En Argentina existen problemas de derechos humanos históricos como el abuso policial, las condiciones de detención deficientes, la violencia endémica contra las mujeres y los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos con arreglo al derecho argentino e internacional. Persisten serias restricciones al aborto y dificultades en el acceso a servicios reproductivos. En 2018, un intento de despenalizar el aborto fue rechazado por el Senado.

También son preocupantes la impunidad por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, ocurrido en 1994, las disposiciones penales imprecisas que cercenan la libertad de expresión y las demoras en la designación de jueces permanentes.

Argentina continúa logrando avances significativos en la protección de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y en el juzgamiento de abusos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), si bien hubo demoras en algunas de las causas.

Juicios por abusos del pasado

Hasta noviembre de 2018, según el Ministerio Público, había 3.007 personas imputadas, 867 condenadas y 110 absueltas en relación con delitos presuntamente cometidos durante el último gobierno militar argentino. De 599 casos de supuestos delitos de lesa humanidad, los jueces se habían expedido en 203.

Los juicios fueron posibles gracias a una serie de medidas adoptadas a comienzos de la década de 2000 por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y jueces federales que declararon la nulidad de las leyes de amnistía y los indultos concedidos a exmilitares implicados en los delitos. Hasta noviembre de 2018, se había identificado a 128 niños hijos ilegalmente quitados de sus padres y apropiados por otras personas durante su infancia en la dictadura de 1976 a 1983. Muchos de ellos se reencontraron con sus familias.

En mayo, un tribunal de apelación ratificó la condena penal de 12 personas acusadas de participar en la Operación Cóndor, una estrategia regional que tuvo como fin coordinar las acciones represivas de varias dictaduras latinoamericanas. Fueron condenadas con hasta 25 años de prisión por su participación en una asociación ilícita que secuestró a 103 personas.

Debido a la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar sus garantías de debido proceso. La ley argentina habilita a los jueces a permitir que los mayores de 70 años cumplan la pena en arresto domiciliario. El Ministerio Público indicó en septiembre que 641 personas con prisión preventiva y condenadas cumplían arresto domiciliario. En 2016, el gobierno indicó que no apelaría las sentencias judiciales que concedían el arresto domiciliario a estos detenidos y condenados.

Libertad de expresión

En enero de 2016, la policía detuvo a Milagro Sala, una conocida líder social de la provincia de Jujuy, por su participación en protestas. Sala y otras personas se habían reunido en la capital provincial para protestar por un decreto del gobernador que pretendía regular a organizaciones que, como la de Sala, implementan programas de vivienda y bienestar social con fondos públicos.

Sala fue acusada de instigar a otros manifestantes a cometer delitos y también de sedición. Estaba siendo investigada además por corrupción. En agosto de 2018, la Corte Suprema ordenó que Sala, a quien un juez local le había ordenado que regresara a prisión tras gozar de arresto domiciliario, volviera a cumplir arresto domiciliario. La resolución citó medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado a su favor en noviembre de 2017.

En abril de 2017, el gobierno argentino asumió el compromiso de reformar el Código Penal para modificar y limitar la definición de sedición. No obstante, al momento de redacción de este informe, todavía no había presentado una propuesta formal al Congreso.

Al asumir, el presidente Mauricio Macri dictó una serie de decretos de necesidad y urgencia para regular los medios de comunicación, y creó un nuevo organismo provisorio que implementaría las nuevas normas. El organismo depende del Ministerio de Modernización y, por lo tanto, no es independiente del poder ejecutivo, lo que compromete su capacidad para actuar de manera independiente de los intereses del gobierno. En 2016, el gobierno indicó estar trabajando en la redacción de una ley de comunicaciones que, según anunció, respetaría la libertad de expresión. Al momento de elaboración de este informe, la ley aún no había sido presentada ante el Congreso y el ente —que supuestamente tiene carácter provisorio— había dictado resoluciones sobre reglamentación de medios.

En 2016, el gobierno de Macri dictó una resolución que estableció criterios transparentes para prevenir el favoritismo en la contratación gubernamental de pauta oficial en los medios. En 2017, el gobierno nombró al titular de una agencia nacional responsable de garantizar el acceso a información en poder de organismos públicos, dando así cumplimiento a una ley aprobada por el Congreso en 2016. La agencia también tiene a su cargo la protección de los datos personales. Entre septiembre de 2017, cuando la ley entró en vigencia, y octubre de 2018, hubo 3.582 solicitudes de información.

Aunque las autoridades contestaron la mayoría de las solicitudes en el término de un mes, hubo 204 apelaciones de ciudadanos ante la agencia, en general después de que las autoridades no respondieron a las solicitudes originales.

En algunas provincias y municipios no hay leyes sobre libertad de información, por lo cual existe menos transparencia en esos niveles de gobierno.

Condiciones en centros de detención y abusos por miembros de las fuerzas de seguridad

Sigue habiendo en las cárceles argentinas problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias, condiciones edilicias inadecuadas y violencia entre internos. La Procuración Penitenciaria de la Nación, creada por el Congreso en 2003 para supervisar las cárceles federales y tutelar los derechos de los detenidos, informó sobre la muerte violenta de seis presos en cárceles federales en el primer semestre de 2018, pero no identificó a los responsables. Este organismo también dijo que hubo 301 supuestos casos de tortura o maltrato en cárceles federales entre enero y junio de 2018, luego de haber registrado 615 en 2017.

En diciembre de 2017, el gobierno federal creó el Comité Nacional contra la Tortura, encargado de supervisar la situación de las personas detenidas.

En julio de 2018, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (UNWAD) informó que las fuerzas policiales suelen realizar detenciones de manera discriminatoria y subjetiva. Aproximadamente el 60% de todas las personas encarceladas en Argentina se encuentran en prisión preventiva, y el período de esas detenciones a veces se extiende por hasta seis años. En gran parte debido a la sobrepoblación carcelaria, algunas personas con prisión preventiva permanecen detenidas en dependencias policiales. En algunos casos, guardias penitenciarios han trasladado a detenidos “desobedientes” a celdas de aislamiento sin observar los procedimientos disciplinarios preestablecidos. Miembros de las fuerzas de seguridad han detenido a menores de edad y los han sometido a abusos.

En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad hacen un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, a pesar del compromiso expresado en 2011 por las autoridades de al menos 19 de las 23 provincias de Argentina de asegurar que las medidas de fuerza se apliquen con proporcionalidad.

En septiembre, la justicia condenó a seis policías a penas de hasta diez años y medio de cárcel por la detención arbitraria y tortura de dos adolescentes en 2016. Los agentes habían detenido a los dos adolescentes, de 15 y 18 años en ese momento, mientras circulaban a pie en un vecindario de bajos recursos de Buenos Aires. Uno de ellos declaró ante el tribunal que los agentes lo habían golpeado con violencia en la espalda y la cabeza, le habían propinado patadas mientras yacía en el piso y le habían puesto un cuchillo en la garganta y amenazado con matarlo.

En febrero, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich manifestó que el gobierno modificaría el Código Penal para proteger a los policías que disparen a una persona que creen que está cometiendo un delito. La ministra señaló que todas las acciones de los policías debían “presumirse” como lícitas. La ministra expresó ese compromiso tras un resonado caso en el cual un policía mató a un hombre que se estaba dando a la fuga tras apuñalar a un turista en Buenos Aires. En diciembre, el gobierno adoptó una resolución que concede excesiva discrecionalidad a agentes federales en el uso de armas de fuego.

En julio, el presidente Macri anunció que las Fuerzas Armadas iban a “colaborar con la seguridad interior” en tareas vinculadas con la lucha contra el narcotráfico en las fronteras de Argentina. Posteriormente, adoptó por decreto una nueva política de defensa donde se incluyen algunas expresiones imprecisas que, por ejemplo, permitirían a las Fuerzas Armadas responder a amenazas que no provengan de otro Estado y proteger “objetivos estratégicos” no especificados. El ministro de Defensa Oscar Aguad afirmó que los militares no participarían en actividades de seguridad pública.

Independencia judicial

Debido al retardo en la designación de jueces permanentes por el Consejo de la Magistratura, se han realizado nombramientos provisorios de jueces que no gozan de la garantía de inamovilidad. En un pronunciamiento de 2015, la Corte Suprema dictaminó que esta situación atenta contra la independencia judicial. En noviembre de 2018, 260 de los 985 puestos en primera instancia seguían vacantes.

Impunidad por el atentado a la AMIA

A 24 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas.

La investigación se paralizó cuando Irán, país al cual el Poder Judicial de Argentina atribuye haber ordenado el atentado, no permitió que autoridades judiciales argentinas entrevistaran a presuntos implicados de origen iraní en Argentina. En 2013, Argentina e Irán suscribieron un “Memorándum de Entendimiento” que permitía que una comisión internacional de juristas examinara las pruebas e interrogara a ciudadanos iraníes supuestamente implicados, pero sólo en Teherán, debido a lo cual, probablemente, las entrevistas habrían sido inadmisibles en la justicia argentina. Un juzgado federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, y el gobierno de Macri no apeló esta decisión.

Aún siguen vigentes circulares rojas —un tipo de orden de captura internacional— que el gobierno argentino solicitó a Interpol para detener a varios ciudadanos iraníes implicados en el atentado. En septiembre, el presidente Macri exhortó a las autoridades iraníes a colaborar con las investigaciones durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

En enero de 2015, Alberto Nisman, el fiscal a cargo de investigar el atentado, fue hallado muerto en su vivienda con una única herida de bala en la cabeza y un arma a su lado, cuyo calibre coincidía con el orificio de bala. Su muerte se produjo apenas días después de haber presentado una denuncia penal contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, el entonces canciller argentino, en la cual sostenía que habían conspirado con Irán para interferir en la investigación.

La justicia federal desestimó la denuncia de Nisman; sin embargo, tras una apelación, en 2016 la justicia ordenó la reapertura del caso. En marzo de 2018, un tribunal de apelaciones ratificó una decisión que ordenaba la prisión preventiva de Fernández de Kirchner por su supuesta participación en el encubrimiento. Dicha orden no se ha hecho efectiva debido a que goza de inmunidad parlamentaria como senadora. Timerman falleció en diciembre de 2018. Hasta noviembre, la justicia no había determinado si Nisman se había suicidado o había sido víctima de homicidio.

En 2015, se inició un juicio contra varios funcionarios —incluidos el expresidente Carlos Menem, su jefe de inteligencia y un juez— por haber presuntamente entorpecido la investigación inicial del atentado. El juicio se encontraba en curso a la fecha de redacción de este informe.

Derechos indígenas

Los pueblos indígenas de Argentina enfrentan obstáculos en el acceso a justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos. Argentina no ha implementado plenamente normas vigentes que garantizan el derecho de las poblaciones indígenas, consagrado en el derecho internacional, al consentimiento libre, previo e informado cuando el gobierno adopte decisiones que podrían afectar sus derechos.

En julio, el UNWAD informó sobre la “violenta represión” de manifestaciones de miembros de comunidades indígenas, e indicó que estos grupos habían sido objeto de abusos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad y guardias de seguridad privada y que miembros de estas comunidades habían sido detenidos sin que se respetasen sus derechos fundamentales.

En noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley que extiende el plazo para realizar un relevamiento de territorios indígenas hasta 2021. El relevamiento se encuentra en curso, aunque avanza lentamente.

Derechos de la mujer

En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en riesgo. Pero aun en esos casos, a veces mujeres adultas y jóvenes son procesadas penalmente si solicitan abortos, y encuentran dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva, incluyendo anticoncepción y esterilización voluntaria.

En mayo de 2018, una niña de 10 años que había sido violada por su padrastro enfrentó obstáculos para obtener la autorización para abortar en la provincia de Salta. Un decreto del gobernador sólo permitía el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, y un protocolo provincial requería la realización de una entrevista por parte de un equipo de psicólogos, a pesar de que existe un protocolo de la Corte Suprema que indica que la declaración de una mujer de que ha sido violada es suficiente para permitir un aborto. El gobernador eventualmente derogó el decreto en respuesta al rechazo público generado por este caso, y finalmente se permitió que la niña tuviera un aborto, pero la familia decidió que no se realizara la práctica.

En junio, tras manifestaciones masivas, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para despenalizar en forma total del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, y para que, después de ese período, se permita a las mujeres y niñas interrumpir embarazos si son producto de una violación, si la vida o la salud de la mujer se encuentra en riesgo o si el feto presenta condiciones graves incompatibles con la vida extrauterina. El Senado rechazó el proyecto en agosto.

A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, persisten los casos de asesinatos de mujeres que quedan impunes. En 2017, el Registro Nacional de Femicidios, administrado por la Corte Suprema, informó que hubo 251 femicidios (asesinatos de mujeres debido a su género), pero apenas 12 condenas. En mayo de 2018, el Ministerio Público adoptó un protocolo especial para la investigación y el juzgamiento de femicidios.

Orientación sexual e identidad de género

En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende esta posibilidad a parejas del mismo sexo y les concede las mismas garantías legales del matrimonio reconocidas a las parejas heterosexuales, incluidos los derechos de adopción y beneficios jubilatorios. Desde 2010, más de 18.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en todo el país.

Actores internacionales clave y política exterior

En enero de 2018, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas cerró la acción urgente registrada en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, un artesano cuyo paradero se desconoció por dos meses, desde agosto de 2017, cuando estaba visitando una comunidad indígena mapuche en la provincia de Chubut. Miembros de la comunidad habían indicado a las autoridades que vieron a agentes de las fuerzas de seguridad federales cuando se llevaban a Maldonado de una manifestación. Su cuerpo fue encontrado dos meses después en un río de la zona. Varios peritos forenses concluyeron que se había ahogado y que su cuerpo no mostraba signos de abuso. Asimismo, en enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares que había otorgado para requerir que el gobierno argentino protegiera la vida y la integridad física de Maldonado. La investigación penal para determinar las circunstancias de su muerte continuaba abierta al momento de la elaboración de este informe.

El informe sobre Argentina de julio de 2018 del UNWAD, elaborado a partir de una visita realizada al país en 2017, presentó recomendaciones concretas para abordar los abusos contra detenidos que documentó.

El Presidente Macri ha criticado reiterada y públicamente la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela y ha pedido la liberación de los presos políticos en ese país. Durante su gobierno, se ha permitido que ciudadanos venezolanos soliciten los mismos permisos de residencia que se otorgan a los residentes de los países del Mercosur, a pesar de que Venezuela fue expulsada del bloque de comercio regional. Desde 2014, el número de ciudadanos venezolanos que se traslada legalmente a la Argentina se incrementa continuamente, y en diciembre ascendía a más de 140.000 personas.