En un año marcado por siniestros ataques perpetrados por extremistas armados en París en enero y noviembre, y ante una crisis de refugiados que se profundiza progresivamente, a la Unión Europea y sus estados miembros no les resultó sencillo ofrecer una respuesta eficaz, y asentada en principios, a los cientos de miles de solicitantes de asilo y migrantes que llegaron a Europa. Muchas veces, los intereses particulares de los gobiernos se impusieron por sobre respuestas sensatas en materia de políticas públicas y, como consecuencia, se demoraron las medidas de protección y acogida a personas vulnerables, y esto suscitó interrogantes sobre el objetivo y los límites de la unión.  

Migración y asilo

El manejo deficiente y las discrepancias entre estados miembros de la Unión Europea agravaron una crisis de gran afluencia de migrantes y solicitantes de asilo a Europa, mayormente por vía marítima. Al momento de redacción de este informe, más de 850.000 personas habían cruzado el mar durante el año con la expectativa de llegar a Europa. La gran mayoría de estas personas —se estima que un 82 por ciento—cruzaron el Mar Egeo desde Turquía hasta Grecia, y solamente el 17 por ciento cruzó el Mediterráneo central desde el norte de África hasta Italia, que históricamente ha sido la vía marítima más habitual.

Según la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), el 84 por ciento de las personas que llegaron por vía marítima provenían de Siria, Afganistán, Eritrea, Irak y Somalia, que son países donde actualmente se generan poblaciones de refugiados. En conjunto, los ciudadanos nigerianos, gambianos, sudaneses, paquistaníes y malienses representaron el 7 por ciento de las personas que llegaron a Europa.

En abril, luego de que más de 1.000 personas perdieron la vida en el mar en una sola semana, la Unión Europea triplicó el presupuesto y los recursos destinados a operaciones de patrullaje en el Mediterráneo. Frontex, la agencia de fronteras exteriores de la UE, comenzó el patrullaje en aguas internacionales cerca de Libia, aumentó las patrullas en el Mar Egeo, y llevó a cabo actividades de búsqueda y salvamento y de control de fronteras. Si bien decenas de miles de personas fueron rescatadas a lo largo del año, incluso a través de iniciativas humanitarias privadas, más de 3.500 migrantes murieron o desaparecieron en el mar.

Muchos de los que llegaron a Grecia cruzando las aguas marítimas continuaron luego su viaje por tierra, atravesaron los Balcanes occidentales y sufrieron abusos policiales en Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia —que, en ambos casos, aspiran a integrar la UE—, y en Hungría, que es ya miembro de la unión. En algunos casos, fueron sometidos a condiciones de detención deplorables en Macedonia y en Hungría.

En septiembre, miles de migrantes y solicitantes de asilo quedaron varados en diferentes fronteras sin condiciones adecuadas de acogida, sin posibilidades de continuar el viaje y tampoco sin una alternativa genuina, y en algunos casos fueron dispersados empleando gases lacrimógenos y cañones de agua. Hungría cerró incluso su frontera con Serbia a los solicitantes de asilo y migrantes en el mes de septiembre, y en octubre cerró su frontera con Croacia. En algunas oportunidades, Eslovenia y Croacia bloquearon el acceso a solicitantes de asilo y migrantes durante septiembre y octubre. A fines de noviembre, Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia impusieron restricciones fronterizas a solicitantes de asilo y migrantes, y solamente permitieron el ingreso de personas de determinadas nacionalidades, como los ciudadanos sirios.

Los gobiernos de la UE trabajaron esporádicamente durante el transcurso del año en la implementación de una serie de propuestas sobre política de migración y asilo planteadas por la Comisión Europea en mayo. Se estableció un plan de reasentamiento de refugiados para toda la UE, y los países se comprometieron a ofrecer 22.000 lugares durante los dos años siguientes. Después de un acalorado debate y pese a las objeciones de Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Rumania, los gobiernos de la UE acordaron un programa para reubicar, a lo largo de los dos años siguientes, a un total de 160.000 solicitantes de asilo que habían llegado a Italia, Grecia y, posiblemente, a otros países con fuerte afluencia de personas. El Reino Unido se mantuvo fuera de este acuerdo. Al momento de la redacción de este informe, solamente 159 solicitantes de asilo habían sido reubicados y trasladados desde Italia y Grecia hacia otros estados miembros de la UE en el marco de ese plan.

La mayor parte de las propuestas de la comisión se enfocaron en medidas para limitar la afluencia de personas, intensificar los controles fronterizos y acelerar el regreso de las personas a quienes no se les reconozca el derecho a permanecer en la UE. La UE adoptó medidas positivas, que incluyeron el compromiso de aumentar la ayuda a países que estaban albergando a gran cantidad de refugiados y a organizaciones de asistencia humanitaria. Aun así, se manifestó preocupación por la posibilidad de que algunos esfuerzos para intensificar la cooperación en materia inmigratoria con países de origen y de tránsito propiciaran violaciones de derechos y negación de garantías de protección efectiva a las personas. Las acciones para combatir las redes de contrabandistas siguieron ocupando un lugar central en el enfoque de la UE, y se preparó una misión naval en el Mediterráneo, que comenzó a operar en octubre, para abordar, confiscar y desviar embarcaciones utilizadas por contrabandistas.

El paquete completo de directivas reformuladas que conforman el Sistema Europeo Común de Asilo entró en vigor en julio y estableció una serie de normas y estándares comunes modificados sobre procedimientos y condiciones de recepción. La protección a los solicitantes de asilo siguió siendo azarosa, con una enorme disparidad entre los estados miembros de la UE en cuanto a tasas de reconocimiento, alojamiento y medidas de integración. La Comisión Europea ha intensificado las medidas de aplicación, y ha iniciado 74 procedimientos de infracción contra 23 estados miembros por inobservancia de las normas sobre asilo de la UE.

Discriminación e intolerancia

Los ataques perpetrados por extremistas armados en París en enero dejaron un saldo de 20 muertos: 12 miembros del semanario satírico Charlie Hebdo, cuatro personas que habían sido tomadas como rehenes en un supermercado kósher, un policía y tres atacantes. Los atentados ocurridos en Copenhague en febrero, durante un debate sobre libertad de expresión y en una sinagoga, tuvieron como resultado tres muertos, incluido el atacante. Los atentados pusieron de manifiesto la gravedad del problema de antisemitismo que existe en la UE. Un informe difundido por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en octubre señaló que muchos de los gobiernos de la UE no recopilan datos suficientes sobre los delitos de odio contra miembros de la comunidad judía, una conclusión que refleja una falencia incluso mayor en la recopilación de datos desagregados sobre delitos motivados por el odio.

Los delitos de odio contra musulmanes también representan un problema extendido, con algunas escaladas en Francia y el Reino Unido. La aceptabilidad de la intolerancia frente a musulmanes quedó demostrada en septiembre, cuando varios líderes de la UE manifestaron que solamente estaban dispuestos a recibir refugiados cristianos en sus países, pero no musulmanes.

En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, criticó la persistencia de desalojos forzados de romaníes y poblaciones itinerantes en varios países europeos en los últimos años. Se refirió a la “política nacional sistemática para desalojar por la fuerza a romaníes” de Francia e instó a Bulgaria a cesar los desalojos forzados, “que tienen efectos devastadores para las comunidades afectadas”.

Al sancionar la Ley de Reconocimiento de Género (Gender Recognition Bill) en julio, Irlanda se convirtió en el quinto país del mundo en reconocer legalmente el género elegido por las personas, salvo en el caso de menores de 16 años. En noviembre entró en vigor en Irlanda una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de que en mayo se llevara a cabo un exitoso referéndum constitucional que garantizó el matrimonio igualitario.

Después de su examen de la situación en la UE, en septiembre el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) expresó consternación con respecto a menores con discapacidad que viven en instituciones en países de la UE y no tienen acceso a educación inclusiva formal. El comité mostró además alarma por los efectos negativos que podrían tener las medidas de austeridad sobre los servicios para familias que tienen hijos con discapacidad. El comité también planteó su preocupación por la detención de refugiados y migrantes con discapacidad, y por el hecho de que numerosas personas con discapacidad tengan restringida su capacidad legal, lo cual afecta su posibilidad de tomar sus propias decisiones.

Lucha contra el terrorismo

Los atentados perpetrados en París en noviembre, los más mortíferos en Europa en más de una década, propiciaron medidas de emergencia en Francia (ver a continuación), un operativo de seguridad de gran alcance en Bélgica, mayores controles fronterizos, incluso dentro del área Schengen de libre circulación, y un impulso renovado para una mayor cooperación en materia de seguridad e inteligencia en la UE. En función de experiencias anteriores de atentados graves en Europa, se planteó la preocupación de que nuevamente se debilitarán las garantías de derechos humanos en nombre de la seguridad.

 

En diciembre de 2014, la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) de los Estados Unidos publicó una versión editada de un informe sobre tortura elaborado por el Senado de Estados Unidos, que volvió a señalar la complicidad de estados de la UE con programas de entregas extraordinarias y tortura, y los pobres avances logrados en materia de rendición de cuentas. En febrero, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo decidió reanudar su investigación sobre la complicidad de estados de la UE con torturas.

En abril, fiscales de Lituania anunciaron que habían reabierto una investigación sobre denuncias de que su país mantuvo un centro de detención secreto de la CIA. Las autoridades de Rumania siguen negando que haya existido en su país un centro de detención secreto de la CIA, pese a que, en abril, el ex presidente Ion Iliescu admitió haber autorizado la instalación de un centro de la CIA. Durante el año, hubo escasas señales de avance en investigaciones llevadas a cabo en Polonia y el Reino Unido sobre la complicidad de funcionarios estatales con torturas y entregas extraordinarias (ver a continuación).

En marzo, el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa expresó preocupación por los planes de varios países europeos que pretenden ampliar las facultades de vigilancia de los servicios de seguridad, sin autorización judicial previa.

En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a Joseph Cannataci como el primer relator especial sobre el derecho a la privacidad. Entre las atribuciones de su mandato se incluye evaluar las políticas gubernamentales y las leyes sobre interceptación de comunicaciones digitales. En agosto, Cannataci criticó la fragilidad del mecanismo de control de acciones de vigilancia en el Reino Unido.

Croacia

Para fines de noviembre, más de 441.931 solicitantes de asilo y migrantes habían ingresado en Croacia. Casi todos permanecieron allí solamente por un período breve, antes de desplazarse hacia Hungría (hasta que este país cerró su frontera) o Eslovenia. Croacia tuvo dificultades para satisfacer las necesidades básicas de solicitantes de asilo y migrantes, y por momentos cerró los pasos fronterizos desde Serbia. En noviembre, restringió en sus fronteras la entrada al país de personas de determinadas nacionalidades.

Menos de 5.000 personas han solicitado asilo en Croacia desde 2006, y hasta julio de 2015, solamente 165 personas habían recibido alguna forma de protección, 32 de ellas durante 2015. Numerosos solicitantes de asilo a largo plazo y refugiados enfrentan trabas en el acceso a vivienda, servicios de salud y educación. Los menores migrantes y solicitantes de asilo no acompañados siguen siendo enviados a residencias para niños con problemas de conducta y a centros de acogida para adultos, donde no se brinda tutela adecuada ni protección específica para sus necesidades.

Si bien el gobierno de Croacia realizó algunos avances para proteger los derechos de las personas con discapacidad, el sistema de tutela sigue negando a cerca de 18.000 personas con discapacidad el derecho a tomar decisiones sobre su vida. La implementación de un plan de desinstitucionalización para 2011 avanzó lentamente, y excluye a personas con discapacidad que estén en hospitales psiquiátricos y hogares para adultos. Al mes de septiembre, más de 7.500 personas continuaban institucionalizadas. En abril, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó al gobierno croata a garantizar que sus leyes internas protegieran los derechos de las personas con discapacidad.

Más de 220 casos de crímenes de guerra aún no han sido investigados en los tribunales nacionales. En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que Croacia había violado el derecho a un juicio justo de una persona con doble nacionalidad croata y serbia, que había sido condenado en ausencia por crímenes de guerra y a quien no se le había concedido un nuevo juicio.

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió observaciones finales sobre Croacia, en las cuales expresó consternación por actos de discriminación y violencia contra miembros de minorías étnicas, particularmente romaníes y serbios.

Persistieron las dificultades para ciudadanos serbios que, tras haber sido privados de sus derechos como arrendatarios durante la guerra, intentaron obtener los beneficios previstos por el programa gubernamental de 2010 que permite la compra de propiedades a precios inferiores a los de mercado.

Los romaníes, en situación de apatridia, enfrentaron marcadas dificultades para acceder a servicios estatales básicos, como atención médica, asistencia social y viviendas adecuadas. Los niños romaníes son segregados en la práctica en el sector de educación.

Estonia

Estonia ocupa el décimo lugar en cuanto a cantidad de población apátrida en todo el mundo. Según el Ministerio del Interior, hasta junio de 2015, aproximadamente el 6,3 por ciento de los 1,3 millones de habitantes en el país eran apátridas.

En 2015, el gobierno adoptó medidas para reducir la desnacionalización de menores y simplificar el proceso de naturalización para personas de mayor edad. En enero, el gobierno modificó la Ley de Ciudadanía para permitir que los niños que fueran hijos de padres apátridas obtuvieran automáticamente la ciudadanía de Estonia al nacer; previamente, los padres debían solicitarla. Los padres pueden rechazar la ciudadanía estonia en representación de sus hijos en el término de un año. Las modificaciones también eximen a las personas de 65 años o mayores de la parte escrita del examen obligatorio de idioma estonio para su naturalización.

Las pruebas de idioma siguen representando la mayor dificultad, a efectos de la naturalización, para la población del país que habla ruso. El costo de la naturalización —que incluye la postulación y la preparación para el examen de idioma— y los requisitos sobre ingresos mínimos para acceder a la ciudadanía siguen privando de derechos civiles a los residentes más pobres que viven en el país desde hace mucho tiempo, y han contribuido a la situación de apatridia entre los hablantes de ruso. El costo inicial de las clases de preparación en idioma para la evaluación supone un obstáculo económico considerable para quienes no tienen la ciudadanía y perciben ingresos modestos o no tienen ingresos. El estado reembolsa el costo de las clases de idioma solamente si el solicitante aprueba la evaluación.

Los residentes apátridas no gozan de plenos derechos de empleo y no se les permite desempeñar numerosos trabajos; por ejemplo, no pueden ocupar cargos públicos a nivel nacional ni local y no pueden trabajar en la policía ni en la aduana. Tampoco pueden ser fiscales, jueces ni notarios.

El gobierno no ha adoptado medidas preparatorias suficientes para implementar la Ley de Cohabitación, que fue promulgada en octubre de 2014 y entrará en vigor en 2016. La ley extiende los derechos reconocidos a las parejas casadas a aquellas que no han contraído matrimonio, incluidas las parejas del mismo sexo.

Estonia mantiene una política minimalista en materia de refugiados. El gobierno se comprometió a aceptar 329 solicitantes de asilo durante un período de dos años en el marco del programa de reubicación de la UE. No obstante, al momento de la redacción de este informe, ningún solicitante de asilo había sido reubicado. Resulta sumamente difícil para los solicitantes de asilo conseguir la asistencia de un traductor que hable su idioma durante las entrevistas en las cuales se determina su condición de refugiados.

Francia

En enero y noviembre se produjeron en Francia gravísimos atentados con numerosas víctimas fatales. Los múltiples ataques que tuvieron lugar en París y en el suburbio de Saint-Denis el 13 de noviembre dejaron un saldo de 130 muertos y cientos de heridos. El 20 de noviembre, el Parlamento promulgó una ley que extendió, por tres meses, el estado de emergencia declarado por el presidente François Hollande después de los atentados. La ley también amplió los poderes de emergencia del gobierno, entre otras cosas, para realizar allanamientos sin una orden judicial y disponer la detención domiciliaria de personas sin contar con aprobación judicial, lo cual hizo que se temiera por la vigencia de los derechos a la libertad, la libertad de circulación y las libertades de asociación y de expresión.

A principios de enero, y en un período de tres días, los ataques a la revista satírica Charlie Hebdo, a un policía y a un supermercado kosher dejaron un saldo de 20 muertos, entre los cuales se cuentan los tres atacantes, que murieron en enfrentamientos armados con la policía. A partir de ese momento, se observó un aumento de los actos de islamofobia, y el gobierno registró más de 50 ataques y amenazas contra miembros de la comunidad musulmana entre el 7 y el 12 de enero.

El 12 de enero, el Ministro de Justicia dio instrucciones a los fiscales de que aplicaran la legislación penal a las expresiones que “exaltaran el terrorismo” y también a las expresiones antisemitas y racistas en relación con los atentados en París. Para el 24 de marzo, la justicia francesa había iniciado 298 causas por “exaltación del terrorismo” —un término excesivamente amplio que puede abarcar expresiones que no inciten a la violencia—, incluidos 185 casos en los cuales este era el único delito.

Los actos de antisemitismo, como ataques violentos y amenazas, aumentaron en más de un 100 por ciento durante 2014 en comparación con 2013, según el informe anual de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos publicado en abril.

En un análisis sobre Francia llevado a cabo en junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la discriminación de migrantes y “personas de origen extranjero” en el acceso al empleo, la vivienda, la cultura y la atención médica, así como las dificultades que enfrentan en materia de educación.

En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó a Francia por su “política nacional sistemática para el desalojo forzado” de romaníes migrantes. Según organizaciones de derechos humanos, entre enero y septiembre de 2015, se desalojó a 8.714 romaníes de 79 puntos de Francia, en la mayoría de los casos, sin posibilidades de vivienda alternativas.

Según estimaciones oficiales, alrededor de 4.500 solicitantes de asilo y migrantes vivían en condiciones insalubres, en un campamento improvisado en Calais, con acceso limitado, durante el día, a duchas, electricidad y alimentos en un centro preparado para atender a 1.500 personas. En noviembre, el Consejo de Estado dispuso que el gobierno debía equipar el campamento con grifos de agua, retretes y recolección de residuos, y asegurar que los servicios de emergencia pudieran ingresar al lugar de ser necesario.

Una ley sancionada por el parlamento en el mes de julio exige a las autoridades que registren los pedidos de asilo en un plazo de tres días a partir del momento en que un solicitante de asilo presenta su solicitud, o diez días hábiles si hay numerosos pedidos simultáneos. La ley también pone fin a la detención de menores no acompañados en zonas de tránsito si procuran solicitar asilo en Francia, pero establece excepciones, por ejemplo, cuando los menores provengan de un país que las autoridades consideran “seguro”. Otros menores no acompañados que no manifiesten intención de solicitar asilo pueden continuar detenidos por hasta 20 días en puertos marítimos o aeropuertos.

En julio, Francia sancionó una ley que permitió al gobierno realizar acciones indiscriminadas de vigilancia digital por motivos muy diversos y sin autorización judicial previa, lo cual importa una violación del derecho a la privacidad. Tras un análisis llevado a cabo en julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Francia, en agosto, a garantizar que las actividades de vigilancia sean necesarias y proporcionadas, y se encuentren sujetas a la aprobación y supervisión judicial. En noviembre, el parlamento francés promulgó una ley que autorizó la vigilancia de comunicaciones electrónicas enviadas o recibidas desde el exterior.

El Tribunal de Apelación de París, en cinco fallos paradigmáticos dictados en junio, determinó que el Estado debía resarcir a las víctimas que habían sido sometidas a controles de identidad discriminatorios. El tribunal dispuso que, al no llevar un registro de los controles, se privaba a las víctimas de un recurso efectivo. El gobierno no introdujo formularios para el registro de casos de personas interceptadas, una medida clave para evitar controles de identidad abusivos, pese al compromiso expresado por Hollande durante la campaña presidencial de 2012 de intentar erradicar los abusos que se producen en estos controles.

En un informe emitido en febrero por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre su visita a Francia en septiembre de 2014, y en el cual se refirió a una serie de consideraciones de derechos humanos, concluyó que Francia estaba “en una posición considerablemente rezagada” en la adopción de medidas que aseguraran que el transporte y los espacios públicos sean accesibles para personas con discapacidad, y advirtió sobre las altas tasas de desempleo entre las personas con discapacidad.

Alemania

Las autoridades aumentaron el personal y el presupuesto de la oficina federal de asilo, en respuesta a un incremento sustancial en las nuevas solicitudes de asilo, y crearon nuevos centros de acogida en todo el país. El gobierno calculó que, para fin de año, Alemania recibiría un millón de nuevas solicitudes de asilo.

En octubre, el Parlamento Federal adoptó legislación para agilizar los procedimientos de asilo, mejorar las medidas de integración, sustituir la asistencia mediante dinero en efectivo por beneficios en especie y acelerar la construcción de nuevos lugares de alojamiento. La ausencia de estándares unificados y vinculantes generó marcadas desigualdades en la calidad del alojamiento brindado a las personas asiladas, incluida la falta de salvaguardias para proteger a mujeres y niños del acoso y el abuso.

La legislación agrega a Albania, Kosovo y Montenegro a la lista de países seguros, que ya incluye a Bosnia-Herzegovina, Serbia y Macedonia. Entre todas las nacionalidades, los sirios formaban el grupo más numeroso de solicitantes de asilo, seguidos por albanos y kosovares. Se presume que las personas que provienen de países considerados seguros no necesitan protección internacional y quedan sujetas a procedimientos acelerados, lo cual permite dudar de la calidad de los exámenes individuales y genera alarma sobre las consecuencias para los numerosos solicitantes romaníes procedentes de los Balcanes occidentales.

La Policía Federal registró 473 ataques a alojamientos para personas asiladas en los primeros nueve meses del año, más del doble del total constatado en 2014, y alertó sobre el surgimiento de grupos de extrema derecha. A lo largo de todo el año, se desataron protestas contra los migrantes, particularmente en el este del país.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación, en el mes de mayo, por las amplias facultades concedidas a la policía para interceptar y registrar a personas, que han redundado en acciones selectivas contra determinadas personas en función de su origen étnico y en la insuficiente investigación de ataques perpetrados por motivos raciales. En julio, entró en vigor una ley que amplió la potestad de los fiscales de investigar delitos cometidos por motivos raciales, que ahora se reprimen con sanciones más severas.

El Tribunal Constitucional de Alemania resolvió, en marzo, que una prohibición impuesta en 2004 en Renania del Norte-Westfalia a docentes que cubrían su cabeza con hiyab violaba la libertad religiosa y era discriminatoria. La sentencia torna inconstitucionales otras prohibiciones similares impuestas en otros estados.

Una nueva ley sobre conservación de datos suscitó el temor de eventuales interferencias injustificadas en los derechos de privacidad y de criminalización de los informantes. El comisionado federal para la protección de datos sostuvo que la ley era inconstitucional.

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indicó en mayo que el sistema de tutela alemán niega reconocimiento igualitario conforme a la ley y manifestó preocupación por la institucionalización generalizada de personas con discapacidad psicosocial.

Grecia

En Grecia, el 2015 estuvo marcado por incertidumbre política, inmigración masiva e inestabilidad. En junio y julio, el experto independiente de la ONU en deuda externa y derechos humanos instó a las instituciones europeas, al Fondo Monetario Internacional y al gobierno de Grecia a garantizar que las nuevas medidas de austeridad no menoscabaran los derechos humanos.

Miles de migrantes y solicitantes de asilo que llegaban a las islas del Egeo en Grecia y también en Atenas enfrentaron condiciones deplorables de acogida y detención. Los sistemas de registro deficientes en las islas no lograron identificar a personas con necesidades de protección especiales, incluidas personas con discapacidad o condiciones médicas, y mujeres y niños, lo cual exacerba los riesgos para estos grupos.

Al momento de redacción de este informe, casi 726.000 personas, principalmente procedentes de Siria y Afganistán, han viajado por mar desde Turquía hasta Grecia desde comienzos de 2015. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 588 personas murieron al cruzar desde Turquía en 2015.

Persistieron las denuncias de que guardias fronterizos griegos participaron en expulsiones y devoluciones colectivas de migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras terrestres con Turquía. En octubre, las autoridades informaron que estaban investigando 20 denuncias sobre estos hechos presentadas por organizaciones de derechos humanos. Hombres no identificados, armados y con el rostro cubierto averiaron deliberadamente embarcaciones que transportaban a migrantes y solicitantes de asilo en el Mar Egeo, y los obligaron a regresar a las aguas de Turquía.

En numerosas oportunidades, menores migrantes o que solicitaron asilo y fueron registrados por las autoridades como menores no acompañados permanecieron detenidos por períodos mucho más extensos que los adultos o que menores que viajaban con sus familias, mientras las autoridades intentaban identificar lugares de acogida adonde derivarlos. No existe una estimación confiable de la cantidad de menores migrantes no acompañados que ingresaron en Grecia durante el año.

En febrero, el gobierno revocó una decisión ministerial que había autorizado la detención de migrantes por períodos mayores a los 18 meses permitidos por la normativa de la UE, y anunció que las categorías vulnerables de solicitantes de asilo, así como las personas que habían estado detenidas por más de seis meses, debían ser liberadas inmediatamente de los centros de detención de inmigrantes. Las condiciones en los centros de detención de inmigrantes siguen siendo precarias.

El TEDH determinó la responsabilidad de Grecia por tratos inhumanos y degradantes impartidos en centros de detención de inmigrantes en cinco casos distintos, desde diciembre de 2014.

Pese a las mejoras en el sistema de asilo y a los importantes aumentos en los índices de protección en Grecia, los solicitantes de asilo enfrentan graves dificultades en el acceso al procedimiento pertinente. Según el Servicio de Asilo de Grecia, solamente 10.718 personas habían solicitado asilo en el país hasta fines de octubre. Las autoridades aún deben ponerse al día con las apelaciones de asilo que se encuentran pendientes y que se iniciaron en el antiguo sistema administrado por la Policía.

Persistieron los ataques a migrantes, solicitantes de asilo y personas LGBT, y una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) registró más de 460 incidentes durante los últimos cuatro años. En octubre, un tribunal de Atenas publicó por escrito la condena a reclusión perpetua impuesta en 2014 a dos hombres por el homicidio de un hombre de nacionalidad paquistaní. En la sentencia se especificó que el tribunal había concluido que se trataba de un homicidio por motivos raciales. Esta fue la primera causa en Grecia por un delito grave de esta naturaleza.

En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo instó a Grecia a establecer mecanismos eficientes para que las víctimas de ataques racistas puedan plantear recursos, garantizar su acceso a la justicia y sancionar debidamente a los agresores. Una ley adoptada en julio incorporó permisos de residencia por motivos humanitarios para víctimas indocumentadas y testigos de delitos de odio.

En abril, el gobierno dejó sin efecto una reglamentación sobre salud que se aplicó en 2012 para detener a decenas de presuntas trabajadoras sexuales, que luego fueron obligadas a realizarse pruebas de VIH. A principios de febrero, el nuevo gobierno de Alexis Tsipras anunció el fin de la Operación Xenios Zeus, un operativo policial orientado a migrantes y extranjeros. No obstante, miembros de la policía continuaron interceptando, deteniendo arbitrariamente y acosando a personas sin techo o que consumen drogas y venden servicios sexuales, interponiéndose así a su posibilidad de acceder a servicios de atención médica y apoyo.

En un informe publicado en febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia alertó sobre la discriminación y el acoso policial de personas LGBT, especialmente personas transgénero.

Hungría

En Hungría, se observó un incremento sustancial en las solicitudes de asilo durante 2015, lo cual dejó en evidencia fallas e ineficiencias en el sistema de asilo. Para fines de agosto, y desde el comienzo del año, las autoridades habían registrado más de 150.000 solicitudes de asilo, que representan una cantidad diez veces superior a la de 2014.

En respuesta, el gobierno construyó un vallado a lo largo de su frontera con Serbia, que fue finalizado en septiembre, y otro en su frontera con Croacia en octubre. Mediante reformas legales en julio y en agosto, las autoridades también establecieron un nuevo régimen fronterizo, que penaliza el ingreso irregular y designa a Serbia como un “tercer país seguro”, lo cual permite la rápida devolución de solicitantes de asilo que están en tránsito en ese país. A fines de octubre, más de 500 personas habían sido condenadas por cruzar irregularmente la frontera y asignadas a centros de detención inmigratoria antes de su deportación, en la mayoría de los casos, a Serbia.

Otros cambios fueron la adopción de un procedimiento acelerado de asilo, que atenta contra los derechos de debido proceso, y un plazo de tres días para el análisis judicial, lo cual menoscaba el derecho a un recurso efectivo. Una ley de septiembre autorizó el envío del ejército a la frontera y permitió que los soldados utilizaran la fuerza no letal, incluidas granadas de gas lacrimógeno y balas de goma, contra migrantes y solicitantes de asilo.

En septiembre, la policía de frontera y lucha contra el terrorismo de Hungría utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua contra solicitantes de asilo que se manifestaban en protesta ante el cierre de un cruce fronterizo con Serbia, algunos de los cuales lo hacían en forma violenta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el uso de la fuerza por los agentes de la policía, calificándolo de desproporcionado.

También tres periodistas internacionales fueron agredidos con golpes de bastones por policías, quienes los arrastraron desde el territorio serbio hasta el húngaro, los mantuvieron detenidos 24 horas y los acusaron de haber cruzado irregularmente la frontera. Estos cargos fueron posteriormente retirados.

Durante la primera mitad de 2015, el gobierno participó en una campaña contra las migraciones, que incluyó la preparación, en abril, de un cuestionario tendencioso destinado a ciudadanos húngaros en el cual se asociaban las migraciones con el terrorismo, y una campaña en la vía pública contra los migrantes en mayo.

El gobierno también siguió restringiendo la libertad de los medios de comunicación. En enero, el director ejecutivo de la emisora independiente RTL Klub trasladó a su familia al extranjero y contrató escoltas después de haber sido amenazado con violencia. En julio, la Oficina de Inmigración y Nacionalidad negó a medios húngaros el acceso a centros de acogida de refugiados, argumentando que la presencia de periodistas podía afectar los derechos personales de los solicitantes de asilo.

En junio, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa emitió una opinión sobre la situación de los medios de comunicación de Hungría, y expresó preocupación por la imprecisión de regulaciones sobre contenidos de transmisión, en particular la prohibición de criticar posturas religiosas o políticas y sobre contenidos que violen derechos de privacidad.

Al 31 de octubre de 2015, 71 personas sin techo habían sido acusadas de delitos de baja gravedad en virtud de decretos locales que prohibían que estas personas residieran en forma habitual en espacios públicos, lo cual supuso una reducción significativa respecto de los 234 casos informados a fin de noviembre de 2014. A fines de enero, el Tribunal Superior derogó algunos artículos de un decreto municipal que prohibía que las personas sin techo vivieran en las calles de algunas zonas de Budapest, con vigencia a partir del 31 de mayo.

Los romaníes siguieron expuestos a situaciones de acoso y discriminación. En mayo, la Corte Suprema determinó que los desalojos de miembros de la comunidad romaní durante 2014 constituían discriminación ilegal. El Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes (European Roma Rights Center) documentó evidencias de que la policía multaba sistemáticamente a personas romaníes por infracciones de poca significancia, como no contar con los accesorios necesarios en sus bicicletas, y que en ocasiones se encarcelaba a quienes no podían pagar. En septiembre, la Autoridad de Tratamiento Igualitario de Hungría determinó que esa práctica era discriminatoria.

Italia

Para fines de noviembre, más de 143.000 migrantes y solicitantes de asilo habían llegado a Italia por vía marítima. Estas personas procedían principalmente de Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria y Gambia. La cantidad de nuevas solicitudes de asilo se redujo en comparación con 2014, debido a que la mayoría de los recién llegados salieron rápidamente del país.

La provisión de alojamiento por Italia a personas que solicitaban asilo supuso dificultades constantes. En agosto, 86.000 solicitantes de asilo se estaban alojando en centros oficiales y cientos de establecimientos temporales. El gobierno se comprometió a generar 10.000 lugares más en centros de acogida especiales para solicitantes de asilo y refugiados. Fue habitual que los residentes de vecindarios donde había centros de asilo de emergencia se manifestaran en señal de protesta, y en algunas situaciones de manera violenta.

En septiembre comenzó a funcionar en Lampedusa un centro de evaluación (hotspot) que recibe apoyo de la UE, y se prevé que otros cuatro centros estén plenamente operativos para fin de año. Grupos de defensa de derechos cuestionaron los procedimientos de triaje, dado que a algunas nacionalidades incluso se les impidió solicitar asilo y se les ordenó abandonar el país.

En mayo, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes expresó preocupación por el acceso a los centros de asilo y las condiciones en dichos establecimientos, así como también por la protección inadecuada que reciben los niños migrantes no acompañados. Según datos de Save the Children, en los primeros ocho meses del año llegaron al país al menos 7.600 menores no acompañados. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU llevó a cabo una visita de una semana de duración en septiembre para evaluar el trato y las condiciones de migrantes detenidos.

El TEDH resolvió en julio que, al no reconocer ningún tipo de estatus legal a parejas del mismo sexo, Italia violaba el derecho a la privacidad y a la vida familiar. Al momento de redacción de este informe, el Parlamento aún estaba analizando un proyecto de ley, que ya había sido debatido en numerosas sesiones, para reconocer las uniones civiles de personas del mismo sexo.

En septiembre, el TEDH determinó que la detención, en el año 2011, de un grupo de ciudadanos tunecinos, primero en Lampedusa y luego en embarcaciones, y su posterior expulsión a Túnez, importó una violación de sus derechos a la libertad y la seguridad, a contar con un recurso efectivo, a la protección contra el trato inhumano o degradante en los centros de detención y contra la expulsión colectiva.

Letonia

En Letonia existe una gran población en situación de apatridia. De acuerdo con ACNUR, a fines de 2014, más del 12 por ciento de la población del país se encontraba en situación de apatridia (las autoridades hacen referencia a estas personas como “no ciudadanos”). Pese a una reforma implementada en 2013 para abordar la situación de los menores nacidos y residentes en Letonia que no tienen nacionalidad, 7.800 niños de Letonia eran apátridas a principios de 2015, según se indica en un informe presentado por las organizaciones no gubernamentales Red Europea sobre la Apatridia y el Centro de Letonia para los Derechos Humanos.

Continúa la discriminación contra la población que habla el idioma ruso, particularmente en los ámbitos del empleo y la educación. Las personas de Letonia que no tienen la ciudadanía del país no pueden ocupar determinados cargos públicos ni desempeñar algunas profesiones. También se ha restringido su capacidad de ser propietarios de tierras.

Los límites impuestos por el Estado a la posibilidad de impartir educación en idioma ruso en las escuelas sigue menoscabando la calidad de la educación en regiones donde viven hablantes de ruso. En las escuelas secundarias públicas de Letonia, al menos el 60 por ciento de los planes de estudios debe dictarse en idioma letón.

En 2015, las autoridades continuaron aplicando sanciones a personas y organizaciones, incluidos un museo y un concejal, por supuestamente no haber utilizado el idioma letón  en las comunicaciones profesionales.

En el mes de junio, en Riga, capital de Letonia, se llevó a cabo EuroPride 2015, un evento europeo anual para celebrar el orgullo LGBT, que cada año se realiza en una ciudad europea diferente. Fue la primera vez que EuroPride se celebró en un estado que anteriormente integró la Unión Soviética. No obstante, también en junio, el parlamento de Letonia votó a favor de exigir que las escuelas impartieran “educación sobre moralidad constitucional” a los alumnos, en consonancia con la definición constitucional del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.   

Países Bajos

En una resolución del mes de abril, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ratificó una decisión de 2014 del Comité Europeo de Derechos Sociales que establece que los Países Bajos deben ofrecer condiciones humanitarias dignas a los solicitantes de asilo que son rechazados, hasta el momento en que dejan el país. En ese mismo mes, el gobierno anunció un “acuerdo de cama, baño y alimentos” que contemplaba brindar acogida temporal durante la noche, una ducha y dos comidas diarias. No obstante, el acuerdo está limitado a los cinco municipios más grandes y podría cancelarse si la persona se resiste a dejar los Países Bajos.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial criticó el enfoque del gobierno y señaló que las necesidades básicas de los migrantes debían ser atendidas en cualquier circunstancia. En noviembre, el Consejo de Estado de los Países Bajos, el más alto tribunal administrativo, señaló que el gobierno de ese país tiene facultades generales para establecer condiciones a la provisión de alojamiento a solicitantes de asilo que son rechazados, como por ejemplo que estos colaboren para retirarse de los Países Bajos, salvo en circunstancias excepcionales, como las relativas a la salud psíquica de la persona.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se refirió con preocupación a la deportación de niños en “situaciones vulnerables” a sus países de origen, donde pueden terminar en orfanatos, e instó a las autoridades a tomar medidas para prevenir tales deportaciones.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial advirtió que miembros de la Policía holandesa aplicaban perfiles raciales e instó a los Países Bajos a adoptar medidas para garantizar que la potestad de detener y registrar a personas no se ejerza de un modo discriminatorio. El comité también expresó alarma por las denuncias que señalaban que a ciudadanos que pretendían protestar pacíficamente contra representaciones de la tradicional figura de “Pedro el Negro” (Zwarte Piet) en el festival navideño Sinterklaas se les había negado autorización para realizar esas protestas en un momento y lugar significativos, y habían sufrido ataques violentos y otras formas de intimidación, que no se han investigado adecuadamente.

En junio, los Países Bajos indemnizaron a familiares de víctimas del genocidio de Srebrenica, en 1995, que fueron obligadas a retirarse de una zona asegurada por la ONU por las fuerzas de mantenimiento de paz de los Países Bajos. Un tribunal de la ciudad de Arnhem dispuso, en abril, que un ex comandante de los Países Bajos y dos de sus asistentes no serían juzgados por complicidad en crímenes de guerra y genocidio en Srebrenica.

En noviembre, los Países Bajos ratificaron el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (conocido como Convenio de Estambul).

Polonia

Se observaron escasos avances en la investigación penal sobre un programa secreto de detención e interrogatorios de la CIA que impulsa el Fiscal de Apelaciones de Cracovia desde hace ya tiempo. Después de que el Senado de EE. UU. difundiera el informe sobre tortura, el ex presidente Aleksander Kwasniewski reconoció haber autorizado un centro de detención secreto de la CIA. En febrero, el TEDH ratificó su decisión de julio de 2014 con respecto a la complicidad de Polonia en el programa de detención, y confirmó la orden de que Polonia indemnizara a dos personas que habían estado detenidas en una cárcel secreta. En septiembre, un tribunal polaco rechazó una solicitud para que se reconociera la condición de víctima en una causa iniciada en representación de una persona de origen saudita que había estado detenida en Bahía de Guantánamo.

En el mes de mayo, el Fiscal General publicó un informe sobre delitos de racismo y xenofobia. A pesar de un aumento significativo en la cantidad de casos informados, el número de condenas siguió siendo bajo. En junio, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó a Polonia a adoptar medidas adicionales para abordar los delitos raciales, las expresiones de odio y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Un proyecto legislativo para reconocer la unión civil fue rechazado nuevamente por la cámara baja del parlamento en agosto.

Persistieron las restricciones en el acceso a derechos de salud reproductiva y sexual, así como el acceso limitado al aborto legal y a una educación sexual amplia. En octubre, el Tribunal Constitucional evaluó la legalidad de elementos de la “cláusula de conciencia”, que permite que el personal médico se niegue a brindar servicios de salud reproductiva cuando esto genere un conflicto con sus valores o creencias personales. El Tribunal Constitucional determinó que la obligación legal que exige derivar al paciente a otro profesional médico en caso de producirse un conflicto de esa naturaleza era inconstitucional.

En octubre, el parlamento no revocó el veto presidencial a normas que habrían mejorado notablemente el proceso de reconocimiento legal para personas transgénero.

En febrero, el parlamento promulgó una ley que ratificaba el Convenio de Estambul. Se mantuvieron los graves niveles de violencia contra las mujeres y, dado que a menudo los hechos no se denuncian a las autoridades, las víctimas ven limitado su acceso a servicios y a la justicia.

España

En abril entraron en vigor cambios en las leyes inmigratorias de España que posibilitaron expulsiones sumarias desde Ceuta y Melilla, los enclaves del país en África Septentrional. El acceso a oficinas de asilo establecidas en las fronteras siguió resultando complejo para muchas personas; y por períodos Marruecos directamente cerró la frontera, incluso a ciudadanos sirios. Al momento de elaboración de este informe, se encontraba pendiente un recurso planteado en 2014 ante el TEDH contra el retorno sumario de migrantes desde Melilla.

Un juez de Melilla desestimó los cargos por trato degradante contra ocho guardias fronterizos y por obstrucción de justicia contra el jefe de la Guardia Civil local, en relación con el uso de la fuerza para obligar a migrantes a regresar a Marruecos en octubre de 2014.

En abril, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura reiteró su preocupación debido a las condiciones prácticamente carcelarias que se observaban en los establecimientos de detención inmigratoria, y criticó la grave sobrepoblación del centro para migrantes de Melilla.

Desde julio, se encuentra en vigor el Código Penal reformado y una nueva ley de seguridad pública, con disposiciones que definen los delitos de terrorismo en términos excesivamente amplios y violan los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, lo cual incluye elevadas multas por realizar protestas espontáneas y por la “falta de respeto” a funcionarios de aplicación de la ley, así como sanciones más estrictas por resistencia a la autoridad en el contexto de una protesta. Anteriormente, expertos de la ONU advirtieron que estas medidas podían propiciar una aplicación desproporcionada o discrecional de las normas. El nuevo Código Penal introdujo los delitos de acecho y matrimonio forzado.

En septiembre, el parlamento sancionó leyes que exigían el consentimiento de los padres o tutores para poder practicar abortos a jovencitas de 16 y 17 años, pese a las objeciones y consideraciones de la ONU con respecto a la interferencia que esto suponía para el derecho a la privacidad y la autonomía. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó consternación, en julio, por la prevalencia de la violencia contra las mujeres, e instó a que se llevaran a cabo una serie de reformas en la legislación y en la práctica.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la práctica persistente observada en organismos de aplicación de la ley, que actúan de manera selectiva contra determinadas personas en función de su origen étnico —pese a que se habían implementado algunas reformas legislativas positivas—, el uso excesivo de la fuerza por parte de tales organismos y la discriminación de inmigrantes y minorías, incluidos romaníes. El comité volvió a recomendar que España elimine la figura de la detención en condiciones de incomunicación, y que también derogue la ley de amnistía de 1977 que impide enjuiciar casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el régimen franquista.

En septiembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU determinó que España había violado el derecho a la vivienda adecuada en el caso de una mujer que no pudo recurrir la ejecución hipotecaria de su vivienda.

Reino Unido

En mayo, el nuevo gobierno anunció que presentaría proyectos de ley para reemplazar la Ley de Derechos Humanos (Human Rights Act) por una “Declaración de Derechos Británica”, que incorpora al derecho interno el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las declaraciones de distintos ministros sugieren que el nuevo proyecto de ley podría menoscabar las garantías de derechos humanos.

A la fecha del presente, aún no había presentado sus conclusiones un comité al cual el gobierno le había encomendado, en diciembre de 2013, la tarea de investigar la participación del Reino Unido en entregas extraordinarias y en torturas en el extranjero. Continuaban en curso investigaciones penales sobre la presunta participación de funcionarios del Reino Unido en varios casos de entregas extraordinarias vinculados con Libia.

En marzo, el parlamento promulgó la Ley de Esclavitud Moderna (Modern Slavery Act) con el objeto de combatir la esclavitud, la trata, el trabajo forzado y la servidumbre involuntaria. No obstante, la legislación no aborda adecuadamente el abuso de trabajadores domésticos migrantes cuya condición inmigratoria está vinculada con su empleador. A la fecha de redacción del presente informe, aún no se había concluido una revisión independiente de la visa para trabajadores domésticos, encargada por el gobierno.

En noviembre, el gobierno presentó un proyecto que plasmaría en ley amplias prácticas de vigilancia gubernamental e incluso las expandiría, previendo apenas una intervención judicial limitada. En un informe de junio, el revisor independiente de legislación sobre terrorismo del Reino Unido instó a que las órdenes de interceptación contaran con autorización judicial previa.

En mayo, el gobierno anunció que presentaría un proyecto legislativo para ampliar las facultades de vigilancia. En un informe de junio, el revisor independiente de legislación sobre terrorismo del Reino Unido recomendó que se sancionara una nueva ley sobre vigilancia y que las órdenes de interceptación contaran con autorización judicial previa.

La Policía Metropolitana de Londres registró aumentos del 22 por ciento y el 46,7 por ciento, respectivamente, en los delitos de antisemitismo e islamofobia ocurridos en esa ciudad, entre enero y julio de 2015, en comparación con el año anterior.

En agosto, fuerzas del Reino Unido mataron a tres miembros del grupo extremista armado Estado Islámico (también conocido como ISIS) durante un ataque con drones en Siria. El primer ministro David Cameron anunció que se trató de un ataque lícito conforme al derecho internacional, pero se negó a divulgar cuál era la fuente legal aplicada para autorizar el ataque.

La Ley sobre Antiterrorismo y Seguridad (Counter-Terrorism and Security Act), promulgada en febrero en 2015, permite a las autoridades confiscar los pasaportes de personas que se sospeche que pretenden viajar al extranjero para participar en actividades vinculadas con el terrorismo, y evitar que ciudadanos del Reino Unido que presuntamente participen en actividades relacionadas con terrorismo regresen al país por un plazo de dos años, lo cual los convierte en apátridas durante ese período.

En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó al Reino Unido a adecuar sus leyes antiterroristas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En julio, el gobierno suspendió el “procedimiento abreviado para detenidos”, un mecanismo acelerado para evaluar aquellos reclamos que las autoridades del Reino Unido consideran que pueden resolverse “rápidamente”. En junio, el Tribunal de Apelación había ordenado la suspensión de este mecanismo, luego de que el Tribunal Superior determinara que el procedimiento era ilegítimo e intrínsecamente injusto para los apelantes. En noviembre, la Corte Suprema denegó una solicitud del gobierno para que se reconsiderara en apelación el fallo dictado en junio.