Desde que asumió en 2007, el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales sobre el poder presidencial. El Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, ha excluido a partidos políticos y destituido a legisladores de la oposición. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado decisiones del Consejo Supremo Electoral que socavan derechos políticos y permiten a Ortega ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato.
En 2016, el Partido Sandinista de Ortega logró una mayoría del 79 % en la Asamblea Nacional, y esto le permitió acelerar una serie de reformas institucionales que otorgaron al presiente control personal directo sobre la Policía y el Ejército y lo habilitaron a legislar por decreto y postularse a la reelección en forma indefinida.
La feroz represión por miembros de la Policía Nacional —la única institución pública de aplicación de la ley en Nicaragua— y grupos armados partidarios del gobierno dejó un saldo de 300 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de personas arbitrariamente detenidas y procesadas en 2018. Desde que se disiparon las protestas, el gobierno de Ortega ha interpuesto cientos de demandas penales contra manifestantes y críticos. Sin embargo, hasta septiembre solamente había iniciado cuatro investigaciones sobre presunta actuación indebida por la Policía Nacional.
Otros problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política contra funcionarios de la administración pública que apoyan a la oposición y rigurosas leyes sobre aborto que dejan sin opciones a las víctimas de violación sexual.
Represión del disenso
En abril de 2018, se iniciaron en todo el país protestas multitudinarias contra el gobierno. Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron ferozmente a manifestantes, lo que dejó un saldo de 328 muertos y más de 2.000 heridos. Al intensificarse la represión, algunas personas respondieron con violencia y, según cifras oficiales, 22 policías murieron en el contexto de manifestaciones entre abril y septiembre de 2018.
Cientos de manifestantes fueron interceptados y detenidos en forma arbitraria, muchos de ellos por varios meses. Hasta febrero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó al menos 777 detenciones en el contexto de la represión. Muchas de estas personas fueron sometidas a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual.
La persecución penal de personas detenidas estuvo marcada por graves violaciones de las garantías del debido proceso y otros derechos fundamentales. Numerosos detenidos estuvieron en condiciones de incomunicación, fueron sometidos a audiencias a puertas cerradas y se les ha negado el derecho a reunirse con sus abogados defensores en forma privada. A muchos se los acusó de “incitación al terrorismo”, aplicando la ley antiterrorista nicaragüense, de contenido excesivamente amplio, así como también de otros delitos graves, a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) determinó que en muchos casos la prueba era insuficiente o contradictoria.
En febrero de 2019, el gobierno y la oposición retomaron el proceso de negociaciones, que se encontraba estancado. No obstante, elementos afines al gobierno continuaron reprimiendo de manera violenta a manifestantes. En marzo, un presunto miembro del Partido Sandinista disparó contra manifestantes e hirió a tres de ellos. En junio, turbas partidarias del gobierno golpearon y arrojaron piedras a devotos católicos que se reunieron para rendir homenaje al monaguillo Sandor Dolmus, de 15 años, que había muerto un año antes al recibir un disparo en el pecho durante las manifestaciones. La policía también detuvo y liberó posteriormente a más de 100 personas en el contexto de nuevas protestas en marzo.
Entre mediados de marzo y mediados de junio, el gobierno de Ortega liberó a 492 personas detenidas en el contexto de las protestas. En la mayoría de los casos, quedaron sujetas a algún tipo de régimen restrictivo. La CIDH estimó que cerca de 130 personas seguían encarceladas para el mes de octubre.
A mediados de junio entró en vigor una amplia amnistía para delitos cometidos en el contexto de protestas contra el gobierno. Todos los liberados con medidas restrictivas recibieron luego la amnistía, indicó la Oficina del ACNUDH. Si bien la amnistía excluía ciertos delitos, supone el riesgo de que se utilice para evitar que se procese a funcionarios responsables de graves abusos, debido a la falta de independencia judicial en el país. La Oficina del ACNUDH indicó en septiembre que las autoridades habían procesado únicamente a personas implicadas en las protestas o que eran críticas del gobierno, salvo el caso de un hombre condenado por el homicidio de un estudiante brasileño durante los disturbios de julio de 2018. Esa persona quedó en libertad por efecto de la ley de amnistía. La Oficina del ACNUDH señaló asimismo en septiembre que el Ministerio Público había iniciado investigaciones sobre cuatro denuncias de presuntos abusos perpetrados por policías contra personas detenidas. Una de las denuncias fue desestimada por falta de credibilidad y no se habían producido avances en las otras tres al momento de elaboración de este informe. El Presidente Ortega ha ascendido a altos funcionarios implicados en abusos.
Defensores de derechos humanos
Defensores de derechos humanos y otros actores que son críticos con el gobierno en materia de derechos humanos siguen siendo blanco creciente de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia, agresiones y persecución judicial. En algunos casos, se interceptó y detuvo a defensores de derechos humanos en procesos en los cuales prevalecieron las violaciones del debido proceso.
Entre noviembre y diciembre de 2018, la Asamblea de Nicaragua quitó la personería legal a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) y, de este modo, las obligó a cerrar.
La CIDH ha puesto énfasis en el aumento en los casos de hostigamiento, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos desde que empezaron las protestas en 2018. En agosto de 2019, una turba partidaria del gobierno atacó y robó en una estación de autobús de Managua a la abogada Aura Alarcón, que había asistido en la defensa de manifestantes. Alarcón afirmó que policías vieron lo que ocurría pero no intervinieron. También en agosto, el renombrado defensor de derechos humanos y líder del partido de los trabajadores de Nicaragua Freddy Navas fue detenido e interrogado por policías cuando volvía a Nicaragua desde Costa Rica. Se lo acusó de financiar una marcha en Costa Rica y le confiscaron sus artículos personales.
En septiembre, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, acusó a varias ONG de golpistas y de haber violado las leyes de la república.
Libertad de expresión
El régimen de Ortega restringe la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación a través de amenazas, insultos, agresiones físicas, detenciones, requisas arbitrarias de documentos y cierres forzosos.
En diciembre de 2018, la Policía Nacional allanó la sede del medio de noticias Confidencial, confiscó materiales y ocupó la oficina central. También en diciembre, policías allanaron el estudio del canal de noticias 100% Noticias y detuvieron, por cargos de terrorismo, a Miguel Mora, propietario del canal, y Lucía Pineda, jefa de prensa. Ambos fueron retenidos sin garantías del debido proceso, en condiciones que incluyeron el régimen de aislamiento, durante cinco meses. Fueron liberados en junio de 2019 por aplicación de la ley de amnistía.
Diversas organizaciones no gubernamentales estiman que más de 100 periodistas han huido de Nicaragua desde abril de 2018.
Desde la prohibición de las protestas contra el gobierno en septiembre de 2018, la Policía Nacional ha rechazado ocho pedidos de autorización de protestas.
Discriminación política
Durante la represión, autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua despidieron de varios hospitales públicos al menos a 400 médicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores de la salud, presuntamente en represalia por haber participado en protestas o manifestado de otro modo su desacuerdo con políticas del gobierno. En agosto de 2018 también se despidió a 40 docentes de la Universidad Nacional de Nicaragua acusados de apoyar las manifestaciones contra el gobierno o participar en ellas. La CIDH determinó que las autoridades amenazaron a funcionarios públicos con la posibilidad de despido si no participaban en manifestaciones a favor del gobierno.
Solicitantes de asilo nicaragüenses
Según datos de ACNUDH, más de 88.000 nicaragüenses han huido del país desde que empezó la represión. En abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que la cantidad de ciudadanos nicaragüenses que solicitaban asilo en la vecina Costa Rica prácticamente se había duplicado, de 15.584 en octubre de 2018 a 29.500. Otras 26.00 personas esperaban que se tramitaran sus solicitudes.
Aunque la mayoría de los nicaragüenses se han ido a Costa Rica, varios miles se han dirigido a México, Panamá y Estados Unidos.
Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas
Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando un embarazo suponga un riesgo para la vida de la madre o sea el resultado de violación o incesto. Las mujeres y niñas que abortan enfrentan penas de hasta dos años de cárcel. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos van de uno a seis años de cárcel. Debido a la prohibición del aborto, mujeres y niñas con embarazos no deseados se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y poner en riesgo su salud y su vida.
Actores internacionales clave
La persistencia de violaciones de derechos humanos en Nicaragua ha concitado un fuerte repudio regional e internacional.
En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó su primera resolución sobre Nicaragua con apoyos de distintas regiones. La resolución condena los abusos y exhorta al gobierno de Ortega a reanudar la cooperación con órganos internacionales de derechos humanos y las negociaciones con la oposición. En mayo, Nicaragua se sometió al Examen Periódico Universal (EPU) ante el consejo. Durante este, 90 delegaciones presentaron recomendaciones orientadas a mejorar los estándares de derechos humanos en Nicaragua.
En junio, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución propuesta por el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua que posibilita que se evalúe el cumplimiento de Nicaragua con la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001. La resolución insta al gobierno nicaragüense a tomar medidas significativas para retomar las negociaciones con la oposición y restablecer el acceso a los mecanismos internacionales de monitoreo de la situación de derechos humanos. Indicó al Consejo Permanente que designara una comisión encargada de realizar gestiones diplomáticas para superar la crisis y elaborar un informe en el plazo de 75 días. No obstante, en septiembre, el gobierno de Ortega prohibió que ingresara en el país la comisión designada. Durante el año pasado, el régimen expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la CIDH.
En septiembre, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua entre agosto de 2018 y julio de 2019. En el informe se recomendaba que Nicaragua garantice libertades a la sociedad civil, restablezca a las ONG y a medios de comunicación, impulse investigaciones, juzgue a personas acusadas de violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas y ponga fin a las detenciones arbitrarias, entre otras medidas.
Desde que empezaron las protestas, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones específicas a nueve funcionarios nicaragüenses responsables de abusos o corrupción. Cinco fueron sancionados en 2018 conforme al Decreto Ejecutivo 13851 y la Ley Magnitsky Global de 2016, que permite aplicar sanciones a responsables de violaciones de derechos humanos. A cuatro de estas personas se les aplicaron sanciones en junio invocando la Ley sobre Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua, de diciembre de 2018. En junio, Canadá también aplicó sanciones específicas contra altos funcionarios nicaragüenses.
En octubre, la Unión Europea adoptó un marco de sanciones para Nicaragua, que brinda un mecanismo legal para imponer sanciones específicas, incluidas las prohibiciones de viaje y la inmovilización de activos, a altos funcionarios nicaragüenses responsables de abusos.