En 2025, Perú siguió retrocediendo en materia de democracia y derechos humanos. El Congreso adoptó medidas que fomentaron la impunidad, debilitaron las instituciones democráticas y erosionaron la independencia judicial. También aprobó una amplia ley de amnistía que otorga impunidad por los delitos graves cometidos durante el conflicto armado.
El crimen organizado continuó expandiéndose por todo el país, lo que provocó un aumento de los homicidios, las extorsiones y otros delitos violentos.
El 10 de octubre, el Congreso destituyó a la entonces presidenta Dina Boluarte invocando una oscura disposición constitucional que le permite declarar la “vacancia” de la presidencia si el presidente presenta una “incapacidad moral”. José Jerí, presidente del Congreso, asumió el cargo de presidente interino.
Amenazas a la independencia judicial y fiscal
Más de la mitad de los miembros del Congreso estaban siendo investigados por corrupción u otros delitos. En los últimos años, el Congreso ha tomado medidas para socavar la independencia y la capacidad de los jueces y fiscales.
En enero de 2025, las autoridades tomaron juramento a una nueva Junta Nacional de Justicia, integrada por siete miembros. Es un órgano que, cuando funciona correctamente, desempeña un papel fundamental en la salvaguarda de la separación de poderes. Una misión internacional de expertos que supervisó el proceso de selección de los miembros de la Junta concluyó que “no cumplía con las normas internacionales de transparencia, publicidad, criterios técnicos y participación ciudadana”.
En septiembre, la Junta Nacional de Justicia nombró a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino. Gálvez, que había sido investigado por un caso de tráfico de influencias conocido como “Cuellos Blancos”, afirmó que destituiría a los principales fiscales anticorrupción. Al momento de redacción de este informe, no los había destituido.
Impunidad por violaciones de derechos humanos
En julio, el Congreso aprobó una ley de amnistía que otorga impunidad por los delitos graves cometidos durante el conflicto armado interno del país. La presidenta Boluarte promulgó la ley en agosto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú que suspendiera su aplicación hasta que se analizara su compatibilidad con las sentencias anteriores de la Corte sobre las leyes de amnistía.
Las autoridades no han investigado adecuadamente el asesinato de 49 manifestantes y transeúntes durante las grandes protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. A septiembre, nadie había sido condenado por estos asesinatos. En julio, los fiscales afirmaron que el 70 % de sus investigaciones sobre estos abusos seguían en “fase preparatoria”.
En septiembre, el Congreso archivó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por su papel en la represión de las protestas. La fiscalía había acusado a Boluarte y a varios exministros de no haber impedido los homicidios y las lesiones. Los legisladores argumentaron que no había pruebas suficientes de que Boluarte hubiera ordenado los abusos ni de que hubiera tenido conocimiento de ellos cuando se produjeron.
Corrupción en el sector público
La corrupción siguió siendo uno de los principales factores del deterioro institucional en Perú. En 2024, Perú experimentó una fuerte caída en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Cinco expresidentes han sido acusados de corrupción; cuatro de ellos seguían presos al momento de redacción de este informe.
En agosto, el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión de las investigaciones penales contra la presidenta Boluarte hasta que termine su mandato. En ese momento, la fiscalía la investigaba por presuntamente recibir relojes costosos por parte de un gobernador regional y por su supuesta responsabilidad en la muerte y lesiones de manifestantes, entre otros delitos. Los fiscales reactivaron las investigaciones en octubre, después de que Boluarte fuera destituida y perdiera su inmunidad.
En enero, el Grupo de Trabajo sobre el Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) envió una misión de alto nivel a Perú. El grupo expresó su preocupación por “los acontecimientos que podrían poner en peligro la independencia judicial y fiscal en Perú”, incluidas las investigaciones disciplinarias contra los fiscales encargados de importantes casos de corrupción.
Políticas de seguridad
La inseguridad siguió siendo una de las principales preocupaciones de los peruanos. Para agosto, se habían registrado 1.377 homicidios cometidos en 2025, lo que supone un aumento del 14,6 % respecto de 2024. Durante el mismo periodo, las denuncias penales por extorsión aumentaron casi un 30 %.
A lo largo del año se produjeron varias protestas en diferentes partes del país para exigir que el gobierno tomara medidas para garantizar seguridad.
En septiembre y octubre, hubo manifestantes más masivas en respuesta al aumento de la inseguridad y la corrupción política. Muchos también protestaron por la decisión del Congreso de nombrar a José Jerí como presidente interino. Hubo al menos un muerto y más de setenta heridos.
La presidenta Boluarte recurrió a la declaración y prórroga de “estados de emergencia”, que suspenden derechos constitucionales, en algunas partes del país como Lima y Callao, para responder a la inseguridad. Estas medidas no han logrado reducir los homicidios.
En abril, el Congreso modificó la ley peruana sobre decomiso de bienes, lo que dificulta a los fiscales la incautación de bienes de los acusados. Las leyes de decomiso de bienes suelen plantear preocupaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, un grupo de jueces, fiscales y otros funcionarios afirmaron en una declaración conjunta que el cambio en Perú debilitaba una herramienta jurídica esencial para luchar contra los grupos del crimen organizado. La presidenta Boluarte promulgó la ley en mayo.
Reducción del espacio cívico
El Congreso y la administración Boluarte crearon un entorno hostil para los grupos de derechos humanos y los periodistas independientes.
En marzo, el Congreso aprobó una ley que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, un organismo gubernamental, amplias facultades sobre los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación extranjera. La ley exige la aprobación previa de las actividades realizadas con financiación extranjera y prohíbe el uso de fondos extranjeros para emprender acciones legales contra el Estado, incluso en casos nacionales e internacionales de derechos humanos. En abril, expertos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el impacto de la ley de cooperación internacional en las organizaciones no gubernamentales y afirmaron que la ley era una “restricción preocupante del espacio cívico y la labor en materia de derechos humanos”.
En un discurso pronunciado en febrero, la presidenta Boluarte acusó a los grupos de derechos humanos de “socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio de orden”.
Los periodistas peruanos que informan sobre asuntos de interés público a menudo se enfrentan a acusaciones abusivas de difamación. Al momento de redacción de este informe, el Congreso estaba debatiendo un proyecto de ley que ampliaría las penas por difamación hasta seis años de prisión.
En septiembre de 2025, Reporteros sin Fronteras informó que ocho periodistas de investigación habían sido objeto de vigilancia, procedimientos judiciales y solicitudes de interceptación por parte de la policía, altos funcionarios y figuras políticas en represalia por su trabajo, que buscaba sacar a la luz la presunta corrupción en la que estaban involucrados la presidenta Boluarte, su hermano Nicanor Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Al momento de redacción de este informe, Gustavo Gorriti, un destacado periodista de investigación, seguía siendo objeto de una investigación penal por presuntamente recibir información confidencial de fiscales.
Para septiembre, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú había registrado más de 18 incidentes de violencia contra periodistas durante las protestas de septiembre y octubre, en la mayoría de los casos por parte de agentes policiales.
Los periodistas también han sido víctimas de ataques mortales. En enero, unos agresores no identificados dispararon y mataron al periodista Gastón Medina frente a su casa en Ica, después de que informara sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y otras irregularidades en el gobierno regional, el municipio provincial y el poder judicial local, así como sobre las mafias de extorsión que tienen como objetivo a los trabajadores del transporte. En mayo, unos agresores desconocidos mataron al periodista Raúl Célis López en Iquitos. Había informado sobre presuntos casos de corrupción en el gobierno regional, así como sobre extorsión y crimen organizado en la región amazónica.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los datos publicados en 2025 mostraban que, en 2024, casi el 28 % de la población vivía con ingresos por debajo del umbral nacional de pobreza monetaria. Esto representa una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto de 2023, pero continua muy por encima del 20 % registrado en 2019, antes de la pandemia. La pobreza se mantuvo particularmente alta en zonas rurales (39,3 %).
La pobreza extrema, definida por el gobierno como la incapacidad de adquirir una canasta básica de alimentos, aumentó al 5,5 % de la población (aproximadamente 1,9 millones de personas), duplicando la cifra de 2019.
Según la Organización Internacional del Trabajo, a finales de 2024 el 72 % de los trabajadores estaban en la economía informal, lo que sitúa a Perú con la tasa más alta de la región. En septiembre, la OCDE instó al gobierno a abordar esta situación y ampliar el acceso a una educación infantil de calidad, en particular para las familias con bajos ingresos y las comunidades rurales.
Ese mismo mes, los jóvenes del movimiento “Generación Z” organizaron una protesta en respuesta a la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que el Congreso aprobó en 2024 y que se aplicó mediante un decreto ejecutivo en septiembre de 2025. La ley obligaba a todos los trabajadores, incluidos los autónomos, a inscribirse en el sistema público o privado de pensiones y limitaba las opciones de retirada para los contribuyentes más jóvenes.
Medioambiente y derechos humanos
La minería ha sido históricamente uno de los sectores económicos más importantes de Perú. La industria minera peruana, que extrae cobre, oro, zinc, plomo y hierro, entre otros minerales, representó el 66 % de las exportaciones totales de Perú en 2024.
El Instituto Peruano de Economía, un centro de investigación económica del país, estimó que la minería ilegal —en su mayor parte procedente de operaciones mineras a pequeña escala— representó aproximadamente la mitad del valor de las exportaciones de oro del país en 2024 (más de US$6.800 millones). La minería artesanal a pequeña escala puede ser una fuente importante de ingresos para muchas personas de bajos ingresos, pero tiene un impacto significativo en el medio ambiente y la salud pública en Perú.
En 2025, el Congreso siguió ampliando el plazo para incorporar a los mineros ilegales e informales a la economía minera legal. Esto ha permitido, en la práctica, que los mineros ilegales operen sin rendir cuentas.
Grupos involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales y en la ocupación y apropiación ilegal de tierras han amenazado y atacado repetidamente a defensores de los bosques y del medio ambiente.
Orientación sexual e identidad de género
En Perú no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento legal del género para las personas transexuales. El país también carece de una legislación integral contra la discriminación de las personas LGBT.
En mayo, Perú promulgó una ley que pretende combatir la violencia sexual contra los niños y adolescentes, pero incluye disposiciones que restringen el uso de los baños públicos en función del “sexo biológico”, lo que podría excluir a las personas trans de los baños que se ajustan a su identidad de género. El lenguaje ambiguo de la ley podría permitir la censura de expresiones educativas, artísticas o basadas en la identidad.
Justicia reproductiva
Las mujeres, las niñas y las personas embarazadas solo pueden acceder a abortos legales cuando el embarazo pone en peligro su vida o su salud, pero aún en esos casos, muchas se enfrentan a obstáculos para acceder a este derecho.
En junio, el Instituto Nacional Materno Perinatal de Perú revisó sus lineamientos sobre el aborto terapéutico, algo que en la práctica dificultó que mujeres y niñas puedan acceder a un aborto cuando su vida o su salud están en riesgo.
Violencia contra las mujeres y las niñas
Para agosto, las autoridades habían registrado 105 femicidios en el transcurso del año. Los femicidios son definidos como el asesinato de una mujer o una niña en determinados contextos, incluidos los de violencia doméstica.
La Defensoría del Pueblo observó un aumento de los casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas durante la primera mitad del año, con más de 6.000 casos.
En junio, varios miembros del Congreso presentaron un proyecto de ley que impondría penas de prisión de hasta seis años por presentar “denuncias falsas” en casos de violencia doméstica. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres advirtieron que el proyecto de ley disuadiría a las víctimas de buscar ayuda.
Política exterior y compromisos en materia de derechos humanos
En agosto, la entonces presidenta Boluarte anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar, entre otros, si Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los derechos de los peruanos.