En Argentina existen problemas de derechos humanos históricos, como el abuso policial, condiciones deficientes de detención y la violencia endémica contra las mujeres. En diciembre de 2020, el Congreso aprobó en una votación histórica la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, y puso fin a un modelo de causales de casi un siglo que ponía en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Sin embargo, la implementación de la ley continúa siendo un desafío.
Algunas de las reformas que ha propuesto el gobierno al sistema judicial y al Ministerio Público suponen un riesgo para la independencia de estas instituciones. Asimismo, las demoras en la designación de jueces permanentes socavan el sistema judicial. Resulta preocupante la persistente impunidad por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.
Las elecciones legislativas de noviembre, en las cuales triunfó la oposición, han modificado la composición del Senado, y limitan la posibilidad de que la coalición gobernante sancione leyes sin el apoyo de otros partidos.
Juicios por abusos del pasado
A comienzos de la década del 2000, la Corte Suprema de Justicia y la justicia federal declararon la nulidad de las leyes de amnistía y los indultos concedidos a exmilitares implicados en los delitos cometidos durante la dictadura (1976-1983). El Ministerio Público informó que, hasta junio de 2021, se registraban 3.493 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, 1.030 condenadas y 159 absueltas en estas causas. De 631 investigaciones de crímenes de lesa humanidad, los jueces se habían expedido en 256.
Hasta agosto de 2021, se había identificado a 130 personas apropiadas ilegalmente de sus padres durante la infancia en la dictadura, según la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo. Muchas personas apropiadas se han reencontrado con sus familias.
La gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas sobre los delitos cometidos durante la dictadura dificultan la tarea de jueces y fiscales de llevar ante la justicia a los responsables.
Todavía se desconoce el paradero de Jorge Julio López, víctima de tortura durante la dictadura. López desapareció en 2006, un día antes de la fecha en que debía asistir al juicio contra uno de sus torturadores.
Condiciones en centros de detención y abusos por miembros de las fuerzas de seguridad
La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que hubo 176 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2020 y 77 casos entre enero y junio de 2021. En 2020, el Ministerio Público reportó nueve muertes violentas de personas detenidas en prisiones federales.
Según estadísticas oficiales, más de la mitad de los 11.290 detenidos en cárceles federales no han sido condenados por un delito, sino que están en prisión preventiva. Con el fin de prevenir la propagación del Covid-19, cientos de personas accedieron a la libertad condicional mediante resoluciones judiciales dictadas en 2020, pero no se ha llevado a cabo ninguna reforma significativa para abordar la situación de la prisión preventiva.
En febrero de 2021, la Procuraduría de Violencia Institucional informó que 58 detenidos habían muerto, presuntamente por Covid-19, en cárceles federales durante 2020, la cifra más alta de fallecimientos en cárceles en los últimos 10 años. Entre enero y junio de 2021, la institución reportó 16 muertes.
Las fuerzas de seguridad en ocasiones han empleado un uso excesivo de la fuerza. En 2020, la Defensoría General de la Nación reportó 297 casos de violencia por agentes de fuerzas de seguridad.
La Defensoría General de la Nación reportó abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad en el marco de la implementación de las medidas de confinamiento establecidas para evitar la propagación del Covid-19. Los fiscales continúan investigando el asesinato y la posible desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y Luis Espinosa. Ambos desaparecieron en el contexto del confinamiento nacional establecido en 2020 y fueron encontrados muertos.
Las autoridades en la provincia de Formosa, en el norte del país, emplearon medidas abusivas e insalubres para evitar la propagación del coronavirus, incluyendo el confinamiento de personas en centros de “aislamiento” y “cuarentena” en circunstancias que constituyeron detenciones arbitrarias. Adicionalmente, las autoridades provinciales limitaron la cobertura periodística sobre la situación en Formosa, habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el Covid-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas.
Libertad de expresión
En febrero, un juez federal procesó al exdirector y a la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia por concluir que lideraron una asociación ilícita abocada al espionaje ilegal de periodistas, sindicalistas y políticos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Autoridades de alto nivel, incluyendo el presidente Alberto Fernández, han empleado una retórica hostil contra la prensa independiente, acusándola de propagar “noticias falsas” al informar sobre temas de interés público, incluyendo las irregularidades en la distribución de vacunas contra el Covid-19.
A través de una ley de 2016, se creó una agencia nacional para garantizar el acceso a la información oficial y proteger los datos personales. Desde 2017 hasta agosto de 2021, se habían presentado 20.660 pedidos de información por parte de particulares. Las autoridades contestaron la mayor parte de esos pedidos dentro del término de un mes establecido por ley. Sin embargo, hasta agosto de 2021, los ciudadanos habían presentado 1.220 apelaciones, en la mayoría de los casos después de que las autoridades no respondieran a las solicitudes originales dentro del plazo establecido.
En algunas provincias y municipios no hay leyes sobre libertad de información, lo cual disminuye la transparencia gubernamental.
Independencia judicial
El gobierno de Fernández ha intentado reformar el sistema judicial del país.
El consejo consultivo nombrado en agosto de 2020 por el presidente Fernández para proponer reformas al Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y el Ministerio Público presentó su informe en diciembre de ese año. Las recomendaciones propuestas incluyen modificar la composición del Consejo de la Magistratura y establecer un límite temporal al mandato del procurador general, que actualmente es un cargo vitalicio. Algunos de los 11 integrantes del consejo tenían lazos con funcionarios de gobierno bajo investigación penal. Estos incluyen al abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que por el cargo que ocupa goza de inmunidad de arresto frente a las varias causas por corrupción que enfrenta.
En septiembre de 2020, el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por el gobierno que crea decenas de tribunales penales nuevos para los cuales se designaría a jueces subrogantes, hasta que se nombre a los permanentes. En el pasado, jueces subrogantes han ocupado sus cargos durante años debido a la demora en los nombramientos de jueces permanentes. En 2015, la Corte Suprema concluyó que esta situación atentaba contra la independencia judicial. Hasta septiembre de 2021, había 239 puestos vacantes en la justicia federal y nacional.
En noviembre de 2020, el Senado aprobó otro proyecto impulsado por el oficialismo que reduce la mayoría legislativa necesaria para designar a un procurador general y establece un límite temporal a su mandato, en línea con lo recomendado por el consejo consultivo.
Al momento de preparación de este informe, la Cámara de Diputados todavía no había tratado los proyectos.
La Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, un órgano que es formalmente independiente del poder ejecutivo y que tiene el mandato de documentar e investigar actos del gobierno nacional, continúa vacante. La institución no funciona con normalidad desde 2013, cuando concluyó el mandato del entonces Defensor del Pueblo adjunto. El Congreso no designa a un Defensor desde 2009. El trabajo de la Defensoría y su capacidad de proteger derechos han sido limitados.
Impunidad por el atentado a la AMIA
A 27 años del hecho, aun no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Fiscales argentinos sostienen que el hecho habría sido perpetrado por actores iraníes.
En enero de 2015, días después de haber acusado a la entonces presidenta Fernández de Kirchner de encubrir el papel de Irán en el atentado, Alberto Nisman, el fiscal a cargo de investigar el hecho, fue hallado muerto en su vivienda con una herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado. En junio de 2018, un tribunal de apelación señaló que la muerte de Nisman habría sido un homicidio. Hasta septiembre de 2021, ninguna persona había sido condenada en relación con su muerte.
En marzo de 2018, un tribunal de apelaciones ratificó una decisión que disponía la prisión preventiva de la ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner por su supuesta participación en una conspiración con funcionarios iraníes para frustrar la investigación del atentado durante su presidencia. En diciembre de 2019, un tribunal federal revocó la orden. En una audiencia pública en julio de 2021, Fernández de Kirchner acusó a la justicia de “persecución”. En octubre, un tribunal federal sobreseyó a Fernández de Kirchner y a varios funcionarios de su gobierno, y determinó que la supuesta conducta de Fernández de Kirchner no constituía un delito.
En febrero de 2019, un tribunal absolvió al expresidente Carlos Menem en una causa por presunto entorpecimiento de la investigación inicial del atentado, pero condenó a un exjefe de inteligencia y a un juez. La apelación de la condena al juez se encontraba en trámite en septiembre de 2021.
Derechos indígenas
Los pueblos indígenas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos. Argentina continúa incumpliendo las leyes que garantizan el derecho de los pueblos indígenas —consagrado en el derecho internacional— al consentimiento libre, previo e informado a decisiones gubernamentales y empresariales que podrían afectar sus derechos. Continúa posponiéndose el debate acerca de una ley nacional sobre la propiedad comunitaria indígena de tierras tradicionales, protegida por la Constitución Nacional.
Derechos de niños y niñas
UNICEF informó que entre 357.000 y 694.000 niños y niñas discontinuaron su escolaridad durante 2020 en Argentina. Debido a las restricciones relacionadas con el Covid-19, la mayoría de las escuelas estuvieron cerradas entre marzo y diciembre de 2020 y en algunas provincias también en 2021 por períodos más breves, cuando se llevó cabo una reanudación progresiva de las clases presenciales. El impacto fue mayor en las familias de bajos ingresos, explicó UNICEF, y un 20 % de los niños y niñas que abandonaron sus estudios en 2020 seguían sin ir a la escuela en mayo de 2021.
Derechos de mujeres y niñas
En diciembre de 2020, el Congreso argentino aprobó una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de embarazo en una decisión histórica. La ley también permite la interrupción del embarazo luego de ese período en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo. Sin embargo, reportes indican que existen obstáculos al aborto legal, como la falta de acceso a información sobre la ley, la invocación abusiva de la objeción de conciencia por profesionales de la salud y demoras indebidas. Las mujeres con discapacidad que se encuentran bajo órdenes judiciales que restringen específicamente su capacidad jurídica en relación con el ejercicio de sus derechos reproductivos, o que han sido declaradas legalmente incapaces, deben recibir asistencia de su representante legal o de un familiar para prestar su consentimiento a un aborto, lo cual obstaculiza su ejercicio del derecho legal a obtenerlo.
Asimismo, el Congreso aprobó en diciembre otra ley por la cual se prevé asistencia para las personas gestantes y sus hijos durante los primeros 1.000 días de vida.
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. Los datos más recientes del Registro Nacional de Femicidios, administrado por la Corte Suprema, informaron 251 femicidios (es decir, homicidios de mujeres debido a su género) durante 2020, pero apenas 4 condenas.
Orientación sexual e identidad de género
En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2012, el Congreso sancionó una Ley de Identidad de Género que permite que cualquier persona pueda cambiar su género y su nombre en su documento de identidad y partida de nacimiento mediante un sencillo procedimiento administrativo.
En julio de 2021, el presidente Fernández reconoció las identidades no binarias y permitió que tanto ciudadanos argentinos como ciudadanos extranjeros residentes del país optaran por una tercera categoría de género, “X” (ni hombre ni mujer), en sus documentos de identidad y sus pasaportes. Argentina es el primer país de América Latina que establece esta categoría.
Actores internacionales clave y política exterior
En 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de Macri acordaron un préstamo por USD 57.000 millones. Al momento de preparación de este informe, el gobierno de Fernández estaba renegociando el préstamo con el FMI en un contexto de una profunda crisis económica, que precede la pandemia y fue agudizada por esta. La crisis ha afectado gravemente a las personas que viven en la pobreza y que, según estadísticas oficiales, constituyen el 40 % de la población.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina ha apoyado que la ONU examine violaciones de derechos en Bielorrusia, Etiopía, Eritrea, Nicaragua y Venezuela. En octubre de 2021, Argentina fue reelegida para el período 2022-2024.
Sin embargo, la política exterior de Argentina con respecto a Venezuela y Nicaragua no ha sido consistente. Argentina se abstuvo en una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que rechazaba las elecciones de 2020 en Venezuela, las cuales han sido consideradas fraudulentas por un gran número de actores. En junio y octubre de 2021 también se abstuvo de votar resoluciones de la OEA que condenaban la detención de candidatos presidenciales opositores y críticos en Nicaragua. Argentina y México, que también se abstuvo en ambas oportunidades, emitieron una declaración en la cual justificaron su decisión de junio invocando el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. En noviembre de 2021, Argentina votó a favor de una resolución de la OEA que condenó las elecciones presidenciales nicaragüenses señalando que "no fueron libres, justas ni transparentes, y carecen de legitimidad democrática".
En 2021, Argentina abandonó el Grupo de Lima, una coalición de gobiernos que daba seguimiento a la precaria situación de derechos humanos en Venezuela, y se retiró también de una remisión a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional —realizada en 2018 junto con Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú— para que se investigara la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Si bien Argentina acertadamente condenó la represión contra manifestantes por la policía colombiana, no criticó los abusos cometidos contra manifestantes en Cuba.
Argentina organizó una cumbre virtual sobre cambio climático en septiembre de 2021 en la cual participaron representantes de países de América Latina y el Caribe, el enviado especial de EE. UU. sobre el cambio climático y el secretario general de la ONU.
En septiembre de 2020, dos niñas argentinas fueron asesinadas en Paraguay durante un operativo que llevó a cabo una unidad de élite dirigida por las Fuerzas Armadas paraguayas contra la principal guerrilla de ese país. Hubo graves deficiencias e irregularidades en la investigación que llevaron a cabo las instituciones paraguayas y, en octubre de 2021, Argentina y Paraguay acordaron conformar un equipo forense internacional para que trabajara en el caso.
En junio de 2020 y septiembre de 2021, Argentina informó al secretario general de la ONU que suspendía de forma provisoria algunas de sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para responder a la pandemia del Covid-19.