El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas. Cientos de críticos y manifestantes, entre ellos muchos participantes en las históricas manifestaciones de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente. Siguen estallando protestas por los prolongados apagones, la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y el fuerte aumento de los costos de Internet.
Los cubanos siguen huyendo del país en grandes números. Según cifras del gobierno, el país ha perdido alrededor del 10 % de su población en los últimos años. Estudios independientes indican que la cifra real podría ser mayor.
El agravamiento de la crisis económica ha socavado el acceso de la población a los alimentos, la atención sanitaria y la electricidad.
Detención arbitraria
Las autoridades detienen arbitrariamente, acosan e intimidan a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos. Muchos han sido recluidos en régimen de incomunicación y algunos denuncian malos tratos.
Según la organización no gubernamental (ONG) Cubalex, al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente en operaciones policiales y de vigilancia estatal entre enero y junio de 2025.
Presos políticos y enjuiciamiento
La ONG Prisoners Defenders informó que, a octubre, Cuba tenía cerca de 700 presos políticos entre rejas.
En octubre, la ONG Justicia 11J informó que 359 personas relacionadas con las protestas de julio de 2021 seguían en prisión, con condenas de hasta 22 años. Otros cientos permanecen bajo arresto domiciliario u otras restricciones.
Los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso, incluido el derecho a un juicio justo y público ante un tribunal independiente e imparcial. Los tribunales siguen estando subordinados al poder ejecutivo.
Las familias de los presos políticos se enfrentan al acoso del Estado. En varios casos, agentes de la seguridad del Estado visitaron sus hogares para acosarlos y disuadirlos de denunciar los abusos.
En enero de 2025, las autoridades cubanas anunciaron la liberación de 553 detenidos, tras negociaciones entre el gobierno cubano, el Vaticano y los Estados Unidos.
Las ONG cubanas independientes estiman que aproximadamente 200 de los liberados eran presos políticos. Muchos ex presos afirmaron haber sido objeto de vigilancia y condiciones estrictas tras su liberación.
En abril, las autoridades volvieron a detener a José Daniel Ferrer, líder del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba, y a Félix Navarro, fundador del Partido Pedro Luis Boitel por la Democracia. En 2020, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró que la detención de Ferrer en ese momento era arbitraria.
En mayo, las autoridades volvieron a detener a Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Las ONG cubanas también informaron de la nueva detención de Jaime Alcide Firdó y Marlon Brando Díaz Oliva en abril y julio, respectivamente.
Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara siguen en prisión. Castillo Pérez, músico, activista y coautor de la canción “Patria y Vida”, que critica al gobierno cubano, fue detenido en mayo de 2021 y sigue en prisión. Otero Alcántara, artista que también apareció en el video de “Patria y Vida”, fue detenido en julio de 2021 tras anunciar en un vídeo que se uniría a las protestas.
Condiciones carcelarias y malos tratos
Las autoridades han negado repetidamente la atención médica a los presos, los han sometido a condiciones de hacinamiento e insalubridad y no han garantizado un acceso adecuado a alimentos y agua. Las familias se enfrentan a restricciones en las visitas. Los detenidos no disponen de un mecanismo de denuncia eficaz para solicitar reparación por los abusos.
Los manifestantes detenidos durante las protestas de julio de 2021 afirmaron que las autoridades los golpearon, los sometieron a aislamiento prolongado y utilizaron posturas de estrés para castigarlos. Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas siguen documentando muertes bajo custodia, que atribuyen a la falta de atención médica, la violencia, la negligencia y las condiciones inadecuadas de las prisiones.
El gobierno niega el acceso a las prisiones a los grupos cubanos e internacionales de derechos humanos.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los cubanos siguen sufriendo una grave crisis económica que limita enormemente su capacidad para acceder a bienes y servicios esenciales. La población se enfrenta a prolongados cortes de electricidad, en algunos lugares de hasta 20 horas al día, y a una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, los cubanos sufrieron cinco apagones a nivel nacional. En julio, el ministro de Salud Pública reiteró que solo el 30 % de los medicamentos de la lista de medicamentos esenciales se podían encontrar en el país.
En una encuesta realizada entre junio y julio de 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó de que siete de cada diez cubanos se saltan comidas diarias y más de la mitad tiene dificultades para adquirir artículos esenciales.
Libertad de expresión
El gobierno controla todos los medios de comunicación, restringe el acceso a la información exterior y censura a los críticos y periodistas independientes.
En mayo, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, aumentó considerablemente los precios de Internet, lo que dificultó el acceso a la mayoría de los cubanos. Los estudiantes universitarios cubanos emitieron declaraciones públicas condenando las subidas de precios y convocando huelgas universitarias, algo sin precedentes en Cuba, donde las universidades están controladas por el Estado. Según Justicia 11J, las subidas de precios de ETECSA provocaron 46 protestas en junio, el número más alto provocado por un evento específico en 2025 en el momento de redactar este informe.
En junio, agentes de la seguridad del Estado detuvieron al periodista Henry Constantín, acusándolo de “desacato” por publicar sobre la vigilancia de la seguridad del Estado. Permaneció detenido durante cuatro días.
Orientación sexual e identidad de género
En julio, el Parlamento cubano aprobó una nueva ley del registro civil que permite el reconocimiento legal del género de las personas transgénero. Sin embargo, el reconocimiento legal del género requiere una evaluación por parte del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que depende del Ministerio de Salud Pública. Exigir una opinión favorable del CENESEX antes del reconocimiento, en lugar de permitir la autoidentificación, constituye una barrera desproporcionada.
Actores internacionales
Estados Unidos continuó con su política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el mantenimiento de un embargo que dura ya décadas y que socava aún más el precario acceso a derechos económicos en el país. Las autoridades cubanas siguen utilizando el embargo estadounidense como pretexto para cometer abusos.
En enero, la administración Biden retiró a Cuba de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. El presidente Trump volvió a incluir a Cuba en la lista seis días después. Varios expertos independientes de la ONU argumentaron que esta designación tiene efectos adversos en los derechos humanos y humanitarios de los cubanos y es contraria al derecho internacional.
La administración Trump también amplió la lista de empresas cubanas con las que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras y restringió los visados para el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios, debido a su rol en violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
La Unión Europea continuó con su política de “relaciones críticas pero constructivas” con el gobierno cubano.