El éxito de los partidos populistas y euroescépticos en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo en medio de una continua fragilidad económica y política subrayó la necesidad de un fuerte compromiso de la Unión Europea (UE) para la protección de los derechos humanos dentro de sus propias fronteras. En marzo, la Comisión Europea acordó un mecanismo de estado de derecho para situaciones de crisis y, en junio, el Consejo de la Unión Europea respaldó la idea de una estrategia interna de derechos humanos de la UE. Pero la UE, en particular el Consejo, se mostró reacio a presionar a los Estados miembros sobre prácticas abusivas.

Política de inmigración y asilo de la UE

Las directrices estratégicas que el Consejo Europeo adoptó en junio sobre migración y asilo, que avalan al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos y la necesidad de una política integral de la UE sobre migración, hicieron hincapié en un control de fronteras mejorado sin prever nuevas medidas para facilitar la migración legal o el acceso seguro al asilo en la UE.

Hasta mediados de noviembre, más de 155.000 personas habían llegado a las costas de la UE: principalmente las de Italia, pero también las de Malta, Grecia, España y Chipre. La operación italiana Mare Nostrum rescató a decenas de miles de personas de barcos en peligro, pero más de 3.000 murieron en el mar desde enero, de acuerdo a una estimación en septiembre de la Organización Internacional para las Migraciones, incluyendo en algunos casos el resultado de acciones deliberadas por parte de contrabandistas. En noviembre, la Agencia de Fronteras de la UE Frontex lanzó una operación más limitada en el Mediterráneo conforme Italia desmantelaba Mare Nostrum.

En julio, entraron en vigor nuevos reglamentos de Frontex que aclaran las obligaciones de búsqueda y rescate, así como los procedimientos para asegurar un rápido desembarque.

Durante todo el año se reportaron devoluciones sumarias, incluso de sirios, por parte de Bulgaria, Grecia y España; así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía fronteriza de los tres países. Según Eurostat, en el primer semestre de 2014 había casi 122.030 solicitantes de asilo en los Estados miembros de la UE, un 22 por ciento más que en el mismo periodo de 2013.

Las personas que huían de Siria disfrutaron de altas tasas de protección, pero también se enfrentaron a devoluciones al primer país de entrada de la UE, bajo la Convención de Dublín de la UE y en virtud de acuerdos bilaterales de readmisión, sin la debida consideración de las circunstancias individuales, incluida la reunificación familiar. Catorce países de la UE se ofrecieron a reasentar a 31.817 refugiados sirios vulnerables, con una cuota de Alemania de 25.500, superando las de otros países, aunque en realidad las cifras de los reasentados en el momento de la redacción de este informe eran mucho más pequeñas.

Los solicitantes de asilo fueron acogidos en condiciones deficientes de recepción en varios países, entre ellos Italia, Bulgaria, Grecia y Chipre. Las pésimas condiciones en Bulgaria mejoraron significativamente a principios de año conforme el número de solicitantes de asilo, principalmente de Siria, cayó, aunque las cifras estaban aumentando de nuevo en el momento de escribirse este informe.

En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo que la falta de documentos de identidad no puede justificar la prolongación de la detención de los inmigrantes.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la extensa y automática detención de migrantes en Malta. Este país continuó deteniendo a niños migrantes cuya edad es objeto de controversia, a pesar de que prometió en marzo poner fin a la detención de niños migrantes.

En enero, el Comité Europeo de Derechos Sociales expresó su preocupación por el acceso a la atención sanitaria de migrantes indocumentados en varios países de la UE, entre ellos España, Bélgica, Bulgaria y Francia. En marzo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) expresó su preocupación por la criminalización de la inmigración irregular, y recomendó mejorar el acceso a la justicia para los migrantes indocumentados.

Una propuesta de junio de la Comisión Europea para aclarar la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo de menores no acompañados se encuentra pendiente de aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo en el momento de redactarse este informe.

Discriminación e intolerancia

Los romaníes siguen padeciendo discriminación, exclusión social y carencias en toda la UE, y una encuesta de octubre de la FRA de la UE afirmó que las mujeres romaníes se ven afectadas desproporcionadamente. En diciembre de 2013, el Consejo de la UE hizo recomendaciones para orientar la implementación de estrategias nacionales de integración de los romaníes. En septiembre, la Comisión Europea anunció una acción legal contra la República Checa por no haber eliminado después de muchos años la segregación de los niños romaníes en la escuela.

En enero, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CdE), Nils Muižnieks, advirtió del creciente antisemitismo en Europa. Hubo repetidos incidentes durante el año que justificaron su advertencia, incluyendo un ataque armado en un museo judío en Bruselas que dejó cuatro muertos, así como un aumento en las denuncias de violencia antisemita e incidentes en Francia, Alemania y el Reino Unido. En general, las autoridades respondieron enérgicamente. El presunto atacante del museo estaba siendo juzgado en el momento de escribirse este informe.

El Consejo de la UE adoptó unas conclusiones en diciembre de 2013 que hacían un llamamiento a la creación de un registro, una investigación y el enjuiciamiento adecuado de los crímenes de odio, así como asistencia, apoyo y protección para las víctimas.

El Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (conocido como el Convenio de Estambul) entró en vigor en agosto. En el momento de redactarse este informe, ocho países de la UE lo habían ratificado. En marzo, la FRA publicó los resultados de la primera encuesta en toda la UE sobre la violencia contra las mujeres, en la que una de cada tres mujeres confesaron haber experimentado violencia física y/o sexual desde los 15 años.

Un informe de la FRA de marzo reveló que el miedo a la deportación disuade a los migrantes irregulares de denunciar los delitos ante la policía, ya sea como víctimas o como testigos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aprobó en julio la ley francesa de 2010 que prohíbe el velo integral, a pesar de su impacto negativo sobre el derecho de las mujeres a la autonomía personal y la libertad religiosa. En Bélgica y varias ciudades de España existen leyes similares.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) instó en junio a los gobiernos europeos para que abordaran el racismo en la policía, incluso prohibiendo la discriminación racial y ofreciendo formación sobre los controles de identidad. Un informe de diciembre de la FRA hacía recomendaciones similares.

En octubre, los resultados de una encuesta de la FRA sobre la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en toda la UE encontraron altos índices de acoso escolar en los colegios y acoso y discriminación contra las personas transgénero y las lesbianas. Los encuestados dijeron que rara vez denuncian estos incidentes a las autoridades.

Una encuesta de mayo de la FRA concluyó que las personas con discapacidad se enfrentan a importantes obstáculos para la participación política, mientras que, en 15 países de la UE, a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial bajo tutela legal se les impide ejercer su derecho al voto.

Antiterrorismo

En una resolución de marzo sobre la vigilancia de las comunicaciones, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros de la UE, en particular al Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Polonia, a que revisaran las leyes que rigen sus agencias de inteligencia para asegurarse de que están en línea con el CEDH y sujetas a una supervisión eficaz.

En un informe sobre el derecho a la privacidad en la era digital, publicado en julio, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos instó a los Estados a llevar a cabo la vigilancia solo si era necesaria y proporcionada.

El TJUE anuló la Directiva de la UE sobre la conservación de datos en abril, al considerar que pedir a los proveedores de telecomunicaciones que retengan datos en masa violaba los derechos a la privacidad.

El TEDH dictaminó en julio que Polonia había sido cómplice de la entrega, detención secreta y tortura de dos sospechosos de terrorismo por parte de la CIA en 2002 y 2003, y no había hecho ningún progreso real en la investigación de los abusos. A pesar de la evidencia creíble de que muchos otros países de la UE, incluyendo Dinamarca, Alemania, Lituania, Macedonia, Rumania, España, Suecia y el Reino Unido, participaron en el programa de entregas de la CIA, solo Italia ha procesado a alguien.

Alemania

En febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) alertó sobre la elaboración de perfiles étnicos por parte de la policía en Alemania, una respuesta inadecuada del Estado a los delitos con motivos racistas y la discriminación contra las personas LGBT.

Las manifestaciones contra el conflicto en Gaza en julio fueron eclipsadas por las agresiones antisemitas en varias ciudades alemanas. En agosto, el gobierno federal presentó una nueva ley contra los crímenes de odio que incluye los motivos racistas como circunstancia agravante en un proceso penal, en el momento de redactarse este informe la norma estaba pendiente de ser aprobado por el Parlamento.

Los solicitantes de asilo y refugiados protestaron por las condiciones en los centros de acogida y las restricciones a la libertad de circulación durante el año 2014, incluso con huelgas de hambre. En septiembre, la policía inició una investigación por las denuncias de que guardias de seguridad privada abusaban repetidamente de los solicitantes de asilo en un centro de acogida en el estado de Renania del Norte-Westfalia. En el momento de la redacción de este informe, había 34 investigaciones penales abiertas que implicaban acusaciones similares contra guardias de seguridad en 7 de las 20 instalaciones del estado, desde enero de 2013.

El Instituto Alemán de Derechos Humanos expresó su preocupación por un ley sobre política de asilo adoptado en septiembre que señala a Bosnia y Herzegovina, Serbia y Macedonia como países de origen seguro, sujetos a procedimientos de asilo acelerados. Al menos tres estados federales siguieron devolviendo a romaníes, ashkalíes y egipcios a Kosovo a pesar de las preocupaciones sobre la discriminación y las medidas inadecuadas de integración a su regreso.

En 2014, continuó el juicio de un presunto miembro de una célula neonazi y cuatro presuntos cómplices acusados de asesinar a nueve inmigrantes y a una mujer policía entre 2000 y 2007.

Varios medios de comunicación indicaron que hubo cooperación entre los gobiernos de Alemania y Estados Unidos en las actividades de vigilancia masiva. Una comisión de investigación formada en marzo está investigando la vigilancia masiva en Alemania.

Croacia

A pesar de introducir limitadas reformas en junio, el sistema de protección sigue negando a aproximadamente 18.000 personas con discapacidad el derecho a tomar decisiones sobre sus vidas. La implementación en 2011 de un plan de desinstitucionalización avanzó lentamente: 554 personas habían hecho la transición a una vida en comunidad, pero hasta septiembre, unas 8.200 seguían institucionalizadas.

La Constitución de Croacia se modificó en diciembre de 2013 tras un referéndum para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En julio, el Parlamento de Croacia aprobó una ley que permitía la unión civil entre parejas del mismo sexo.

En junio, el Tribunal de Derechos Humanos falló que Croacia no había investigado adecuadamente la muerte de un civil serbio muerto a manos de la policía croata durante la guerra de 1991-1995. Los tribunales nacionales todavía tienen que abordar más de 200 casos de crímenes de guerra.

Los serbios continuaron siendo objeto de discriminación: aquellos que fueron despojados de sus derechos de posesión durante la guerra afrontan continuas dificultades para beneficiarse del programa gubernamental de 2010 que permite la compra de propiedades por debajo de los precios del mercado.

El acoso y la discriminación contra los romaníes continúa, los vagabundos romaníes experimentando grandes dificultades para acceder a los servicios públicos básicos, tales como el cuidado de la salud, la asistencia social o la educación.

El sistema de asilo y la migración sigue siendo deficiente. En el primer semestre de 2014 hubo 271 nuevas solicitudes, y 19 personas obtuvieron protección. Los solicitantes de asilo siguen detenidos. Los niños no acompañados son colocados en un hogar residencial para niños con problemas de conducta en Zagreb, sin la tutela adecuada.

España

El gobierno respondió al aumento de intentos de los migrantes y solicitantes de asilo de entrar en los enclaves españoles en Marruecos, Ceuta y Melilla (en este último, un alza de 234 por ciento en comparación con 2013) con un mayor control de las fronteras. Quince personas murieron en febrero cuando intentaban llegar a Ceuta por mar; la Guardia Civil española lanzó pelotas de goma y gases lacrimógenos en su dirección. La investigación judicial sobre las muertes seguía en curso.

En septiembre, un juez en Melilla acusó al jefe de la Guardia Civil local de devoluciones sumarias a Marruecos. Las ONG documentaron expulsiones y el uso excesivo de la fuerza. Varias investigaciones y juicios estaban en curso en España contra varios funcionarios por violencia contra los detenidos en los centros de detención de inmigrantes.

La Comisión Europea, el Consejo de Europa y la ONU expresaron su preocupación por los cambios legales propuestos para formalizar las devoluciones sumarias desde los enclaves a Marruecos. El gobierno anunció en noviembre que crearía puestos fronterizos donde los solicitantes de asilo podrían registrarse.

Una oposición generalizada obligó al gobierno a abandonar, en septiembre, un proyecto de ley que habría restringido el acceso al aborto seguro y legal. El gobierno indicó que buscaría cambios para pedir el consentimiento de los padres para jóvenes de 16 y 17 años.

Los proyectos de ley para modificar el Código Penal y crear una nueva ley de seguridad pública, bajo examen en el Parlamento en el momento de redactarse este informe, causaron preocupación por la interferencia con los derechos a un juicio justo y los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión. En octubre, el TEDH falló dos veces contra España por no investigar eficazmente las denuncias de malos tratos durante la detención incomunicada y respaldó las recomendaciones del CPT a España para permitir el acceso a un abogado desde el momento de la detención y el examen médico realizado por un médico de su elección. 

En septiembre los datos mostraron que los desalojos hipotecarios siguen siendo un grave problema, exponiendo a las personas vulnerables a una vivienda insegura y una importante deuda, y el gobierno anunció una extensión de la moratoria sobre los desalojos sin ampliar criterios específicos. El TJUE dictaminó en julio, por segunda vez en dos años, que las inadecuadas salvaguardas de España contra las injustas cláusulas hipotecarias violan el derecho de la UE.

En informes separados en julio, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y el relator especial sobre la promoción de la verdad y la justicia de la ONU criticaron las reformas de marzo que limitaban la capacidad de los tribunales para enjuiciar a los sospechosos de crímenes internacionales graves cometidos fuera de España. Ambos hicieron recomendaciones para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de la época de Franco, incluso haciendo de la desaparición forzada un crimen nacional. En octubre, un tribunal militar procesó a cinco militares por la tortura de dos presos iraquíes en Irak en 2004.

España ratificó el Convenio de Estambul en abril; al momento de escribirse este informe continuaba revisando la legislación nacional existente sobre violencia doméstica. A finales de agosto, 28 mujeres habían sido asesinadas por su pareja desde el inicio del año.

De acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial español, el número de personas con discapacidad despojadas de su capacidad jurídica aumentó un 172 por ciento entre 2005 y 2013.

Francia

El gobierno no promulgó reformas de peso para hacer frente a los controles abusivos por parte de la policía, incluyendo los perfiles étnicos. En enero entró en vigor un nuevo código de ética de la policía que requería el uso de fórmulas de cortesía, pero que apenas proporcionaba directrices sobre el uso de cacheos.

Los desalojos de romaníes que vivían en asentamientos informales continuaron: los grupos de derechos informaron que 10.355 personas habían sido desalojadas entre enero y septiembre de 2014, la mayoría de los cuales no tenían una vivienda alternativa adecuada. En septiembre, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa instó a Francia a poner fin a este tipo de desalojos forzosos. Un plan interno de la policía para desalojar sistemáticamente a los romaníes que vivían en las calles del sexto distrito de París se filtró a la prensa en abril. Posteriormente, el gobierno anunció que había sido rectificado.

En junio, un niño romaní de 16 años de edad fue gravemente golpeado y abandonado inconsciente en un carrito de compras en un suburbio de París. Una investigación penal sobre el intento de homicidio, secuestro y detención por parte de un grupo organizado estaba en curso en el momento de redactarse este informe, pero todavía no se había llevado a cabo ningún arresto.

Cientos de migrantes y solicitantes de asilo fueron desalojados de campamentos informales alrededor de zona de Calais en mayo y julio. En la mayoría de los casos, las autoridades no proporcionaron ningún tipo de alojamiento alternativo adecuado.

El Parlamento aprobó una nueva ley de igualdad de género en julio con medidas para fomentar el permiso de paternidad, proteger a las víctimas de la violencia doméstica y garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. La nueva ley también elimina el requisito de que las mujeres que opten por abortar estén “en peligro”.

En julio, el gobierno prohibió varias manifestaciones pro-palestinas y una manifestación pro-israelí por motivos de orden público, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y de reunión. En julio, un restaurante kosher en París fue atacado. En la cercana Sarcelles, una tienda kosher y una farmacia de propiedad judía fueron incendiadas, en medio de los disturbios que estallaron tras la prohibición de una manifestación pro-palestina. Una decena de personas habían sido condenadas o estaban bajo investigación por la violencia en Sarcelles en el momento de la redacción de este informe, incluido un hombre condenado a cuatro años de cárcel en octubre por el incendio de la tienda kosher, saqueos y el ataque a agentes de policía. También en julio, la policía detuvo a un hombre por un intento de ataque incendiario contra un centro cultural judío en Toulouse.

En julio, el gobierno propuso un nuevo proyecto de ley de asilo para aumentar los servicios de alojamiento para los solicitantes de asilo, dar un efecto suspensivo a todas las apelaciones contra las denegaciones de asilo y acelerar el proceso de asilo. También propuso una nueva ley de inmigración que permite a las autoridades francesas prohibir a los ciudadanos de otros países de la UE viajar dentro de Francia por un máximo de tres años si son considerados una amenaza para un “interés fundamental de la sociedad” o un “abuso de la ley”, una iniciativa que parece apuntar a los romaníes. Ambos proyectos de ley estaban ante el Parlamento en el momento de escribirse este informe.

En noviembre, el Parlamento aprobó una ley antiterrorista que prohíbe a la gente viajar al extranjero si existe la sospecha de que vaya a participar en actividades terroristas, o suponen una amenaza para la seguridad pública a su regreso; crea un delito de “empresa terrorista individual”, y permite a las autoridades requerir a los proveedores de servicios de Internet que bloqueen sitios web que inciten o promuevan el terrorismo.

En octubre, un hombre murió durante una manifestación contra la construcción de una presa en la zona de Tarn. Su muerte parecía haber sido causada por una granada de aturdimiento lanzada por los gendarmes. Una investigación estaba en curso en el momento de redactarse este informe.

En su informe anual publicado en abril, la Comisión Nacional Consultiva sobre Derechos Humanos encontró un generalizado y creciente prejuicio contra los romaníes y, por tercer año consecutivo, un aumento de ataques y amenazas contra los musulmanes.

Una ley de diciembre de 2013 que permite una vigilancia gubernamental a las comunicaciones de largo alcance, vulnerando el derecho a la intimidad, generó poco debate público.

Grecia

En un informe publicado en marzo, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos advirtió que el impacto de las medidas de austeridad en Grecia había sido particularmente grave entre los más vulnerables. Amanecer Dorado se estableció como el tercer partido más popular del país, con un 9,4 por ciento de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo del mes de mayo.

Los ataques a inmigrantes y solicitantes de asilo y personas LGBT continuaron; una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron más de 400 incidentes en los últimos tres años.

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Un decreto ministerial aprobado en junio introdujo el permiso de residencia por razones humanitarias a víctimas indocumentadas y testigos de crímenes de odio. En septiembre, un inmigrante egipcio gravemente herido en un atentado en 2012 se convirtió en la primera persona en recibir este permiso.

En septiembre, una ley anti-racismo de mejora de la respuesta del Estado a los crímenes de odio y de eliminación de obstáculos a la justicia para las víctimas de ataques racistas entró en vigor, pero las medidas que criminalizan los discursos de incitación plantearon preocupaciones de libertad de expresión.

En abril, dos hombres fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato en Atenas en enero de 2013 de un trabajador paquistaní. El tribunal no clasificó el crimen como un acto motivado por cuestiones raciales.

Se espera que el juicio sobre el asesinato en septiembre de 2013 del rapero antifascista Pavlos Fyssas por parte de un presunto miembro de Amanecer Dorado comience antes de fin de año.

En el momento de escribirse este informe, se habían presentado cargos penales contra 70 sospechosos, incluidos todos los miembros parlamentarios de Amanecer Dorado y varios funcionarios de alto rango del partido, por la creación y participación en una organización criminal.

En julio, dos de los cuatro hombres acusados del tiroteo en 2013 contra 28 migrantes recolectores de fresas fueron absueltos, entre ellos el dueño de la finca. En octubre, la Corte Suprema decidió que el caso no debería ser juzgado de nuevo. Los abogados de las víctimas dijeron que apelarían ante el TEDH.

El aumento de la seguridad a lo largo de la frontera terrestre con Turquía coincidió con un incremento del número de migrantes y solicitantes de asilo, muchos de ellos sirios, en busca de acceso a través de las islas del mar Egeo. En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la situación en las islas se estaba convirtiendo en una crisis. Las travesías marítimas fueron la causa de al menos 40 muertes. Hubo continuas denuncias de que los guardias fronterizos griegos llevaron a cabo expulsiones colectivas y devoluciones de migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras con Turquía.

En agosto, el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por el archivo de un incidente en enero de 2013 en el que 12 mujeres y niños murieron en la isla griega de Farmakonisi, en lo que los supervivientes describieron como una operación de devolución en malas condiciones meteorológicas.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, en junio, y la FRA en diciembre de 2013, criticaron los controles abusivos durante la operación policial Xenios Zeus contra migrantes irregulares. En julio, el gobierno puso en marcha la operación policial Theseus contra drogodependientes, trabajadores sexuales y migrantes irregulares en el centro de Atenas.

El TEDH encontró a Grecia responsable de tratos inhumanos y degradantes en la detención de inmigrantes en ocho casos diferentes desde diciembre de 2013. En mayo, un tribunal de Atenas dictaminó que la decisión del gobierno en febrero de permitir la detención de migrantes más allá de los 18 meses permitidos por la legislación de la UE violaba el derecho nacional e internacional.

En un informe de octubre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) calificó como “totalmente inaceptables” las condiciones en las que son detenidos los inmigrantes irregulares en las instalaciones policiales por periodos prolongados.

A pesar de las mejoras en el sistema de asilo y el aumento significativo de las tasas de protección en Grecia, los solicitantes de asilo bajo el marco del antiguo sistema todavía se enfrentan a un retraso estimado de 45.000 casos. El acceso al asilo fuera de Atenas y en situación de detención siguió siendo difícil.

En enero, un hombre fue condenado a 10 meses de prisión, suspendido durante tres años, por gestionar un perfil de Facebook satírico que se burlaba de un monje ortodoxo griego fallecido.

Hungría

El estado de derecho y los derechos humanos siguieron deteriorándose aún más en 2014. El partido gobernante renovó su mandato en abril con una mayoría de dos tercios en el Parlamento unicameral de Hungría. En un discurso a la etnia húngara de Rumanía a finales de julio, el primer ministro, Viktor Orban, declaró su deseo de acabar con la democracia liberal en Hungría. Hubo nuevas presiones sobre los medios de comunicación y la sociedad civil.

El Tribunal Constitucional dictaminó en mayo que los operadores de sitios web eran responsables de los comentarios en las publicaciones de los blogs o comentarios de noticias que violan la ley de medios, obstaculizan la libertad de expresión, el debate público, o la libertad en Internet.

En una sentencia de junio, la Corte Suprema sostuvo que ATV, un canal de televisión crítico con el gobierno, había violado las restricciones sobre comentarios de la ley de medios describiendo el partido Jobbik como de “extrema derecha” en un noticiero. Ese mismo mes, el editor en jefe de Origo, un sitio web independiente de noticias, fue despedido después de publicar un artículo sobre la presunta malversación de fondos públicos del jefe de gabinete del primer ministro.

Neelie Kroes, entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, afirmó en julio que un impuesto a la publicidad, adoptado en junio, muestra que los medios de comunicación libres y plurales están amenazados en Hungría. El impuesto afecta principalmente a RTL Klub, uno de los pocos canales de televisión independientes que quedan en el país.

La sociedad civil estuvo bajo presión en junio, cuando el Tribunal de Cuentas llevó a cabo inspecciones sorpresa de tres organizaciones no gubernamentales que administran dinero de donantes extranjeros, y el gobierno publicó una lista desprestigiando a otras 13 ONG receptoras, incluidos destacados grupos defensores de derechos, calificándoles como “de izquierdas” y “problemáticos”.

En septiembre, la policía realizó una redada en dos ONG que repartían subvenciones, incautando portátiles, documentos y servidores. En octubre, el Tribunal de Cuentas publicó un informe de su auditoría de las cuatro ONG que administraban subvenciones y otras 55 que las recibían, alegando fraude, malversación de activos y otras irregularidades financieras. En el momento de escribirse este informe, estaban abiertas al menos dos investigaciones penales sobre las presuntas irregularidades financieras.

El presidente estadounidense, Barack Obama, nombró a Hungría en un discurso en septiembre en referencia a la presión sobre la sociedad civil. Por el contrario, las instituciones de la UE se mostraron reacias a hablar sobre el tema.

Hasta noviembre de 2014, 234 personas sin hogar habían sido acusadas de delitos menores bajo un decreto local que prohíbe a las personas sin hogar residir de manera habitual en los espacios públicos. En el momento de redactarse este informe, no había informes de que personas sin hogar fueran encarceladas.

Los romaníes siguen sufriendo discriminación y acoso. En mayo, una casa de romaníes en el noreste de Hungría fue atacada con dos bombas de gasolina. Nadie resultó herido, y la policía seguía investigando el suceso en el momento de redactarse este informe. Dos familias romaníes fueron desalojadas en una campaña de desalojo más amplia por el gobierno local de la ciudad de Miskolc que afectó a unos 923 romaníes.

Hungría firmó el Convenio de Estambul en mayo, pero aún tenía que ratificarlo en el momento de escribirse este informe. En septiembre, el Tribunal de Derechos Humanos mantuvo su fallo de abril al considerar que Hungría violaba la libertad de religión y de asociación al arrebatarles a los grupos religiosos su condición de iglesias en 2010.

Italia

Entre enero y noviembre, más de 155.000 personas llegaron a Italia por mar, y muchas de ellas fueron rescatadas en el Mediterráneo por la marina italiana. Mientras que muchos continuaron su viaje a otros países de la UE, hasta octubre más de 44.000 personas habían solicitado asilo en Italia, en medio de preocupaciones sobre las malas condiciones de acogida, en aproximadamente unos 200 refugios de emergencia.

El gobierno aumentó a 13.000 las plazas en centros de acogida especializados. Las tensiones estallaron en algunas comunidades que albergaban estos centros de acogida, como en Roma en noviembre, cuando las autoridades retiraron a 45 niños migrantes de un centro después de que los vecinos del barrio protestaran violentamente. El TEDH dictaminó en noviembre que Suiza no podía devolver un familia afgana solicitante de asilo a Italia debido al riesgo de arreglos inadecuados de acogida, sobre todo para los niños.

En octubre, el Parlamento redujo el tiempo máximo de detención de inmigrantes de 18 a 3 meses. A lo largo del año, los detenidos en esos centros habían protestado por las condiciones y la duración de la estancia.

La entrada y la estancia en el país sin documentos fueron despenalizadas en abril, aunque sigue constituyendo una infracción administrativa.

En octubre, el TEDH falló contra Italia por su práctica de devolver sumariamente a migrantes a Grecia sin hacer una evaluación individual de las necesidades de protección y a pesar del riesgo de convertirse en víctimas de tratos inhumanos y degradantes a su regreso.

Se produjeron varios episodios de violencia xenófoba a lo largo del año. En marzo, la policía intervino pero sin arrestar a nadie durante los ataques de más de dos días contra un asentamiento informal romaní en Nápoles, que motivó su evacuación. Ocho hombres fueron a juicio en septiembre por el ataque con bombas incendiarias por motivos raciales contra un campamento de romaníes en Turín, en diciembre de 2011. Un joven de 17 años que golpeó a una persona sin hogar paquistaní hasta causarle la muerte en Roma en septiembre fue acusado de homicidio, pero la policía descartó una motivación racista.

La Comisión Europea inició una acción legal contra Italia en 2014 por su segregación discriminatoria de los romaníes en campamentos oficiales deficientes. Los romaníes que viven en asentamientos informales fueron objeto de desalojos en serie.

En julio, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU instó a que se tomaran medidas con urgencia para poner fin a la encarcelación excesiva y el uso desproporcionado de la prisión preventiva contra los extranjeros y romaníes. El hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema a pesar de las medidas, incluidas las reformas adoptadas en junio, para reducir las sentencias y recurrir con más frecuencia a alternativas a la detención.

La muerte a tiros en Nápoles de un joven de 17 años de edad, Davide Bifolco, a manos de un soldado en septiembre reavivó las preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza. En octubre, un tribunal de apelaciones absolvió a seis médicos, tres enfermeras y tres funcionarios penitenciarios por la muerte de Stefano Cucchi en 2009. Los fiscales alegaron que el personal médico no trató las lesiones que sufrió tras haber sido golpeado bajo custodia. Un tribunal inferior había condenado a cinco de los doctores por homicidio involuntario en 2013 y absuelto a los otros.

Países Bajos

Tras las críticas de los partidos políticos y las organizaciones de derechos, el gobierno holandés abandonó en abril sus planes para tipificar como delito la estancia irregular.

Decenas de solicitantes de asilo cuya solicitud había sido rechazada continuaron viviendo en condiciones degradantes ocupando edificios abandonados en Ámsterdam. Muchos procedían de países a los que no podían ser devueltos en condiciones de seguridad, como Somalia y Eritrea. El gobierno no les proporcionó ningún tipo de apoyo.

En julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que la Carta Social Europea exigía el gobierno holandés proporcionar refugio, ropa y alimento a los migrantes irregulares en riesgo de indigencia. En el momento de redactarse este informe, el gobierno aún no había puesto en práctica la decisión.

En abril, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU instó al gobierno holandés a garantizar que el procedimiento de apelación de solicitudes de asilo rechazadas incluya un examen sustantivo, que evalúe incluso cualquier riesgo de desaparición forzada a su regreso.

Una ley que permite a las personas transexuales cambiar su sexo en sus documentos de identidad desde los 16 años sin tener que someterse a una cirugía de reasignación de sexo entró en vigor en julio. Los solicitantes deben presentar una declaración de un experto médico afirmando su convicción permanente de pertenecer a otro sexo.

En un informe publicado en octubre, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó el uso extensivo de la detención de migrantes y solicitantes de asilo.

En noviembre, el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo, dictaminó que los somalíes no podían ser deportados a Somalia bajo el argumento de que tales deportaciones no podían llevarse a cabo en un plazo razonable de tiempo.

En julio, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Descendencia Africana de la ONU expresó su preocupación por la discriminación racial por parte de la policía holandesa. Los expertos acogieron con satisfacción el debate sobre el "Piet Negro" (Zwarte Piet), una figura tradicional de la celebración de Sinterklaas y pidieron que los medios de comunicación adoptasen un tono respetuoso durante las discusiones.

En agosto y septiembre el gobierno propuso revocar la ciudadanía holandesa de las personas con doble nacionalidad enrolados en un grupo terrorista, pero no condenados por un delito penal, y de aquellos condenados por diversos delitos relacionados con el terrorismo. Ninguna de las propuestas habían sido adoptadas en el momento de escribirse este informe.

Polonia

La investigación de seis años sobre el centro de detención secreto de la CIA en Polonia continuó en medio de las críticas y la falta de transparencia. En septiembre, la Fiscalía de Cracovia solicitó una prórroga de cuatro meses. En octubre, el gobierno presentó un recurso contra la sentencia del TEDH sobre este tema. En marzo, los fiscales polacos se negaron a reconocer a un ciudadano de nacionalidad saudí detenido en Guantánamo como una víctima en la investigación pendiente.

En un informe de junio, el CPT advirtió sobre un significativo número de denuncias de malos tratos bajo custodia policial, y exhortó al gobierno a reforzar las salvaguardas contra estos abusos.

En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación por el escaso número de casos de crímenes de odio llevados ante los tribunales, a pesar de registrarse un alza en los incidentes.

Un cambio en enero al código penal permitió a los directores de prisiones solicitar órdenes de detención para presos de larga duración que se consideran una amenaza a la vida, la salud o la libertad sexual de los demás. Existe la preocupación entre la sociedad civil de que la ley cree una forma de detención preventiva y permita la detención a largo plazo de personas después de que hayan cumplido sus condenas.

Hubo presión en mayo para acotar la ya de por sí restrictiva ley del aborto de Polonia, cuando más de 3.000 personas, en su mayoría profesionales de la medicina, firmaron una “declaración de fe” contra el aborto y otros servicios de salud reproductiva.

Una llamada cláusula de conciencia en Polonia permite que los profesionales médicos se nieguen a llevar a cabo un aborto si entra en conflicto con su fe. En junio, el entonces primer ministro, Donald Tusk, dijo que el personal médico debe poner la obligaciones legales con respecto al paciente por encima de sus creencias personales.

Tras su revisión de Polonia en octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó el establecimiento de condiciones menos restrictivas y normas claras para el aborto legal y recursos efectivos para impugnar la denegación de aborto.

Reino Unido

El gobierno no cumplió su promesa de una nueva investigación independiente dirigida por un juez sobre la participación del Reino Unido en ejecuciones y su complicidad en torturas cometidas en el extranjero. En diciembre de 2013 el gobierno anunció que la investigación se llevaría a cabo por el Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC), un órgano parlamentario que carece de plena independencia del gobierno pero ha fracasado repetidamente a la hora de ejercer una supervisión eficaz de los servicios de seguridad.

La ley que permite el matrimonio del mismo sexo en Inglaterra y Gales entró en vigor en marzo. En Escocia, la ley fue aprobada en marzo y se espera que entre en vigor en diciembre.

Un proyecto de ley promovido por el gobierno para combatir la esclavitud moderna, que en el momento de escribirse este informe se encontraba ante el Parlamento, incluye salvaguardas inadecuadas contra el abuso de los trabajadores domésticos migrantes por parte de sus empleadores. En abril, un comité parlamentario instó al gobierno a restablecer la capacidad de los trabajadores domésticos migrantes en el Reino Unido de cambiar de empleador, tras haber constatado que un visado que les ata a un empleador “institucionaliza su abuso”.

Durante una visita en abril, a la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, se le prohibió entrar en el centro de expulsión de inmigrantes de Yarl’s Wood, donde están detenidos migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría mujeres. En su informe inicial, Manjoo destacó el impacto de los recortes sobre el acceso a la justicia y la asistencia legal para las mujeres víctimas de violencia.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció en mayo un examen preliminar de las denuncias de abusos sistemáticos de los detenidos por las fuerzas armadas británicas en Irak entre 2003 y 2008.

En julio, el Tribunal Supremo dictaminó que el procedimiento acelerado de “detención por la vía rápida” niega a los solicitantes de asilo la representación legal necesaria para preparar sus casos con eficacia. Grupos de derechos acusaron al sistema de poner a las personas en riesgo de ser expulsadas a países donde corren peligro de persecución, tortura u otros malos tratos.

En julio, el Parlamento aprobó una legislación de emergencia que renovaba los poderes del gobierno para recopilar datos sobre las comunicaciones de millones de personas, lo que contradice la sentencia de abril del TJUE sobre la retención masiva de datos. La ley también amplió los poderes de vigilancia del Reino Unido extraterritorialmente. En noviembre, el gobierno reveló la existencia de políticas que permiten a las agencias de inteligencia del Reino Unido interceptar las comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente por razones de seguridad nacional.

Una ley aprobada en julio permite al gobierno revocar la ciudadanía de ciudadanos naturalizados del Reino Unido si se involucran en terrorismo u otras acciones “gravemente perjudiciales para los intereses vitales” del Reino Unido, incluso si eso les convierte en apátridas. En noviembre, el gobierno publicó un proyecto de ley para prohibir a las personas sospechosas de haber participado en actos de terrorismo en el extranjero regresar al Reino Unido durante dos años y permitir que la policía confisque los pasaportes de aquellos sospechosos de viajar al extranjero para unirse a grupos armados.

Una ONG registró un aumento de incidentes antisemitas de enero a junio, en comparación con el mismo periodo de 2013, incluidas agresiones violentas, daños, profanación de la propiedad y amenazas. En Londres, la Policía Metropolitana registró un aumento del 92,8 por ciento en los delitos antisemitas en los 12 meses previos a octubre de 2014.

Según estadísticas oficiales, hubo 88 suicidios en las prisiones entre abril de 2013 y marzo de 2014, un aumento del 69 por ciento en comparación con los 12 meses anteriores, y la cifra más alta en una década.

Política exterior

La UE siguió siendo uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria a la crisis siria. En marzo, los ministros de Exteriores de la UE expresaron finalmente un claro apoyo de la UE para remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la Alta Representante de la UE perdió la oportunidad de involucrar a todo el marco de la UE con una estrategia sobre la mejor manera de conseguir un apoyo global fuerte para una remisión al Consejo de Seguridad de la ONU.

En marzo, Xi Jinping hizo su primera visita a Bruselas como presidente de China. Durante esta visita, los líderes de la UE, entre ellos el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, eludieron su obligación de plantear públicamente su preocupación por la reducción del espacio para los defensores de los derechos en China.

En mayo, los ministros de Exteriores de la UE adoptaron la directrices de la UE sobre libertad de expresión en línea y fuera de línea, sumadas a las Directrices sobre Derechos Humanos de la UE. Las recomendaciones, que incluyen compromisos y objetivos específicos, se han diseñado para permitir que la UE promueva y proteja mejor la libertad de expresión en todo el mundo.

Los 28 estados miembros de la UE se solidarizaron con una declaración conjunta liderada por Suiza sobre la situación de los derechos humanos en Bahréin, pronunciada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. La declaración pedía a las autoridades de Bahréin que liberara a todos los individuos “encarcelados únicamente por el ejercicio de los derechos humanos” en el país. En respuesta al apoyo de la UE a la declaración, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) canceló la reunión ministerial UE-CCG que estaba programada para que tuviera lugar a finales de junio.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la adopción de las directrices de la UE sobre Defensores de Derechos Humanos, los ministros de Exteriores de la UE adoptaron unas conclusiones que reiteran su firme apoyo a los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de 2014, la respuesta de la UE a la ofensiva contra los defensores de los derechos humanos y activistas de todo el mundo fue inconsistente. Respuestas fuertes, como la condena por parte de la UE a la pena de cadena perpetua dictada al erudito Uighur, Ilham Tohti, en China, fueron la excepción y no la norma.

Se emitieron numerosas declaraciones débiles en respuesta a la detención de defensores de los derechos principales en países como Azerbaiyán y Burundi. Mientras que la UE apoyó la declaración conjunta sobre Bahréin mencionada antes, la Alta Representante de la UE y los Estados miembros de la UE no lograron alcanzar ninguna estrategia significativa, como pedía el Parlamento Europeo, para asegurar la liberación de los activistas bahreiníes detenidos, dos de ellos con ciudadanía de la UE.

La UE siguió siendo uno de los actores internacionales más vocales a la hora de criticar a Israel por sus actividades ilegales de asentamiento. Las directrices de la UE que excluyen a los asentamientos judíos en Cisjordania de los proyectos financiados por la UE entraron en vigor el 1 de enero. Bajo estas directrices, la UE solo dará “subvenciones, premios y otros instrumentos financieros [préstamos]” a las entidades israelíes que no operen en los territorios palestinos ocupados y prometan no gastar allí el dinero.

A pesar de que la UE es un firme defensor de la CPI y de la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, algunos Estados miembros  siguieron presionando a Palestina para que no solicitara el acceso a la CPI. El 22 de julio, los ministros de Exteriores de la UE aparentemente advirtieron a los palestinos contra la CPI, solicitando al liderazgo palestino que usen “constructivamente su estatus en Naciones Unidas y que no emprendan pasos que le alejasen de una solución negociada”. La misma declaración reconoció que la continua expansión de asentamientos de Israel, la violencia de los colonos, los desalojos, el traslado forzoso de los palestinos y las demoliciones (incluyendo las de proyectos financiados por la UE) ponían en riesgo la irreversible “pérdida de la solución de los dos Estados”. Una casi total impunidad por los graves crímenes internacionales en el conflicto palestino-israelí siguió alimentando los abusos por todas las partes implicadas.

La UE impuso medidas restrictivas contra Rusia en respuesta a su ocupación de Crimea en marzo, el apoyo a los separatistas violentos y la interferencia en el este de Ucrania. Las sanciones se dirigen a personas y los sectores estatales de las finanzas, la energía y las armas de Rusia. En septiembre, el Parlamento Europeo dio su consentimiento a un Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania.

La UE siguió desempeñando un papel de liderazgo en ciertas resoluciones de países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Asamblea General de la ONU, incluyendo aquellas sobre Belarús, Corea del Norte y Birmania, garantizando la continuidad de importantes mecanismos de información de Naciones Unidas para los tres países. Pero la UE no asumió un papel de liderazgo en colocar en la agenda de los foros multilaterales las nuevas crisis de derechos humanos, como la reciente represión en Egipto o la situación en Uzbekistán.

El Parlamento Europeo concedió el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de 2014 al doctor Denis Mukwege de la República Democrática del Congo por su lucha a favor de las supervivientes de la violencia sexual.

En agosto, la ministra de Relaciones Exteriores de Italia, Federica Mogherini, fue nombrada como la próxima Alta Representante de la UE para la Seguridad y la Política Exterior, en una reunión de líderes de la UE en Bruselas. Mogherini, que es también vicepresidenta de la Comisión Europea, tomó posesión de su cargo en noviembre.