Frente a grandes desafíos estratégicos, como la crisis de los refugiados, la votación en el Reino Unido para abandonar la Unión Europea, los ataques de extremistas violentos y el apoyo cada vez mayor a los partidos populistas que se oponen a la inmigración, en 2016 los gobiernos y las instituciones de la UE respondieron de manera tal que, a menudo, deterioraron o dejaron de lado los valores centrales y garantías de derechos, en lugar de trabajar de forma conjunta y sistemática para defenderlos.

Migración y asilo

La UE en su conjunto no adoptó una posición de liderazgo ni de solidaridad ante la mayor crisis global de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del debate sobre las respuestas en materia de políticas públicas se centró en consideraciones acerca del impacto para la seguridad y la identidad cultural, y en el apoyo —cada vez más marcado— a los partidos populistas con plataformas de tendencia xenófoba. Las políticas de la UE se enfocaron, fundamentalmente, en prevenir la llegada de solicitantes de asilo y refugiados, y desviar a otras regiones la responsabilidad por esas personas.

El cierre de las fronteras en la ruta de los Balcanes y el acuerdo suscripto con Turquía en el mes de marzo contribuyeron a que se redujera significativamente la cantidad de personas que llegaban por vía marítima a las islas griegas del mar Egeo, mientras que la migración en embarcaciones desde el norte de África hacia Italia mantuvo la misma afluencia que en los años anteriores. En los primeros diez meses del año, aproximadamente 328.000 personas habían cruzado el mar para llegar a las costas europeas, en comparación con las 736.646 que lo habían hecho durante el mismo período del año 2015, según datos de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR).

El 58 por ciento de las personas que llegaron por vía marítima provenían de los diez países del mundo donde se genera el mayor número de refugiados, entre los cuales se encuentran Siria, Afganistán, Irak y Eritrea, según ACNUR. En conjunto, los ciudadanos nigerianos, paquistaníes, gambianos, marfileños y guineanos representaron el 21 por ciento de los recién llegados a Europa. Aproximadamente un tercio eran niños, y la proporción de menores no acompañados se incrementó con respecto a los años anteriores.

Pese a que se mejoró la capacidad de las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, y a que numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) llevaron a cabo misiones de rescate, para mediados de noviembre, 4.271 personas habían muerto o desaparecido en el mar, con ello,  el 2016 se convirtió en el año con el número récord de muertes. La UE comenzó a entrenar a oficiales de la guardia costera de Libia en medio de un contexto de preocupaciones persistentes sobre hechos de violencia y condiciones degradantes en centros de detención de este país, y de la ausencia de un sistema efectivo de asilo.

El cierre de fronteras en la ruta de los Balcanes y el incremento de los controles fronterizos por parte de Austria, Francia y Suiza dejaron a solicitantes de asilo y migrantes varados en Grecia e Italia. También se produjeron devoluciones colectivas violentas en las fronteras entre Bulgaria y Turquía, y entre Macedonia y Grecia. Austria, Dinamarca, Hungría, Suecia y Alemania son algunos de los estados de la UE que adoptaron leyes sobre asilo más restrictivas.

Los gobiernos de la UE manifestaron escaso interés en que la responsabilidad por los solicitantes de asilo se reparta de un modo más equitativo en toda la unión. Según datos de la Comisión Europea, para mediados de noviembre, solamente 7.224 solicitantes de asilo que se encontraban en Grecia e Italia habían sido reubicados en otros países de la UE en virtud de un plan de emergencia europeo. La comisión propuso un mecanismo de reubicación permanente para ayudar a los países que reciben una afluencia desproporcionada de personas, pero esto permitiría que los países paguen para no tener que aceptar reubicaciones, y mantendría en vigencia el reglamento de Dublín, que establece que la responsabilidad principal de procesar los pedidos de solicitantes de asilo corresponde al primer país de la UE al que ingresan estas personas.

En octubre, comenzó a operar una nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas. La entidad, que reemplaza al organismo de fronteras externas Frontex, tiene mayor autonomía de los estados miembros y un papel más significativo en las devoluciones de personas, así como un mecanismo para la presentación de reclamos. La agencia, no tiene un mandato explícito de búsqueda y rescate.

En marzo, la UE firmó un controvertido acuerdo con Turquía para enviar de regreso a los solicitantes de asilo que llegaran a Grecia por vía marítima. A cambio, se comprometió a brindar fondos de asistencia por miles de millones de euros, y asumió el compromiso de reubicar a un ciudadano sirio por cada sirio devuelto a su país de origen. En junio, la comisión anunció un nuevo “marco de asociación en materia de migración”, que fue criticado por organizaciones no gubernamentales del sector de desarrollo, ya que condiciona la entrega de asistencia a la cooperación en asuntos migratorios, y comenzó a implementar proyectos de control de migraciones con países como Sudán y Eritrea.

Los gobiernos de la UE avanzaron lentamente en las reubicaciones. Para julio de 2016, solamente 8.268 refugiados habían sido llevados a estados de la UE en el marco de un plan europeo, diseñado en julio de 2015, para reubicar a más de 22.000 personas en el término de dos años. No obstante, algunos estados de la UE reubicaron a más personas a través de acuerdos bilaterales. Diez estados de la UE no concretaron ninguna reubicación. Los escasos avances enfriaron las expectativas con respecto a la implementación del Marco para el Reasentamiento en la UE, de carácter permanente, propuesto por la comisión. La propuesta haría de la cooperación en materia inmigratoria un elemento decisivo para determinar el posible reasentamiento de refugiados fuera de un país receptor.

En julio, la Comisión Europea emitió diversas propuestas para reformar el sistema disfuncional de asilo de la UE. Estas incluyen salvaguardas más sólidas para los menores y un mejor acceso a un abogado, pero castigaría a los solicitantes de asilo por trasladarse de un país de la UE a otro y facilitarían el rechazo de reclamos de manera sumaria y la posibilidad de revocar la condición de refugiados. A la fecha de redacción de este informe, el consejo y el parlamento aún debían aprobarlos.

Discriminación e intolerancia

La persistencia de la crisis de refugiados y los ataques perpetrados por extremistas armados en Bélgica, Francia y Alemania profundizaron el sentimiento de xenofobia, islamofobia y rechazo contra los inmigrantes, sentimientos que se manifestaron en ataques contra musulmanes, migrantes y personas percibidas como extranjeras y en un apoyo a partidos populistas que se oponen a la inmigración en muchos estados de la UE.

El antisemitismo, incluidos los delitos de odio, continuó siendo una grave preocupación en algunos estados de la UE, como el Reino Unido y Francia. En una resolución del mes de abril contra el antisemitismo en Europa, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló que los miembros de la comunidad judía a menudo son objeto de insultos y violencia física en toda Europa.

En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, advirtió a líderes de partidos populistas de Europa acerca del efecto corrosivo que tiene en las sociedades el modo en que estos partidos instrumentalizan la intolerancia y la xenofobia para fines políticos.

En su informe anual publicado en el mes de mayo, la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa se refirió a una tendencia a la islamofobia y al rechazo a la inmigración, y destacó la necesidad de combatir la violencia racista. El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, instó a los países europeos a priorizar la integración de los migrantes, entre otras cosas, asegurando su protección efectiva contra la discriminación.

En junio, la Comisión Europea lanzó el Grupo de Alto Nivel para combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia con el fin de mejorar los esfuerzos de los estados miembros de la UE para prevenir los delitos de odio. En un informe de abril, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE indicó que, a menudo, los delitos de odio no se denuncian ni se juzgan, e instó a los estados miembros a mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.

En mayo, la Red Europea contra el Racismo informó que, en ocho países de la UE encuestados, las mujeres musulmanas eran el principal objetivo de los islamofóbicos.

En febrero, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Muižnieks, hizo un llamado para poner fin a los desalojos forzados de romaníes en varios países de Europa, y advirtió que esta práctica aumenta la vulnerabilidad de las familias romaníes, impide su inclusión social y afecta las perspectivas de escolarización normal para sus hijos.

En mayo, el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, instó a los gobiernos a asegurar que los niños puedan estudiar en un entorno seguro, libre de violencia, acoso escolar y discriminación por cualquier motivo, incluidas su orientación sexual o identidad de género.

En marzo, la Comisión Europea propuso que la UE ratificara el Convenio de Estambul sobre Violencia Doméstica. La Comisionada de Justicia de la UE, Vera Jourova, afirmó que una de cada tres mujeres en la UE ha experimentado violencia física, sexual o ambas, e instó a los 12 estados miembros restantes a ratificar el convenio.

Malta estuvo entre los ocho estados de la UE que comenzaron a trabajar en un proyecto piloto para crear una tarjeta de discapacidad de la UE, con el objeto de garantizar el reconocimiento mutuo de los derechos y beneficios de 80 millones de personas con discapacidad en toda la UE. En un informe publicado en agosto, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE señaló que las falencias en la detección no permiten que migrantes con discapacidad reciban apoyo adecuado en los procedimientos de llegada, registro y asilo.

Terrorismo y contraterrorismo

Los atentados en Bélgica, Francia y Alemania —cuya autoría en muchos casos se atribuyó Estado Islámico (también denominado ISIS)— dejaron gran cantidad de muertos y heridos. Los ataques propiciaron o reforzaron medidas y propuestas en los estados de la UE para ampliar los poderes de policía y vigilancia, fortalecer la cooperación en inteligencia y revocar la doble ciudadanía de las personas que se determine que han cometido actos terroristas.

En Bélgica, que fue blanco de atentados coordinados en el aeropuerto de Bruselas y en una estación de metro el 22 de marzo, el gobierno propuso una serie de nuevas leyes antiterroristas para ampliar las facultades de vigilancia y detención. Hasta la fecha de elaboración de este informe, ninguna de ellas había sido promulgada.

En marzo de 2016, los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE trabajaron conjuntamente en el borrador de una directiva destinada a fortalecer el marco legal de la UE para la prevención de ataques terroristas, en particular, penalizando como delitos los actos de preparación, como entrenarse o viajar al exterior para fines terroristas. Diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por considerar que las salvaguardas establecidas no resultaban suficientes y la redacción preliminar de la directiva carecía de precisión. Cuando se preparó este informe, el texto preliminar de la directiva aún estaba siendo evaluado.

En abril, el Consejo de la UE adoptó una directiva para regular la transferencia de información personal sobre pasajeros aéreos a autoridades de aplicación de la ley de estados miembros en relación con posibles delitos de terrorismo y otros delitos graves.

En junio, el ParIamento Europeo renovó los pedidos para que se investigara la complicidad de estados de la UE en las torturas perpetradas por la CIA y la detención secreta de personas en suelo europeo, y esto reflejó los avances limitados que se habían logrado hasta ese momento en investigaciones nacionales. Las investigaciones penales en Polonia y Lituania se estancaron, mientras que las del Reino Unido concluyeron sin que se presentaran cargos.

Croacia 

En los primeros nueve meses de 2016, menos de 500 personas solicitaron asilo en Croacia. A 34 de ellas se les otorgó alguna forma de protección durante ese período. Las restricciones en la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales limitaron la afluencia de personas. Croacia sigue rechazando a los solicitantes de asilo y migrantes que intentan ingresar en el país a través de Serbia.

Si bien el gobierno realizó algunos avances en el ofrecimiento de viviendas a la pequeña cantidad de personas que llegaron desde lugares distintos de los Balcanes Occidentales y recibieron protección, los solicitantes de asilo y refugiados que no pertenecen a la región siguen enfrentando dificultades en el acceso a la educación y al empleo. Los menores migrantes y solicitantes de asilo no acompañados siguen siendo enviados a instituciones, como residencias para niños con problemas de conducta, donde no se les brinda tutela adecuada ni tienen acceso a educación.

Las personas con discapacidad siguen sufriendo exclusión y discriminación, incluidos obstáculos que no les permiten participar en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. El sistema de tutela les niega a aproximadamente 18.000 personas con discapacidad el derecho a tomar una serie de decisiones sobre su vida. 

En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que Croacia había discriminado por motivos de orientación sexual a una mujer de Bosnia-Herzegovina, al negarle el derecho a recibir un permiso de residencia en Croacia para vivir con su pareja del mismo sexo.

En abril, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Muižnieks, expresó consternación por el supuesto aumento en la discriminación, la intolerancia étnica y las expresiones de odio hacia miembros de minorías, en particular, judíos, romaníes y serbios. El comisionado también advirtió sobre la respuesta inadecuada del Estado ante los ataques físicos, las amenazas de muerte y la intimidación contra periodistas.

En agosto de 2016, más de 2.800 personas, la mayoría de ellas de origen romaní, continúan en situación de apatridia o en riesgo de convertirse en apátridas. Enfrentan dificultades particularmente en el acceso a servicios estatales básicos, como la atención médica, la asistencia social y la vivienda adecuada. Los niños romaníes continúan sufriendo segregación de hecho en el sector educativo.

Estonia

Según el Ministerio del Interior, al mes de enero de 2016, aproximadamente el 6,1 por ciento de la población del país, que asciende a 1,3 millones de habitantes, se encuentra en situación de apatridia, lo cual representa una leve disminución respecto de 2015.

La apatridia afecta de manera desproporcionada a los rusos étnicos, que perdieron su condición de ciudadanos cuando Estonia declaró su independencia de la Unión Soviética en 1991 y adoptó políticas que privaron de la ciudadanía a la mayor parte de las personas no nacidas en Estonia. Las personas en situación de apatridia enfrentan importantes obstáculos en el acceso a plenos derechos de empleo, y no se les permite acceder a determinados puestos de trabajo, como los de juez, policía o fiscal.

Las nuevas modificaciones de la Ley de Ciudadanía entraron en vigencia el 1 de enero de 2016. Conceden automáticamente la ciudadanía estonia a niños cuyos padres se encuentran en situación de apatridia, mientras que antes los padres debían solicitarla. Los padres pueden rechazar el otorgamiento de la ciudadanía de Estonia a sus hijos en el término de un año. Las modificaciones también eximen a las personas de 65 años o mayores de la exigencia de rendir la parte escrita del examen obligatorio de idioma estonio para su naturalización.

Los requisitos idiomáticos siguen representando la mayor dificultad para la naturalización de la población del país que habla ruso. Los costos de naturalización, que incluyen la solicitud y la preparación para el examen de idioma, así como también los requisitos en materia de ingresos, impiden la naturalización de personas que residen en el país desde hace tiempo pero tienen bajos recursos, y contribuyen a la situación de apatridia de las personas que hablan ruso. El Estado reembolsa el costo de las clases de idioma solamente si el solicitante aprueba la evaluación.

El gobierno no adoptó reformas que permitirían que la Ley de Cohabitación entre en plena vigencia en 2016. La ley es una norma progresista que amplía los derechos de matrimonio a parejas no casadas—incluso parejas del mismo sexo—, que comprenden, entre otros conceptos, derechos patrimoniales y de adopción de menores.

Estonia mantiene una política minimalista en materia de refugiados. Para el mes de noviembre, el gobierno había reubicado a 66 solicitantes de asilo procedentes de Grecia conforme al plan de reubicación de la UE, según datos de la Comisión Europea.

Francia

En junio y julio, se produjeron en Francia tres gravísimos atentados con numerosas víctimas fatales. ISIS se adjudicó la autoría de estos hechos, entre los cuales se cuenta un ataque con un camión en Niza, que dejó como saldo 86 muertos y cientos de heridos. El estado de emergencia declarado por el presidente Francois Hollande después de los ataques de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis fue renovado por el Parlamento en febrero y mayo de 2016.

El 21 de julio, pocos días después de los ataques de Niza, el Parlamento adoptó una nueva ley que extendía el estado de emergencia por otros seis meses y extendía los poderes —ya de por sí amplios—  de la policía para el registro, la incautación y la detención.

La nueva ley endurece varias disposiciones vinculadas con el terrorismo en las leyes y en el código penal de Francia. Vuelve a establecer la posibilidad de incautación, sin la correspondiente orden judicial, de datos de computadoras y teléfonos celulares que, anteriormente ese mismo año, la más alta autoridad legal de Francia había anulado por considerarla inconstitucional, e incorpora salvaguardas que aún no aportan una supervisión judicial adecuada.

La ley llegó solo semanas después de una ley antiterrorista —que ya era amplia—adoptada por el Parlamento en junio de 2016, que había sido criticada por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) de Francia por considerar que afectaba libertades.

Entre noviembre de 2015 y julio de 2016, en virtud de la ley de emergencia, la policía llevó a cabo casi 4.000 requisas sin orden judicial y dispuso el arresto domiciliario de 400 personas. Aun así, estas acciones originaron solamente seis investigaciones penales vinculadas con terrorismo. Estas medidas estuvieron principalmente dirigidas a personas musulmanas y facilitaron violaciones de los derechos a la libertad, la privacidad, la libertad de movimiento y la no discriminación.

Una comisión francesa de investigación de los atentados de París concluyó, el 5 de julio, que el estado de emergencia tenía un “impacto limitado” en el mejoramiento de la seguridad. El panel señaló importantes fallas en el análisis de los datos de inteligencia que podrían haber ayudado a prevenir los ataques. En un examen de Francia que se llevó a cabo en mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de policías al llevar a cabo allanamientos de viviendas en el contexto del estado de emergencia, como así también durante manifestaciones.

En agosto de 2016, los alcaldes de aproximadamente 30 municipios dictaron decretos que prohibían a las mujeres usar trajes de baño que cubrieran todo el cuerpo (conocidos como “burkinis”) o cualquier otra prenda que cubriera la piel en la playa, argumentando que podrían suponer un riesgo para el orden público.

La Liga Francesa de los Derechos del Hombre y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia presentaron recursos contra esas prohibiciones en la justicia administrativa. En agosto, el más alto tribunal administrativo de Francia, el Consejo de Estado, determinó que la prohibición en un municipio transgredía ilegalmente libertades fundamentales, y ordenó su suspensión. Posteriormente, en algunos municipios la prohibición fue levantada o quedó anulada por la justicia de primera instancia, mientras que otros tribunales las ratificaron aun en contra de la resolución del Consejo de Estado.

En agosto de 2016, un campamento de Calais conocido como “la Jungla” llegó a albergar 6.900 migrantes. Según las autoridades, esta cifra es más del doble de la estimada un año antes. Diversas ONG insistieron en que los números reales eran aún más altos. El 7 de julio, la CNCDH expresó su preocupación por el aumento en la cantidad de migrantes que vivían allí en condiciones “contrarias a la dignidad humana”.

Una encuesta llevada a cabo por UNICEF en 2016 sobre menores no acompañados en los campamentos de Calais y Dunkirk concluyó que estos niños eran sometidos a explotación sexual, violencia y trabajo forzado. En la última semana de octubre, autoridades de Francia desmantelaron el campamento. Entre el 24 y el 26 de octubre, casi 5.600 personas fueron reubicadas en centros de recepción en toda Francia; mientras que algunos menores no acompañados fueron enviados al Reino Unido (ver más adelante). La estimación arbitraria con respecto a su edad significó que algunos menores no acompañados quedaran fuera del proceso específico establecido para los menores.

A la fecha de redacción de este informe, Francia había aceptado reubicar a 2.091 solicitantes de asilo que llegaron desde Grecia, y a 231 que provenían de Italia. Este es el número más alto admitido por un estado de la UE en virtud del plan de reubicación.

En julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU calificó como “precarias” las instalaciones de recepción y acogida para solicitantes de asilo en Francia.

En julio, la Asamblea Nacional consideró que era demasiado costoso implementar una medida que habría requerido que los policías que llevaran a cabo una verificación de identidad tuvieran que registrarla en un documento escrito. Esta propuesta había sido considerada por defensores de derechos humanos como un medio importante para abordar los controles de identidad discriminatorios.

En noviembre, el Tribunal de Casación se expidió contra el Estado en tres casos de verificación policial de identidad que implicaban acciones selectivas contra determinadas personas en función de su origen étnico, y determinó que las verificaciones eran “discriminatorias” y que el Estado había incurrido en “falta grave”. Según un informe de la CNCDH publicado en el mismo mes, hay cada vez más evidencias, tomadas de distintos estudios, que indican que las verificaciones policiales se dirigen, de manera desproporcionada, a hombres jóvenes de minorías visibles.

En un informe de abril, elaborado por la CNCDH, se planteó preocupación por el aumento de los incidentes de racismo, antisemitismo e islamofobia denunciados ante las autoridades policiales en 2015.

En Francia persistió una situación grave de superpoblación en las cárceles, y se mantuvieron las altas tasas de suicidio de personas detenidas, particularmente entre mujeres. La situación fue criticada en julio por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Los detenidos con discapacidades psicosociales suelen tener un acceso inadecuado a servicios de salud mental.

Alemania

En 2016, Alemania continuó lidiando con las implicancias de la llegada de 890.000 solicitantes de asilo y migrantes en 2015. Una serie de atentados perpetrados en julio —algunos inspirados por ISIS o cuya autoría fue reconocida por el propio Estado Islámico— hicieron que la atención se centrara en la política antiterrorista del país.

Las autoridades intentaron responder a una ola de incendios deliberados contra lugares donde se encontraban alojados solicitantes de asilo. La policía federal informó que, entre enero y mediados de noviembre de 2016, se produjeron más de 850 ataques de ese tipo.

Las autoridades tomaron algunas medidas para abordar falencias en la respuesta de Alemania a delitos de odio, que incluyeron la capacitación de autoridades judiciales y de aplicación de la ley para mejorar la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por motivos raciales. En marzo, el presidente de un tribunal de distrito condenó a prisión a tres personas por arrojar una bomba de gasolina en un departamento donde vivían solicitantes de asilo, e hizo hincapié en las motivaciones xenófobas y racistas que habían impulsado a los atacantes.

Se introdujeron varias reformas en la ley y la política de asilo. En febrero, el parlamento federal aprobó restricciones a los derechos de reunificación familiar para personas que no cumplen los requisitos para acceder a la plena condición de refugiados, y en julio, aprobó una ley orientada a integrar a refugiados, beneficiarios de protección subsidiaria y determinados solicitantes de asilo. De esta manera, condicionó el acceso a beneficios y la residencia permanente al cumplimiento de los requisitos de idioma y otros requisitos de integración.

Tras una serie de ataques en julio, Alemania modificó varias leyes vinculadas con la lucha contra el terrorismo, en un esfuerzo por lograr una mayor coordinación entre los organismos de inteligencia. En abril, el más alto tribunal de Alemania anuló disposiciones de una ley antiterrorista de 2009 que ampliaba la autoridad de la policía federal para investigar y realizar tareas de inteligencia sobre amenazas terroristas, por considerar que no había salvaguardas adecuadas para proteger la privacidad.

En octubre y noviembre, respectivamente, las cámaras alta y baja del Parlamento aprobaron una ley que permitía la vigilancia de periodistas fuera de la UE, pese a que esta medida fue fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, y tres relatores especiales de la ONU. Posteriormente, varios grupos anunciaron su intención de presentar recursos contra la ley ante el tribunal constitucional.

Las agresiones sexuales masivas contra mujeres en Colonia, Hamburgo y otras ciudades de Alemania en la víspera de Año Nuevo abrieron un debate sobre la falta de respuesta efectiva por parte de la policía ante hechos de violencia contra mujeres. En julio, Alemania simplificó el procedimiento para juzgar a personas que presuntamente han cometido actos de violencia sexual, al eliminar el requisito de que la víctima hubiera presentado resistencia física a los agresores para poder denunciarlos penalmente.

Grecia

Pese a las reformas para abordar falencias crónicas, el sistema disfuncional de asilo y acogida de Grecia continuó su deterioro. Si bien la cantidad de personas que llegaron por vía marítima se redujo después del acuerdo entre la UE y Turquía, el cierre de fronteras a lo largo de la ruta de los Balcanes que no permitió la salida de los solicitantes de asilo, las pocas medidas de solidaridad de otros gobiernos de la UE y la afluencia constante de personas que llegaron por vía marítima dejó a más de 60.000 solicitantes de asilo y migrantes varados en el país.

Los miles de personas que llegaron después del acuerdo entre la UE y Turquía quedaron confinados a las islas del Mar Egeo, a menudo en lugares cerrados, mientras que decenas de miles sufren condiciones deplorables en todo el país. Hasta mediados de noviembre, solamente 5.654 solicitantes de asilo habían sido reubicados desde Grecia hacia otros países de la UE, de los 66.400 que se habían previsto inicialmente, aun cuando la Comisión Europea presionó a Grecia para que comenzara a aceptar el regreso de solicitantes de asilo que habían estado “en tránsito” en el país de conformidad con el reglamento de Dublín.

Una ley griega que se adoptó en abril para facilitar la implementación del acuerdo entre la UE y Turquía permite el análisis acelerado de la admisibilidad de los pedidos de asilo a fin de determinar si los solicitantes pueden ser regresados de manera segura a Turquía para recibir protección temporal o para que se evalúen allí los fundamentos de sus reclamos. A la fecha de redacción de este informe, solamente se declararon inadmisibles, después de la apelación, los casos de 12 solicitantes de asilo. No obstante, ninguna de estas personas había sido deportada a Turquía. Al menos un ciudadano sirio ha impugnado la decisión ante el máximo tribunal de Grecia, el Consejo de Estado.

Conforme a este acuerdo, más de 700 personas fueron enviadas a Turquía después de que sus reclamos fueran analizados en Grecia mediante un procedimiento fronterizo por vía rápida y rechazados por motivos de fondo, o porque no presentaron un pedido de asilo o aceptaron regresar de manera voluntaria.

La mayoría de los solicitantes de asilo que ingresaron en Grecia lo hicieron a través de las islas del mar Egeo, y fueron procesados en centros de asilo establecidos por la UE, denominados centros de recepción (hotspots). Más de 16.000 solicitantes de asilo y migrantes que permanecen en estos centros en las islas enfrentan condiciones de detención y recepción deplorables, como grave sobrepoblación, instalaciones de acogida con serias deficiencias y condiciones insalubres y antihigiénicas. Las mujeres, los niños y las personas con discapacidad se ven particularmente afectados.

Las largas filas para obtener alimentos, a menudo, de baja calidad, la mala administración y la falta de información contribuyeron a generar una atmósfera caótica y volátil. Las peleas fueron frecuentes, especialmente en las filas para recibir comida, y en algunas ocasiones no hubo intervención policial. A su vez, mujeres y niñas estuvieron expuestas al acoso sexual y la violencia.

Las autoridades griegas fueron criticadas por no establecer sistemas que permitieran el pleno desembolso de la asistencia de la UE para mejorar las condiciones de acogida.

Durante el año, un número estimado de 4.370 niños migrantes no acompañados ingresaron en Grecia, según datos aportados por el Centro Nacional para la Solidaridad Social (EKKA). A menudo, los menores migrantes y solicitantes de asilo no acompañados fueron detenidos en celdas policiales o en instalaciones cerradas en las islas, debido a la falta de sitios de acogida adecuados. A la fecha de redacción de este informe, se estimaba que aproximadamente 1.610 menores estaban esperando ser ubicados en un centro especial.

Entre junio y julio se llevó a cabo un proceso a gran escala de preinscripción anterior al asilo, con el objeto de mejorar el acceso al asilo y acelerar la reubicación. A través de esta iniciativa resultaron beneficiadas 27.592 personas que solicitaban asilo. Pese a estos esfuerzos, continuaron las dificultades y demoras en el acceso al asilo.

Varias organizaciones de la sociedad civil informaron que, en la segunda mitad del año, se habían incrementado los ataques y los actos de intimidación a solicitantes de asilo y migrantes en las islas y en el territorio continental, y que la respuesta policial había sido inadecuada. En una decisión emblemática que tuvo lugar en marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) criticó a Grecia por no investigar de manera adecuada un ataque racista contra un ciudadano afgano en 2009.

En septiembre, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Muižnieks, instó a Grecia a proteger los derechos humanos de personas con discapacidades intelectuales y psicosociales y a trabajar para que puedan dejar las instituciones e integrarse en la comunidad. Si bien se retiró a menores con discapacidad de una institución en Lechaina que había cobrado notoriedad por sus prácticas abusivas, en algunos casos estos menores fueron transferidos a otras instituciones en lugar de incorporarlos a un régimen de atención basada en la comunidad.

Hungría

En Hungría, las solicitudes de asilo se redujeron significativamente en 2016. A principios de septiembre, Hungría había registrado 26.192 solicitantes de asilo, en comparación con los más de 150.000 que se registraron durante el mismo período en 2015, según datos proporcionados por la ACNUR. La mayoría de las personas que solicitaron asilo en 2016 provenían de Afganistán y de Siria.

El cierre de fronteras en la ruta de los Balcanes Occidentales en febrero de 2016, combinado con medidas restrictivas cada vez más rigurosas en la frontera entre Hungría y Serbia y la persecución penal y la devolución de quienes cruzan la frontera de manera irregular —a menudo acompañadas por hechos de violencia—, contribuyó a esta reducción.

Una ley del mes de abril restringió los derechos de los solicitantes de asilo y redujo el apoyo para la integración de las personas reconocidas como refugiadas. En el mismo mes, el gobierno anunció que, a fin de año, se cerraría el mayor centro de recepción abierto.

Un procedimiento fronterizo por vía rápida impide en la práctica que los solicitantes de asilo tengan un acceso genuino a ese procedimiento. Una ley de julio legalizó las devoluciones a la frontera serbia, y permitió que la policía acompañe hasta la frontera a cualquier persona que fuera hallada habiendo ingresado en Hungría de manera irregular, a 8 kilómetros de la frontera o más. La ley, sumada a los bajos topes diarios establecidos para el ingreso de personas, hace que los solicitantes de asilo —incluidos niños, familias y personas con discapacidades— queden varados en la frontera durante semanas en condiciones sumamente precarias.

Durante 2016, el gobierno persistió en su retórica de rechazo a la inmigración. En febrero, el gobierno anunció un referéndum nacional sobre el plan de reubicación de la UE, que requería que Hungría aceptara 1.294 solicitantes de asilo. En julio, se lanzó una campaña contra los inmigrantes patrocinada por el gobierno y financiada por los contribuyentes. La baja participación en el referéndum de octubre hizo que el resultado no tuviera validez, si bien la mayoría de las personas que votaron apoyaron la posición del gobierno.

El trabajo de periodistas continuó desarrollándose en un clima de hostilidad. En septiembre, el jefe de redacción del Budapest Business Journal, Tom Popper, presentó su renuncia cuando sus editores le indicaron que dejara de referirse a temas vinculados con refugiados en la columna editorial. El diario más importante de la oposición, Nepszabadsag, y su sitio web fueron cerrados sin aviso previo en el mes de octubre. Su propietario adujo pérdidas financieras y que la circulación del periódico había caído drásticamente.

La población romaní siguió sufriendo discriminación en temas de vivienda, educación y salud pública. En septiembre, el Comité Asesor del Consejo de Europa sobre el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales instó a Hungría a poner fin a la segregación discriminatoria de niños romaníes que asisten a escuelas.

En agosto, un tribunal de primera instancia condenó a 10 años de prisión a un extremista de derecha por ataques violentos perpetrados entre 2007 y 2009, que incluyeron arrojar cócteles Molotov en las viviendas de miembros del Parlamento pertenecientes al partido socialista, y un ataque a un bar gay en Budapest.

En enero, el TEDH determinó que la vigilancia secreta realizada por el Grupo de Trabajo Antiterrorista de Hungría había violado los derechos de privacidad. Entre los fundamentos de la decisión se tuvo en cuenta que Hungría no había asegurado el control judicial de las acciones del Grupo de Trabajo ni otras salvaguardas que brindaran un nivel suficiente de precisión y efectividad.

En julio, el TEDH determinó que Hungría había detenido arbitrariamente a un hombre homosexual de nacionalidad iraní y, en su detención, no había tenido en cuenta su situación de vulnerabilidad a causa de su orientación sexual.

A fines de octubre, 26 personas sin hogar habían sido acusadas de delitos menores aplicando decretos locales que prohibían que las personas sin techo vivieran habitualmente en espacios públicos, en comparación con 71 personas que estuvieron en igual situación en los primeros diez meses de 2015.

Italia

Según datos de ACNUR, hasta mediados de noviembre, 164.695 migrantes y solicitantes de asilo habían llegaron a Italia por vía marítima. Estas personas eran, principalmente, de nacionalidad nigeriana, eritrea y sudanesa. Aumentó notablemente la cantidad de menores no acompañados. Se estima que, hasta mediados de septiembre, 23.000 niños habían viajado solos a Italia, en comparación con los 12.360 que se desplazaron en todo el año 2015. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que el 80 por ciento de todas las mujeres nigerianas que llegaban a Italia habían sido captadas por redes de trata de personas o estaban en riesgo de ser captadas por traficantes para obligarlas a realizar trabajo sexual.

Las solicitudes de asilo nuevas y las tasas de rechazo aumentaron en comparación con 2015, a medida que los mayores controles fronterizos de países limítrofes impidieron el ulterior desplazamiento de estas personas. La mayor parte de los solicitantes de asilo vivían en centros de emergencia temporales con características variadas. Persistió el problema del uso de la fuerza para obtener impresiones digitales y también el hacinamiento y la desprotección de menores no acompañados en centros de recepción. A la fecha de redacción de este informe, de la meta inicial de 39.600 personas que planteaba el plan de la UE, solamente 1.570 solicitantes de asilo habían sido reubicados en otros países de la Unión.

Italia intensificó las negociaciones con países como Sudán, Gambia y Libia sobre control inmigratorio, incluso para facilitar las deportaciones. En agosto, después de haber suscripto un memorándum de entendimiento con Sudán, Italia deportó a 48 sudaneses que, según adujo, no habían intentado solicitar asilo, en un procedimiento que fue cuestionado por presuntas irregularidades.

A la fecha de redacción de este informe, existía un proyecto de ley que proponía tipificar penalmente la tortura en la legislación interna y había sido aprobado por la cámara baja del Parlamento en 2015, pero había quedado paralizado en el Senado.

En febrero, el TEDH ordenó a Italia que compensara a un clérigo egipcio conocido como Abu Omar por la complicidad del país en su entrega extraordinaria en 2003 y por no asegurar la sanción efectiva de los responsables. A la fecha de redacción de este informe, una de los 22 agentes de la CIA que habían sido condenados en ausencia por la justicia italianas en el caso estaba intentando no ser extraditada de Portugal. La cuestión en juego es la negativa de Italia a concederle un nuevo juicio.

Italia siguió expulsando a presuntos terroristas en virtud de un procedimiento que niega, de manera explícita, el derecho a una apelación en el país. Italia expulsó a 47 personas, muchas de ellas a Túnez y Marruecos, en los primeros ocho meses de 2016.

En abril, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa señaló que el hecho de que 7 de cada 10 médicos de Italia invoquen la “objeción de conciencia” —lo cual significa que se niegan a brindar servicios de aborto en algunas circunstancias o en todas— generó graves dificultades para que las mujeres pudieran acceder a abortos seguros y legales.

A partir de mayo, las parejas del mismo sexo pueden conseguir que sus vínculos sean reconocidos legalmente como uniones civiles, aunque no tienen derecho a adoptar hijos.

Letonia

Persiste el grave problema de la apatridia. ACNUR estimó que, a fines de 2015, aproximadamente 252.000 habitantes del país son, efectivamente, apátridas (a quienes las autoridades se refieren como “no ciudadanos” o “personas de nacionalidad no determinada”). Pese a las reformas implementadas en 2013, varios miles de menores continúan en situación de apatridia.

Continúa la discriminación de personas que hablan ruso, particularmente en el empleo, el uso del idioma y la educación. Las personas de Letonia que no tienen la ciudadanía del país no pueden ocupar determinados cargos públicos ni desempeñar algunas profesiones. También se restringe su posibilidad de ser propietarios de tierras.

Las autoridades continuaron sancionando a personas que supuestamente no utilizaban el idioma letón en sus comunicaciones profesionales. Según el Centro de Idiomas del Estado de Letonia, un organismo gubernamental, 180 personas fueron multadas por violar la ley de idioma del estado en los primeros seis meses de 2016. En marzo, una persona encargada de limpieza en una escuela de idioma ruso fue despedida después de una inspección del Centro de Idiomas del Estado de Letonia, por no tener un nivel suficiente de idioma letón. En junio, una fonoaudióloga fue obligada a renunciar a su puesto en un jardín de infantes debido a una inspección similar. En julio, el Centro de Idiomas del Estado aplicó una multa al alcalde de Riga por el uso del idioma ruso en publicaciones de la alcaldía de esa ciudad en medios sociales. El alcalde presentó una apelación.

En septiembre, el parlamento de Letonia adoptó la primera versión de proyectos de reforma a la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones Públicas, y creó así una amplia base para que el gobierno supervise a las ONG que se piense, afectan la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden.

Según lo señalaron activistas LGBT de Letonia, las autoridades utilizaron una ley de 2015 sobre “educación de moralidad constitucional” para censurar el debate sobre personas LGBT en al menos dos escuelas en 2016.

A la fecha de redacción de este informe, Letonia había aceptado un total de 148 solicitantes de asilo provenientes de Grecia e Italia en virtud del plan de reubicación de la UE.

Países Bajos

En febrero, el gobierno amplió la lista de terceros países seguros para las personas que solicitan asilo. Se presume que los ciudadanos de países considerados seguros no necesitan protección internacional y quedan sujetos a procedimientos acelerados, lo cual permite dudar de la calidad de la evaluación individual de las solicitudes de asilo. En septiembre de 2016, el máximo tribunal administrativo del país confirmó la legalidad de la designación de Albania como país de origen seguro.

El gobierno holandés siguió ofreciendo asistencia —limitada en cuanto a duración y alcance— a solicitantes de asilo rechazados. Esta asistencia estuvo supeditada a su colaboración para retirarse del país. En febrero, varios reIatores especiales de la ONU instaron al gobierno holandés a brindar asistencia de emergencia a solicitantes de asilo cuyos pedidos habían sido rechazados.

Diversas organizaciones de defensa de derechos de refugiados criticaron a las autoridades de Holanda por la prolongación de los plazos de espera en los procedimientos de determinación de asilo y reunificación familiar.

A principios de 2016, varias ONG denunciaron amenazas y actos de discriminación contra solicitantes de asilo LGBT en centros de asilo, y un órgano holandés de monitoreo independiente, la Junta Holandesa de Protección de Derechos Humanos, determinó en febrero que en un importante centro se discrimina a solicitantes de asilo LGBT.

En mayo, los Países Bajos sancionaron una ley que permite a las autoridades revocar la ciudadanía holandesa a personas con doble nacionalidad desde apenas los 16 años si determinan que participaron en una organización terrorista o lucharon en el exterior con una organización de esta naturaleza, y constituyen una “amenaza inmediata” para la seguridad nacional. No se requiere que exista una condena dictada por un tribunal. Las personas a quienes se revoque la ciudadanía holandesa cuentan con un plazo de solo cuatro semanas para presentar una apelación.

En enero, los Países Bajos ratificaron la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Polonia

Polonia fue objeto de críticas internacionales tras los intentos del Parlamento recientemente electo —liderado por el Partido por el Derecho y la Justicia, que actualmente se encuentra en el gobierno— por debilitar la independencia de la corte de mayor jerarquía del país, el Tribunal Constitucional.

En noviembre de 2015, el Parlamento canceló los nombramientos de los cinco jueces del Tribunal Constitucional elegidos por el gobierno anterior, y en diciembre sancionó una ley que debilitaba el funcionamiento del tribunal. Cuando el tribunal resolvió, en marzo de 2016, que los cambios eran inconstitucionales, el gobierno se negó a publicar este pronunciamiento o a cambiar la ley.

En julio, el Parlamento adoptó una ley revisada sobre el Tribunal Constitucional. Varias ONG polacas expresaron su preocupación por la posibilidad de que la nueva ley paralizara al tribunal y afectara su independencia. El Tribunal Constitucional determinó que algunas disposiciones de la nueva norma eran inconstitucionales. A la fecha de redacción de este informe, el Partido por el Derecho y la Justicia estaba, presuntamente, preparando otro proyecto de reforma de la ley sobre el Tribunal Constitucional.

En el mes de marzo, la Comisión de Venecia, el órgano asesor del Consejo de Europa sobre asuntos constitucionales, concluyó que las reformas de diciembre de 2015 ponen en peligro el estado de derecho e instó al gobierno a implementar la resolución del Tribunal Constitucional. En octubre, la Comisión de Venecia criticó la ley revisada en julio por limitar la efectividad y la independencia del tribunal.

En enero, la crisis llevó a la Comisión Europea a activar, por primera vez, su mecanismo de estado de derecho, creado en 2014 para abordar medidas contrarias a derechos que sean impulsadas por estados miembros de la UE. En julio, la Comisión Europea concedió al gobierno un plazo de tres meses para publicar las resoluciones del Tribunal Constitucional e implementar las recomendaciones de la Comisión de Venecia. A la fecha de redacción de este informe, aún estaba pendiente el anuncio de medidas de seguimiento.

En enero, el Parlamento adoptó modificaciones a la Ley sobre Policía que se consideraron preocupantes para la protección de la privacidad en línea. En junio, el Presidente Andrzej Duda promulgó una nueva ley antiterrorista que introduce el concepto de “hecho de naturaleza terrorista”, cuya definición es imprecisa pero amplía las facultades de investigación específicamente con respecto a personas extranjeras, regula el acceso a contenidos en línea y aumenta las potestades de detención y registro de personas.

En octubre, como consecuencia de protestas masivas, el Parlamento retiró una proposición polémica que había recibido el apoyo de la Primera Ministra polaca Beata Szydło para imponer una prohibición casi total del aborto. En un contexto de continuas protestas, el Partido por el Derecho y la Justicia siguió adelante con sus esfuerzos por limitar aún más lo que ya es una de las leyes sobre aborto más restrictivas de Europa.

Aun son pocos los casos de delitos de odio basados en la orientación sexual que llegan a la justicia. Siguió agravándose el problema de las expresiones de odio y la violencia contra los migrantes. Varias ONG polacas acusaron a las autoridades de impedir que solicitantes de asilo en la frontera con Bielorrusia ingresaran en territorio polaco en busca de protección.

No hubo ningún signo de avance en la investigación penal sobre un programa secreto de detención e interrogatorios de la CIA en territorio polaco que impulsa el Fiscal de Apelaciones de Cracovia desde hace ya tiempo y se encuentra en instancia de apelación.

España

La adopción de una política de retornos sumarios y la intensificación de controles en la frontera terrestre de España con Marruecos en sus enclaves en el norte de África aparentemente habrían causado que cada vez sean más los migrantes que intentan llegar a Ceuta y Melilla nadando o en botes. La cantidad de muertes que se produjeron en esa ruta se triplicó en comparación con 2015, y llegó a 45 en los primeros seis meses de 2016.

Hubo varios intentos grupales de escalar los vallados que rodean los enclaves, seguidos de retornos sumarios, aunque en menor cantidad que en años anteriores. En julio, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Muižnieks, instó a España a adoptar procedimientos fronterizos para prevenir la devolución (refoulement) y las expulsiones colectivas. A la fecha de redacción de este informe, se encontraba en trámite una impugnación del TEDH a los retornos sumarios desde Melilla que tuvieron lugar en 2014.

A mediados de noviembre, España había reubicado solamente a 398 solicitantes de asilo de los 9.323 que se había comprometido a aceptar, provenientes de Grecia e Italia. Si bien se comprometió a reubicar a 1.449 refugiados de otras regiones, al momento en que se confeccionó este informe, había reubicado solamente a 279.

En abril, la Comisión Europea dio el primer paso para iniciar acciones legales contra España por no proteger a los consumidores contra condiciones injustas en los préstamos hipotecarios. En julio, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE recomendó que el tribunal confirmara una sentencia del Tribunal Supremo de España, del año 2013, que impedía que los clientes iniciaran acciones legales contra bancos por intereses pagados sobre hipotecas en virtud de normas que, posteriormente, se declararon ilícitas. A la fecha de este informe, el tribunal de la UE aún no se había expedido.

En junio, el Tribunal Constitucional de España suspendió una ley catalana que establecía garantías para las personas en riesgo de ser desalojadas de sus hogares, incluso por no pagar sus hipotecas, mientras se encontraba pendiente el análisis de una apelación del gobierno central.

En mayo, el TEDH determinó que España no había investigado adecuadamente las denuncias de tortura de un hombre presuntamente afiliado a la organización separatista armada vasca ETA, mientras estuvo detenido en régimen de incomunicación y fue interrogado.

Al menos un periodista fue multado en el mes de abril por publicar fotografías de un operativo policial en virtud de una polémica ley de seguridad pública de 2015. Hubo varios casos resonantes de acusaciones contra músicos, titiriteros y activistas por exaltación del terrorismo, incluso en medios sociales, invocando para ello disposiciones del código penal que son ahora más rigurosas.

Reino Unido

El referéndum que se llevó a cabo en junio para abandonar la Unión Europea tuvo un fuerte impacto en todo el país, y generó incertidumbre con respecto a futuros acuerdos constitucionales y la situación de residencia de los más de 3 millones de ciudadanos de otros estados de la UE en el Reino Unido.

La votación sobre el Brexit estuvo precedida por el asesinato de la parlamentaria Jo Cox, que había llevado a cabo una intensa campaña en representación de los solicitantes de asilo y a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE. Después de esta votación, se registró un marcado aumento en los delitos de odio xenófobos y racistas, incluidas agresiones e incendios deliberados, dirigidos particularmente a ciudadanos europeos procedentes de Europa del Este, según datos difundidos por la policía. En septiembre, Polonia envió policías a una ciudad inglesa después de que un ciudadano polaco murió a causa de una violenta golpiza en circunstancias que posiblemente hayan constituido un delito de odio.

En un análisis del Reino Unido que se llevó a cabo en agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la “retórica divisiva, xenófoba y de rechazo a las inmigraciones” empleada durante la campaña del Brexit y los delitos de odio que tuvieron lugar posteriormente, e instaron a funcionarios públicos a rechazar formalmente ese discurso.

El gobierno de la Primera Ministra Theresa May, que en julio fue elegida líder por el Partido Conservador, renovó su compromiso de reemplazar la legislación nacional del Reino Unido en materia de derechos humanos por una declaración constitucional de derechos, pero no tomó medidas concretas en ese sentido. Después de la votación sobre el Brexit, May desistió de la propuesta de que el Reino Unido deje de ser miembro del Consejo de Europa y del TEDH.

May aprovechó su primer discurso ante la conferencia del Partido Conservador como primera ministra para manifestar que los “abogados de derechos humanos de izquierda” no podrían “nunca más” impulsar reclamos en representación de víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares del Reino Unido. Aparentemente, se refería a acciones legales iniciadas contra el Ministerio de Defensa en relación con abusos cometidos en Irak y Afganistán. El gobierno pretende que se exima de la obligación de cumplir las normas de derechos humanos a fuerzas del Reino Unido que operen en el extranjero.

El Reino Unido realizó algunos avances en los compromisos de reubicar a sirios y otros refugiados, pero se mantuvo fuera del plan de reubicación de solicitantes de asilo de la UE. A fines de octubre, cuando autoridades de Francia impulsaron el cierre del campamento de Calais, el Reino Unido finalmente intensificó sus esfuerzos por traer al país a menores no acompañados que tuvieran allí vínculos familiares. A mediados de noviembre, el Reino Unido había traído aproximadamente 300 menores del campamento. Pese a la exigencia legislativa de que el gobierno facilitara la reubicación, desde Calais y otros lugares de la UE, de menores no acompañados que solicitaban asilo, aun cuando no tuvieran vínculos familiares en el Reino Unido, muy pocos de los niños que llegaron desde Calais carecían de vínculos familiares, y el gobierno impuso restricciones de edad y nacionalidad a los menores que serían aceptados.

En un examen llevado a cabo en junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó al Reino Unido a dejar de detener a menores migrantes y solicitantes de asilo y agilizar la reunificación familiar de menores no acompañados fuera del Reino Unido.

En enero, un examen independiente encargado por el gobierno sobre las “visas vinculantes” otorgadas a trabajadores domésticos migrantes recomendó restituir a estas personas su derecho a cambiar de empleador. Esto representa una salvaguarda clave contra posibles abusos de los empleadores. El gobierno restituyó el derecho, pero no permitió prorrogar las visas más allá del límite de seis meses, lo cual melló la efectividad de la medida.

En junio, varios fiscales anunciaron que no se presentarían cargos contra oficiales del Reino Unido por su participación en el secuestro, el traslado y la tortura de dos disidentes libios y sus familias en 2004, y esto concluyó la última investigación penal sobre la complicidad de autoridades del Reino Unido en abusos cometidos en el marco de la lucha global contra el terrorismo. A la fecha de redacción de este informe, continuaba en curso una revisión llevada a cabo por un órgano parlamentario acerca de la complicidad del Reino Unido en casos de torturas y entregas extraordinarias.

El Equipo de Investigación Histórica de Denuncias relativas a Irak (Iraq Historic Allegations Team), un órgano creado para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas del Reino Unido, continuó con su labor en 2016, pese a las críticas políticas injustificadas sobre su existencia y el principio de examen legal de las operaciones militares.

En noviembre, el Parlamento aprobó una polémica norma —la Ley de Facultades de Investigación (Investigatory Powers Act)— que consolidó y amplió las facultades de vigilancia del Estado sin salvaguardas adecuadas.

Política exterior

La agenda de política exterior de la UE estuvo dominada por los conflictos en Siria y en el este de Ucrania, así como en el deterioro de la relación con el gobierno ruso como resultado de la participación de Moscú en estos conflictos. Otro punto clave de la política exterior de la UE pareció estar determinado por el interés de los estados miembros de la UE en evitar que un número cada vez mayor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes llegaran a Europa.

La UE consiguió presionar a Ucrania para que cediera la competencia sobre delitos graves a la Corte Penal Internacional (CPI), a través de lo que se denomina auto remisión (self-referral) conforme al artículo 12(3). No obstante, a la fecha de redacción del presente informe, la UE no ha logrado que Ucrania cumpla con su obligación de ratificar el Estatuto de Roma, conforme se exige en el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE, con carácter vinculante.

La UE mantuvo una variedad de sanciones a personas y entidades rusas en respuesta a la participación de Rusia en el conflicto en el este de Ucrania y su ocupación de Crimea. Estas sanciones incluyeron la inmovilización de activos y la denegación de visas a 149 personas y 37 entidades.

Además de declaraciones críticas en las que se denunciaba la amplia represión de la libertad de expresión, asociación y reunión en Rusia, la UE y sus estados miembros no parecieron contar con una estrategia unificada en respuesta al rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia.

No obstante, a través de una vía nueva e innovadora para contrarrestar la propaganda rusa, la UE puso en marcha una iniciativa a través de twitter, “EU Mythbusters”, @EUvsDisinfo, en la cual se refutaron mentiras y mitos contraponiéndolos con datos y cifras.

La UE en su conjunto siguió siendo el mayor donante humanitario en la crisis que vive Siria. La asistencia de la UE no se limitó a brindar ayuda de emergencia, y rápidamente se enfocó en proporcionar ayuda de manera sostenida, particularmente orientada a garantizar que los refugiados sirios pudieran acceder a educación y trabajo en los países donde eran acogidos: Jordania, el Líbano y Turquía.

Se celebró un nuevo acuerdo entre la UE y Jordania, que otorga concesiones comerciales a cambio de oportunidades de trabajo para refugiados sirios. Con un plazo de vigencia de 10 años, el acuerdo se aplicará a cerca de 52 grupos de productos fabricados en zonas económicas especiales en Jordania, con la condición de que los productores empleen a más refugiados sirios. Se exige incorporar al menos un 15 por ciento de trabajadores sirios a la fuerza laboral. Después de tres años, este porcentaje aumentará al 25 por ciento. Se supone que, en una comunidad que recibe a refugiados, el acuerdo servirá como un modelo que aporta beneficios a todas las partes.

La UE también comenzó a negociar y a cerrar varios acuerdos cuestionables de readmisión y otros convenios de cooperación migratoria con terceros países, y esto preparó el camino para que los solicitantes de asilo y migrantes regresaran a países que no son seguros ni estables. La marca distintiva de la mayor parte de estos acuerdos —que también sirven para evitar que solicitantes de asilo y migrantes se desplacen hacia la UE— no parece enfocarse en promover la protección de los más vulnerables, sino en evitar que la Unión tenga que lidiar con estas personas en su propio territorio.

La UE continuó patrocinando y copatrocinando algunas resoluciones nacionales importantes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluidas resoluciones sobre Birmania, Corea del Norte y Burundi, y de este modo aseguró que la ONU siga dando seguimiento a estos países y presentando informes. No obstante, la respuesta de la UE estuvo fragmentada en declaraciones conjuntas sobre China y Azerbaiyán, y la resolución sobre Yemen.

Con respecto al deterioro continuo de los derechos humanos en Turkmenistán, donde el gobierno se niega incluso a confirmar si varios presos están vivos o han muerto, el Parlamento Europeo tomó una medida importante y suspendió el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE y Turkmenistán.

El Parlamento Europeo también adoptó importantes resoluciones que instan a imponer, de manera inmediata, sanciones específicas contra funcionarios responsables de violaciones graves de derechos en la República Democrática del Congo, y en octubre, ministros de exterior de la UE adoptaron conclusiones que allanaron el camino para la aplicación de tales sanciones.

La UE impuso medidas restrictivas contra funcionarios de Burundi considerados responsables de violaciones de derechos y de debilitar la democracia en ese país.