En 2014 el conflicto armado en Siria se volvió cada vez más sangriento. El gobierno y las milicias progubernamentales intensificaron sus ataques en áreas civiles y continuaron usando armas indiscriminadas. Las fuerzas del gobierno también continuaron deteniendo arbitrariamente, torturando y haciendo desaparecer a detenidos, muchos de los cuales murieron bajo custodia. Grupos armados no estatales que se oponen al gobierno también llevaron a cabo abusos graves, como ataques deliberados e indiscriminados contra civiles, el uso de niños soldados, secuestros y torturas durante la detención.

El grupo extremista Estado Islámico, también conocido como ISIS, y la filial de al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, fueron responsables de violaciones sistemáticas y generalizadas, incluyendo ataques contra civiles, secuestros y ejecuciones.

Según la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, hasta agosto de 2014 la cifra de muertos en el conflicto había ascendido a más de 191.000 personas. La expansión y la intensificación de los combates han provocado una grave crisis humanitaria con millones de desplazados internos y solicitantes de asilo en los países vecinos.

Ataques del gobierno contra civiles, uso indiscriminado de armas

Tras el ataque con armas químicas en agosto de 2013 contra Ghouta, cerca de Damasco, la presión internacional hizo que Siria accediera a la Convención sobre Armas Químicas y el acuerdo para eliminar sus armas químicas declaradas. En 2014 todas las armas químicas declaradas fueron retiradas de Siria para su destrucción. Pero la justicia sigue eludiendo a las víctimas del ataque y la evidencia sugiere claramente que los helicópteros del gobierno sirio lanzaron a mediados de abril bombas de barril con cilindros de gas cloro en tres pueblos del norte de Siria. Estos ataques utilizaron un producto químico industrial común como arma, un acto prohibido por la Convención de Armas Químicas.

El uso extensivo por parte del gobierno sirio de las municiones de racimo ha causado numerosas víctimas y ha dejado un legado mortal de restos explosivos de la guerra. Human Rights Watch identificó al menos 249 ataques en 10 de las 14 gobernaciones de Siria en los que se utilizaron bombas de racimo entre julio de 2012 y julio de 2014. Se utilizaron al menos siete tipos de municiones de racimo, como bombas lanzadas desde el aire, dispensadores fijados a aviones, cohetes lanzados desde tierra, y al menos diez tipos de submuniciones explosivas. La evidencia indica que, en los ataques en febrero contra Keferzita, una ciudad del norte de Siria, las fuerzas gubernamentales utilizaron una clase poderosa de cohetes con municiones en racimo que no se había visto antes en el conflicto. Parece ser que las municiones en racimo volvieron a ser utilizadas el 21 de agosto por las fuerzas del gobierno sirio en la ciudad de Manbij, en la gobernación de Alepo, matando al menos a seis civiles e hiriendo a otros 40.

El gobierno también persistió en el lanzamiento de un gran número de bombas de barril altamente explosivas sobre la población civil, en contra de la resolución 2139 aprobada el 22 de febrero por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas bombas no guiadas altamente explosivas son de fabricación barata, producción local y, por lo general, están construidas a partir de grandes barriles de petrolero, cilindros de gas y depósitos de agua. Luego son rellenadas de explosivos de gran potencia y chatarra para mejorar la fragmentación y, a continuación, lanzadas desde helicópteros. Entre febrero y julio hubo más de 650 ataques mayores contra barrios de Alepo controlados por grupos armados de la oposición. La mayoría de los ataques mostraron daños consistentes con la detonación de bombas de barril. Un grupo local calcula que en 2014 los ataques aéreos habrían matado a 3.557 civiles en la gobernación de Alepo.

El gobierno sirio también continúa imponiendo asedios, que se estima que afectan a más de 200.000 civiles. Estos asedios violan la resolución 2139 del Consejo de Seguridad, que exige que todas las partes “levanten inmediatamente los asedios de las zonas pobladas”, incluyendo en Homs, Moadamiya y Daraya, en Ghouta occidental, Ghouta oriental y en el campamento de refugiados palestinos en Yarmouk, en el sur de Damasco. El gobierno ha utilizado estrategias de asedio para efectivamente matar de hambre a la población civil hasta la sumisión y forzar las negociaciones que le permitirían retomar el territorio.

Arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y muertes bajo custodia de las fuerzas del gobierno

Las fuerzas de seguridad sirias siguen deteniendo arbitrariamente a las personas, sometiéndolas regularmente a malos tratos y torturas, y a menudo causando su desaparición utilizando una amplia red de centros de detención en toda Siria. Muchos detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, pero niños, mujeres y ancianos también fueron detenidos. En algunos casos, las personas denunciaban que las fuerzas de seguridad habían detenido a miembros de su familia, niños incluidos, para presionarlos a que se entregasen. El 30 de agosto, la Red Siria para los Derechos Humanos, un grupo de seguimiento local, estimó que 85.000 personas se encontraban detenidas en ese momento en manos del gobierno en condiciones que constituyen una desaparición forzada.

A pesar de una amnistía general declarada por el gobierno en junio, decenas de activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación y trabajadores humanitarios permanecen en detención arbitraria. Algunos de ellos están siendo juzgados, incluso ante tribunales militares y antiterrorismo, por ejercer sus derechos. Algunos de los activistas que permanecen detenidos incluyen al defensor de la libertad de expresión Bassil Khartabil y el defensor de los derechos humanos Mazen Darwish y sus colegas Hani Al-Zitani y Hussein Ghareer, del Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Algunos activistas, como el abogado y defensor de derechos humanos Khalil Maatouk, a quien ex prisioneros aseguran que fue detenido por el gobierno, siguen privados de su libertad en condiciones que constituyen una desaparición forzada.

La resolución 2139 del Consejo de Seguridad exige el fin de las prácticas de detención arbitraria, desaparición y secuestro, y la liberación de todos los que han sido detenidos arbitrariamente.

Los detenidos que han sido liberados reportan consistentemente haber sufrido malos tratos y torturas en los centros de detención, y condiciones carcelarias que provocaron muchos casos de muerte bajo custodia. Cuatro exprisioneros que fueron liberados en 2014 de la cárcel militar de Sednaya describieron varias muertes bajo custodia y condiciones penitenciarias tan duras que casi se ajustan a las denuncias de muertes masivas bajo custodia que hizo en enero un desertor militar, que fotografió a miles de cadáveres en hospitales militares de Damasco. Al menos 2.197 detenidos murieron bajo custodia en 2014, según activistas locales.

Abusos de Jabhat al-Nusra e ISIS

Los grupos extremistas islamistas Jabhat al-Nusra e ISIS cometieron abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluyendo ataques intencionales y secuestros de civiles, como el secuestro por las fuerzas de ISIS en mayo de 153 niños kurdos. Posteriormente, los niños fueron puestos en libertad.

Según informes de funcionarios kurdos locales y evidencias fotográficas, las fuerzas de ISIS utilizaron municiones en racimo el 12 de julio y el 14 de agosto durante los combates entre ISIS y las fuerzas kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG) en los alrededores de la ciudad siria de `Ayn al-`Arab, también conocida por su nombre kurdo de Kobani, en la gobernación de Alepo, cerca de la frontera norte de Siria con Turquía.

El 29 de mayo, según informes locales, las fuerzas de ISIS ejecutaron al menos a 15 civiles, entre ellos siete niños, tras entrar en la aldea de al-Taliliya, cerca de Ras al-`Ayn, en el norte de Siria. En julio, tras hacerse con el control de la ciudad de Bukamal, en la gobernación de Deir al-Zour, un residente informó que las fuerzas de ISIS ejecutaron sumariamente a un residente alauita y cristiano en la plaza principal durante el mes de Ramadán. En 2014 también se reportaron ejecuciones sumarias de residentes por las fuerzas de ISIS en las ciudades de Raqqa y Tabka, en la gobernación de Raqqa. Las fuerzas de ISIS también han ejecutado sumariamente a algunos de sus rehenes, entre ellos los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff en agosto y septiembre, los trabajadores humanitarios británicos David Haines y Alan Henning en septiembre y octubre, y el cooperante estadounidense Peter Kassig en noviembre.

En repetidas ocasiones, Jabhat al-Nusra se ha adjudicado la responsabilidad de atentados letales con coches bomba contra civiles en Siria.

ISIS y Jabhat al-Nusra han impuesto reglas estrictas y discriminatorias sobre mujeres y niñas y ambos grupos han reclutado activamente a niños soldados. Aparentemente, en Bukamal, durante el mes de Ramadán de 2014, las fuerzas de ISIS habrían golpeado a cualquiera que estuviera comiendo o bebiendo en público, y durante y después del Ramadán, a cualquiera que fuera visto caminando por las calles durante las horas de oración. Usar Internet, escuchar música y fumar también estaba terminante prohibido.

Abusos por otros grupos armados no estatales

Grupos armados no estatales han lanzado ataques indiscriminados con proyectiles de mortero y otros tipos de artillería desde zonas bajo su control que acabaron con la vida de civiles en barrios controlados por el gobierno. Estos ataques impactaron repetidamente contra objetivos civiles conocidos, entre ellos, escuelas, mezquitas y mercados.

El 29 de abril, dos proyectiles de mortero impactaron el complejo educativo Badr el-Din Hussaini en el barrio de al-Shaghour de Damasco, una zona bajo control del gobierno, matando a 17 niños y por lo menos a dos padres que habían venido a recoger a sus hijos de la escuela, e hiriendo a unas 50 personas. Los morteros procedían de una zona en manos de grupos armados en el campamento de Yarmouk.

Grupos armados no estatales, incluyendo el Ejército Libre Sirio y el Frente Islámico, también están utilizando a niños para el combate y otros fines militares. También han puesto en riesgo a estudiantes mediante el uso de escuelas como bases militares, cuarteles, centros de detención y puestos para francotiradores.

Grupos armados no estatales también han sido responsables de secuestros. Al menos 54 mujeres y niños alauitas que fueron tomados como rehenes durante una ofensiva militar en la gobernación rural de Latakia en agosto de 2013 siguen detenidos por “la habitación Mujahadeen en la zona rural de Latakia”.

El destacado defensor de los derechos humanos, Razan Zeitouneh, y tres de sus colegas, Wael Hamada, Samira Khalil y Nazem Hammadi, fueron secuestrados el 9 de diciembre de 2013 en Douma, una ciudad a las afueras de Damasco controlada por una serie de grupos armados de la oposición, incluido el Ejército del Islam. En el momento de redactarse este informe, seguían detenidos.

A pesar de la naturaleza sistemática de los abusos cometidos por ISIS y Jabhat al-Nusra, muchos otros grupos armados no estatales en Siria no han dejado de coordinar y cooperar con estos grupos.

Áreas bajo mandato del gobierno de Kurdistán

En enero de 2014 el Partido de la Unión Democrática y los partidos aliados establecieron un gobierno de transición en las tres regiones del norte: `Afrin,`Ain al-`Arab y Jazira. Han formado consejos que funcionan como ministerios y han introducido un nuevo derecho constitucional. Las autoridades han llevado a cabo allí detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y no han abordado las desapariciones ni los asesinatos sin resolver. La policía local, las fuerzas militares y el YPG también utilizaron a niños soldados, a pesar de que se comprometieron en junio a desmovilizar y erradicar su uso.

Crisis de desplazados

La ONU calcula que 7,6 millones de sirios están internamente desplazados y que 12,2 millones necesitan asistencia humanitaria. En 2014 las organizaciones de ayuda humanitaria se enfrentaron importantes desafíos para conseguir asistencia para la población civil desplazada y otros gravemente afectados por el conflicto, a causa de los asedios impuestos por los grupos armados, tanto gubernamentales como no estatales, la continua negativa del gobierno a permitir la entrada de la asistencia a través de la frontera y un fracaso general a la hora de garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios.

En julio una resolución del Consejo de Seguridad autorizó la entrega de ayuda humanitaria transfronteriza incluso sin permiso del gobierno.

Hasta el 3 de septiembre de 2014 más de 3 millones de sirios habían sido o estaban en proceso de ser registrados como refugiados ante la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR) en el Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto. En 2014, Irak, Jordania, Turquía y el Líbano implementaron medidas para restringir el número de entradas de refugiados.

Los cuatro países vecinos que aceptan a refugiados sirios se han negado a concederles estatus legal seguro.

Los palestinos de Siria han afrontado obstáculos adicionales. Se les ha negado la entrada o han sido deportados a la fuerza de Jordania, y a algunos palestinos jordanos que vivían en Siria se les retiró la ciudadanía jordana. Refugiados palestinos procedentes de Siria también han enfrentado restricciones adicionales en el Líbano, después de la imposición en mayo de nuevas regulaciones por parte del ministro del Interior que limitan la capacidad de los palestinos para entrar al país o renovar sus residencias si ya se encontraban en el Líbano.

En 2014, el número de refugiados procedentes de Siria que intentaron llegar a Europa, incluso a través de peligrosas rutas de contrabando, ha aumentado. Mientras que algunos países de la Unión Europea les ofrecen seguridad, otros, como Bulgaria y Grecia, han rechazado a los solicitantes de asilo, a veces con violencia, en sus fronteras o en sus aguas territoriales sin permitirles presentar solicitudes de asilo. Los países que no son vecinos de Siria, incluso en Occidente, han seguido aceptando solo a pequeñas cantidades de refugiados.

En el momento de redactarse este informe, solo un 51 por ciento de la apelación del ACNUR para la Respuesta Regional para los Refugiados Sirios contaba con financiación, dejando un déficit de presupuesto de más de US$1.800 millones. Como resultado, el ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos han suspendido la asistencia a los refugiados, incluyendo la provisión de bienes básicos y subsidios para el cuidado de la salud.

Principales actores internacionales

Mientras que las partes en conflicto y sus aliados internacionales se reunieron en Suiza en enero para una segunda ronda de negociaciones políticas conocida como Ginebra II, las reuniones no dieron ningún resultado tangible y desde entonces las negociaciones no se han reanudado.

También, los esfuerzos internacionales para garantizar justicia creíble por delitos graves bajo el derecho internacional en las partes enfrentadas en Siria difícilmente han tenido éxito. El 22 de mayo, Rusia y China bloquearon una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría referido la situación en Siria a la Corte Penal Internacional (CPI). Más de 100 organizaciones no gubernamentales instaron al Consejo a aprobar la resolución, más de 60 países la copatrocinaron y 13 de los 15 miembros del Consejo votaron a su favor.

Más de 140 naciones han condenado en declaraciones y resoluciones el empleo por parte de Siria de municiones en racimo, incluyendo decenas de estados que no son parte de la Convención sobre Municiones en Racimo. El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 68/182, expresando su “indignación” por la “continuación de las graves violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos” en Siria “incluidos los que entrañan el uso (…) de municiones en racimo”.

Sin embargo, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución el 22 de febrero exigiendo el acceso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria, incluso a través de las líneas de conflicto y fronteras; que todas las partes pongan de inmediato fin “al uso indiscriminado de armas en zonas pobladas, incluidos disparos de artillería y bombardeos aéreos, como el uso de bombas de barril”; que cesen las prácticas de detención arbitraria, desaparición y secuestro, y que pongan en libertad a todos los que han sido detenidos arbitrariamente.

En vista del continuo incumplimiento por parte del gobierno sirio de la resolución, el 14 de julio, el Consejo aprobó una segunda resolución autorizando directamente a las agencias de Naciones Unidas y sus aliados a que entregaran ayuda humanitaria a través de las fronteras de Siria y las líneas de conflicto. No se han aprobado resoluciones de seguimiento semejantes de cara a los detenidos o los ataques indiscriminados, a pesar de la continua violación de la resolución por todas las partes en conflicto.

Según informes de prensa, en 2014, además de bloquear persistentemente la intervención del Consejo de Seguridad para frenar las violaciones del gobierno sirio, Rusia, junto con el gobierno iraní, siguió prestándole ayuda militar al gobierno sirio.

El 15 de agosto, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2170, que insta a todos los Estados Miembros a tomar medidas nacionales para detener el flujo de combatientes extranjeros, el financiamiento y las armas a ISIS, Jabhat al-Nusra y cualquier otra persona o grupo asociado con al-Qaeda. También incluyeron a seis individuos de estos grupos en la lista relativa a las sanciones contra al-Qaeda.

En marzo de 2014 el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato independiente de su Comisión Internacional de Investigación sobre Siria por un año.

Los países vecinos de Siria, y principalmente el gobierno turco, han intensificado sus políticas de control de fronteras para limitar el flujo de material bélico y combatientes de estos grupos, pero estas medidas fueron implementadas con un retraso significativo. Estados occidentales que temen que sus ciudadanos estén tratando de entrar en Siria para luchar han intensificado también sus controles de detección y otras medidas en un intento por detener el flujo de combatientes extranjeros.

El 24 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2178, instando a los Estados a tomar una serie de medidas para combatir el terrorismo, entre ellas, que los Estados establezcan medidas de detección, controles fronterizos eficaces y otras medidas para evitar el reclutamiento, la organización y la circulación de terroristas, incluidos aquellos afiliados a ISIS y al-Qaeda. La resolución también urge a los Estados a que mejoren la cooperación, entablen procesos judiciales, mejoren la asistencia durante esos procesos judiciales y ayuden a construir la capacidad de otros Estados para combatir el terror.

Ciudadanos de Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también han financiado y apoyado operaciones militares dirigidas por ISIS o Jabhat al-Nusra. A principios de agosto, Kuwait anunció nuevas medidas para frenar la financiación de los extremistas. Esto incluyó la prohibición de cualquier iniciativa de recaudación de fondos en las mezquitas, la exigencia de una mayor transparencia por parte de las organizaciones benéficas sobre el origen y el destino de sus donaciones, y la obtención de recibos oficiales. Arabia Saudita también ha tomado nuevas medidas en 2014, como el anuncio en febrero de un real decreto para encarcelar a ciudadanos saudíes que luchan en el extranjero con grupos terroristas, la prohibición en abril de las donaciones a grupos no autorizados, y la promesa en agosto de US$100 millones para establecer un centro de contraterrorismo de la ONU.