El Salvador presenta una de las tasas de homicidio más elevadas a nivel mundial. Las maras ejercen el control territorial en algunos vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país. Reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Las maras son responsables de la muerte, desaparición, violación sexual o desplazamiento de quienes les muestran resistencia. Estas condiciones han provocado desplazamientos internos y transfronterizos.

En general, las fuerzas de seguridad continúan siendo ineficaces para proteger a la población de esta violencia. Sus miembros también han estado implicados en violaciones graves de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y otros actos de tortura y maltrato, así como desapariciones forzadas. La impunidad por estas violaciones constituye la norma.

Niñas y mujeres acusadas de abortos han sido encarceladas por homicidio y homicidio agravado. Las personas LGBT son blanco de discriminación y violencia y no reciben protección efectiva del estado.

Rendición de cuentas y justicia

Continuó el juicio contra excomandantes del Ejército acusados por la masacre de El Mozote de 1981, en la cual soldados cometieron violaciones sexuales masivas y mataron a 978 civiles, incluidos 553 niños.

Las investigaciones llegaron a la etapa de audiencia en apenas 14 de 48 casos relacionados con 116 ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2014 y 2018, que examinó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador. En dos casos se dictaron condenas.

Durante sus mandatos, los expresidentes Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) utilizaron un fondo de “partida secreta”, entre varias otras fuentes, para malversar cientos de millones. En enero de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) sumó un cargo de corrupción a la causa contra Funes. El presidente saliente Sanchez Cerén (2014-2019) y el presidente Nayib Bukele, que asumió en junio de 2019, también han gastado dinero de este fondo, pero hasta septiembre no habían surgido pruebas que vincularan estas acciones con corrupción.

Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

El presidente Bukele mantuvo el papel de las fuerzas militares en los operativos de seguridad pública, pese a que se estipuló lo contrario en un acuerdo de paz alcanzado en 1992. Los medios de comunicación también han informado ampliamente que la persona elegida por el presidente Bukele como director de la policía nacional ha sido investigada por amenazas y nexos con el narcotráfico y con grupos que han participado en asesinatos.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana recibió siete denuncias de que miembros de unidades de policía de elite quemaban a víctimas. En marzo, en una plantación de caña de azúcar, agentes de la Sección Táctica Operativa de la Policía Nacional Civil habrían golpeado y estrangulado a un joven que se encontraba vendado y esposado, por considerarlo parte de una mara o que escondía armas o drogas, y quemaron la plantación donde lo dejaron inconsciente. Víctimas o testigos de ocho arrestos arbitrarios en dos incidentes ocurridos en 2019 y fines de 2018 contaron a Human Rights Watch acerca de golpizas en dependencias policiales y de amenazas de cargos penales por “asociación ilícita”, un delito vagamente definido utilizado para procesar a personas sospechadas de pertenecer a maras.

En agosto, el Monitor del Uso de la Fuerza Letal, una investigación colaborativa realizada por investigadores en cinco países de América Latina, informó que policías y soldados salvadoreños mataron a 1.626 personas entre 2010 y 2017. Las autoridades señalaron que más del 90 % de las víctimas eran miembros de maras y que casi todas murieron en “enfrentamientos” o “tiroteos”.

También en agosto, la PDDH informó que había estudiado las muertes de 28 niños, 7 mujeres y 81 hombres y que determinó que pocas eran el resultado de enfrentamientos. En el 70 % de los casos, testigos dijeron que las víctimas no estaban armadas. En el 37 %, los testigos dijeron haber visto a policías mover el cuerpo o plantar u ocultar pruebas. En el 30 %, el cuerpo mostraba signos de tortura, incluidas agresiones sexuales.

Cárceles y cuarteles policiales

Hasta octubre de 2019, las cárceles, los centros de detención de menores y las prisiones de adultos mantenían a 45.439 personas bajo custodia, más del doble de la capacidad oficial, según la base de datos en línea World Prison Brief.

En junio, el Presidente Bukele extendió a todas las prisiones el “estado de emergencia” que el gobierno anterior había declarado para siete prisiones en agosto de 2018. Ordenó el aislamiento en celdas las 24 horas y, por primera vez desde 2004, mezcló poblaciones de maras en las cárceles. Hasta entonces, cada pandilla había estado separada de las demás para evitar enfrentamientos. En septiembre, declaró el levantamiento del estado de emergencia, pero no queda claro si la política se levantó en todas las cárceles.

El Instituto de Medicina Legal registró 14 homicidios en dependencias policiales y centros de detención en 2018. Varios funcionarios y reclusos contaron a Human Rights Watch acerca de otras muertes bajo custodia, que atribuían al calor extremo y a tuberculosis. Dos internos contaron a Human Rights Watch que los funcionarios no proporcionaban alimentos, productos de higiene ni medicamentos suficientes, y que los golpeaban y utilizaban gas pimienta durante los registros.

Maras

Según fuentes de los medios de comunicación, aproximadamente 60.000 miembros de maras operan en al menos 247 de los 262 municipios del país. Controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados.

Numerosos agentes de seguridad y funcionarios electos han colaborado con maras en actividades delictivas, conforme informan los medios de comunicación, y todos los partidos políticos han negociado con ellas para realizar actividades diarias, campañas y elecciones. Hubo una tregua entre 2012 y 2014 entre el gobierno nacional, 11 gobiernos municipales y las dos maras más numerosas.

En 2016, la Asamblea Legislativa modificó una ley antiterrorista para que las maras se consideraran organizaciones terroristas. La ley prevé penas de hasta 15 años de prisión a quien “solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal” con maras.

Desapariciones, secuestros y personas con paradero desconocido

En 2018, la FGR registró 3.664 víctimas de desapariciones, secuestros y casos de personas con paradero desconocido no aclarado, incluidos 1.218 mujeres y al menos 24 niños y 29 niñas. Las cifras de 2018 incluyeron presuntos secuestros por parte de bandas delictivas y otros casos de personas que han desaparecido en circunstancias no esclarecidas. Desde 2010, la policía ha registrado más de 10.800 de estos casos. Debido a que se investigan muy pocos casos, lo que se sabe sobre los responsables es limitado.

Derechos sexuales y reproductivos de la mujer

El aborto es ilegal en todas las circunstancias desde 1998. Los proveedores y las personas que asisten en este procedimiento enfrentan penas de seis a doce años de prisión.

Decenas de niñas y mujeres, la mayoría de zonas de muy bajos recursos, fueron procesadas en las últimas dos décadas por situaciones que, según abogados y activistas, constituían emergencias obstétricas. En algunos casos, la justicia aceptó como prueba un procedimiento de autopsia cuestionable, conocido como prueba de flotación pulmonar, para respaldar desde el punto de vista forense la afirmación de que el feto había nacido con vida.

Hasta septiembre, al menos 16 mujeres que se presume que se habrían sometido a un aborto seguían encarceladas por cargos de homicidio culposo, homicidio doloso u homicidio agravado. En marzo, un tribunal conmutó las penas contra tres mujeres por considerarlas “desproporcionadas e inmorales”, dado que sus familias las necesitaban por motivos económicos.

En agosto, la FGR llevó a juicio a Evelyn Hernández por segunda vez —en violación de las garantías de debido proceso— por homicidio agravado en relación con caso de mortinato en 2016, tras ser violada a los 17 años. El tribunal no encontró pruebas suficientes para condenarla. En septiembre, la FGR anunció que apelaría la sentencia. En la última década, otras 40 mujeres han sido liberadas luego de que se conmutaran sus penas o se determinara su inocencia.

Orientación sexual e identidad de género

Las personas LGBT siguen siendo blanco de violencia homofóbica y transfóbica por parte de policías, miembros de maras y otras personas.

En enero, Camila Díaz Cordova, una mujer transgénero deportada de Estados Unidos, murió a causa de una violenta golpiza. En julio, la FGR acusó a tres policías por su secuestro y homicidio agravado.

Si bien El Salvador incorporó los delitos de odio en el Código Penal en septiembre de 2015, autoridades salvadoreñas dijeron a Human Rights Watch que, hasta la fecha, solo dos casos habían sido juzgados como delitos de odio. Human Rights Watch no tiene conocimiento de que haya habido condenas en casos de homicidios motivados específicamente por el hecho de que las víctimas eran personas LGBT.

En enero de 2019, un juez de Zacatecoluca falló a favor de una mujer transgénero que solicitó el cambio de nombre e indicador de género en su documento de identidad.

Ataques contra periodistas

Los periodistas que informan sobre abusos de poder o que viven en vecindarios controlados por maras siguen siendo blanco de amenazas de muerte. Han circulado artículos falsos con las firmas de periodistas que no eran sus verdaderos autores, según informó la Asociación de Periodistas de El Salvador.

Durante su campaña electoral, el presidente Bukele acusó de falta de objetividad a medios de comunicación, incluidos El Faro y Revista Factum, que han sido distinguidos con los máximos premios salvadoreños al periodismo. La oficina de prensa presidencial prohibió la presencia de periodistas de estos medios en una conferencia de prensa que tuvo lugar en septiembre.

En 2019, la policía impidió que la prensa diera cobertura a una protesta de excombatientes, visitara lugares donde habían ocurrido homicidios y cubriera la elección y la asunción del presidente. Policías amenazaron a periodistas que se resistieron a las órdenes de apagar equipos o borrar fotografías. Cuatro periodistas dijeron a Human Rights Watch que, desde junio, la policía ha requerido la aprobación de la oficina de prensa presidencial antes de dar información sobre homicidios.

Desplazamiento

En El Salvador hay muchos desplazados internos a causa de la violencia delictiva, la extorsión y otras amenazas. Según estimaciones de un estudio, la cantidad de desplazados en 2017 ascendió a cerca de 300.000.

En 2018, había 101.000 solicitudes de asilo de salvadoreños pendientes en Estados Unidos, la mayor cantidad respecto de cualquier otra nacionalidad. Aproximadamente 129.500 tenían solicitudes en trámite en otros países.

La prensa salvadoreña informó el homicidio de al menos 11 personas tras ser deportadas y enviadas de regreso a El Salvador en 2019.

Actores internacionales clave

En el año fiscal 2019, Estados Unidos destinó más de USD 62 millones de asistencia bilateral a El Salvador.

En julio, la FGR comenzó a colaborar con Canadá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para mejorar su respuesta a las desapariciones. Con este fin, creó una unidad especial de la FGR, trabajó con la policía para consolidar la recopilación de estadísticas e instó a que se incorporen en el Código Penal los delitos de “desaparición” y “desaparición agravada”.

En septiembre, el Presidente Bukele solicitó el apoyo de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos para investigar y procesar casos de corrupción.