Los 52 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno terminaron en 2016, con la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo, la violencia asociada con los grupos armados aumentó en 2018, luego de haber disminuido a partir del cese al fuego de las FARC de 2015. La población civil ha sufrido graves abusos a manos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 8,1 millones de colombianos desde 1985.

Entre los serios problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por violaciones de derechos humanos, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, así como las graves condiciones que enfrentan las comunidades wayúu y otras comunidades indígenas en el país.

En junio de 2018, Iván Duque fue electo presidente tras derrotar en segunda vuelta a Gustavo Petro.

Colombia: Disidencias de las FARC asolan a comunidades afro

Grupos disidentes de las FARC están aterrorizando a la población mayormente afrocolombiana del municipio de Tumaco.

Guerrillas y disidencias de las FARC

En junio de 2017, la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los miembros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno habían entregado sus armas a la misión. La organización guerrillera desmovilizada anunció posteriormente su partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

En septiembre de 2018, la misión política de la ONU anunció que seis excomandantes de las FARC en el sudoeste de Colombia habían abandonado los sitios de reincorporación. Entre estos se incluía Iván Márquez, segundo al mando de las FARC y jefe negociador en el proceso de paz, cuyo paradero seguía siendo desconocido al momento de preparación de este documento.

Una minoría de guerrilleros disidentes rechazaron los términos del acuerdo de paz, no se han desarmado y siguen cometiendo abusos. Otros crearon nuevos grupos o se sumaron a estos tras el desarme, en parte como reacción a las falencias en los programas de reincorporación. En febrero, el gobierno estimó que los grupos disidentes de las FARC tenían más de 1.400 miembros.

En el municipio sureño de Tumaco, grupos disidentes de las FARC han cometido graves abusos contra civiles, incluidos homicidios, violaciones sexuales, reclutamiento infantil, secuestros y desapariciones.

En marzo, uno de esos grupos, el Frente Oliver Sinisterra, secuestró a tres empleados del periódico ecuatoriano El Comercio que estaban investigando las actividades del grupo armado en Mataje, Ecuador. El grupo mantuvo rehenes a los hombres durante dos semanas, mientras exigía que el gobierno ecuatoriano liberara a tres de sus miembros que estaban encarcelados. El 11 de abril, el grupo difundió un panfleto que anunciaba que los tres secuestrados habían muerto. Sus cuerpos fueron hallados en una zona rural de Tumaco a mediados de junio.

En 2018, el ELN siguió cometiendo graves abusos contra civiles, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil. En el marco de su enfrentamiento con el Ejército Popular de Liberación (EPL) —un grupo residual de una organización guerrillera que se desmovilizó en la década de 1990— los grupos obligaron a más de 12.000 personas a abandonar sus hogares en la zona nororiental de Catatumbo.

El ELN siguió llevando a cabo secuestros en 2018. El 7 de septiembre, miembros del ELN secuestraron a Mayerli Cortés Rodríguez, de 15 años, a quien el grupo acusaba de actuar como informante del gobierno. La liberaron el 19 de septiembre.

Los paramilitares y sus sucesores

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso de desmovilización que presentó graves falencias, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y simplemente se reorganizaron conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores siguen cometiendo abusos graves como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.

Los combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el mayor grupo sucesor del paramilitarismo, y los Caparrapos, un grupo que se desprendió de las AGC, provocaron que más de 2.000 personas huyeran de sus viviendas en la zona de Bajo Cauca, en el norte de Colombia, entre enero y marzo de 2018.

El Congreso aprobó en julio una ley que reduce sustancialmente las condenas impuestas a los miembros de grupos armados que se desmovilicen, reconozcan los delitos que se les atribuyen y proporcionen información sobre cómo actúan los grupos. El entonces presidente Juan Manuel Santos señaló que las AGC habían aceptado desmovilizarse al amparo de la nueva ley, pero esta desmovilización todavía no se había producido cuando se redactó el presente informe.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una reducción de las penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. De los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron, 4.000 han intentado solicitado los beneficios de la ley. Hasta marzo de 2018, habían sido condenadas 215 personas, es decir, cerca del 5%.

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, seguía procesado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir en relación con su presunto rol en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en la década de 1990.

En julio, la Corte Suprema de Justicia citó al expresidente Uribe para que respondiera por señalamientos de que había presionado a testigos cuyas declaraciones lo implicaron en atrocidades paramilitares cometidas durante la década de los noventa. En agosto la audiencia se pospuso y al momento de preparación de este documento Uribe no había sido indagado.

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública

De 2002 a 2008, fue habitual que miembros de brigadas del Ejército en toda Colombia ejecutaran a civiles, en lo que ahora se conoce como “falsos positivos”. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego dispararles y matarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de señalamientos de ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente desde 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos.

La Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 3.600 presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y, a marzo de 2018, había conseguido condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios (esta estadística incluye condenas a las mismas personas en distintos casos).

No obstante, en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. Ha habido avances muy limitados en los casos contra 19 generales del Ejército que están siendo investigados por falsos positivos.

En abril de 2018, la revista colombiana Semana reveló que, en 2017, el general Rodríguez Barragán, que entonces estaba al mando de las Fuerzas Armadas colombianas, pidió que otros militares interceptaran y monitorearan al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y evaluaran formas de censurar sus tuits.

En octubre de 2017, ocho agricultores fueron asesinados en el municipio de Tumaco, en el sur del país, durante una protesta contra demoras en la implementación de programas destinados a la sustitución de cultivos ilegales. El Ministerio de Defensa señaló en un primer momento que disidentes de las FARC habían disparado contra manifestantes, mientras que los sobrevivientes responsabilizaron a policías. Al momento de redacción del presente, ninguna persona había sido imputada en relación con los asesinatos.

Violencia contra activistas comunitarios, sindicalistas y periodistas

Activistas indígenas, afrocolombianos y de otras comunidades siguen siendo blanco de amenazas y ataques. A pesar de un programa del Ministerio del Interior que asigna protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 53 defensores de derechos humanos entre enero y septiembre de 2018.

En abril, un grupo de hombres armados secuestraron a tres familiares del líder comunitario Iber Angulo Zamora. El 5 de mayo, mientras trabajadores de la Defensoría del Pueblo llevaban a Angulo Zamora en una embarcación en el río Naya, hombres armados se lo llevaron. En junio, hombres que afirmaban pertenecer al grupo disidente de las FARC denominado “Frente Fuerza Unida del Pacífico” difundieron un video en el que anunciaban que los todos los secuestrados habían sido asesinados.

Una parte importante de estos asesinatos han ocurrido en cinco zonas donde hay numerosas actividades económicas ilegales, como la producción y el tráfico de drogas: los departamentos de Cauca y Nariño, en el sur del país; la zona nororiental de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y las zonas de Bajo Cauca y Urabá, en el noroeste del país.

En julio, la Fiscalía General de la Nación informó que había emitido órdenes de captura contra los presuntos responsables de cerca de la mitad de los asesinatos de defensores de derechos humanos reportados por el ACNUDH desde enero de 2016. La Fiscalía General de la Nación señaló que 71 personas fueron detenidas en relación con estos abusos y que en cinco casos se había condenado a los autores.

En agosto, el presidente Duque anunció que el gobierno establecería nuevos programas para prevenir este tipo de homicidios y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Negociaciones de paz y rendición de cuentas

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC estableció una “Jurisdicción Especial para la Paz” para procesar y juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Los miembros de las FARC y de las Fuerzas Armadas responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen plenamente con la nueva jurisdicción y confiesen sus delitos quedan sujetos a penas de hasta ocho años de “restricciones efectivas de libertades y derechos”, pero no a penas de prisión.

Al momento de redacción de este informe, los magistrados de la Jurisdicción Especial habían priorizado cuatro situaciones: secuestros cometidos por las FARC; falsos positivos; abusos de integrantes del Ejército y de las FARC contra personas afrocolombianas e indígenas en tres municipios del departamento de Nariño entre 1990 y 2016; y abusos perpetrados por miembros de las FARC y del Ejército en la zona de Urabá entre 1986 y 2016.

En julio, los congresistas aprobaron una ley con disposiciones que suspenden, a menos que los acusados soliciten lo contrario, los procesos en la Jurisdicción Especial contra soldados de las Fuerzas Armadas colombianas, hasta que el gobierno establezca para ellos un “procedimiento especial y diferenciado”. La disposición, que fue propuesta por el Centro Democrático, el partido al que pertenecen Uribe y Duque, y estaba siendo analizada por la Corte Constitucional cuando se redactó este documento, podría frenar los procesos por falsos positivos.

Durante 2018, el Centro Democrático presentó al Congreso otros proyectos que contribuirían sustancialmente a frustrar los procesos contra miembros de la fuerza pública; por ejemplo, al permitir que los miembros del ejército reciban beneficios en materia punitiva con independencia de si confiesan o no los delitos. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas habían sido retiradas o enmendadas por los legisladores al momento de redacción del presente informe.

El Centro Democrático ha planteado falsos señalamientos contra magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, acusándolos de tener perjuicios en contra de la fuerza pública. Al momento de redacción de este informe, el Congreso estaba discutiendo un proyecto de ley para nombrar a otros 14 magistrados de la Jurisdicción Especial.

Desplazamiento interno y restitución de tierras

La violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a más de 8,1 millones de colombianos desde 1985, según indican estadísticas gubernamentales. Más de 48.000 fueron desplazados entre enero y septiembre de 2018.

Los avances en la implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 siguen siendo lentos. La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas de tierras que fueron abandonadas o robadas a personas desplazadas durante los años de conflicto armado. Hasta noviembre de 2018, la justicia había dictado sentencias en apenas 8.200 de las más de 116.000 solicitudes recibidas.

En septiembre, una senadora del Centro Democrático presentó un proyecto en el Congreso que limitaría la restitución de aquellas tierras que hubieran sido robadas y luego vendidas a terceros.

Migración desde Venezuela

La crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela ha provocado la mayor crisis migratoria de la historia reciente de América Latina. Colombia ha recibido, por amplia diferencia, a la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Al menos un millón de personas se trasladaron de Venezuela a Colombia tan solo entre marzo de 2017 y junio de 2018.

En julio de 2017, el gobierno colombiano creó un permiso especial que habilita a regularizar su condición y a recibir permisos de trabajo y acceso a servicios públicos básicos a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país legalmente, pero que superen el período de permanencia permitido por sus visas. En 2017 y los primeros meses de 2018, se concedió este permiso a 180.000 venezolanos. En julio de 2018, el gobierno colombiano permitió que los más de 400.000 inmigrantes irregulares venezolanos que se registraron en un censo gubernamental tuvieran acceso a servicios públicos básicos, permisos de trabajo y pudieran inscribir de sus hijos en las escuelas.

Derechos de mujeres y niñas

La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención o acceso a la justicia luego de hechos de violencia. Los responsables de delitos violentos de género rara vez responden ante la justicia.

En Colombia el aborto es ilegal, salvo cuando la vida o la salud de la mujer o niña están en riesgo, el embarazo es resultado de violación sexual o el feto presenta complicaciones incompatibles con la vida extrauterina. En octubre, la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional rechazaron la propuesta de una magistrada de limitar el aborto legal a las primeras 24 semanas de embarazo.

Es común que mujeres y niñas enfrenten obstáculos en el acceso al aborto legal, lo que incluye largas demoras y falta de médicos dispuestos a practicar abortos.

Orientación sexual e identidad de género

En los últimos años, las autoridades han dado varios pasos importantes para reconocer los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En junio de 2015, el Ministerio de Justicia dictó un decreto que permitió que las personas modificaran el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa. En noviembre de 2015, la Corte Constitucional dispuso que no podían invocarse motivos de orientación sexual para negar a los colombianos la posibilidad de adoptar un hijo. En 2016, la Corte Constitucional consagró el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Derechos de la población indígena

La población indígena de Colombia está afectada por niveles desproporcionados de pobreza que obstaculizan significativamente la posibilidad de que satisfagan sus derechos sociales y económicos. Entre enero y principios de noviembre de 2018, al menos 43 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de las comunidades indígenas wayúus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición. Muchas de estas muertes son provocadas por el acceso limitado al agua potable. En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al gobierno que adoptara medidas para frenar estas muertes.

Actores internacionales clave

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En marzo de 2018, el Congreso estadounidense aprobó fondos de asistencia por más de USD 390 millones, que se destinarían principalmente a fines de desarrollo y lucha contra el narcotráfico. Una parte de la asistencia militar estadounidense se encuentra supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. El cumplimiento de estos requisitos no ha sido exigido rigurosamente por el Departamento de Estado de EE. UU.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia sobre crímenes que estarían comprendidos dentro de la competencia de la corte. En marzo, mayo y octubre de 2018, personal de la Fiscalía visitó Colombia para obtener información sobre procesos penales relevantes en el país.

En 2016, a pedido del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad de la ONU creó una misión en Colombia para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación. En septiembre de 2018, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 25 de septiembre de 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un rol clave en la defensa y la promoción de los derechos humanos en Colombia. En marzo de 2018, se designó a Alberto Brunori como nuevo representante del Alto Comisionado en Colombia. En un primer momento, el gobierno le otorgó un permiso temporal de trabajo, que limitaba su posibilidad de trabajar en Colombia. En mayo, el gobierno extendió el permiso.

El gobierno colombiano sigue colaborando con iniciativas de la región para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. Colombia es miembro del Grupo de Lima, una coalición de gobiernos de la región que da seguimiento a la crisis en Venezuela.

El 26 de septiembre, los gobiernos de Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Perú y Paraguay remitieron la situación en Venezuela a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.