Las personas migrantes y solicitantes de asilo continuaron recurriendo a rutas marítimas peligrosas para llegar a España, en un año que estuvo marcado por un fuerte aumento de las muertes de niñas y niños en el mar. Para quienes buscan asilo, el acceso a protección continuó siendo insuficiente en los enclaves españoles en el norte de África. Pese a las mejoras en el principal programa de asistencia social, las tasas de acceso entre hogares con bajos ingresos continuaron siendo bajas. El racismo, la xenofobia y el discurso de odio en línea alimentaron episodios de violencia antimigrante.
Migración y asilo
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hasta mediados de noviembre, 30.663 personas habían llegado de manera irregular por mar a España. Aunque el número de travesías desde el noroeste de África hacia las Islas Canarias disminuyó respecto al año anterior, cientos de personas siguieron muriendo en el océano, lo que evidencia la insuficiencia de las operaciones de búsqueda y rescate. Una organización de derechos de las personas migrantes estimó que, hasta mayo, 1.865 personas —entre ellas 342 niñas y niños— perdieron la vida en la ruta entre África y España.
Investigaciones documentaron los abusos que enfrentan las niñas y niños migrantes no acompañados en Canarias, como centros de acogida hacinados, fallos en los procedimientos de determinación de la edad, la ausencia casi total de evaluaciones individualizadas de sus necesidades de protección, dificultades para acceder a la educación y la falta de seguimiento al cumplir los 18 años.
Unas 800 personas habían llegado de manera irregular por vía terrestre a Ceuta y Melilla —las ciudades autónomas españolas en el norte de África— hasta mediados de noviembre. En Ceuta, muchas personas se encontraron con obstáculos para presentar solicitudes de asilo una vez en la ciudad, y durante los primeros cinco meses del año solo una persona pudo solicitar asilo en un puesto fronterizo. Organizaciones de la sociedad civil alertaron de que solicitantes de asilo marroquíes en Melilla se quedaron en la calle, en situación de desamparo y sin acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, sin posibilidad de presentar solicitudes de protección.
Las fuerzas de seguridad españolas siguieron cooperando con las autoridades mauritanas y marroquíes. España brindó apoyo a Mauritania en materia de control fronterizo, gestión migratoria y operaciones contra el tráfico ilícito, que incluyó apoyo financiero y material, así como el despliegue de fuerzas españolas en el país, pese a las continuas vulneraciones de derechos de personas migrantes por parte de las autoridades locales. España también aumentó la financiación y el apoyo material a Marruecos para las labores de vigilancia fronteriza.
Las autoridades españolas adoptaron algunas medidas positivas para ampliar las vías legales de migración, aunque los planes para un programa de regularización más amplio se estancaron. El Defensor del Pueblo criticó prácticas administrativas relativas tanto a niñas y niños no acompañados como a quienes llegan con sus familias por no considerar el interés superior del niño, advirtiendo de que la falta de coordinación entre los sistemas de inmigración, educación y protección de la infancia podría derivar en la pérdida de estatus legal.
Pobreza
Los datos oficiales de 2024, publicados en febrero, muestran que el 26,1 por ciento de la población estaba “en riesgo de pobreza o exclusión social” y que el 8,4 por ciento enfrentaba “privación material y social severa”. Ambos porcentajes descendieron ligeramente respecto al año anterior.
En junio, los Ministerios de Derechos Sociales e Inclusión anunciaron medidas para mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre ellas guías de fácil lectura y apoyo para realizar solicitudes digitales. La falta de información clara y accesible se señaló como la principal causa de que un 55 por ciento de los hogares con derecho a la prestación no la hubieran solicitado. Aunque el Ministerio de Inclusión afirmó que más de 750.000 hogares recibían el IMV en julio de 2025, una investigación periodística independiente publicada en abril estimó que la cifra real rondaba los 450.000.
Derecho a la vivienda y a la energía
En febrero, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió una decisión histórica contra España por el corte de suministro eléctrico que afecta, desde octubre de 2020, a zonas del asentamiento informal de la Cañada Real, cerca de Madrid. El comité concluyó que España había vulnerado la Carta Social Europea en materia de vivienda, educación, salud y energía, así como en relación con niñas, niños y jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. La decisión estableció que el acceso a la energía es un elemento fundamental del derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social. Al cierre de esta edición, el suministro no se había restablecido y el gobierno tampoco había ofrecido alternativas habitacionales adecuadas.
En septiembre, tras recursos planteados por organizaciones de transparencia, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno divulgar el código fuente del algoritmo utilizado para determinar qué hogares de bajos ingresos podían acceder a la ayuda social para la electricidad.
En abril se registraron manifestaciones multitudinarias en ciudades de toda España para protestar por los elevados precios y la escasez de vivienda. Algunas disposiciones de la reforma de la ley de vivienda de 2023 entraron en vigor, incluidos los topes a las subidas anuales del alquiler, pero otras protecciones prometidas quedaron pendientes. El 77 por ciento de los desahucios durante el primer trimestre de 2025 se debió al impago del alquiler.
El Defensor del Pueblo solicitó información a 30 administraciones estatales y autonómicas sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la vivienda, el acceso a alquileres asequibles y a un parque público de vivienda adecuado.
Derecho a la salud
En julio, el Ministerio de Sanidad inició una investigación sobre los obstáculos al acceso al aborto y las diferencias en la disponibilidad de servicios en el sistema público de salud entre comunidades autónomas. Las instalaciones públicas de Ceuta y Melilla no ofrecían servicios de aborto. El ministerio recordó por escrito a las autoridades regionales sus obligaciones y advirtió que adoptaría nuevas medidas si los obstáculos persistían.
En marzo, un tribunal de Galicia dictó la primera sentencia que obligaba a una administración local a indemnizar a una mujer por violencia obstétrica durante un parto. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las autoridades españolas habían vulnerado los derechos de una mujer de 56 años sometida a una cirugía por cáncer de mama sin su pleno consentimiento, lo que reforzó las preocupaciones de organizaciones defensoras sobre el marco jurídico que regula la autonomía y el consentimiento informado en la atención sanitaria a mujeres.
Violencia sexual y de género
Veintidós mujeres y tres niñas y niños fueron asesinadas y asesinados por violencia doméstica o de género durante la primera mitad del año, según datos del Ministerio de Igualdad.
Datos del Ministerio del Interior mostraron un aumento del 5,3 por ciento en las denuncias de delitos de violencia sexual durante los primeros seis meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Un tribunal superior redujo las condenas de dos hombres declarados culpables de una agresión sexual grupal en 2016 debido a un vacío legal en la legislación sobre consentimiento sexual aprobada en 2022. La ministra de Igualdad pidió disculpas por el “error” en la redacción de la ley y aseguró que el problema ya había sido subsanado.
En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que España había vulnerado los derechos de dos mujeres al no investigar adecuadamente sus denuncias de haber sido drogadas y violadas en 2016, señalando que las deficiencias cometidas iban más allá de “errores aislados”.
Racismo y discriminación
El Consejo de Ministros declaró 2025 como el “Año del Pueblo Gitano”, con el objetivo de reconocer las contribuciones gitanas a la cultura española y abordar la exclusión estructural y el antigitanismo.
En mayo, el gobierno nombró al primer titular a cargo de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que asumió su cargo en junio, más de dos años después del plazo fijado en la Ley de Igualdad de Trato de 2022.
El racismo, la extrema derecha y la xenofobia contribuyeron a altercados en julio en Torre-Pacheco, Murcia, donde grupos de vigilancia atacaron a personas percibidas como extranjeras. Grupos de extrema derecha habían incitado a la violencia antimigrante tras la agresión a un hombre mayor por tres hombres supuestamente de origen norteafricano. La ministra de Inclusión señaló un incremento del discurso racista en línea dirigido a hombres y niños migrantes, especialmente de origen norteafricano, instó a las plataformas tecnológicas a actuar con mayor contundencia para frenar el odio en línea y defendió el uso, desde 2020, de un sistema automatizado de monitoreo de contenidos.
Estado de derecho
El informe anual sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea recomendó adoptar medidas para garantizar la independencia judicial, abordar la corrupción y los conflictos de intereses, y fortalecer el acceso a la información.
Malos tratos
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa expresó preocupación por denuncias de malos tratos cometidos por los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, y pidió a las autoridades españolas poner fin al uso de la “sujeción mecánica” como método de inmovilización en las prisiones.