valor que un delincuente común se habría llevado.
Más grave aún; el 29 de abril, Guillermo Ovalle de León, miembro de la Fundación Rigoberta Menchú, fue asesinado a tiros en un restaurante de Ciudad de Guatemala cercano a su oficina. Como señalaron los miembros de la fundación a Human Rights Watch, parecía improbable que se tratara de un robo a mano armada teniendo en cuenta el reducido tamaño del restaurante. En julio, dos hombres asaltaron a una de las abogadas de la fundación frente a la misma oficina. Según declaró a Human Rights Watch, la tomaron por el cuello y la insultaron, pero no serobaron la computadora portátil que llevaba consigo.
Según el gobierno guatemalteco y los funcionarios de la ONU, lo más probable era que los responsables de estos actos de intimidación fueran grupos clandestinos conectados tanto a las fuerzas de seguridad como al crimen organizado. Esta conclusión se ve respaldada por el hecho de que demostraran, en sus amenazas y sus acciones, que tenían el tipo de información relativa a la identidad y las costumbres de sus víctimas que tradicionalmente controlan los servicios de inteligencia militares. En una amenaza por escrito dirigida a un equipo de antropólogos forenses se incluían los nombres de personas que no habían participado en exhumaciones desde mediados de los años noventa, lo que indicaba que sus autores llevaban varios años recopilando información -- o por lo menos tenían acceso a una institución que contaba con ella.
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Los guatemaltecos que exigieron la determinación de los responsables por los abusos ocurridos en el pasado siguieron enfrentando enormes obstáculos.
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Muchos observadores creían que el objetivo de los ataques consistía en minar los esfuerzos tendientes a investigar y enjuiciar los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Sea cual fuere el motivo real, estos ataques tuvieron una repercusión evidente y obligaron a los miembros de las organizaciones afectadas a tomar medidas preventivas -- incluida la salida del país -- que socavaron su trabajo en materia de derechos humanos.
En respuesta a la crisis, el gobierno de Portillo organizó una serie de reuniones entre un "Gabinete de Seguridad" especial (integrado por los ministros más importantes del gobierno y encabezado por el vicepresidente) y representantes de ONG víctimas de esta situación de hostigamiento. Sin embargo, estos encuentros no arrojaron resultados concretos y los activistas decidieron abandonarlos, alegando que el gobierno no estaba adoptando medidas serias para investigar y emprender acciones contra los grupos clandestinos.
El Fiscal General nombró como fiscal especial encargada de estos casos a Tatiana Morales, quien contó con el respeto y la confianza de la comunidad de derechos humanos. Sin embargo, tenía a su disposición escasos recursos y, sin fondos e investigadores adicionales, parecía improbable que pudiera lograr avances sustanciales en la gran cantidad de casos a su cargo.
El gobierno ratificó varios tratados relacionados con los derechos humanos, entre ellos el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El papel de la comunidad internacional
La Organización de las Naciones Unidas
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala(MINUGUA) continuó desempeñando un papel central en la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz de 1996. Los informes de MINUGUA contienen análisis detallados de la situación de los derechos humanos e indican que no se habían implementado todavía algunos aspectos significativos de los acuerdos.
Guatemala mantuvo su invitación permanente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que enviara a relatores especiales a investigar las condiciones de derechos humanos en el país. En junio, tras una misión oficial de investigación de seis días, Hina Jilani, la representante especial del Secretario General sobre el asunto de los defensores de los derechos humanos, expresó su preocupación con respecto al clima de terror e inseguridad en el que operaban los activistas pro derechos humanos. Señaló la falta de compromiso del gobierno guatemalteco para garantizar su protección y el empeoramiento de la situación de los derechos humanos. Jilani, junto con el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, formuló un llamamiento urgente al gobierno guatemalteco para que investigara las amenazas de muerte y garantizara el derecho a la vida y la integridad física de los defensores de los derechos humanos.
En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer presentó una evaluación crítica de las instituciones creadas por el gobierno guatemalteco para promover la igualdad de género.
La Organización de Estados Americanos
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una delegación para evaluar la situación de los derechos humanos en Guatemala. La delegación se reunió con el Presidente Alfonso Portillo y funcionarios de su gabinete, así como con representantes de organizaciones de derechos humanos, derechos indígenas y organizaciones laborales. Al final de la visita, la delegación emitió una declaración resumiendo sus conclusiones, entre ellas que "la Comisión ha comprobado que no existen avances significativos en la investigación y sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos." Agregó que estos problemas eran "uno de los factores más importantes para la persistencia de la impunidad en la sociedad guatemalteca" e instó al gobierno a asignar mayores recursos al Ministerio Público y a otras instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos. La Comisión también describió "un patrón de intimidación hacia los defensores de derechos humanos." Finalmente, expresó una "profunda preocupación" por la reorganización de grupos de ex miembros de las PAC.
La Unión Europea
Las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y Guatemala se vieron reforzadas en junio con la adopción de un acuerdo de cooperación de cinco años. El principal objetivo del convenio consistía en mejorar las condiciones para la implementación de los acuerdos de paz de 1996 mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción del respeto por los derechos humanos.
Estados Unidos
El gobierno de los Estados Unidos prestó asistencia-a través de la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID)-a las iniciativas nacionales para investigar y enjuiciar los abusos cometidos en el pasado, respaldando el trabajo de los equipos forenses que practicaron exhumaciones en cementerios clandestinos, y a las ONG involucradas en procesos judiciales sobre derechos humanos. Durante su mandato en Guatemala, recientemente finalizado, la Embajadora Prudence Bushnell intercedió ante el gobierno en varias ocasiones para pedir una mayor protección para los defensores de los derechos humanos.
El Congreso de Estados Unidos había prohibido desde 1990 la concesión a Guatemala de los beneficios asociados a los programas de Educación y Formación Militar Internacional (Internacional Military Education and Training, IMET) y de Financiación a Fuerzas Armadas Extranjeras (Foreign Military Training, FMF). Esta prohibición se modificó tras la firma de los acuerdos de paz para permitir la oferta de cursos ampliados de IMET sobre temas específicos, tales como el control civil de las fuerzas armadas, la reforma de la justicia militar y el respeto de los derechos humanos. Según fuentes de la embajada, en 2002, se ofreció entrenamiento sobre prácticas no letales a unidades antinarcóticos de la policía nacional. Al mismo tiempo, médicos militares estadounidenses y guatemaltecos impartieron cursos prácticos en bases del ejército, y algunos abogados militares estadounidenses participaron en un proyecto de justicia destinado a reformar el código militar guatemalteco.
El Departamento de Estado retiró la visa de entrada a Estados Unidos a algunos ex altos cargos militares, entre ellos el ex general Francisco Ortega Menaldo, que había dirigido la D-2 (antes conocida como la G-2), unidad de inteligencia militar implicada en numerosas violaciones a los derechos humanos. Estas medidas se tomaron en aplicación de una disposición legal que permite emprender acciones contra personas que hayan consentido el narcotráfico o conspirado junto a narcotraficantes.
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