Guatemala

Preocupación frente al posible programa de compensaciones a los ex-miembros de las PAC
Carta al Presidente Portillo

Washington, DC, 2 de octubre de 2002

S.E. Presidente Alfonso Portillo Cabrera
6a. Avenida "A" 4-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA

Excelentísimo Sr. Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresarle nuestra profunda preocupación por la decisión del gobierno de Guatemala de considerar la posibilidad de implementar un programa de compensaciones que beneficie a los ex-miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Estamos sorprendidos por la información difundida recientemente según la cual S.E. apoyaría dicho proyecto, a pesar de haber manifestado su desacuerdo en la entrevista que sostuviéramos con S.E. el mes pasado.

Como es de su conocimiento, las PAC fueron una parte esencial en la estrategia contrainsurgente desplegada en la década de 1980 responsable de violaciones atroces y generalizadas de los derechos humanos. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esta estrategia dió lugar a decenas de miles de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y actos de genocidio. La Comisión atribuyó el 18 por ciento de estos abusos a las PAC. Por tal motivo, un programa destinado a compensar a los ex-miembros de las PAC por los "servicios prestados" -sin un adecuado proceso de selección que excluya a aquellos involucrados en atrocidades - sería completamente inaceptable ya que, en muchos casos, estos "servicios" se tradujeron en gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Como S.E. también sabe, Guatemala tiene la obligación jurídica, de acuerdo a los tratados internacionales ratificados por el Estado, de investigar y promover el procesamiento de los responsables de estos abusos, así también como de indemnizar a las víctimas. En la mayoría de los casos, Guatemala aún no ha cumplido con estas obligaciones. La capacidad de honrar dichas obligaciones ha sido socavada por un conjunto de factores. Uno de ellos es el reducido presupuesto con que cuenta el Ministerio Público y otras instituciones del sistema judicial, que tienen la responsabilidad de ofrecer recursos legales a las víctimas de estos crímenes. Lo anterior, desde luego, de ninguna manera puede ser invocado por esas instituciones para justificar su pobre desempeño en este ámbito en los últimos años. Por otro lado, la reticencia de las Fuerzas Armadas a cooperar con las investigaciones judiciales sobre casos de violencia política contribuye a agravar esta situación. A estos dos factores se pueden añadir los continuos actos de intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil, que apoyan a las víctimas de abusos, a presentar y promover sus casos contra el Estado.

Sinceramente valoramos la oportunidad que tuvimos de discutir estos asuntos directamente con S.E. en el mes de agosto. En aquel momento recibimos con agrado su decisión de descartar completamente la implementación del programa de compensaciones para los ex-miembros de las PAC por sus "servicios prestados," sustituyéndolo por un programa de desarrollo para las comunidades afectadas por el conflicto, independientemente de que sus miembros hubieran servido o no en las patrullas civiles. También celebramos la voluntad de S.E. de enfrentar los obstáculos existentes para ofrecer recursos legales e indemnizaciones a las víctimas de los abusos cometidos durante el conflicto.

Por tal motivo es que estamos sorprendidos por la información según la cual, S.E. actualmente se encontraría promoviendo el desarrollo de un programa de compensaciones para los ex-miembros de las PAC. Esta costosa iniciativa refleja, además, falta de consideración hacia las miles de víctimas de los abusos cometidos por las PAC, a quienes el Estado aún adeuda el pago de indemnizaciones por los daños sufridos, sin contar las deficiencias en materia de administración de justicia, a las que ya he hecho referencia.

Resulta pertinente subrayar que el daño ocasionado por las PAC no se limita a los abusos específicos cometidos por estos grupos paramilitares. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la sóla existencia de las PAC "trastocó valores y patrones de conducta al normalizar la violencia como método para enfrentar situaciones de conflicto y al fomentar el desprecio por la vida de los otros." Por lo tanto, la creación de las PAC en la década de 1980 sirvió para socavar el estado de derecho entre la población campesina. La propuesta de desarrollar un programa de compensaciones por los "servicios prestados" ha contribuido a alimentar los intentos actuales de renovar las afiliaciones y la lealtad hacia las PAC, reivindicando su memoria y erosionando los progresos alcanzados en los intentos de reestablecer el estado de derecho en toda Guatemala.

Reconocemos, por supuesto, que muchas de las personas que participaron en las PAC lo hicieron contra su voluntad. Muchos de ellos fueron víctimas de los abusos del Estado guatemalteco -especialmente de las Fuerzas Armadas- que los obligó a prestar servicio de manera compulsiva en estas unidades paramilitares. Este hecho puede darles el derecho a demandar indemnizaciones por parte del Estado de Guatemala. Sin embargo, cualquier programa de reparaciones deberá estar abierto a todas las víctimas de los abusos cometidos por el Estado a lo largo del conflicto. El éxito de tal programa requerirá que las instituciones responsables de responder a este tipo de demandas cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus tareas de una manera justa y responsable.

Por tal motivo, una vez más instamos respetuosamente a S.E. a que no comprometa a su gobierno en un proyecto costoso y peligroso que compensará a algunos de los peores violadores de derechos humanos en Guatemala. Al contrario, instamos respetuosamente a S.E. a reorientar esfuerzos destinados a fortalecer los mecanismos de administración de justicia y ofrecer reparaciones a todas las víctimas del pasado en Guatemala.

Aprovecho esta oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta consideración y estima.

Atentamente,

/f/

José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo


CONCLUSIONES DE LA MISIÓN A GUATEMALA (30 de agosto de 2002)
DETENER ATAQUES CONTRA DEFENSORES (13 de junio de 2002)
INFORME ANUAL 2002 — CAPÍTULO SOBRE GUATEMALA
LAS TRABAJADORAS GUATEMALTECAS SE ENFRENTAN A LA DISCRIMINACIÓN (12 de febrero de 2002)
PROTEJA A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (3 de octubre de 2001)
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