Al analizar retrospectivamente los acontecimientos en materia de derechos humanos que tuvieron lugar en 2013, se destacan varios temas. La matanza impune de civiles en Siria suscitó horror e indignación en todo el mundo, pero no en la medida suficiente como para convencer a los líderes mundiales de ejercer la presión necesaria para detener estos hechos. Eso ha llevado a que algunos lamentaran la desaparición de la tan proclamada doctrina sobre la “Responsabilidad de Proteger”, que los gobiernos a nivel mundial adoptaron hace menos de una década para proteger a las personas de las atrocidades masivas. Aun así, resultó muy prematuro escribir el epitafio de la “Responsabilidad de Proteger” (R2P) tal como se la conoce, ya que hacia el final del año cobró renovada vitalidad en varios países de África que enfrentaban la amenaza de atrocidades a gran escala: la República Centroafricana, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.
La democracia sufrió embestidas en varios países, pero no porque quienes ocupan posiciones de poder la hayan abandonado abiertamente. Muchos líderes aún sienten la enorme presión de mantener en apariencia su adhesión al estado de derecho democrático. No obstante, una serie de gobiernos relativamente nuevos, que incluyen a los de Egipto y Birmania, se conformaron con cumplir las formalidades más superficiales —es decir, tan sólo las elecciones, o su propia interpretación de las preferencias mayoritarias—, sin tener en cuenta los límites a las mayorías, que resultan indispensables para cualquier democracia genuina. Fue este mayoritarismo abusivo el que propició iniciativas gubernamentales tendientes a eliminar la posibilidad de disenso pacífico, restringir a las minorías y plantear perspectivas acotadas acerca de qué resulta culturalmente apropiado. Aun así, en ninguno de estos casos el público se quedó de brazos cruzados ante este abuso de la democracia.
Desde el 11 de septiembre de 2001, las acciones para combatir el terrorismo también han contribuido a violaciones de derechos humanos. El año pasado se intensificó el debate público con respecto a dos programas contra el terrorismo implementados por Estados Unidos: la vigilancia electrónica masiva a nivel global y las ejecuciones selectivas perpetradas mediante el uso de aeronaves no tripuladas. Durante años, Washington había evitado ofrecer justificaciones legales claras para estos programas, invocando para ello la necesidad de confidencialidad. Esa estrategia fue desarticulada por las revelaciones del informante Edward Snowden acerca del programa de vigilancia, así como también por las noticias sobre las víctimas civiles derivadas del programa de ejecuciones selectivas que se transmitieron desde el lugar de los hechos. En la actualidad, ambos temas son objeto de un intenso escrutinio público.
En medio de esta conmoción, también se realizaron importantes avances en el sistema internacional que contribuye a la defensa de los derechos humanos. Después de un inicio lento y decepcionante, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pareció de una vez por todas demostrar su potencial, más recientemente con la significativa presión aplicada a Corea del Norte y Sri Lanka. Y dos nuevos tratados multinacionales ofrecen esperanza a algunas de las personas más marginadas en todo el mundo: los trabajadores del hogar y los trabajadores de la minería artesanal afectados por la toxicidad del uso de mercurio no reglamentado.
Responsabilidad de Proteger: una potente doctrina que ha sobrevivido a numerosos embates
En 2005, los gobiernos a nivel mundial asumieron el compromiso histórico de que, si un gobierno nacional no lograba poner fin a atrocidades masivas, intervendrían en la situación. Desde aquel momento, la comunidad internacional ha invocado, con resultados satisfactorios, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger para salvar vidas, particularmente en los casos de Kenia en 2007-2008 y Costa de Marfil en 2011. No obstante, muchos gobiernos criticaron la doctrina tras la intervención militar de la OTAN en Libia en 2011, donde prevaleció la percepción de que la OTAN había actuado más allá de la protección de civiles y había incidido en el cambio de régimen. La reacción contaminó el debate global sobre cómo responder a las atrocidades masivas en Siria. El fracaso absoluto de los intentos por detener la matanza de civiles sirios ha llevado a creer que, en la actualidad, la doctrina está desapareciendo. Aun así, esa seria falencia no debería opacar varias instancias de 2013 en las cuales la Responsabilidad de Proteger mostró un notable dinamismo. En la República Centroafricana y en Sudán del Sur, la Unión Africana (UA) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se movilizaron rápidamente y enviaron tropas de paz en un esfuerzo por evitar la matanza de civiles por motivos religiosos y étnicos. Y en la República Democrática del Congo, las presiones internacionales lograron convencer a Ruanda de que retirara su apoyo militar al último eslabón de una sucesión de grupos rebeldes que han cometido atrocidades en esta región, diezmada desde hace ya demasiado tiempo.
Siria
El de Siria fue, sin ninguna duda, el conflicto armado con mayor cantidad de víctimas fatales de 2013.Ya en su tercer año, esta rebelión devenida en guerra civil se distinguió por la despiadada estrategia militar que aplicó el gobierno. En lugar de fijar como único objetivo a los combatientes de la facción opuesta, tal como lo exige el derecho internacional humanitario, el gobierno atacó indiscriminadamente a civiles en áreas controladas por la oposición armada. Uno de los objetivos parece haber sido expulsar a la mayor cantidad posible de civiles, de manera que las fuerzas rebeldes no se mezclaran con ellos o funcionaran a expensas de una economía en actividad. También recurrió a las sanciones colectivas para que la población se alineara contra la oposición y para enviar a todos los sirios el mensaje de que, si permitían que la oposición se impusiera en las zonas donde residían, les esperaba una vida de desdichas.
El ejemplo más aberrante de esta estrategia fue el ataque con gas sarín que se produjo el 21 de agosto en Ghouta, un suburbio de Damasco controlado por la oposición, y que, según evidencias contundentes, habría sido perpetrado por fuerzas del gobierno. Cientos de civiles perdieron la vida esa noche, incluidos numerosos niños cuyos cuerpos vestidos con pijamas se pudieron ver posteriormente. Organizaciones locales que siguen de cerca la situación informan que, cada mes, aproximadamente 5.000 personas mueren por efecto de armas convencionales, en muchos supuestos como consecuencia de violaciones del derecho de guerra, y en el 35 por ciento de los casos se trata de civiles. Las fuerzas de oposición también han sido responsables de atrocidades, y se agrava la consternación por su comportamiento a medida que suman a sus filas a islamistas radicales, algunos de ellos, vinculados con Al-Qaeda. No obstante, la gran mayoría de las muertes de civiles son el resultado de los ataques perpetrados por el gobierno. Las tropas sirias han utilizado misiles balísticos, proyectiles, artillería, bombas de racimo, armas incendiarias, explosivos de aire combustible, bombas de barril y bombardeos aéreos periódicamente, así como también armas químicas, para atacar indiscriminadamente áreas pobladas en territorios controlados por la oposición, y en algunas oportunidades, para atacar panaderías, centros médicos, escuelas y otras estructuras civiles en funcionamiento.
Las fuerzas gubernamentales también han masacrado a civiles y combatientes que se encontraban bajo su custodia, y han trascendido terroríficas historias acerca de la suerte que corrieron innumerables personas que fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y, en algunos casos, asesinadas en centros de detención de Siria. A medida que aumenta el desplazamiento de la población de Siria (aproximadamente 2,3 millones fuera de Siria y 6,5 millones dentro del país) y que se incrementan sus necesidades (se estima que 10 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria), el gobierno ha interpuesto innumerables obstáculos a la entrega de la ayuda humanitaria a civiles en territorios controlados por la oposición, pese a la declaración de la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU que exhortó a eliminar estos obstáculos.
Es doloroso advertir que la respuesta de la comunidad internacional a esta matanza y este sufrimiento ha sido demasiado moderada. En medio de incertidumbre en torno a si el presidente de Estados Unidos Barack Obama haría cumplir la denominada “línea roja” con respecto al uso de armas químicas y su amenaza de emplear la fuerza militar, en septiembre Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo sobre la entrega de estas armas por Siria. La información disponible indica que Siria estaría en gran medida cooperando con lo pactado. Sin embargo, el acuerdo se refiere al método responsable de solo una pequeña fracción de los civiles que perdieron la vida en el conflicto. La presión ejercida sobre Siria para que cesen las matanzas de civiles por medios convencionales y se permita el acceso humanitario a poblaciones sitiadas y la provisión de ayuda humanitaria transnacional —como la manera más sencilla y segura de llegar a muchas de las personas que sufren necesidades en zonas controladas por la oposición— no ha sido insuficiente.
En los últimos meses, las iniciativas internacionales para abordar el conflicto de Siria se han centrado principalmente en negociaciones de paz conocidas con el nombre de Ginebra II. Pero si bien la probabilidad de que las facciones enfrentadas alcancen un acuerdo político en el futuro próximo es improbable, el temor a tomar cualquier medida que pueda disuadir a Damasco de participar en Ginebra II se ha convertido en la excusa más reciente para justificar por qué no se ejerce una verdadera presión sobre Siria por medios convencionales para que ponga fin a las matanzas de civiles y para que permita la libre circulación de la ayuda humanitaria. Estados Unidos se ha mostrado renuente a presionar a Rusia —como el principal apoyo de Siria y el gobierno con la mayor influencia sobre Damasco— debido a otras prioridades, como garantizar recientemente su colaboración para implementar el acuerdo sobre armas químicas y evitar así nuevos llamados a la intervención militar, que el presidente Obama deseaba evitar a toda costa. El apoyo que Irán brindó al presidente sirio Bashar al-Assad ha quedado eclipsado por las negociaciones relativas a su capacidad nuclear. La consecuencia es la pasividad diplomática ante la sanguinaria estrategia del gobierno sirio para con la población civil del país, que prácticamente no encuentra obstáculos.
¿Qué tipo de presión podría ayudar a detener la matanza? Hasta el momento, los gobiernos de países occidentales y del mundo árabe no se han mostrado dispuestos a aplicar sanciones bancarias más agresivas, que han resultado sumamente eficaces en otras situaciones. Rusia se ha mostrado reticente a aceptar que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), imponga un embargo de armamento o siquiera, condene las atrocidades cometidas por el gobierno. En el caso de la CPI, Washington tampoco ha avalado públicamente la intervención de la corte, aparentemente movido, en cierta medida, por la intención de evitar la remota posibilidad de que funcionarios de Israel sean juzgados por trasladar personas a los asentamientos relativamente estáticos de la región de los Altos del Golán, ocupada por Israel. (Los asentamientos en Cisjordania, que se encuentran en constante expansión, son otra cuestión distinta. No obstante, la remisión de Siria no conferiría a la CPI jurisdicción en la región).
Los gobiernos de la región tampoco han prestado colaboración. Según trascendió, El Líbano, Irak y Egipto se negaron a aplicar las sanciones de la Liga Árabe, y enviaron petróleo para mantener en funcionamiento la maquinaria mortífera que opera Siria. Los países del Golfo, incluidos Arabia Saudita y Qatar, presuntamente han proporcionado armas y financiamiento a grupos extremistas responsables de reiteradas atrocidades y, junto con Kuwait, han mirado hacia otro lado cuando sus propios ciudadanos aportaron financiamiento. Irán y Hezbollah mantienen su apoyo al gobierno de Siria.
La comunidad internacional parece demasiado dispuesta a permitir que continúe la matanza de civiles sirios. Algunos gobiernos justifican su apatía difundiendo la versión de que los involucrados serían despiadados combatientes que se matan entre sí, ya se trate de militares sirios, combatientes de Hezbollah o yihadistas. Los gobiernos árabes, en particular en el Golfo, ven el conflicto principalmente desde la óptica de las relaciones entre suníes y chiíes, y de un conflicto latente entre Arabia Saudita e Irán por la hegemonía en la región. No obstante, esta guerra es, en gran medida y de un modo escalofriante, un conflicto contra los civiles. La premisa debiera ser la urgencia y no la pasividad.
República Centroafricana y Sudán del Sur
Pese a este fracaso en Siria, los últimos meses de 2013 mostraron que la doctrina de la Responsabilidad de Proteger aún mantenía considerable vigencia. Cuando las matanzas masivas por motivos religiosos se desencadenaron en la República Centroafricana, Francia y la UA enviaron tropas de refuerzo para asistir a las fuerzas de paz de la UA, que se encontraban sobrepasadas. Estados Unidos aportó más de US$ 100 millones, y la ONU comenzó a preparar su propia misión de paz, para entonces más que necesaria. Aún queda mucho por hacer para sacar al país del abismo, y la comunidad internacional ha demostrado una mayor aceptación de su responsabilidad de actuar.
A mediados de diciembre, en el país vecino de Sudán del Sur, cientos de personas perdieron la vida cuando un conflicto político desembocó en la persecución deliberada de civiles por motivos étnicos y la profundización de la guerra civil. A los pocos días, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el incremento de las fuerzas de paz destinadas al país mediante la incorporación de 5.500 nuevos integrantes. Tal vez esto no sea suficiente para poner fin a las ejecuciones masivas ni para estabilizar la dramática situación, pero la celeridad con que se adoptó la respuesta sugiere que, al menos cuando las circunstancias son las requeridas, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger aún es un factor a tener en cuenta.
Es notable que la intervención en cada caso haya procurado detener la matanza de civiles tanto por parte de tropas y milicias del gobierno como por las fuerzas rebeldes; lo cual representa uno de los desafíos más controvertidos para la doctrina de la Responsabilidad de Proteger.
Ruanda y la República Democrática del Congo
La comunidad internacional también dio una respuesta eficaz en la región oriental del Congo, en la cual, desde hace mucho tiempo, Ruanda brinda apoyo a una sucesión de grupos rebeldes abusivos y ha contribuido así a la pérdida de incontables vidas durante las dos últimas décadas. En reiteradas oportunidades, el presidente Paul Kagame logró salir indemne de esta situación gracias a una combinación de factores: la responsabilidad de la comunidad internacional por no haber detenido el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 1994 y la admiración suscitada por el progreso económico que ha logrado el país bajo su liderazgo.
La situación comenzó a cambiar en junio de 2012, cuando Human Rights Watch y un grupo de expertos de la ONU revelaron pruebas contundentes de que Ruanda estaba brindando amplio apoyo militar al grupo rebelde M23 en la región oriental del Congo, a pesar de las atrocidades que se le atribuyen. Por primera vez, las potencias occidentales, incluidas las dos que más han ayudado a Ruanda —Estados Unidos y Gran Bretaña—, comenzaron a criticar públicamente al gobierno e incluso suspendieron parte de su asistencia. Ruanda negó rotundamente su apoyo al M23, lo cual menoscabó la credibilidad del gobierno y contribuyó a confirmar una vez más la necesidad de ejercer presión para que desistiera de su actitud.
Inicialmente, las medidas de presión resultaron efectivas y lograron que el M23 se retirase de Goma, la ciudad más grande de la región. No obstante, esto no bastó para impedir que el M23 asediara a los pobladores de la región. El Consejo de Seguridad de la ONU respondió reforzando significativamente la capacidad militar de las tropas de paz enviadas a la región oriental del Congo. Luego, cuando el M23 lanzó una ofensiva en octubre de 2013 con el apoyo militar constante de Ruanda, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y el Secretario de Asuntos Exteriores del gobierno británico William Hague se comunicaron telefónicamente con Kagame y le advirtieron que detuviera sus acciones. En esta ocasión, la combinación de presiones y el poder armamentista parece haber dado resultado. Al quedarse sin el apoyo militar de Ruanda y ante las mayores presiones por parte de las fuerzas de paz ampliadas de la ONU, el M23 se desmoronó en unos pocos días. Otros grupos armados, además del Ejército congoleño, aún cometen ataques contra civiles. No obstante, a la fecha de elaboración de este informe, y por primera vez en muchos años, la región oriental del Congo pareciera estar libre de las agresiones de un grupo armado apoyado por Ruanda.
Mayoritarismo abusivo
La democracia tiene tres componentes esenciales: elecciones periódicas, estado de derecho y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Son muchas las dictaduras que no se atreven a permitir elecciones libres y transparentes. Sin embargo, los gobiernos autoritarios también han aprendido que es posible adoptar las formalidades de la democracia sin respetar su esencia, y permitir solamente la celebración de elecciones, a menudo de manera controlada. Esta democracia en apariencia no reconoce principios básicos, como los que exigen que los gobiernos rindan cuentas en el marco del estado de derecho, respeten los derechos humanos que protegen a las minorías y mantengan el compromiso de permitir un debate público libre y constante.
El año pasado, numerosos gobiernos relativamente recientes adoptaron este mayoritarismo abusivo, y mostraron mayor interés por representar a la mayoría —en ocasiones determinada por las elecciones y otras veces por su propia apreciación y según su conveniencia— que por respetar los derechos fundamentales conforme a los cuales debería funcionar la democracia. Algunos líderes también parecieron adoptar una visión convenientemente limitada de la democracia, para la cual lo único verdaderamente importante es el voto en el día de los comicios, y no el debate público durante el resto del año. Para intentar sobrevivir a los vaivenes de la política tradicional, procuraron reprimir protestas públicas y críticas en la prensa y los medios sociales, que también son elementos básicos de cualquier democracia genuina.
El ejemplo más manifiesto es el de Egipto. En primer lugar, el gobierno de la Hermandad Musulmana, con el presidente Mohamed Morsi al frente, dirigió al país con tácticas que llevaron a grupos seculares y minorías a temer ser excluidos de un gobierno bajo el control islamista. Luego, tras el derrocamiento de Morsi por el Ejército en julio, el gobierno militar del general Abdel Fattah al-Sisi llevó a cabo la más cruenta represión vivida por Egipto en décadas, durante la cual, incluso perdieron la vida cientos de manifestantes de la Hermandad Musulmana.
A pesar de la victoria conseguida por Morsi con estrecha diferencia en las elecciones presidenciales de 2012 —con una mayoría relativa del 25 por ciento en la primera vuelta, y una mayoría de apenas el 51,7 por ciento en la segunda vuelta— el modo en que gobernó el país dio a entender que los derechos de las minorías poco importaban. Convocó a una asamblea constituyente que, en opinión de muchos, no reconoció un rol adecuado a los representantes ajenos a la Hermandad, y aprobó apresuradamente una Constitución, aprobada por referéndum, que muchos temían que pudiera favorecer una interpretación islamista en detrimento de derechos fundamentales, especialmente para mujeres y minorías religiosas. Se atribuyó temporalmente atribuciones extraordinarias para estar por encima del control judicial de “cuestiones de soberanía”. Y en un equivocado intento por demostrar buenas intenciones, implementó acciones muy poco enérgicas para poner fin a la impunidad de las fuerzas de seguridad, a pesar de los graves antecedentes de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias. De hecho, durante el gobierno de Morsi se concedió a las fuerzas militares una autonomía incluso mayor a la que tuvieron en la presidencia del ex general militar Hosni Mubarak.
Cuando millones de ciudadanos egipcios se volcaron a las calles en junio de 2013 para exigir nuevas elecciones, el Ejército interpretó las protestas como una licencia para deponer a Morsi, asegurando ser el supuesto portavoz de una mayoría a la que ni siquiera concedió la posibilidad de una elección. Luego procedió a avasallar derechos fundamentales de manera aun más flagrante que Morsi. Redactó una Constitución que, si bien prometía mayor protección a los derechos de mujeres y minorías religiosas, preservó el juzgamiento de civiles en tribunales militares y amplió las excepciones que sustraen a militares del control civil. Y pese a este ejercicio constitucional, la actuación de las fuerzas militares pareció no respetar ningún tipo de derechos.
Las autoridades, controladas por el orden militar, recurrieron a un uso excesivo de la fuerza letal para dispersar sentadas en protesta organizadas por los Hermanos Musulmanes en el Cairo, y causaron la muerte indiscriminada, y en algunos casos deliberada, de casi 1.000 personas. Organizaron redadas y detuvieron a miles de líderes y simples miembros de la Hermandad Musulmana, muchas veces sin reconocer la detención, que a menudo se concretó sin que hubiera una acusación concreta o bajo cargos falsos. Se clasificó oficialmente a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista, y se expuso a sus miembros a sanciones penales o incluso la pena de muerte, y se dispuso la confiscación de sus bienes. También congelaron los activos de centros médicos afines, y se amenazó con tomar el control de mezquitas de la Hermandad y reemplazar a sus predicadores.
El gobierno sancionó una ley que prohibió organizar manifestaciones sin autorización oficial, y tampoco se mostró dispuesto a otorgar este tipo de permisos. Reforzó la autonomía militar mucho más de lo que Mubarak lo había permitido, y con intenciones incluso mucho más permisivas que las de Morsi. Y a pesar de que numerosos actores de sectores liberales apoyaron erradamente estas medidas, comenzó a enfocar su estrategia represiva en los activistas seculares que habían encabezado el primer movimiento en la Plaza Tahrir tres años antes. Por segunda vez desde la caída de Mubarak en febrero de 2011, ocupa el poder un gobierno que muestra poca predisposición por limitar su accionar respetando los derechos humanos.
El ejemplo de Túnezdemuestra que Egipto podría haber seguido una senda distinta. En las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 2011, las primeras elecciones libres en Túnez, el partido islamista Nahdha ganó con una mayoría relativa de votos y por amplia diferencia respecto de otros contrincantes. A pesar del estancamiento de la economía y la polarización política, los principales partidos políticos consiguieron negociar concesiones para preservar derechos importantes. En el proyecto constitucional, eliminaron las disposiciones que hacían referencia al rol “complementario” de la mujer, que podría atentar contra la igualdad de género, y otras que penalizaban las afrentas a “valores sagrados”, una disposición ambigua que podría aplicarse para penalizar expresiones pacíficas. Se decidió no seguir adelante con un proyecto legislativo de “inmunización de la revolución” para evitar que se excluyera de la vida política, y meramente por su afiliación política en el pasado, a personas que no tenían antecedentes penales.
Esta pretensión arrogante de hablar en nombre de la mayoría con total indiferencia por los derechos de las personas también se ha manifestado en otros países. En Turquía, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan consiguió reiteradamente la mayoría en el parlamento, pero su método de gobierno adquiere características progresivamente autocráticas, al mismo tiempo que ostenta una menor predisposición a escuchar a oponentes, críticos o rivales. El punto cúlmine fue un plan diseñado por Erdogan para clausurar uno de los pocos parques que existen en el centro deEstambul y erigir allí un centro comercial. El modo violento en que en mayo la policía dispersó una sentada organizada por unas pocas personas que se oponían al proyecto provocó una ocupación mucho más numerosa del parque y dio lugar a protestas masivas en otras ciudades. Erdogan consideró a las manifestaciones como una afrenta personal, e insistió en el envío de policías para dispersarlas. La policía aplicó un uso excesivo de la fuerza, que incluyó el lanzamiento deliberado de cartuchos de gases lacrimógenos contra manifestantes, algunos de los cuales murieron o sufrieron graves heridas durante los sucesos. Incluso una vez que mermaron las protestas, Erdogan y sus allegados continuaron presionando fuertemente a organizaciones de medios que consideraban alineadas con sus opositores políticos. Al mismo tiempo, apoyó enérgicamente la actuación de la policía durante las manifestaciones, Erdogan no dudó en destituir y pasar a cargos de menor jerarquía a decenas de funcionarios e incluso un fiscal cuyas investigaciones amenazaban con implicar a ministros gubernamentales y a su propio hijo en un escándalo de corrupción.
En Birmania, el gobierno del presidente Thein Sein se comprometió a implementar reformas, pero aún subsisten importantes interrogantes con respecto a su interés en permitir una competencia política abierta, incluida la posibilidad de que se conceda a la líder de oposición Aung San Suu Kyi la oportunidad de postularse a la presidencia. La respuesta del gobierno a los hechos de violencia perpetrados por extremistas budistas contra el grupo étnico rohingya y otros musulmanes ha sido particularmente decepcionante: las fuerzas de seguridad a menudo se han mantenido al margen durante ataques de turbas y no se han adoptado medidas proactivas para llevar ante la justicia a los responsables. Tampoco ha realizado acciones tendientes a juzgar a miembros de las fuerzas de seguridad por crímenes de guerra cometidos durante las diversas guerras civiles con trasfondo étnico que se desarrollaron en las zonas periféricas del país.
También el rol de Aung San Suu Kyi ha sido decepcionante. Consciente de que su posibilidad de postularse a la presidencia dependerá en definitiva del Ejército, se ha abstenido de criticar sus abusos. Y debido a que el vulnerable grupo apátrida de los rohingya se encuentra ampliamente segregado en Birmania, se ha negado a defender a este sector cuando sufrió ataques violentos. La premio Nóbel defiende su postura aseverando que siempre ha sido una política y que sigue siéndolo. Aparentemente el mundo se habría equivocado al suponer que, como víctima de abusos cuyos esfuerzos han recibido reconocimiento, se convertiría también en una comprometida defensora de los derechos.
En Tailandia, el gobierno de la primera ministra Yingluck Shinawatra aprovechó la mayoría conseguida en los comicios para intentar otorgar una amnistía indiscriminada a personas presuntamente involucradas en abusos violentos, entre las cuales se encontraba, no causalmente, su hermano mayor y ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que vive en el exilio desde 2006 y podría librarse así de los cargos que enfrenta por corrupción. Este abuso de la mayoría de su partido en el parlamento suscitó masivas protestas callejeras. Sin embargo, numerosos miembros de la oposición parecían prácticamente estar invitando a que se produjera un golpe militar, y se oponían a celebrar nuevas elecciones por temor, una vez más, a perder los comicios. Ello parecería haber desacreditado el principio conforme al cual, si bien las elecciones no constituyen una excusa para violar derechos, representan una condición para el orden democrático.
En Kenia, el gobierno del presidente Uhuru Kenyatta y su vicepresidente, William Ruto, ha aprovechado la estrecha victoria electoral conseguida —con el 50,07 por ciento de los votos, que apenas permitió evitar una segunda vuelta— para destinar todos los recursos del Estado a impedir ser juzgados en la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones de 2007-08. El mismo Ruto, y también partidarios de Kenyatta, se opusieron a la creación de un tribunal especial en Kenia que examinaría los sucesos violentos, y especularon que la CPI no intervendría en ningún momento. Pero se equivocaron.
Ahora que la CPI ha imputado a ambos, se han dedicado a denunciar la presunta intromisión de este tribunal en su potestad de gobierno, especialmente desde que el grupo armado islamista Al-Shabaab perpetró un atentado en un centro comercial de Nairobi en octubre, y han señalado que la CPI se concentra exclusivamente en inculpados de África, lo cual casualmente implica también una particular consideración de las víctimas africanas. Sin embargo, la alternativa que proponen no es un proceso en el ámbito nacional sino claramente la impunidad. Han supuesto de manera no verbalizada, pero equivocada, que su victoria electoral es suficiente para extinguir el derecho a la justicia de las víctimas de violencia electoral y sus familiares. Si bien sus esfuerzos no han conseguido orquestar un retiro masivo de estados africanos de la CPI, Kenia ha logrado encolumnar a la Unión Africana detrás de su pretensión de impunidad. Esperamos que otros líderes africanos privilegien a las víctimas de África por sobre los actores poderosos que son sus victimarios.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin se vio claramente debilitado en 2011 y 2012 por las masivas protestas ante la victoria parlamentaria obtenida por su partido de manera presuntamente fraudulenta, y su propio regreso al Kremlin. Desde entonces, el gobierno ha adoptado diversas medidas para impedir que la oposición pueda plantear nuevos cuestionamientos, como limitar protestas, castigar el disenso e intentar obligar a organizaciones no gubernamentales (ONG) de postura crítica que reciben financiamiento extranjero a asumir la denominación despectiva de “agente extranjero”. El Kremlin también ha complacido a su base política conservadora a través de una serie de medidas abusivas, como prohibir la “propaganda” homosexual (con el argumento de proteger a los menores), y formular cargos punitivos y desproporcionados contra integrantes de la banda de punk Pussy Riot y de la organización ambientalista Greenpeace. Supuestamente con la intención de evitar la crítica internacional antes de las Olimpíadas de Invierno en Sochi, programadas para febrero de 2014, Putin otorgó la amnistía y el indulto a muchos de los presos de mayor notoriedad en Rusia. Sin embargo, el efecto de esta medida fue, por sobre todo, alertar sobre la arbitrariedad de su gobierno mientras continúa la ofensiva contra críticos, y las puertas giratorias del politizado sistema judicial de Rusia succionan a nuevas víctimas.
En Ucrania, cuando la decisión del presidente Viktor Yanukovych de impedir que avance el acercamiento con la Unión Europea provocó protestas masivas en Kiev, las autoridades permitieron en gran medida que se desarrollaran las movilizaciones, pero cuando los episodios de violencia policial contra manifestantes y periodistas que informaban sobre las protestas propiciaron nuevas manifestaciones en toda Ucrania, las autoridades se comprometieron a juzgar a los responsables de la violencia. Hasta el momento, sin embargo, se han ocupado principalmente de intimidar a manifestantes que protestan por la ausencia de avances en las investigaciones.
En Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera declarado ganador de la elección presidencial de abril, cuyos resultados impugnó la oposición, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado golpearon y detuvieron arbitrariamente a partidarios del candidato opositor Henrique Capriles, que habían organizado actos contra el gobierno. Algunas de las personas detenidas señalaron que se les preguntó, “¿Quién es tu presidente?”, y que recibían golpizas si no respondían “Nicolás Maduro”. Sin embargo, los fiscales no han investigado señalamientos creíbles sobre abusos. Cuando Capriles convocó a una manifestación pacífica en la capital, Maduro dijo que no permitiría que esto sucediera, prometió responder a este tipo de “fascismo” con “mano de hierro” y señaló a Capriles como responsable de la violencia tras las elecciones. Días después de la elección, cuando la oposición exigía un nuevo recuento, el presidente de la Asamblea Nacional —que pertenece al partido de Maduro— se negó a conceder la palabra a otros legisladores hasta que reconocieran la victoria de Maduro. El Ministro de Vivienda de Maduro amenazó con despedir a cualquier empleado que criticara al gobierno. En noviembre, por requerimiento de Maduro, miembros de su partido sancionaron una ley que le otorga potestades sumamente amplias para gobernar por decreto. El gobierno ha continuado intimidando y sancionando a medios que critican sus políticas, y ha obstaculizado la labor de defensores de derechos humanos mediante restricciones al financiamiento y la amenaza de acciones legales.
En China, el gobierno no permite siquiera la elección de los más altos funcionarios, pero igualmente afirma representar los intereses de la mayoría a través de los líderes autodesignados del Partido Comunista. El nuevo gobierno del presidente Xi Jinping introdujo algunas reformas modestas, como abolir la “reeducación a través del trabajo” —pero no otros métodos por los cuales se detiene a personas sin un proceso judicial— y flexibilizar las condiciones en las cuales algunas parejas chinas pueden tener un segundo hijo, si bien no puso fin de una vez por todas al uso de la coerción y la vigilancia oficial en estos asuntos personales. El gobierno mantuvo la postura intolerante de su antecesor frente al disenso organizado, e incluso tomó represalias contra periodistas que trabajan para empresas de medios que abordaron temas sensibles, como la inexplicable riqueza desmesurada de líderes chinos y sus familias. El premio Nobel Liu Xiaobo continúa en prisión, donde cumple una condena de 11 años por defender la democracia, y su esposa Liu Xia permanece ilegalmente bajo arresto domiciliario.
China hizo notar su preocupación ante la nueva amenaza que plantean los medios sociales para su monopolio del discurso público. La “Gran Muralla Electrónica”, construida para imposibilitar el acceso a sitios de Internet afuera del país, no ha servido para impedir el diálogo entre los ciudadanos chinos que ahora permiten medios sociales como Sina Weibo. Con una cantidad de usuarios de medios sociales en constante aumento, que actualmente es de 400 millones, el gobierno chino tiene profundas dificultades para mantener el control, a pesar de la proliferación de censores. Los medios sociales han otorgado a la población china nuevas oportunidades para identificar irregularidades en la conducta de funcionarios, y en ocasiones el gobierno no ha tenido otra opción más que actuar ante estos reclamos.
Además de las elecciones, el mayoritarismo abusivo también tiene una faceta cultural. Ya sea cuando se restringen los derechos de mujeres en Arabia Saudita o Afganistán, o cuando se avasallan los derechos de gais y lesbianas en Uganda o Rusia, los líderes abusivos a menudo invocan una supuesta cultura dominante o tradicional, como si ello justificara abusar de quienes son diferentes o fomentar que estas personas sean discriminadas. Normalmente, estos líderes afirman que las alternativas a sus tradiciones han sido impuestas desde el exterior, como si los homosexuales en sus países fueran importados o todas las mujeres que combaten la discriminación hubieran sido transplantadas desde otro sitio. De hecho, la única imposición verdadera es la ejercida por las elites dominantes de esos países contra quienes se atreven a ser diferentes o hacer valer sus derechos. Nadie insiste en que ninguna mujer en concreto deba rechazar los estereotipos de género ni que gais o lesbianas deban actuar según su propia sexualidad en vez de los prejuicios del gobierno. Sin embargo, si decidieran hacerlo, las obligaciones asumidas en la lucha contra la discriminación determinan que esta es una elección que les corresponde a dichas personas, y no al gobierno. La comunidad internacional interviene cuando un gobierno en particular niega esta elección, que prohíbe justamente imponer alguna elección en concreto.
Seguridad nacional: una excusa para la violación de derechos
Desde el comienzo de su segundo mandato en enero de 2013, las medidas del presidente Obama no han conseguido revertir los resultados decepcionantes en aspectos de seguridad nacional. Cabe reconocer que, al asumir el cargo, prohibió las torturas y cerró los centros de detención de la CIA donde se retenía durante meses o años a personas en situación de desaparición forzada, dos de las prácticas más vergonzosas del gobierno de Bush en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, se ha negado a que se juzgue a los responsables de estos abusos. También ha frenado acciones tendientes a investigar a estas personas y a brindar resarcimiento a las víctimas.
Asimismo, Obama no ha logrado cumplir su compromiso de cerrar el centro de detención en Bahía de Guantánamo y ha continuado procesando a presuntos implicados ante comisiones militares que presentan deficiencias intrínsecas, no obstante su lamentable actuación hasta el momento. En dos áreas importantes —ejecuciones selectivas, a menudo por medio de ataques con aeronaves teledirigidas, y vigilancia electrónica masiva por el gobierno— ha desarrollado y ampliado los programas de su antecesor.
Con respecto a las aeronaves no tripuladas, el gobierno de Obama no ha respetado las políticas que su propia administración había anunciado ni ha establecido claramente qué marco jurídico se aplica a los ataques específicos. Si bien formalmente se abandonó la “guerra global contra el terrorismo” de la era Bush, el gobierno de Obama ha aseverado que mantiene un conflicto armado con los talibanes, Al-Qaeda y otras “fuerzas asociadas” que no tiene límites geográficos. Ha intervenido en ejecuciones selectivas en Pakistán, Yemen y Somalia, y ha manifestado estar en guerra con estos grupos armados o referido actuar en defensa propia.
No obstante, dado que los hechos de violencia en los que tiene participación Estados Unidos en muchos de estos sitios son, a lo sumo, esporádicos, no queda claro si acaso se aplican los preceptos más permisivos del derecho de guerra. E incluso si se aplicaran, se ha causado la muerte de civiles bajo este marco jurídico sin que Estados Unidos haya realizado ninguna investigación ni, según se sabe, haya indemnizado a víctimas o sus familiares. El sistema independiente, y más restrictivo, de normas internacionales de derechos humanos permite el uso de la fuerza letal, pero en circunstancias mucho más delimitadas: únicamente cuando sea absolutamente necesario para responder a una amenaza letal inminente. Esto implicaría, aún más incluso, que las muertes provocadas por las aeronaves no tripuladas sean ilícitas.
En un discurso ofrecido en mayo, Obama sugirió que el uso del derecho de guerra debería cesar en algún momento no especificado, y describió las políticas sobre ataques con aeronaves no tripuladas destinadas a limitar la cantidad de víctimas civiles que, en muchos aspectos, guardan mayor similitud con las normas de derechos humanos que con el derecho de guerra al cual la CIAy las fuerzas militares afirman adecuar su actuación. Sin embargo, no resulta en absoluto claro si estas políticas anunciadas están siendo cumplidas. Siguen ocurriendo muertes de civiles, y el gobierno de Obama se niega a asumir responsabilidad pública por la ejecución de todos estos ataques, salvo unos pocos hechos concretos.
El gobierno estadounidense pareciera no tener urgencia por demostrar que ha empleado lícitamente las aeronaves no tripuladas durante los ataques, debido a que por el momento prácticamente es el único país que las utiliza. Pero sin duda esto cambiará, y Washington lamentará los precedentes que ha establecido y que han permitido que los gobiernos clasifiquen a cualquier persona que se considere una amenaza como “combatiente” pasible de ataque conforme al derecho de guerra, en vez de supeditarse a los estándares mucho más exigentes de las normas internacionales de derechos humanos.
Tras las divulgaciones del denunciante Edward Snowden, el mundo ahora ha tomado conocimiento de la vigilancia electrónica masiva que ejercen prácticamente sin ningún control el gobierno de Estados Unidos y otros aliados, en particular Gran Bretaña. Nadie cuestiona que la seguridad nacional a veces amerita que los gobiernos apliquen prácticas de vigilancia selectiva, una vez que se ha demostrado esta necesidad con evidencias concretas. Sin embargo, la vigilancia masiva del gobierno de Estados Unidos, sin este tipo de límites, en gran medida ha eliminado el derecho a la privacidad en una época donde la población prácticamente depende de la comunicación electrónica.
Para justificar esta actuación, el gobierno de Estados Unidos ha invocado distintas presunciones legales que no resisten un análisis serio, a pesar de que la mayoría han sido ratificadas por un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Exterior, de carácter secreto y con autoridad jerárquica, que atiende únicamente los argumentos planteados por el gobierno. Por ejemplo, el gobierno reúne libremente metadatos sobre casi todas las llamadas telefónicas en Estados Unidos porque, conforme a normas lamentablemente arcaicas, se entiende que nadie tiene una expectativa legítima de privacidad para este tipo de información, en tanto la compartan con la empresa de telefonía. A pesar de que un gran porcentaje de las comunicaciones mundiales a través de Internet y la telefonía pasan por Estados Unidos, el gobierno ha adoptado la política de que las personas no estadounidenses que estén fuera del país no tienen un interés reconocido a la privacidad, ni siquiera con respecto al contenido de sus comunicaciones. Yel gobierno asevera convenientemente que el derecho a la privacidad no se encuentra afectado cuando registra las comunicaciones, sino únicamente cuando las examina, como si fuera válido que el gobierno obtuviera y almacenara grabaciones de video del dormitorio de las personas, siempre que no tenga la intención de mirar los videos hasta que surja un motivo que lo justifique.
La indignación pública ante este avasallamiento del derecho a la privacidad permite vislumbrar una posibilidad de cambio. Por ejemplo, Brasil y Alemania propusieron una resolución de la Asamblea General de la ONU, que se adoptó por unanimidad, que exige una evaluación más profunda de la violación de la privacidad “en el contexto de la vigilancia... en los planos nacional y extraterritorial, incluso a gran escala”. Se trata sin duda de un avance positivo, dado que existe muy poca transparencia en cuanto al tipo de vigilancia que han realizado gobiernos distintos de Estados Unidos y sus aliados inmediatos. Pero pese a todas las protestas, resulta inquietante que haya una escasa voluntad por parte de los gobiernos donde se avalen los derechos en acoger a Snowden como denunciante y resguardarlo de los esfuerzos de Estados Unidos para procesarlo conforme a la Ley de Espionaje Estadounidense (US Espionage Act). Lamentablemente, esto ha permitido que Rusia, que otorgó momentáneamente asilo a Snowden, intentara posicionarse como defensor del derecho a la privacidad.
Cabe señalar que Obama designó a un panel de reforma que recomendó 46 cambios en materia de políticas, lo cual significó un sólido punto de partida para enmiendas. Instó a poner fin a la obtención masiva de metadatos por el gobierno, a una protección más rigurosa de la privacidad de quienes no son estadounidenses y a una mayor transparencia, entre otras cosas. Pero no resulta claro si se realizarán acciones concretas sobre la base de estas recomendaciones. Asimismo, existe el peligro de que en respuesta a la intrusión del gobierno estadounidense, otros gobiernos, algunos de ellos con antecedentes deficitarios en materia de derechos humanos, obliguen a que los datos de los usuarios permanezcan dentro de sus propias fronteras, y generen así las condiciones para una censura más grave en Internet.
Una estructura de derechos humanos más afianzada
La defensa de los derechos humanos depende de numerosos elementos:un movimiento dinámico de activistas y organizaciones no gubernamentales, un público que cree en la importancia de los derechos fundamentales y gobiernos que asumen el compromiso de respetar estos principios. Asimismo, se ha desarrollado una arquitectura internacional para sustentar esta defensa. Dos acontecimientos han fortalecido dicha arquitectura en el último año: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra cumple progresivamente su compromiso como principal institución multilateral dedicada a la protección de derechos, y la adopción de dos nuevos tratados que deberían ayudar a proteger a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad.
Expectativas más prometedoras para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
En el último año, el Consejo de Derechos Humanos mostró un desempeño alentador, luego de un comienzo sumamente pobre. El consejo se creó en 2006 para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que había perdido credibilidad luego de atraer en masa a gobiernos represivos que pretendían utilizar sus votos para evitar críticas. El consejo establece condiciones para la membresía más rigurosas, pero durante los primeros años no se distinguió sustancialmente de su predecesor.
No obstante, en los últimos años el consejo ha demostrado su potencial. Un factor importante fue la decisión del gobierno de Obama de sumarse al consejo y diferenciarse así del rechazo mantenido por el gobierno de Bush. Otros gobiernos también han tenido un rol importante, incluidos México, Suiza, Chile, Botswana, Brasil, Argentina, Mauricio, Benín, Maldivas, Costa Rica y varios estados de Estados Unidos. Conjuntamente, han logrado zanjar las diferencias políticas y superar la apatía que a menudo paralizaba cualquier posibilidad de acción efectiva. Incluso países que tradicionalmente han tenido una postura reticente, como Nigeria y Tailandia, fueron persuadidos para llevar adelante roles productivos.
Los resultados positivos se hicieron más visibles en el caso de Sri Lanka. En 2009, cuando cerca de 40.000 civiles murieron en los últimos meses del conflicto con los Tigres Tamiles, la primera reacción del consejo fue extender su felicitación al gobierno por la victoria. Pero durante los dos últimos años, el consejo ha presionado a Sri Lanka a cumplir su compromiso de investigar los crímenes de guerra cometidos por ambos bandos y llevar a los responsables ante la justicia. De manera similar, en marzo de 2013, entre otras medidas positivas, el consejo creó una comisión de investigación encargada de recabar evidencias de delitos de lesa humanidad cometidos en Corea del Norte, en lo que constituye la primera medida de un proceso que podría permitir el juzgamiento de los responsables.
Estos y otros pasos indican que existe en el consejo una mayoría que defiende la promoción de los derechos, a pesar de que a fines de 2013 se eligieron varios países que históricamente han sido hostiles al reconocimiento de los derechos humanos, como China, Cuba, Rusia, y Arabia Saudita. Con la debida intervención diplomática, esta mayoría podría ser movilizada para dar respuesta a las crisis de derechos humanos más severas.
Dos nuevos tratados de defensa de derechos
Las decenas de millones de mujeres y niñas que se desempeñan como empleadas de limpieza y al cuidado de personas en viviendas particulares se encuentran entre los trabajadores más vulnerables de todo el mundo. Laboran en condiciones de aislamiento, han sido excluidas históricamente de garantías básicas que la legislación de los países reconoce a la mayoría de los demás trabajadores y están expuestas a un alto riesgo de explotación económica, abuso sexual y físico, y trata de personas. Muchos gobiernos se han mostrado renuentes a legislar sobre las condiciones laborales de los empleados del hogar, y los empleadores en muchos casos han fomentado el mito de que a estas personas se les trata como miembros de la familia.
Esta situación debería comenzar a revertirse con la adopción del Convenio sobre Trabajadores del Hogar de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor en septiembre. El convenio reconoce a los trabajadores del hogar el derecho a protección frente a abusos y hostigamiento, además de derechos laborales esenciales, como días de descanso semanales, límites a la jornada laboral y salario mínimo. Los trabajadores del hogar, sindicatos, grupos de migrantes y activistas de derechos humanos han empleado el convenio para impulsar reformas en el ámbito nacional. En los dos años transcurridos desde la adopción del convenio, decenas de países han incorporado reformas importantes, incluida la sanción de leyes exhaustivas en Filipinas y Argentina, y nuevas garantías en la constitución de Brasil. Si bien aún queda mucho por hacer, la situación relegada de los trabajadores del hogar para las leyes nacionales de trabajo está próxima a concluir.
El mundo también dio un paso positivo para efectivizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, abordando el riesgo que supone la intoxicación por mercurio. Gran parte de la extracción artesanal de oro se realiza utilizando mercurio para separar al oro de la roca. El mercurio es un elemento tóxico que resulta particularmente nocivo para los niños. La exposición a este metal puede provocar discapacidad física e intelectual permanente. Un tratado adoptado en octubre exige a los gobiernos eliminar los usos más peligrosos del mercurio en la minería y promover formas alternativas para el procesamiento del oro que no dependan de este metal.
Conclusión
A pesar de que fue un año convulsionado, durante el cual se cometieron numerosas atrocidades en algunos países y en otros se profundizó la represión, el 2013 también fue escenario de enérgicos movimientos de resistencia. En varios casos, hubo resultados victoriosos. En la mayoría, se produjeron luchas que, si bien no tuvieron éxito inmediatamente, al menos incrementaron el costo asociado con los abusos, una estrategia que a lo largo del tiempo, suele contribuir a que mermen las violaciones de derechos humanos.
La doctrina relativa a la Responsabilidad de Proteger definitivamente fue puesta a prueba, a un costo sin duda elevadísimo para la población de Siria, pero mantuvo suficiente ímpetu como para brindar un cierto grado de asistencia a poblaciones que sufrieron atrocidades masivas en diversos países africanos. Una cantidad considerable de líderes optaron por gobernar guiándose por una evaluación oportunista de las preferencias de la mayoría, sin respetar los derechos que permiten a todos los elementos de la sociedad participar en el proceso político o vivir exentos del abuso gubernamental. Pero ante el repudio del público, esta táctica no otorgó a los líderes la legitimidad a la cual aspiraban. Y a la vez que el eterno problema de las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo se centró en la vigilancia electrónica masiva y las ejecuciones selectivas mediante aeronaves no tripuladas, las acciones tradicionales para evitar cuestionamientos legales amparándose en el hermetismo asociado con la seguridad nacional sin duda comenzaron a perder efectividad. Por lo tanto, aun cuando durante el año el mundo no estuvo exento de un enorme sufrimiento humano, también se vislumbraron esperanzas a través de la adopción de medidas para poner fin a estas violaciones de derechos humanos.
Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch