En mayo, Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador. Ese mismo mes empezaron sus mandatos de cuatro años los 137 legisladores de la Asamblea Nacional, donde Lasso no cuenta con mayoría, y eligieron a la primera presidenta indígena de la asamblea. Una de las primeras medidas de Lasso fue presentar un proyecto legislativo orientado a mitigar el grave daño a la libertad de expresión causado durante la década que Rafael Correa ocupó la presidencia.
Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Las reformas llevadas a cabo durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno para reparar los daños infligidos por el gobierno de Correa a las instituciones democráticas lograron mejorar la independencia de instituciones clave, pero los señalamientos de demoras en los procesos judiciales y de presión indebida sobre los tribunales, así como de falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción, continuaron.
Persisten serias preocupaciones respecto a las malas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, las restricciones en el acceso a la atención de la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la escasa protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de personas refugiadas.
La respuesta a la pandemia de Covid-19 ha estado marcada por varios señalamientos de corrupción.
Independencia judicial
Durante la presidencia de Moreno, se le encargó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio reparar el daño causado por el gobierno de Correa a instituciones clave, destituyendo varias autoridades tras evaluar su desempeño y nombrando a nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones.
En agosto de 2020, la Corte Constitucional de Ecuador limitó significativamente las facultades del Consejo de la Judicatura para intervenir en el trabajo de los jueces.
Sin embargo, durante 2021, continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos judiciales, de presiones indebidas de funcionarios gubernamentales sobre jueces y de falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción.
Uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad
El 6 de mayo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Defensa de mayo de 2020, la cual otorgaba amplias facultades a las fuerzas militares para participar en operativos de seguridad durante manifestaciones y reuniones, así como para usar la fuerza letal. Agentes de las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza excesiva contra manifestantes en octubre de 2019. La corte sostuvo que el papel de las Fuerzas Armadas en las actividades de orden público debe ser excepcional, temporal, estar limitado a lo estrictamente necesario y complementar las actividades de los agentes de orden público.
La Corte Constitucional ordenó que la Asamblea Nacional tuviera en cuenta su sentencia y los estándares internacionales relevantes al debatir un proyecto de ley para regular el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que se encontraba en trámite al momento de redacción de este informe.
En agosto, la Defensoría del Pueblo determinó que policías usaron fuerza excesiva en la población rural de La Merced de Buenos Aires al dispersar a residentes que bloqueaban un camino en protesta por una concesión minera otorgada por el gobierno a una empresa australiana.
En marzo, una comisión de la verdad creada por la Defensoría del Pueblo para investigar el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones que tuvieron lugar en 2019 atribuyó las muertes de seis manifestantes a las fuerzas de seguridad. Determinó que alrededor de 75 % de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas eran atribuibles a la policía y 13 % al Ejército.
Condiciones en centros de detención
La sobrepoblación y otras condiciones deficientes, la violencia y la atención de la salud inadecuada son problemas que afectan a las cárceles desde hace tiempo.
Más de 600 detenidos contrajeron Covid-19 en 2020 y se enfermaron estando en pabellones con celdas sobrepobladas. Algunos de estos internos habrían muerto.
En septiembre, un motín en una cárcel de la ciudad de Guayaquil dejó un saldo de más de 118 detenidos muertos y 52 heridos. Por segunda vez desde que asumió la presidencia, Lasso decretó el estado de emergencia en las cárceles, esta vez por 90 días.
Otros dos motines, ocurridos en febrero y julio, dejaron más de cien detenidos muertos y decenas de detenidos y agentes de seguridad heridos, incluida una agente que fue violada.
En los tres motines, policías y soldados intervinieron contra grupos de delincuentes armados dentro de los establecimientos.
Derechos de las mujeres
El 28 de abril, la Corte Constitucional dispuso la despenalización del aborto en todos los casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Para cumplir con esta resolución, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto legislativo el 28 de junio que garantiza el acceso al aborto a las víctimas de violación. El plazo previsto para el debate legislativo en la Asamblea Nacional es de hasta seis meses.
Antes de abril, las mujeres y niñas podían acceder a un aborto solo si tenían una “discapacidad mental” y habían sido violadas o si el embarazo ponía en riesgo su salud o su vida.
La estigmatización, el maltrato por parte de profesionales de la salud, el temor a enfrentar un proceso penal y una interpretación acotada de la excepción de salud continúan obstaculizando el acceso al aborto. Las mujeres de bajos recursos parecen tener mayores probabilidades de ser procesadas penalmente.
La Fiscalía General del Estado informó 49 casos de feminicidio —definido como el homicidio de una mujer en razón de su género— entre enero y septiembre. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil informaron más de 100 casos de asesinatos de mujeres en tan solo los primeros seis meses de 2021.
Derechos de niños, niñas y adolescentes
La violencia sexual es un problema endémico de larga data en las escuelas del ámbito público y privado. Entre enero de 2014 y febrero de 2021, el Ministerio de Educación de Ecuador registró 3.777 denuncias de violencia sexual relacionadas con el ámbito escolar por parte de docentes, personal administrativo y otros estudiantes, incluyendo a través de internet.
El 14 de agosto, Ecuador conmemoró el primer día nacional contra la violencia sexual en las escuelas, en cumplimiento de lo resuelto en 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Albarracín. Paola, quien tenía 14 años cuando el vicerrector de su escuela la violó y abusó de ella, se quitó la vida en 2002. Cuando se preparó este informe, Ecuador no había cumplido de forma total con las medidas ordenadas por la corte, incluyendo publicar datos sobre la violencia sexual relacionada con las escuelas, capacitar al personal educativo sobre cómo manejar y prevenir situaciones de violencia sexual y asistir a las víctimas de violencia sexual relacionada con el ámbito escolar y a sus familias.
En marzo, la Asamblea Nacional modificó la ley de educación de Ecuador al agregar mecanismos contra la violencia en las escuelas y garantizar el libre acceso a la información sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos.
La respuesta del gobierno a la pandemia incluyó el cierre de escuelas en todo el país a partir de abril de 2020. Según datos de UNICEF, Ecuador ocupó el decimotercer lugar a nivel mundial en cuanto al total de días que cerraron las escuelas: 169 días hasta febrero de 2021. Casi 4,5 millones de estudiantes perdieron al menos las tres cuartas partes de un año de instrucción presencial. Durante la pandemia, apenas 4 de cada 10 hogares con niños y niñas menores de 5 años tuvieron acceso a servicios de desarrollo de la primera infancia, incluida la educación preescolar.
Derechos de las personas con discapacidad
Persiste un modelo de sustitución en la toma de decisiones que no reconoce la plena capacidad legal de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, incluido el derecho al consentimiento informado para tratamientos de salud.
El 26 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador no había informado debidamente a Luis Eduardo Guachalá Chimbo, un joven de 23 años con discapacidad intelectual, ni a su madre, sobre el tratamiento que recibía en un hospital público psiquiátrico, y que no se habían adoptado todas las medidas necesarias para obtener su pleno consentimiento. Guachalá había desaparecido del hospital en 2004, y Ecuador no había cumplido con su obligación de buscarlo, según determinó la corte. Nunca fue encontrado.
Orientación sexual, identidad de género y características sexuales
En junio de 2019, la Corte Constitucional se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, al declarar que la legislación ecuatoriana sobre el matrimonio era inconstitucional.
La Asamblea Nacional todavía no ha cumplido con fallos de la Corte Constitucional que le exigen revisar las disposiciones legales sobre el matrimonio civil con el fin de incluir a las parejas del mismo sexo, reformar el procedimiento de reconocimiento legal del género para las personas transgénero a fin de que se base en la autodeterminación, regular los métodos de reproducción asistida y permitir que las parejas del mismo sexo registren a sus hijos usando sus apellidos.
El 28 de junio, la Secretaría de Derechos Humanos creó una subsecretaría de diversidades, a la cual le encomendó formular políticas para prevenir la violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). La subsecretaría no contará con presupuesto propio.
Derechos de pueblos indígenas
La constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunal de tierras ancestrales y a la consulta respecto a los recursos y los proyectos ubicados en dichas tierras. Según informan organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios, estos derechos no están plenamente protegidos.
Varias comunidades han presentado denuncias para proteger sus tierras ancestrales. En un caso, la Corte Nacional de Justicia decidirá si confirma la orden de un tribunal inferior de desalojar a taladores y campesinos que se instalaron en territorio del pueblo indígena siekopai en la provincia de Sucumbíos, en la región amazónica. Los ocupantes tomaron la mitad del territorio y han talado una cuarta parte de la selva, según indicaron líderes comunitarios.
En agosto, la Corte Constitucional falló contra la prisión preventiva de miembros de tribus indígenas aisladas; también estableció que no podía ordenarse la prisión preventiva de tribus recientemente contactadas sin entablar primero un diálogo intercultural adecuado, incluyendo sobre las alternativas a la detención.
Los pueblos indígenas se vieron afectados por el Covid-19. El 18 de junio de 2020, comunidades indígenas waorani demandaron exitosamente al gobierno por su inacción. La jueza ordenó al Ministerio de Salud que enviara personal y equipos médicos para responder a un brote de Covid-19. Para julio de este año, 126 waoranis habían sido vacunados.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Ecuador ha aprobado algunas de las leyes más progresistas de la región sobre protección de migrantes y refugiados. Para septiembre, había 451.093 migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador. Hasta agosto, había 1.151 personas de distintos países reconocidas como refugiadas.
Si bien Ecuador promete brindar atención médica gratuita independientemente de la condición migratoria, las personas venezolanas enfrentan limitaciones.
Los venezolanos tienen diversas opciones para obtener una visa, pero estas implican costos elevados y procesos prolongados, que se ven aún más retardados a causa del Covid-19. El 17 junio, el presidente Lasso anunció un proceso de regularización que podría beneficiar a cerca de 450.000 venezolanos.
Derecho a la privacidad
El 10 de mayo, la Asamblea Nacional adoptó una ley de protección de datos, presentada durante el gobierno del expresidente Moreno tras una violación masiva de datos personales de los ciudadanos. La ley protege en determinadas circunstancias los derechos de los ciudadanos a acceder, corregir y eliminar datos incorrectos sobre ellos en bases de datos.
Libertad de expresión
Poco después de asumir su cargo, el presidente Lasso presentó un proyecto de ley para reemplazar la Ley de Comunicaciones que el expresidente Correa había utilizado para debilitar la libertad de expresión.
En 2018, los legisladores eliminaron el organismo conocido como SUPERCOM, que el gobierno de Correa había utilizado para hostigar y sancionar a medios de comunicación independientes. En 2020, dejaron sin efecto una disposición problemática que identificaba a la comunicación como un servicio público.
El 6 de mayo, la Asamblea Nacional saliente aprobó una Ley para Prevenir la Violencia, el Acoso Digital y la Violación a la Intimidad. Si bien la ley tenía por objeto abordar la violencia de género en línea, podía restringir gravemente la posibilidad de periodistas y otras personas de documentar y exponer conductas indebidas y violaciones de derechos humanos. El presidente Lasso vetó algunas disposiciones penales problemáticas sobre calumnias y divulgación de información secreta o personal. Sin embargo, los legisladores conservaron una definición excesivamente amplia de calumnia, que puede configurarse “a través de cualquiera de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Juicios por abusos del pasado
En 2010, una comisión de la verdad creada para investigar abusos gubernamentales ocurridos entre 1984 y 2008 documentó graves violaciones de derechos humanos contra 456 víctimas. Solo se dictó una sentencia definitiva en dos casos. Otros casos parecen no haber logrado avances.
Covid-19 y corrupción
La pandemia golpeó fuertemente a Ecuador, con 513.026 casos informados y 32.899 muertes por Covid-19 hasta octubre. En junio de 2020, ante denuncias de desaparición de cadáveres de personas que habían muerto tras contraer Covid-19, un juez ordenó a las autoridades que identificaran los cuerpos en morgues de hospitales y de la policía en la ciudad de Guayaquil. Cuando se redactó este informe, decenas de familias aún buscaban los cuerpos de sus familiares.
A pesar de algunas mejoras, la transparencia en los gastos del gobierno en respuesta a la pandemia sigue teniendo vacíos, sobre todo en lo que respecta a la identificación de los beneficiarios efectivos y la publicación de contrataciones de emergencia. La Fiscalía ha investigado señalamientos de corrupción vinculados con la crisis de Covid-19, como malversación de fondos y compras de insumos médicos con sobreprecios.
El gobierno del presidente Lasso aceleró la aplicación de vacunas, y en octubre la cantidad de personas que habían recibido el esquema de vacunación completo era mayor al 57 %.
Actores internacionales clave y política exterior
El 14 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en las condenas dictadas contra el periodista Emilio Palacios y tres directivos del periódico El Universo en 2011, por calumnias en un artículo de opinión que criticaba al entonces presidente Correa. A la fecha de redacción de este informe, no se había emitido una decisión.
El 13 de julio, la Asamblea Nacional ratificó la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que prohíbe la discriminación por razones de expresión de género, circunstancias migratorias y características genéticas.
En agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó una encuesta que revela que 82 % de los migrantes y refugiados en Ecuador enfrentarían riesgos significativos si fueran retornados a su país de origen. ACNUR observó que, desde que Ecuador terminó un programa de visado por motivos humanitarios, la regularización se ha vuelto “difícil” para la población venezolana.
Durante la Asamblea General de la ONU celebrada en septiembre, el presidente Lasso se refirió a la situación de los venezolanos que huyen de su país. Su gobierno ha criticado la situación de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua.
Ecuador se sumó a otros 70 países que destacaron la necesidad de una salida segura para los afganos que huyen. Los 5.000 afganos a quienes Ecuador se ofreció a recibir temporalmente al parecer habrían sido reubicados en otros países por Estados Unidos.