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Guinea Ecuatorial

Eventos de 2019

Defendants in a mass trial in Bata, Equatorial Guinea.

 

© 2019 Anonymous

El líder que más tiempo lleva en el poder en el mundo, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial, cumplió en agosto 40 años en el cargo. Como en años anteriores, la corrupción y la represión de los derechos civiles y políticos no disminuyeron en el país.

A la gran mayoría de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial se les siguió negando sus derechos económicos y sociales, incluido el acceso a la atención médica y la educación primaria, a pesar de los enormes ingresos petroleros del país, que benefician exclusivamente a la élite política. En septiembre, el gobierno inició negociaciones para una solicitud de un préstamo de US$700 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a pesar de contar con el tercer ingreso per cápita más alto de África.

En junio, en el contexto de la represión de la sociedad civil, el gobierno reafirmó su deseo de unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un requisito del FMI como condición previa para la concesión de un préstamo. El EITI requiere promover la transparencia en torno a los ingresos y actividades de petróleo, gas y minería, y respetar a la sociedad civil. En julio, las autoridades ordenaron la disolución del Centro de Estudios e Iniciativas de Desarrollo (CEID), el principal grupo cívico del país y un ex representante de la sociedad civil en el comité directivo del EITI. El vicepresidente del CEID siguió siendo blanco de acoso.

En mayo, un tribunal condenó a 112 personas por participar en un intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. Los representantes de la American Bar Association que actuaron como observadores del juicio reportaron graves violaciones del debido proceso, entre ellas confesiones obtenidas mediante tortura y severas restricciones al acceso a abogados defensores.

Varios países presentaron denuncias por corrupción contra poderosos funcionarios del gobierno. En diciembre de 2019, concluyó el período de dos años de Guinea Ecuatorial como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En 2019, Guinea Ecuatorial aprobó la Declaración de Escuelas Seguras, un compromiso internacional para proteger la educación en los entornos de conflictos armados.

Derechos económicos y sociales

Con aproximadamente 1 millón de habitantes, Guinea Ecuatorial se encuentra entre los principales productores de petróleo de la región. Sin embargo, no proporciona servicios públicos cruciales a grandes segmentos de su población, lo que hace que esté alarmantemente rezagado en los promedios regionales en indicadores de salud y educación. El país registra una de las peores tasas de vacunación del mundo y una de las tasas más altas de niños en edad escolar que no asisten a la escuela, según datos disponibles.

En junio, el hijo del presidente y el ministro de minas reafirmaron el compromiso del gobierno de volver a presentar una solicitud ante el EITI, una iniciativa de la que el país fue expulsado en 2010, en parte debido a su fracaso para garantizar un “entorno propicio” para que la sociedad civil participe plenamente en la implementación del EITI. El FMI ha convertido la presentación de una solicitud al EITI, así como otros requisitos relacionados con el gobierno, en una condición previa para obtener un préstamo.

El comité directivo del EITI, compuesto por funcionarios gubernamentales y representantes de la industria y la sociedad civil, se reunió varias veces en 2019. Varios representantes de la sociedad civil dijeron que las represalias contra los detractores del gobierno provocaron un ambiente de intimidación que les impidió expresar libremente sus opiniones dentro del comité.

Libertad de expresión y debido proceso

Los escasos medios de comunicación privados en el país son en su mayoría propiedad de personas cercanas a Obiang. Las libertades de asociación y de reunión están severamente restringidas, y el gobierno impone condiciones restrictivas al registro y la operación de organizaciones no gubernamentales (ONG). Algunos de los pocos activistas locales que trabajan en asuntos relacionados con los derechos humanos sufrieron intimidación, acoso y represalias.

El 25 de febrero, la policía arrestó a Joaquín Elo Ayeto, miembro de un partido de oposición política y fundador de una organización juvenil. Un juez ordenó su detención preventiva, donde permanece en el momento de redacción de este informe. Ayeto le dijo a su abogado que, durante el interrogatorio, la policía telefoneó a alguien que relató haberlo escuchado haciendo comentarios críticos sobre los gastos del gobierno, lo cual parece ser la base de su detención. También mostró a sus abogados marcas en su cuerpo de las presuntas torturas policiales que dijo haber sufrido.

El 15 de marzo, la policía impidió que Alfredo Okenve, un destacado activista de derechos humanos y vicepresidente del CEID, embarcara en un avión y confiscó su pasaporte y teléfono. Se suponía que Okenve debía recibir ese día un premio francoalemán de derechos humanos en la embajada de Francia, pero trató de salir del país tras enterarse de que la policía planeaba arrestarlo. La policía lo llevó de vuelta a su casa y estacionó delante a un guardia durante varios días para evitar que se fuera. Este incidente fue la medida más reciente que tomó el gobierno para silenciarlo. En octubre de 2018, cuatro asaltantes, aparentemente agentes de seguridad encubiertos, lo habían golpeado brutalmente; un año antes, en abril de 2017, las autoridades lo habían detenido arbitrariamente durante dos semanas.

En julio, las autoridades ordenaron formalmente la disolución del CEID. El gobierno previamente había ordenado suspender toda actividad en 2016 después de que aparecieran comentarios en un grupo juvenil que había organizado que criticaban al gobierno.

Represión política

El gobernante Partido Demócrata (PDGE) tiene un monopolio virtual sobre la vida política. Controla todos menos un escaño en el Parlamento bicameral de 170 miembros, y los tribunales intervienen regularmente para prohibir o acosar a los grupos de oposición política y sus miembros. Según la Constitución, el presidente es el primer magistrado y tiene poder absoluto para nombrar y destituir a los jueces.

El 22 de marzo, el Tribunal Provincial de Bata comenzó un juicio en masa de aproximadamente 130 personas acusadas de participar en un intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. Muchos de los acusados ​​habían estado detenidos durante más de un año sin acceso a abogados ni familiares. El Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association monitoreó y observó el juicio. Juan Méndez, el ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, preparó un informe preliminar que documentaba una letanía de abusos.

La fiscalía ofreció poca o ninguna evidencia para apoyar su caso contra la mayoría de los imputados, todos los cuales fueron acusados ​​de los mismos delitos; en algunos casos, presentó confesiones que según las declaraciones de los acusados en la corte fueron obtenidas bajo tortura. El tribunal, que incluía a dos jueces militares nombrados a mitad del juicio por el presidente Obiang, impuso severas restricciones a la defensa, incluida la prohibición de presentar pruebas de tortura y restringir el acceso de los abogados a los clientes.

El 31 de mayo, el panel de ocho jueces condenó a 112 acusados, dictando sentencias de entre 3 y 97 años; 25 acusados ​​recibieron sentencias de más de 70 años.

Actores internacionales clave

La comunidad internacional, incluida la Unión Africana, permaneció en gran medida en silencio ante estos abusos. Varios países, incluida Suiza, tomaron medidas legales para llevar a cabo investigaciones de corrupción contra los líderes del país o comenzaron el proceso de repatriación de activos robados.

El 7 de febrero, fiscales suizos cerraron una investigación sobre Teodorin Nguema, el vicepresidente que también es el hijo mayor del presidente, por corrupción después de que acordó renunciar a 25 automóviles por un valor aproximado de US$25 millones y pagar US$1,5 millones para cubrir el costo de la investigación. A cambio, el gobierno suizo devolvió un yate por valor de US$120 millones que había confiscado. Las autoridades suizas habían intentado incautar un segundo yate, valorado en US$130 millones, pero fue retirado de su jurisdicción antes de que las autoridades pudieran hacerlo.

La investigación suiza fue una de las numerosas centradas en Nguema por corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos. En octubre de 2017, un tribunal francés lo condenó in absentia por el lavado de decenas de millones de dólares en Francia y confiscó sus activos. Ha apelado el caso. En mayo, el Senado francés debatió un proyecto de ley que requeriría que el gobierno repatríe los activos corruptos que incauta como un primer paso para garantizar que estos fondos se devuelvan al pueblo de Guinea Ecuatorial.

En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos resolvió un caso de corrupción independiente contra Nguema después de que acordó entregar US$30 millones a las autoridades estadounidenses que serían repatriados en beneficio de los ecuatoguineanos. Se supone que Estados Unidos determinará qué organizaciones humanitarias recibirán los fondos.

Se espera que el caso de corrupción ante un tribunal español que involucra a varios altos funcionarios del gobierno ecuatoguineano sea juzgado en 2020. La denuncia alegaba que los funcionarios compraron casas en España a través de una empresa privada que una investigación del Senado de Estados Unidos reveló que había recibido US$26,5 millones en fondos del gobierno en la época de las compras.