Las ejecuciones extrajudiciales y la conducta policial abusiva continuaron siendo un problema grave en muchas zonas del país. En el estado costero de Espírito Santo, por ejemplo, el grupo paramilitar Scuderie Detetive Le Coq-compuesto principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad civiles y militares-continuaba involucrado en actividades típicas de escuadrones de la muerte y del crimen organizado, gozando de total impunidad.
En julio, el principal organismo oficial de derechos humanos del país-el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CDDPH), encabezado por el Ministro de Justicia Miguel Reale Junior-recomendó que el gobierno federal interviniera en el estado de Espírito Santo con la finalidad de reestablecer el orden público. El Consejo elevó esta recomendación luego de que el colegio local de abogados denunciara que el crimen organizado se había infiltrado en la estructura del gobierno estatal y que el presidente de dicho colegio recibiera numerosas amenazas de muerte. El Fiscal General Federal, Geraldo Brindeiro, desestimó la petición del Consejo alegando que no era una opción viable durante un año electoral. Esta decisión, respaldada por el Presidente Cardoso, provocó la renuncia de Reale Junior, así también como del jefe de la Policía Federal y de otros altos mandos policiales.
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Las ejecuciones extrajudiciales y la conducta policial abusiva continuaron siendo un problema grave en muchas zonas del país.
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En lugar de intervenir en Espírito Santo, el gobierno federal decidió crear una fuerza de trabajo conjunta entre las policías federal y estatal para investigar el crimen organizado y los abusos contra los derechos humanos ocurridos en dicho estado. Al momento de la redacción de este informe, dicha fuerza conjunta se encontraba investigando el asesinato del abogado de derechos humanos Joaquim Marcelo Denadai (que se describe más adelante), las conexiones entre la Scuderie y las autoridades gubernamentales y varias amenazas de muerte contra jueces estatales.
A pesar de los abusos policiales generalizados, sólo cuatro de los 26 estados de Brasil (São Paulo, Pará, Minas Gerais y Rio de Janeiro) y el Distrito Federal contaban con una oficina de derechos humanos dentro de la estructura policial para responder a aquellas denuncias sobre casos de brutalidad policial. La combinación de salarios bajos, formación deficiente y falta de recursos contribuyeron a la corrupción y la violencia generalizada en las fuerzas policiales. En ciertos casos, los agentes policiales recurrieron presuntamente a ejecuciones extrajudiciales para eliminar testigos que pudieran incriminarlos. El 29 de mayo, por ejemplo, dos hombres encapuchados-que, según informes de prensa pertenecían a la policía militar de São Paulo-asesinaron a José Luciano do Nascimento, un trabajador de la construcción que no tenía antecedentes penales. Nascimento había presentado una denuncia por daños corporales graves contra el sargento de la policía Wagner Gomes de Oliveira, que le había disparado en una pierna durante una operación policial en Vila Bulow, provocándole una lesión grave y obligándole a usar muletas.
La violencia contra los trabajadores rurales siguió siendo un problema generalizado que en ciertas ocasiones contó con la participación de la policía. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra, CPT), entre 1988 y agosto de 2002, un total de 1,548 trabajadores rurales fueron asesinados en disputas de tierras en Brasil. Tan sólo en 2002, al menos 16 campesinos fueron asesinados en conflictos de tierras y 73 personas recibieron amenazas de muerte.
El blanco principal de estos hechos de violencia fueron los líderes de las organizaciones campesinas. El 19 de enero, por ejemplo, Jose Rainha Junior, coordinador general del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), recibió un disparo en el hombro cuando intentaba escapar de una emboscada en la parte occidental del estado de São Paulo. Según un grupo brasileño de derechos humanos, la emboscada fue organizada por un terrateniente local cuya finca había sido ocupada por miembros del MST ese mismo día. El 27 de junio, Ivo Laurindo do Carmo, otro líder del MST, murió apuñalado en la región de Irituia, al este del estado de Pará. Do Carmo era un destacado defensor de la reforma agraria que promovía la ocupación campesina de fincas y plantaciones con el fin de presionar al gobierno para que acelerara dicha reforma. Según miembros del MST, Do Carmo llevaba varios meses recibiendo amenazas de pistoleros contratados por dueños de plantaciones. El 23 de julio, otro líder del MST del estado de Pará-Bartolomeu Morais da Silva-fue torturado (con ambas piernas fracturadas) y asesinado con 12 tiros en la cabeza. Al igual que Do Carmo, antes de su asesinato Da Silva había recibido numerosas amenazas de muerte que atribuía a terratenientes locales.
Los episodios de violencia contra los trabajadores rurales, incluso los casos de asesinatos, raramente fueron llevados a juicio, y aquellos juicios que si tuvieron lugar muy pocas veces concluyeron en condenas. El caso de la masacre de Eldorado dos Carajás, cuyo juicio concluyó en 2002, fue una excepción a este patrón. La masacre tuvo lugar en 1996 cuando los miembros del MST organizaron un retén de carretera para protestar. El 6 de abril de 1996, unos 1.500 campesinos bloquearon una carretera rural en Eldorado dos Carajás, en el estado amazónico de Pará, para reclamar por la implementación de una reforma agraria satisfactoria y para que se atendiera su reivindicación del derecho a ocupar tierras improductivas. El 17 de abril, el gobernador del estado de Pará, Almir Gabriel, y el secretario de seguridad pública, Pablo Sette Cbmara, ordenaron a la policía militar que disolviera la concentración. Según investigaciones judiciales, algunas de las víctimas recibieron disparos a quemarropa y otras murieron a una distancia considerable del lugar de los hechos. Los tres oficiales al mando de la operación fueron el Coronel Mario Pantoja, el Mayor José Maria Oliveira y el Capitán Raimundo Lameira de la policía militar de Pará.
En mayo de 2002, un tribunal de Pará condenó al Coronel Pantoja a 228 años de prisión por el asesinato de 19 campesinos. El Mayor Oliveira, uno de los subordinados de Pantoja, fue condenado a 158 años de cárcel: ocho años y cuatro meses por cada persona asesinada. A pesar de las condenas, no se ordenaron las detenciones de Pantoja y Oliveira, que quedaron libres mientras se sustanciaba la apelación de sus sentencias. El Capitán Lameira, el tercer oficial acusado en el caso, fue absuelto por "falta de pruebas." El tribunal tampoco condenó a nueve sargentos y 126 agentes de la policía militar alegando que sólo se habían limitado a "disparar sus armas al aire" y no contra los campesinos. Los fiscales encargados del caso anunciaron que pensaban apelar estos fallos porque "condenar a altos oficiales y no a los autores materiales de la masacre es absurdo".
Los funcionarios gubernamentales al mando de las instituciones responsables de estos hechos-el gobernador del estado de Pará, Almir Gabriel, y el comandante general de la policía militar en ese momento, el Coronel Fabiano Lopes-no fueron llevados a juicio por la masacre. El MST y la Sociedad para la Protección de los Derechos Humanos de Pará, que se retiraron del juicio alegando que los jueces estaban sometidos a presiones de políticas y económicas, continuaron bregando para que se transfirieran los casos de violaciones de los derechos humanos a los tribunales federales de Brasilia. Los defensores de esta medida consideraban que dicha transferencia impediría que las autoridades locales y las elites terratenientes pudieran influir en aquellos juicios que afectaran sus intereses. Al momento de la redacción de este informe, el Congreso tenía pendiente el examen de un proyecto de ley para transferir los casos de violaciones graves a los derechos humanos a la jurisdicción de los tribunales federales.
Los casos de tortura contra detenidos continuaron siendo un problema generalizado. Un caso especialmente notorio de tortura y malos tratos fue el de Fernando Dutra Pinto, fallecido en enero de 2002. Dutra Pinto había secuestrado al magnate brasileño de medios de comunicación Silvio Santos y a su hija, y matado a dos agentes de policía, entregándose finalmente a las autoridades locales. El gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, garantizó públicamente la seguridad de Dutra Pinto y se comprometió a protegerlo de posibles represalias policiales. Sin embargo, Dutra Pinto murió seis meses después. Según la Comisión de Derechos Humanos Teotônio Vilela (Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos), una prestigiosa organización no gubernamental (ONG), los guardias del Centro de Detención Provisional de Belém (Centro de Detenção Provisória do Belém) atacaron y golpearon salvajemente a Dutra Pinto, negándole acceso al tratamiento médico necesario. Tres semanas después Dutra Pinto murió de una infección pulmonar.
Las condiciones de vida en muchas instituciones penitenciarias, cárceles y centros de detención policial de Brasil siguieron siendo inhumanas y la violencia contra los presos continuó siendo un fenómeno común. Uno de los problemas fundamentales fue el del hacinamiento de los presos, especialmente en los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul y Pernambuco. Según cifras oficiales, en abril, las 903 instituciones penitenciarias de Brasil albergaban a 235.000 reclusos, muy por encima de su capacidad máxima (170.000 presos.) La falta de espacio, combinada con la escasez de recursos y personal, trajo aparejada frecuentes motines y estallidos de violencia.
En el mes de enero, por ejemplo, fueron asesinados 27 presos durante un motín en la cárcel de Urso Branco, cercana a Porto Velho, la capital del estado de Rôndonia. El levantamiento se inició tras un fallido intento de fuga y una protesta por las condiciones de hacinamiento y las restricciones a la movilidad impuestas dentro de la prisión. Según informes difundidos por los medios de prensa local, un grupo de presos de bandas rivales apuñalaron, dispararon, ahorcaron y arrojaron a otros presos desde los techos de la cárcel.
En mayo se produjo un incidente similar durante un motín en una prisión de máxima seguridad de Manaus, Amazônas, que acabó con la muerte de 12 presos y un guardia. Los prisioneros organizaron una protesta por la muerte de un compañero que, según informes de prensa, había muerto como consecuencia de los golpes y torturas infligidas por guardias de la prisión. Los reclusos también reclamaban mejoras en la atención médica y que se tomaran medidas para paliar los problemas de hacinamiento.
El 15 de septiembre, las autoridades estatales de São Paulo clausuraron la prisión más grande de América Latina, la Casa de Detenção, en el complejo penitenciario de Carandirú. La prisión se había hecho famosa por una masacre ocurrida en 1992 en la que la policía antimotines mató a 111 presos. Tras el cierre definitivo de la Casa de Detenção los presos fueron trasladados a prisiones más pequeñas y modernas ubicadas en el interior del estado.
Los menores de edad encarcelados también fueron víctimas de numerosas situaciones de abuso y malos tratos. Una investigación conducida por Human Rights Watch en el norte de Brasil develó que los centros de detención de menores habitualmente castigaban los detenidos usando el encierro prolongado en celdas de reclusión, a veces durante más de un mes. Muchos menores detenidos fueron privados de atención médica y educación, contrariamente a lo establecido en la legislación brasileña, y fueron víctimas de episodios de violencia. En abril, en respuesta a los disturbios ocurridos en un centro de detención del estado de Pará, tropas de choque de la policía militar ingresaron lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra los menores golpeándolos con porras y ramas de árboles.
Los casos de censura previa, las demandas judiciales exorbitantes contra la prensa y la violencia contra los periodistas continuaron debilitando la libertad de expresión en Brasil. En numerosas ocasiones las autoridades judiciales a nivel federal y local prohibieron la publicación y ordenaron la confiscación de periódicos y revistas, alegando la necesidad de proteger el "honor y la integridad" de ciertos personajes influyentes. El 24 de mayo, el Juez Marcelo Oliveira da Silva, censuró CartaCapital, un semanario publicado en la ciudad de São Paulo. El juez ordenó a la revista no develar el contenido de un número de conversaciones telefónicas entre el candidato presidencial Anthony Garotinho y Guilherme Freire, quien había aportado dinero a sus anteriores campañas electorales, bajo pena de una multa de 200.000 dólares. Los medios de comunicación tuvieron que pagar indemnizaciones desproporcionadamente elevadas ante casos de demandas judiciales por difamación. Al mismo tiempo, los periodistas responsables deinvestigar actos de corrupción y/o malversación de fondos por parte de funcionarios públicos, frecuentemente acabaron enfrentado causas judiciales y debieron comparecer ante tribunales penales.
Los ataques contra miembros de la prensa, incluyendo casos amenazas de muerte y asesinatos, también fueron motivo de preocupación. Según la Asociación Nacional de Periódicos (Associação Nacional de Jornais, ANJ), una organización de editores de prensa, nueve periodistas fueron asesinados entre 1995 y 2002. Al momento de la redacción de este informe, la mayoría de estos crímenes continuaban sin resolución, contribuyendo de esta manera a la impunidad y fomentando nuevos actos de violencia contra los miembros de la prensa. Tim Lopes, periodista de investigación de la cadena de televisión brasileña TV Globo, desaparecido el 2 de junio, fue protagonista de un caso de violencia particularmente notable. Lopes fue visto por última vez en una favela de Rio de Janeiro, donde se encontraba investigando casos de narcotráfico y de explotación sexual de menores. Según informes policiales, Elias Pereira da Silva, un poderoso narcotraficante local, fue responsable del asesinato de Lopes. El periodista fue torturado, descuartizado y su cuerpo incinerado y enterrado en un cementerio clandestino. El 8 de agosto, Maurício de Lima Matias, presunto cómplice del asesinato, murió en un tiroteo con agentes policiales. Siete sospechosos, incluyendo a Pereira da Silva, habían sido detenidos al momento de redactar este informe.
El 30 de septiembre, dos pistoleros sin identificar asesinaron al periodista Domingos Sávio Brandao, propietario y editor del diario Folha do Estado. Según informes publicados en la prensa local, la muerte de Brandão se encontraba relacionada con sus investigaciones periodísticas sobre casos de narcotráfico y corrupción entre funcionarios públicos. Sin embargo, hasta la fecha ningún sospechoso había sido detenido.
La violencia contra gays y lesbianas también fue motivo de preocupación. Los crímenes de odio contra miembros de la comunidad gay fueron especialmente graves en los estados de São Paulo, Pernambuco y Bahia, y en el Distrito Federal.
El trabajo forzado-abolido oficialmente en 1888- resurgió en los últimos años, especialmente en los ranchos y las industrias madereras del norte del país. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, al menos 25.000 personas se encontraban sometidas a condiciones de trabajo forzosos en Brasil en el año 2002, y las autoridades locales-incluyendo fuerzas de policiales estatales, abogados y tribunales de justicia-toleraron ampliamente dichos abusos. A principios de año, el Grupo de Vigilancia Móvil (Grupo de Fiscalização Móvel) creado en el ámbito del Ministerio de Trabajo para combatir las prácticas de esclavitud informó que había liberado a 1.400 trabajadores, muchos de los cuales presentaban síntomas de desnutrición y padecían enfermedades graves como malaria y hepatitis.
En septiembre, el gobierno federal tomó la decisón de abrir los archivos policiales de la dictadura de 1964 a 1985, sacando a luz información relativa al asesinato y desaparición de cientos de opositores al gobierno militar. Sin embargo, dichos archivos sólo fueron puestos a disposición de los familiares de las víctimas y de una comisión encargada de investigar los crímenes cometidos durante dicho período.
En mayo, el Presidente Cardoso presentó una versión renovada del Programa Nacional de Derechos Humanos de 1996, creado con la finalidad de acabar con las prácticas discriminatorias y resguardar los derechos de los grupos minoritarios, incluyendo a negros, indígenas, gays y lesbianas, y ancianos. Uno de los aspectos destacados del programa, que consta de 518 puntos, es el que promueve el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, contemplando la transferencia de propiedades y el pleno goce de las prestaciones de seguridad social y de salud a parejas del mismo sexo. Algunas de estas medidas, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, estaban siendo debatidas en el Congreso.
Aunque el programa representó un avance significativo en la defensa de los derechos humanos, la experiencia previa indica la necesidad de seguir de cerca la implementación de dicho programa. En los últimos seis años, el gobierno de Cardoso fue incapaz de implementar efectivamente el plan de 1996, así también como de obtener mejoras significativas en la situación de los derechos humanos.
La defensa de los derechos humanos
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La responsabilidad por el asesinato del abogado de derechos humanos Joaquim Marcelo Denadai fue atribuída al grupo paramilitar Scuderie Detetive Le Cocq
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Los defensores de los derechos humanos enfrentaron numerosas amenazas de muerte y situaciones de hostigamiento. En un informe difundido a principios de 2002, publicado conjuntamente por el Centro de Justicia Global de Brasil y la organización Front Line de Irlanda, se presentaban 56 casos de violencia, ocurridos entre 1997 y comienzos de 2002, contra activistas de los derechos humanos . En dicho informe se identifican 19 homicidios y 37 casos de violencia, incluyendo intentos de asesinato, golpizas, secuestros y desapariciones.
La responsabilidad por el asesinato del abogado de derechos humanos Joaquim Marcelo Denadai, ocurrida el día 15 de abril, fue atribuída al grupo paramilitar Scuderie Detetive Le Cocq, que operaba impunemente en el estado de Espírito Santo. Antes de su muerte, Denadai había acusado a la Scuderie de actuar como un escuadrón de la muerte y había presentado quejas por la corrupción generalizada reinante en la policía estatal, incluyendo su participación en numerosas actividades ilegales. Al momento de la redacción de este informe, el agente de policía Dalberto Antunes da Cunha, presunto miembro de la Scuderie, se encontraba a la espera de juicio. Francisco Badenes, detective de policía que investigó al grupo paramilitar, también recibió amenazas de muerte.
El papel de la comunidad internacional
La Organización de las Naciones Unidas
En enero, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, realizó una visita de tres días a Brasil. En dicha ocasión se entrevistó con funcionarios del Ministerio de Justicia con la finalidad de monitorear la implementación de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. También se reunió con el Presidente Cardoso y participó en una serie de actividades organizadas en el marco dell Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre.
Jean Zigler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, visitó el país en marzo. Tras entrevistarse con el presidente, con personalidades políticas y judiciales, y con representantes de ONGs locales, Zigler declaró que la desnutrición grave y crónica en un país rico como Brasil es inaceptable y constituye una violación al derecho a la alimentación.
En marzo, Brasil cursó una invitación permanente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el envío de relatores especiales con el fin de investigar la situación de los derechos humanos en el país.
La Organización de Estados Americanos
En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la ejecución extrajudicial, en 1993, de Deniz Bento da Silva-un activista de los derechos de los trabajadores rurales-por parte de la policía militar del estado de Paraná. La Comisión concluyó que, entre muchas otras violaciones, la policía había vulnerado el derecho a la vida de Da Silva.
En marzo, la CIDH instó al gobierno brasileño a tomar las medidas necesarias para proteger a los presos detenidos en el centro penitenciario Urso Branco de Porto Velho, estado de Rôndonia, después de que un motín ocurrido en el mes de enero acabara con la muerte de 27 reclusos. El hecho de que el gobierno no aplicara dichas recomendaciones provocó la muerte de otros diez presos y forzó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el mes de junio ordenó al gobierno la adopción de medidas para evitar nuevas muertes en Urso Branco.
La Unión Europea
Las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Brasil se vieron fortalecidas en el transcurso del año 2002. La Unión Europea continuó siendo el principal socio comercial de Brasil, recibiendo la mayor parte de sus exportaciones. También fue la principal fuente de ayuda externa para el desarrollo y la principal fuente de inversión extranjera. Hasta el mes de abril, la Unión Europea había destinado 210 millones de euros (unos 205 millones de dólares) a proyectos de cooperación con Brasil.
Estados Unidos
En su informe sobre la situación de los derechos humanos publicado en 2002, el Departamento de Estado de los Estados Unidos remarcó el problema constante de la brutalidad policial en Brasil y constató que las fuerzas policiales estatales se encontraban implicadas en casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y prácticas de tortura. El Departamento de Estado lamentó también que los gobiernos estatales no investigaran adecuadamente ni llevaran a juicio los casos de violaciones a los derechos humanos. El informe se ocupó también de las duras condiciones en las prisiones, la violencia contra los líderes campesinos, el hostigamiento a los defensores de los derechos humanos, el abuso y la prostitución infantil y la violencia contra mujeres, gays y lesbianas.
Al momento de la redacción de este informe, el gobierno de los Estados Unidos no había iniciado ningún programa para atender los problemas en en el campo de los derechos humanos en Brasil.
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