Las políticas del gobierno adoptadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 alteraron profundamente el panorama de los derechos humanos en 2002. A pesar de que los ciudadanos de los Estados Unidos siguieron disfrutando de una amplia serie de libertades civiles y los líderes de gobierno a todos los niveles respondieron con puntualidad y frecuente efectividad a la ola de crímenes de odio hacia árabes y musulmanes que se llevaron a cabo después de los ataques, el año 2002 se destacó por el significativo salto hacia atrás que se dio en cuestión de derechos humanos.

La detención arbitraria de extranjeros, las vistas secretas de deportación a personas sospechosas de estar conectadas al terrorismo, la autorización de comisiones militares para juzgar a terroristas extranjeros, la falta de acatamiento a las Convenciones de Ginebra en el trato de los detenidos por los Estados Unidos en Cuba, y la detención militar sin cargos o acceso a asistencia legal de ciudadanos de los EE.UU. designados como "combatientes enemigos", se encuentran entre las acciones de Estados Unidos que indican el fracaso de la administración Bush de respetar los derechos humanos y la ley humanitaria en su campaña antiterrorista. Estas medidas afectan principalmente a los extranjeros, erosionando sus derechos básicos y sus protecciones conforme al debido proceso constitucional. También continuaron otros problemas persistentes de derechos humanos en los Estados Unidos, incluyendo abuso policial, sobreencarcelación de delincuentes menores, principalmente afroamericanos e indigentes, y el maltrato de prisioneros.

La Pena de Muerte

Para principios de octubre, los Estados Unidos ya habían llevado a cabo cincuenta y seis ejecuciones durante 2002. Más de la mitad se efectuaron en el estado de Tejas. Para entonces, había 3,718 hombres y mujeres condenados a muerte. Cuatro prisioneros sentenciados fueron exonerados en 2002, para un total de 102 personas liberadas desde 1973 al descubrirse evidencia de su inocencia. En septiembre, un condenado a muerte del estado de Misisipí, convicto por violar y asesinar a una niña de tres años en 1995, obtuvo una revocación de su sentencia y se le otorgó un nuevo juicio. Fue exonerado del crimen luego de que un juez repasara las nuevas pruebas genéticas (DNA).

El continuo uso de la pena de muerte por los Estados Unidos recibió repetidas críticas de sus aliados europeos.

El creciente número de personas condenadas a muerte liberadas de la cárcel a causa de convicciones equivocadas ha contribuido a la continua erosión de la confianza pública en la justicia y la integridad de la pena capital. En abril, una comisión bipartita nombrada por el gobernador George Ryan de Illinois hizo públicos los resultados de un estudio de dos años sobre el sistema de pena capital en Illinois. La comisión recomendó docenas de reformas al sistema de justicia criminal del estado para reducir el alcance y la arbitrariedad de la pena capital y bajar el riesgo de las convicciones y ejecuciones equivocadas. La comisión concluyó unánimemente que ningún sistema, dada la debilidad de la naturaleza humana, puede garantizar absolutamente que ninguna persona inocente sea condenada a muerte. La mayoría de la comisión favoreció abolir la pena capital completamente. A partir de septiembre, la moratoria sobre ejecuciones que el Gobernador Ryan decretó en el año 2000 permanecía en efecto, y el gobernador estaba considerando conmutar las sentencias de todos los condenados a muerte de Illinois a cadena perpetua. En mayo, El Gobernador Paris Glendening impuso una moratoria sobre ejecuciones en Maryland mientas se terminaba un estudio sobre la discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte en dicho estado. Once de los diecisiete condenados a muerte en Maryland eran afroamericanos y todos menos uno fueron convictos por asesinar a víctimas blancas, a pesar de que la vasta mayoría de víctimas de asesinato en Maryland son afroamericanas.

En junio, el Tribunal Supremo emitió una decisión histórica en el caso Atkins vs. Virginia, manteniendo que la ejecución de personas con retraso mental viola la prohibición de trato cruel e inhumano que provee la octava enmienda de la constitución de los EE.UU. Se estima que alrededor del cinco porciento de los prisioneros condenados a muerte padece de retraso mental. Al momento de la decisión, dieciocho de los treinta y ocho estados que aceptan la pena de muerte, y el gobierno federal, prohibieron ese tipo de ejecución. Veinte estados la permitieron y doce estados prohibieron la pena capital completamente. El tribunal se refirió a la legislación estatal así como a la opinión pública para respaldar su conclusión de que por consenso nacional, el ejecutar a retrasados mentales es inconsistente con la evolución de las pautas de decencia del país. La opinión mayoritaria también recalcó la disminución de culpabilidad de los retrasados mentales que son acusados de ofensas, y cuestionó si la pena de muerte cumple con los objetivos de retribución o disuasión cuando se aplica en estos casos. Dos semanas después, el Tribunal Supremo determinó en Ring vs. Arizona que el requerimiento constitucional de juicio por jurado se violó cuando jueces, en lugar de jurados, llevaron a cabo cruciales descubrimientos de hechos requeridos para sentenciar a un acusado a muerte. La decisión del tribunal invalidó las leyes sobre pena de muerte en cinco estados y lanzó dudas sobre las leyes de otros cuatro. La decisión podría afectar a casi ochocientos sentenciados a muerte en el país. Aun cuando las dos decisiones del tribunal fueron esperanzadoras para los opositores a la pena capital, éstos se preocuparon por una decisión de marzo donde el Tribunal Supremo determinó que el derecho que tenía el prisionero condenado a muerte a obtener asistencia de un abogado no se había violado, aún cuando el abogado asignado a representar al acusado había antes representado al mismo joven que le acusaron de matar.

Dos tribunales federales de distrito determinaron que la ley federal de pena capital era inconstitucional. En septiembre, un juez federal declaró que la ley violaba el derecho de un acusado al debido proceso constitucional al permitir que pruebas inaceptables en el juicio fueran usadas durante la sentencia. En julio, un juez había determinado que el derecho al proceso debido se había violado porque el creciente número de exoneraciones de prisioneros sentenciados a muerte logradas con pruebas genéticas (DNA) y otras pruebas era "casi como asesinato de seres humanos inocentes, previsible y auspiciado por el estado". Los fiscales federales apelaron la decisión.

En el Congreso de los EE.UU. creció el apoyo bipartita a la Ley de Protección de Inocencia (IPA), legislación que aumentaría las pautas para la representación legal adecuada en casos de pena de muerte y proveería mayor acceso a pruebas genéticas después de una convicción.

Los Estados Unidos permanecieron prácticamente solos en el mundo en la imposición de la pena de muerte a criminales adolescentes, menores de dieciocho años, en el momento de cometer las ofensas. Sólo los Estados Unidos, el Congo e Irán han ejecutado a delincuentes juveniles en los últimos tres años. Veintidós estados de los EE.UU.siguen permitiendo que se imponga la pena de muerte a delincuentes juveniles; desde el primero de julio de 2002 había ochenta y tres sentenciados a muerte, de los cuales treinta y nueve eran afroamericanos.

El estado de Tejas ejecutó tres delincuentes juveniles en 2002.

El estado de Tejas ejecutó tres delincuentes juveniles en 2002. Napoleon Beazley fue ejecutado el 28 de mayo T.J. Jones el 8 de agosto y Toronto Patterson el 28 de agosto. Todos tenían diecisiete años en el momento de ser convictos. Las ejecuciones le aseguraron a Tejas la poco envidiable posición de ser líder nacional en ejecuciones de delincuentes juveniles. De los veintiún delincuentes juveniles ejecutados en la nación desde 1976, trece han sido de Tejas.

El apoyo público a la abolición de la pena de muerte para delincuentes juveniles aumentó, y esto se reflejó en el creciente número de estados que prohibió dichas ejecuciones. Indiana abolió la pena de muerte para delincuentes juveniles en 2002, llevando a dieciséis el número de estados que estableció los dieciocho años como la edad mínima para la pena de muerte. Durante 2002, se consideraron medidas legislativas creadas para prevenir la ejecución de delincuentes juveniles en por lo menos diez otros estados, incluyendo Tejas.

Muchos expertos legales creían que el tema de las ejecuciones de delicuentes que cometieron sus crímenes como juveniles sería el foco del próximo gran caso sobre la pena de muerte que consideraría el Tribunal Supremo. El 21 de octubre, cuatro de sus jueces se opusieron a la decisión de no considerar el caso de Kevin Nigel Stanford, quien recibió la pena de muerte por un asesinato que cometió en 1981 cuando tenía diecisiete años y quien solicitó una orden de la corte declarando que la ejecución de menores era inconstitucional. Los cuatro jueces opositores opinaron que la ejecución de delincuentes juveniles era "una reliquia del pasado" y concluyeron, "Debemos ponerle fin a esta vergonzosa práctica."

En 2002, un extranjero residente y un ciudadano de doble nacionalidad fueron ejecutados. Tracy Housel, una doble ciudadana de los Estados Unidos y el Reino Unido fue ejecutada en mayo en el estado de Georgia, a pesar de peticiones de clemencia del primer ministro Tony Blair, el ministro del exterior Jack Straw, la Unión Europea y el Consejo de Europa. En agosto, Javier Suárez Medina, un ciudadano mexicano, fue ejecutado en Tejas. De acuerdo a informes, al Sr. Suárez no se le habían explicado sus derechos, bajo la Convención de Viena, de solicitar asistencia del consulado mexicano. El presidente mexicano Vicente Fox, quien había llamado al presidente Bush para pedir clemencia por Medina, canceló un viaje que tenía programado a Tejas después de la ejecución. De acuerdo a Amnistía Internacional, a alrededor de cien condenados a muerte que también eran extranjeros residentes les negaron sus derechos bajo la Convención de Viena.

El continuo uso de la pena de muerte por los Estados Unidos recibió repetidas críticas de sus aliados europeos. La Unión Europea condenó las ejecuciones de delincuentes juveniles y de extranjeros residentes en los Estados Unidos y el Consejo de Europa continuó el llamado a la abolición de la pena capital. La oposición europea a la pena capital complicó los esfuerzos de los EE.UU. por extraditar sospechosos de actividades terroristas desde Europa. En noviembre de 2001, España dijo que no extraditaría sospechosos de terrorismo a los Estados Unidos de éstos estar sujetos a la pena de muerte. La Convención Europea de Derechos Humanos le prohíbe a sus afiliados extraditar sospechosos a países con la pena de muerte. Francia urgió que Zacarías Moussaoui, un ciudadano francés arrestado en los Estados Unidos por sus alegadas conexiones a los ataques del 11 de septiembre, no fuera sujeto a la pena de muerte. Las autoridades alemanas manifestaron su resistencia a entregar evidencia que tenían relacionada a Moussaui y sus vínculos a los terroristas del 11 de septiembre por preocuparles la posible ejecución del sospechoso. En septiembre, Alemania también dijo que las diferencias con los Estados Unidos sobre la pena de muerte probablemente iban a prevenir la entrega de evidencia sobre el caso de Ramzi Binalshibh, un supuesto miembro de al-Qaeda arrestado en Pakistán y ex residente de Hamburgo, que se consideraba como una figura clave detrás de los ataques del 11 de septiembre.

Campaña Antiterrorista

En el aniversario de los ataques del 11 de septiembre, el Presidente George W. Bush afirmó, como lo estuvo haciendo a través del año, que la campaña de los Estados Unidos contra al-Qaeda era una lucha por la libertad, la ley y la dignidad humana. Aún así, muchos de los pasos que dio el gobierno de los Estados Unidos para proteger al país contra el terrorismo contradijeron los propios principios que el presidente se comprometió a defender. Durante el pasado año, el país fue testigo de una erosión persistente de los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la libertad. La rama ejecutiva intentó evadir las restricciones legales impuestas por la ley internacional de derechos humanos y las convenciones de Ginebra, así como la Constitución de los Estados Unidos. Buscó encubrir su conducta del escrutinio público, desdeñando los principios democráticos de la transparencia y la obligación de rendir cuentas al país, y le negó a los tribunales la capacidad de asumir un rol significativo en la protección tanto de los ciudadanos como de los extranjeros contra las detenciones arbitrarias.

El gobierno de los Estados Unidos detuvo discretamente a tres grupos de personas como consecuencia de los hechos del 11 de septiembre. Por lo menos mil doscientos extranjeros fueron detenidos en relación a la investigación terrorista en los Estados Unidos. El segundo grupo estuvo compuesto de por lo menos seiscientos combatientes capturados y otros extranjeros detenidos en la base militar de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, en Cuba. El tercer grupo consistió de dos ciudadanos de los EE.UU. que la administración de Bush definió como "combatientes enemigos", y que fueron detenidos por las fuerzas militares.

Los detenidos después del 11 de septiembre

Alrededor de mil doscientos extranjeros, la mayoría del Oriente Medio o de Asia del Sur, y entre los cuales se encontraban algunos residentes legales permanentes, fueron arrestados en relación a la investigación de los ataques del 11 de septiembre, aunque el gobierno nunca ha divulgado el número exacto. Por lo menos 752 de ellos fueron detenidos por cargos de inmigración; los otros fueron detenidos por cargos criminales o como testigos materiales. Cuatro han sido acusados por crímenes relacionados al terrorismo.

Aunque la detención y los procedimientos de los tribunales relacionados a la inmigración tradicionalmente han sido públicos en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha extendido un manto de secretividad sobre los detenidos de "interés especial": no-ciudadanos detenidos por cargos de inmigración en relación a la investigación del 11 de septiembre. Se negó a revelar los nombres de los detenidos así como los de los testigos materiales, sus lugares de encarcelación y si tenían abogados, arguyendo que el revelar dicha información podría ayudar a terroristas que intentaran interferir con la investigación posterior al 11 de septiembre y amenazar la seguridad nacional. El gobierno también insistió en que los procedimientos de deportación contra los detenidos de "interés especial" fueran conducidos en secreto. A partir de junio se han llevado a cabo más de seiscientos procedimientos cerrados a las familias y amigos de los detenidos, a la prensa y al público en general.

El 2 de agosto, un tribunal federal de distrito describió los arrestos secretos como "odiosos para una sociedad democrática", y ordenó revelar las identidades de los detenidos de "interés especial". El Departamento de Justicia apeló esta decisión. El 26 de agosto, un tribunal federal de apelaciones decretó que los procedimientos de deportación se presume que deben ser abiertos al público, señalando que "la democracia muere tras puertas cerradas". El tribunal afirmó protección constitucional para "el derecho de las personas de saber que su gobierno está actuando de manera justa, legal y precisa en los procedimientos de deportación." En un caso subsiguiente, un tribunal federal de distrito también afirmó que los procedimientos secretos violaban el derecho constitucional de proceso debido ("due process") de los extranjeros, sin una demostración de la necesidad de negarle al público acceso en base a cada caso particular. El 8 de octubre de 2002, sin embargo, otro tribunal federal de apelaciones llegó a la conclusión opuesta, aceptando el argumento del gobierno que el manto de secretividad protegía los intereses de la seguridad nacional. El 28 de septiembre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas de precaución pidiéndole a los Estados Unidos que diera pasos urgentes para proteger los derechos fundamentales de los detenidos para los cuales se ha ordenado deportación o concedido salida voluntaria pero que se han mantenido en detención más allá del tiempo máximo permitido bajo la ley actual para llevar a cabo su deportación de los Estados Unidos.

Human Rights Watch documentó el maltrato a los extranjeros en la investigación del 11 de septiembre, incluyendo: interrogaciones bajo custodia sin acceso a un abogado, detenciones prolongadas sin cargos, invalidación de órdenes judiciales para dar libertad bajo fianza a detenidos durante los procedimientos de inmigración, y las condiciones innecesariamente restrictivas —incluyendo reclusión solitaria— bajo las cuales varios detenidos de "interés especial" fueron encarcelados. Algunos detenidos recibieron abuso físico y verbal por su nacionalidad o religión.