Los abusos de grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas de derechos humanos preponderantes en Colombia.
El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas durante los años posteriores; en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz.
Defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes.
Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto y la ambientalista Francia Márquez se convirtió en la primera vicepresidenta de origen afrocolombiano. El nuevo gobierno se comprometió a combatir el cambio climático, implementar el acuerdo de paz de 2016 y priorizar una política de “paz total” que procuraría alcanzar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el desarme negociado de otros grupos armados, incluidos grupos criminales.
En febrero, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en todas las circunstancias hasta la semana 24 de gestación.
Abusos por parte de grupos armados
Numerosos grupos armados operan en Colombia, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos incluyen al ELN, que se formó en los años sesenta; más de 30 “disidencias” que surgieron de la desmovilización de las FARC ocurrida en 2017; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se formaron a partir de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de 2000 y que también son conocidas como “Clan del Golfo”. Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales.
Los grupos armados siguieron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, ni garantizado un acceso suficiente a la justicia ni el desmantelamiento de los grupos armados.
En mayo, las AGC impusieron un “paro armado” con restricciones a la circulación de civiles en más de 170 municipios de 11 departamentos. Las restricciones sugirieron una expansión geográfica alarmante, en comparación con el paro armado de 2012, que afectó a 26 municipios. Realizaron el paro armado en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su principal jefe, Darío Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”. El grupo también mató a 36 policías entre junio y agosto de 2022.
El temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 96.000 personas pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre, una situación conocida como “confinamiento”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 60 “masacres”, un término definido como el asesinato intencional de tres o más civiles en un solo incidente, hasta octubre de 2022.
En el departamento de Nariño, los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC han dado lugar al desplazamiento de miles de personas, principalmente afrodescendientes e indígenas awá, que también sufren amenazas, confinamiento, secuestros y asesinatos.
En el departamento del Cauca, el ELN y grupos disidentes de las FARC han reclutado a más de 500 niños y niñas, en su mayoría indígenas, desde 2021, según organizaciones locales. Miembros de comunidades indígenas nasa que se oponen a los abusos por parte de grupos armados han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos de grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, dejaron un saldo de más de 2.600 personas desplazadas y confinadas.
En las zonas fronterizas entre el departamento colombiano de Arauca y el estado de Apure en Venezuela, los enfrentamientos entre el ELN y una coalición de disidencias de las FARC han generado un aumento drástico de la violencia, incluida una escalada en el número de asesinatos. Más de 12.000 personas fueron desplazadas o confinadas. En Apure, miembros del ELN realizaron operaciones conjuntas con miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que fueron cómplices de sus abusos.
En el departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador, Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, dos grupos que surgieron de las FARC, controlan a la población, imponen códigos de vestimenta y toques de queda y amenazan con matar a quienes no cumplan con sus reglas.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Los abusos perpetrados por agentes de fuerza pública continúan siendo un problema grave.
El 28 de marzo de 2022, 11 personas murieron durante una controvertida operación del Ejército realizada en El Remanso, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. El Ejército alegó haber cumplido con el Derecho Internacional Humanitario y señaló que el operativo había estado dirigido a Comandos de Frontera. Al menos cuatro civiles murieron, entre ellos un líder indígena y un líder comunitario. Hasta octubre, continuaban en curso las investigaciones penales para determinar si el Ejército incurrió en un uso excesivo de la fuerza.
La policía cometió graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas realizadas en Colombia desde 2019. Los esfuerzos por investigar y judicializar a los responsables han sido limitados.
Human Rights Watch examinó evidencias que vinculaban a policías con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, así como decenas de lesiones y arrestos arbitrarios, en el contexto de manifestaciones pacíficas ocurridas en 2021. Al mes de octubre de 2022, cuatro policías habían sido imputados y otros cinco acusados en relación con los homicidios. Nadie ha sido imputado en relación con las lesiones o detenciones arbitrarias.
Ha habido reformas limitadas para mejorar la rendición de cuentas y prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
En agosto, el presidente Petro nombró como ministro de Defensa a Iván Velásquez, un exjuez y exfiscal ampliamente respetado por su lucha contra la corrupción. Velásquez dijo que el gobierno buscaría una reforma policial, incluso mediante la transferencia de la policía fuera del ámbito del Ministerio de Defensa, donde la línea divisoria entre sus funciones y las del Ejército a menudo se ha desdibujado.
Violencia contra defensores de derechos humanos y otros líderes comunitarios
Más de 1.000 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC. Pero la implementación, especialmente de medidas establecidas conforme al acuerdo de paz de 2016, ha sido deficiente.
La Defensoría del Pueblo reportó 182 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero y octubre de 2022.
En febrero de 2022, en el municipio de San Martín, departamento del César, hombres armados asesinaron a Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos importantes líderes campesinos que, durante décadas, dirigieron comunidades de pequeños agricultores y de minería a pequeña escala. Al mes de octubre, una persona había sido acusada en relación con los asesinatos.
Negociaciones de paz, desarme negociado y rendición de cuentas
El acuerdo de paz de 2016 creó una Comisión de la Verdad; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar abusos cometidos durante el conflicto; y un organismo dedicado a la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto.
La Comisión de la Verdad presentó sus hallazgos en junio de 2022 y estableció un comité para supervisar, durante siete años, la implementación de sus recomendaciones al gobierno, que incluyen la creación de una “política antiviolencia”, reiniciar las negociaciones de paz con el ELN y reformar las políticas sobre drogas y seguridad. El informe incluyó un análisis completo de actos de violencia perpetrados contra mujeres, personas LGBT, niños y niñas, afrodescendientes e indígenas.
La JEP hizo avances significativos en la investigación y el juzgamiento de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y acusó a los máximos excomandantes de las FARC de toma de rehenes y a varios miembros del Ejército por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
En julio, la JEP señaló que iniciaría un “macrocaso” sobre violencia sexual y otros delitos, basada en crímenes perpetrados por las FARC y la fuerza pública, el cual abarcará delitos por motivos de género, sexo, orientación sexual e identidad de género.
A fines de octubre, la JEP emitió su primera acusación, conocida como “resolución de conclusiones”. Fue en contra de 11 oficiales del Ejército y un civil por ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Norte de Santander en 2007 y 2008.
En noviembre, la JEP emitió una resolución de conclusiones en contra de antiguos comandantes de las FARC por su responsabilidad en tomas de rehenes. Los comandantes habían reconocido su papel en estos delitos durante una audiencia celebrada en el mes de junio, y la JEP indicó que debían ser condenados a entre cinco y ocho años de “sanciones propias”.
A principios de diciembre, la JEP acusó a otros 14 oficiales del Ejército por su rol en “falsos positivos” que tuvieron lugar en la costa Caribe entre 2002 y 2005. Los jueces señalaron que 12 de los oficiales habían reconocido plenamente su responsabilidad y confesado los delitos, pero que otros dos no lo habían hecho y debían ir a juicio.
Los acusados que cooperan plenamente con la JEP y confiesan sus delitos están sujetos a penas de hasta ocho años de “sanciones propias”, que incluyen restricciones a la libertad, pero no penas de prisión. Dado que el lenguaje en la legislación vigente relativa a estas sanciones es impreciso y que aún no se han impuesto estas penas, sigue siendo incierto cómo funcionarán en la práctica las “sanciones propias”.
A principios de noviembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Petro que le permitiría negociar un acuerdo de paz, incluidos nuevos mecanismos de justicia transicional, con algunos grupos armados, como el ELN. El 21 de noviembre, se reanudaron las conversaciones de paz con el ELN en Venezuela. Las autoridades dijeron que también presentarían un proyecto de ley para ofrecer penas reducidas a otros grupos armados. Hasta noviembre, no estaba claro cómo las autoridades asegurarían el acceso de las víctimas a la justicia y en qué medida el gobierno trataría de manera diferente a los grupos criminales y los grupos armados que son parte del conflicto.
Desplazamiento interno, reparaciones y restitución de tierras
La violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a casi 8,4 millones de colombianos desde 1985, según cifras oficiales.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) informó que hubo 70.000 personas desplazadas entre enero y octubre de 2022 como parte de “desplazamientos masivos”, es decir, de 50 o más personas o 10 o más familias.
Los gobiernos municipales y departamentales suelen no tener fondos suficientes para asistir a las personas desplazadas, y la asistencia del gobierno nacional a menudo ha sido tardía y deficiente.
En 2011, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas con el fin de asegurar la reparación a las víctimas y la restitución de millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto. Al mes de octubre de 2022, la justicia se había pronunciado en apenas 13.507 de las más de 142.000 solicitudes recibidas. Menos del 14 % de las más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado habían recibido reparación, hasta octubre.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Colombia ha recibido hasta el momento la mayor cantidad de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que huyen de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. Hasta febrero, más de 2,5 millones de venezolanos vivían en Colombia.
En 2021, el entonces presidente Iván Duque anunció un estatuto de protección temporal de 10 años para venezolanos. Hasta octubre de 2022, las autoridades habían otorgado protección temporal a más de 1,4 millones de venezolanos, de los más de 2,4 millones que la habían solicitado.
Más de 3.000 personas, incluidos venezolanos y colombianos que habían estado viviendo en el estado de Apure en Venezuela, huyeron a los departamentos de Arauca y Vichada en Colombia a principios de 2022, para escapar de los enfrentamientos y abusos de grupos armados. La asistencia humanitaria ha sido muy limitada.
En 2022, cientos de miles de migrantes —en su mayoría venezolanos— cruzaron el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá, en su mayoría, al parecer, para dirigirse a Estados Unidos. La cantidad de personas que cruzan el tapón aumentó significativamente, en gran parte por el flujo de venezolanos. Durante los días enteros de caminata a través del tapón, migrantes de todas las nacionalidades a menudo son víctimas de robos y graves abusos, que incluyen violaciones sexuales. Los migrantes reciben poca seguridad, ayuda o acceso a la justicia.
Género, sexualidad y violencia de género
La violencia de género, incluida aquella perpetrada por grupos armados, es un problema generalizado. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir asistencia o acceder a la justicia después de un hecho de violencia. Los responsables de delitos de género violentos rara vez responden por sus actos.
A pesar de las numerosas protecciones legales basadas en la orientación sexual y la identidad de género, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en Colombia continúan enfrentando altos niveles de violencia y discriminación. En 2021, la organización Colombia Diversa registró ataques contra 405 personas LGBT en el país, incluidos 103 casos de violencia policial y 205 homicidios atribuidos a otros actores. Entre enero y fines de octubre de 2022, la Fiscalía General de la Nación registró los homicidios de 111 personas LGBT.
En febrero, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en todas las circunstancias hasta la semana 24 de gestación, y mantuvo el acceso después de ese período en casos de violación, embarazo no viable, o riesgo para la vida o salud de la persona embarazada.
También en febrero, la Corte reconoció el indicador de género no binario, en lo que constituyó la primera sentencia de este tipo pronunciada por un tribunal supremo o constitucional en la región.
Derechos económicos y sociales
Los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, siguen siendo una preocupación grave en materia de derechos humanos.
El acuerdo de paz de 2016 estableció los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET) para aumentar la presencia de instituciones estatales en 170 municipios altamente afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilegales. En 2020, el índice de pobreza multidimensional (32,9 %) en estas áreas prácticamente duplicaba el índice nacional (18,1 %). Los esfuerzos orientados a implementar los PDET han sido limitados.
Entre enero y noviembre de 2022, al menos 65 niños y niñas de menos de 5 años —en su mayoría indígenas wayuus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición y acceso limitado al agua potable segura.
Tecnología y derechos
El Ministerio de Educación no adoptó medidas tras los señalamientos de que había recomendado productos de aprendizaje en línea inseguros para los niños y niñas durante la pandemia del Covid-19. Los ocho productos vigilaban a los niños, o tenían la capacidad de vigilarlos en línea, fuera del horario de clases e inmiscuirse en aspectos de su vida privada.
Políticas sobre cambio climático y sus impactos
El plan nacional que adoptó Colombia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resulta “muy insuficiente” para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según indica Climate Action Tracker. En el plan, Colombia se comprometió a reducir la deforestación a 50.000 hectáreas por año para el 2030. Posteriormente, Colombia se sumó a la Declaración de Glasgow, que compromete al país a “detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030”.
Las estadísticas del gobierno registraron 174.000 hectáreas deforestadas en 2021, un aumento del 1,5 % respecto de 2020, y las cifras del primer trimestre de 2022 muestran que la deforestación aumentó un 10 % en comparación con el mismo trimestre de 2021. Más de 9.000 hectáreas fueron arrasadas en territorios oficialmente bajo la tenencia de pueblos indígenas, lo cual en algunos casos provocó su desplazamiento forzado. Aproximadamente las dos terceras partes de la deforestación tienen lugar en la región de la Amazonía.
Los productores ganaderos y los grupos disidentes de las FARC son quienes mayormente impulsan la deforestación, y presionan a los residentes para talar árboles, extorsionan a campesinos, promueven los cultivos de hoja de coca para la producción cocaína y amenazan a las personas que defienden la conservación.
La iniciativa insignia del gobierno del expresidente Duque para combatir la deforestación, Operación Artemisa, obtuvo resultados limitados.
En septiembre, la ministra de Ambiente anunció que, como parte de una nueva estrategia de conservación de los bosques, el gobierno trabajaría con las comunidades para prevenir la tala e impulsar procedimientos penales contra las personas y los grupos armados que la promueven.
Actores internacionales clave
Estados Unidos, el actor extranjero con mayor influencia en Colombia, aprobó una asistencia por USD 471 millones para el año fiscal 2022. En octubre, el secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el presidente Petro en Bogotá y expresó su apoyo a la implementación del acuerdo de paz.
En 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció una misión política para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación, la cual fue reemplazada en 2017 por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. En 2022, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la misión hasta octubre de 2023 e incluyó la verificación del cumplimiento de las sanciones de la JEP.
El presidente Petro y el presidente venezolano Nicolás Maduro restablecieron las relaciones diplomáticas en agosto y reabrieron la frontera el 26 de septiembre. El presidente Maduro acordó en septiembre participar en las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano.
A principios de agosto, Colombia no apoyó una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva indicó más tarde que la decisión formaba parte de una iniciativa para conseguir la liberación negociada de presos políticos, pero el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua habría rechazado la solicitud; los detenidos continuaban encarcelados al momento de la redacción de este informe.
En septiembre, Colombia no formó parte de un grupo de gobiernos de variado espectro político —Brasil, Canadá, Ecuador, Guatemala y Paraguay— que encabezó la iniciativa para extender el mandato de la Misión de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
También en septiembre, el presidente Petro criticó acertadamente la “guerra contra las drogas”, e instó a que se ponga fin a esa estrategia durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.