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España

Eventos de 2019 - Parte del capítulo de la UE

A woman holds up a placard during a demonstration in Malaga, Spain protesting how the criminal justice system handled gang rape.

© 2019 Jesus Merida / Sipa via AP Images

Las elecciones nacionales en abril y luego las de noviembre no dieron a ningún partido suficientes votos para formar un gobierno.

Según el ACNUR, hasta mediados de noviembre, 22.400 personas habían llegado a España por mar, una disminución del 62 por ciento respecto al mismo período del año anterior, resultado aparente de una cooperación intensificada con Marruecos. Las llegadas por tierra a Ceuta y Melilla, enclaves españoles en la costa norteafricana, disminuyeron un 23 por ciento en comparación con 2018.

En un informe de marzo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo que casi la mitad de los 1.300 inmigrantes y refugiados en España entrevistados en 2018 habían sufrido explotación y abuso en su travesía, la mayoría en Marruecos.

En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU dijo que el retorno sumario en 2014 de un niño maliense no acompañado de Melilla a Marruecos constituía una violación de sus derechos. Dichas devoluciones sumarias continúan y siguen estando autorizadas por una controvertida ley española de 2015. En octubre, un juez de Ceuta cerró por un tecnicismo el caso contra 16 agentes de la Guardia Civil en relación con la muerte, en febrero de 2014, de 14 personas en la frontera, poco más de un mes después de ordenar su enjuiciamiento.

En junio, el Tribunal Supremo condenó a cinco hombres por la violación en grupo de una mujer en Pamplona en 2016, anulando la condena de los hombres por un tribunal inferior en 2018 por cargos menores, y los sentenció a 15 años de prisión. En noviembre, un tribunal de Barcelona condenó a un grupo diferente de cinco hombres por cargos menores de abuso, en lugar de violación, porque no hubo violencia ni intimidación porque la víctima de 14 años estaba inconsciente. Los casos provocaron protestas y promesas gubernamentales de examinar posibles enmiendas al código penal. Hasta la fecha, no se había realizado ningún cambio legal.

En octubre, el Tribunal Supremo condenó a 9 políticos y activistas catalanes independentistas por sedición y los condenó a entre 9 y 13 años por actos no violentos en relación con el referéndum para la independencia de 2017, anteriormente considerado ilegal por los tribunales españoles. Cuatro fueron condenados por malversación de fondos públicos. Todos fueron absueltos del vargo de rebelión. Otros tres políticos fueron condenados y multados por delitos de orden público. En junio, el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria dijo que la detención de tres de los acusados durante el juicio violó sus derechos.

En mayo, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por la institucionalización de las personas con discapacidad; el uso de restricciones y el riesgo de violencia en los centros; la esterilización forzada y los abortos impuestos a mujeres y niñas con discapacidad; así como el no garantizar la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

En mayo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU encontró que las autoridades españolas fueron responsables de la tortura en 2007 de un separatista vasco e instó a España por cuarta vez desde 2009, a abolir la detención en régimen de incomunicación para evitar la tortura y los tratos crueles.

 

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