El gobierno de Haití y la comunidad internacional consiguieron avances limitados durante 2014 en el abordaje del devastador impacto de los desastres naturales y la letal epidemia de cólera que afectaron recientemente al país. Los impasses políticos, la falta de recursos y la debilidad de las instituciones gubernamentales continuaron entorpeciendo los esfuerzos del gobierno de Haití por satisfacer las necesidades básicas de su pueblo y abordar problemas de derechos humanos de larga data, como la violencia contra mujeres y las condiciones carcelarias inhumanas.
Por cuarto año consecutivo, Haití no celebró las elecciones previstas por su constitución, lo cual agravó el deterioro del entorno político. El mandato de otro tercio de los senadores y varios diputados debía concluir a comienzos de 2015, lo cual deja a casi todos los cargos electivos nacionales y locales del país vacantes o a cargo de personas designadas(salvo un tercio restante de los senadores y el presidente).
En junio, 103.565 desplazados internos vivían en campamentos instalados tras el terremoto de 2010, según la Organización Internacional para las Migraciones, lo cual representa una reducción de más del 90 por ciento desde 2010. Las Naciones Unidas estiman que cerca de 70.000 de los desplazados internos que aún quedan no tienen posibilidades de conseguir una solución duradera.
La epidemia de cólera se ha cobrado más de 8.500 vidas y ha infectado a más de 700.000 personas en cuatro años. Sin embargo, en 2014 se observó un descenso significativo de la cantidad de posibles casos de cólera y una reducción drástica del número de muertes, que fue de 51 hasta septiembre, en comparación con las más de 4.100 muertes ocurridas en los tres primeros meses de 2010.
Sistema de justicia penal y condiciones de detención
El sistema penitenciario de Haití sigue gravemente sobrepoblado, en gran parte debido a la alta proporción de arrestos arbitrarios y de detenciones preventivas prolongadas.
La capacidad insuficiente de la Policía Nacional de Haití (PNH) contribuye a la inseguridad general en el país. Si bien el gobierno y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que es la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, han promovido la reforma policial como una de sus prioridades, han existido dificultades para capacitar a un número suficiente de cadetes ingresantes. El informe más reciente del Secretario General de la ONU sobre MINUSTAH estimó que, a fines de 2014, la tasa de policías con respecto a población probablemente equivaldría a la mitad de la cantidad mínima recomendada.
Juicios por abusos del pasado
El ex Presidente Jean-Claude Duvalier regresó a Haití en enero de 2011 luego de casi 25 años en el exilio. Fue acusado de violar crímenes financieros y de derechos humanos presuntamente cometidos durante los 15 años que ocupó la presidencia. Entre 1971 y 1986, Duvalier comandó una red de fuerzas de seguridad que cometió graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias y exilios forzados.
En 2012, en una decisión contraria a los estándares internacionales, el juez de investigación a cargo de la causa determinó que las normas sobre prescripción impedían que Duvalier fuera perseguido penalmente por violaciones de derechos humanos. Un tribunal de apelación hizo lugar a un recurso contra la sentencia en 2013, y Duvalier debió comparecer ante el tribunal y responder preguntas formuladas por este y por abogados de las víctimas. En una sentencia histórica dictada el 20 de febrero, el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe determinó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y dispuso que se llevaran a cabo investigaciones adicionales sobre los cargos contra Duvalier. Sin embargo, Duvalier falleció el 4 de octubre sin haber sido llevado a juicio por sus crímenes. A la fecha de redacción de este informe, continuaba pendiente una investigación sobre delitos cometidos por colaboradores de Duvalier.
Violencia contra mujeres
La violencia de género es un problema generalizado. Miembros del parlamento han discutido un proyecto de ley sobre violencia contra la mujer que permitiría adecuar el Código Penal de Haití a los estándares internacionales, pero el proyecto no ha sido oficialmente sometido a debate.
Un consejo de asesores presidenciales está revisando dos proyectos de reforma del Código Penal de Haití que contemplan actos de violencia de género, como la violación y la agresión sexual, que no están actualmente incluidos en el código, y se espera que se presente una versión consensuada al parlamento a comienzos de 2015.
Trabajo doméstico infantil
Persiste el empleo de menores en el servicio doméstico, conocidos como restavèks. Los restavèks, en su mayoría niñas, son enviados desde hogares de bajos ingresos a convivir con familias de mayor nivel económico con la esperanza de que sean cuidados y escolarizados a cambio de realizar tareas domésticas livianas.
Si bien los cálculos son complicados, algunos estiman que 225.000 niños trabajan como restavèks. A menudo, estos menores trabajan de forma gratuita, no tienen acceso a educación, y son abusados física o sexualmente. El código laboral de Haití no establece una edad mínima para el empleo en el servicio doméstico, aunque la edad mínima para trabajar en empresas industriales, agrícolas y comerciales es de 15 años. La mayoría de los casos de trata de personas en Haití involucran a restavèks. En mayo, Haití promulgó una legislación que prohíbe muchas formas de trata, incluido el alojamiento de menores con fines de explotación.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos continúan enfrentando amenazas de violencia. Malya Vilard Apolon, una de las fundadoras de la organización de defensa de derechos de la mujer Komisyon Fanm Viktim Pou Viktim (KOFAVIV), viajó al exterior en marzo tras sufrir reiterados acosos y amenazas de muerte y que los perros de su familia fueran envenenados. Marie Eramithe Delva, otra de las fundadoras de KOFAVIV, denunció en mayo a la policía que había recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto enviados de parte de una mujer que se encontraba bajo custodia policial, y proporcionó capturas de pantalla donde se podían ver los mensajes con amenazas y el número telefónico. No tiene conocimiento de que se hayan investigado sus denuncias, y no ha recibido protección policial, debido a lo cual en junio ella también viajó fuera del país.
En febrero, Daniel Dorsinvil, coordinador general de la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), y su esposa Girldy Lareche fueron asesinados mientras caminaban en un barrio de Puerto Príncipe, cerca de la sede de POHDH. En los días posteriores a los homicidios, funcionarios gubernamentales aseveraron que el delito se había producido en el contexto de un robo armado, y que no estaba vinculado con las actividades de derechos humanos desarrolladas por Dorsinvil ni con su crítica al gobierno. Esta aseveración no estaba basada en una investigación exhaustiva, según representantes de la sociedad civil local.
Pierre Espérance, director ejecutivo de Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), recibió una amenaza de muerte en abril, en la cual se lo acusaba de formular denuncias falsas de derechos humanos a fin de desestabilizar al gobierno. La nota manuscrita que contenía la amenaza estaba acompañada por una bala y el mensaje “esta vez no te escaparás”, en alusión a un incidente ocurrido en 1999 en el cual Espérance recibió disparos pero sobrevivió.
Actores internacionales clave
La misión de la ONU, MINUSTAH, tiene presencia en Haití desde 2004 y ha contribuido a esfuerzos para mejorar la seguridad pública, proteger a grupos vulnerables y fortalecer las instituciones democráticas del país. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de octubre de 2015.
Existen crecientes evidencias de que la epidemia de cólera que comenzó en octubre de 2010 probablemente haya sido introducida por fuerzas de paz de la ONU. Un miembro del Panel de Expertos de la ONU sobre el brote de cólera indicó que “la fuente más probable de introducción del cólera en Haití fue alguien afectado con la cepa de cólera de Nepal y vinculado al campamento Mirebalais de Naciones Unidas”.
En respuesta al rechazo por parte de la ONU de los reclamos de indemnización planteados por 5.000 víctimas de la epidemia, el Instituto de Justicia y Democracia en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux, que representan a las víctimas, interpusieron una demanda en la justicia estadounidense. Al momento de la redacción de este informe, se encontraba pendiente una solicitud para que se desestime la demanda. Hasta la fecha, no ha existido una determinación independiente sobre los hechos relativos a la introducción del cólera y la responsabilidad de la ONU.
Según cifras de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, se han formulado al menos 93 denuncias de abuso o explotación sexual contra personal de la MINUSTAH en los últimos ocho años, incluidas 11 presentadas durante 2014, hasta el 30 de septiembre.
En febrero, el experto independiente de la ONU sobre Haití, Gustavo Gallón, instó a adoptar un “tratamiento de choque” para reducir significativamente la cantidad de personas en prisión preventiva.
En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a poner a disposición sus archivos y documentos oficiales sobre violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen de Duvalier para que pudieran ser utilizados como evidencia en la investigación. Se desconocía si los estados miembros de la OEA habían cumplido con el pedido de la comisión.