Los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia.
Casi una década después de que el acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno pusiera fin a un conflicto de cinco décadas, la violencia ha resurgido de nuevas formas y los grupos armados han ampliado su presencia en diversas zonas del país. A pesar de la estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro, 2025 estuvo marcado por una de las peores situaciones humanitarias de la última década.
El período previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se vio empañado por la violencia, en especial por el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Abusos cometidos por los grupos armados y crisis humanitaria
Numerosos grupos armados operan en Colombia impulsados por economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. Entre ellos se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo formado en la década de 1960; varios grupos “disidentes” que surgieron de la desmovilización de las FARC en 2017, entre ellos el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB); y el “Clan del Golfo” (o Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), que surgió de la desmovilización de los grupos paramilitares a mediados de la década de los 2000.
En todo el país, los grupos armados siguen aplicando estrategias violentas para controlar a la población.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 137.000 personas se vieron impedidas de salir de sus comunidades entre enero y agosto por amenazas, combates u otras actividades de grupos armados, en una situación conocida en Colombia como “confinamiento”, que ha aumentado significativamente en comparación con 2024.
En enero, el ELN inició una campaña para recuperar el control de gran parte de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, asesinando, agrediendo, secuestrando y desapareciendo a civiles acusados de tener vínculos con el Frente 33, un grupo surgido tras la desmovilización de las FARC en 2017. La violencia obligó a más de 64.000 personas a huir de sus hogares, en lo que fue uno de los mayores desplazamientos masivos en Colombia en décadas.
La Defensoría del Pueblo reportó 625 casos de reclutamiento de niños por parte de grupos armados en 2024, lo que supone un aumento del 81 % en comparación con los 342 casos que la oficina documentó en 2023. Datos de Naciones Unidas indican que la tendencia al alza continuó en 2025.
Según OCHA, entre enero y agosto de 2025, 544 civiles resultaron heridos o muertos por artefactos explosivos, lo que supone un aumento del 145 % con respecto a 2024. Los ataques con drones cargados con explosivos también aumentaron un 138 % en la primera mitad del año, según el Ministerio de Defensa.
Las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no han logrado proteger de forma efectiva a la población, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, ni realizar avances significativos en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales.
Los municipios y los gobiernos departamentales suelen carecer de fondos suficientes para asistir a las víctimas, y la ayuda del gobierno nacional a menudo ha sido lenta e insuficiente. Los recortes de la ayuda exterior por parte del gobierno de los Estados Unidos han dificultado aún más la respuesta a las crisis humanitarias, incluso por parte de las entidades de Naciones Unidas.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Desde que el presidente Petro asumió el cargo en agosto de 2022, Colombia ha registrado una disminución en el número de denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado y las reformas para garantizar que no se repitan siguen siendo limitadas.
Si bien el Ministerio de Defensa ha reformado los protocolos relacionados con el uso de la fuerza y el uso de armas menos letales y ha suspendido a algunos agentes de policía responsables de abusos, no ha logrado presentar reformas más amplias, incluidas aquellas orientadas a limitar la jurisdicción de la justicia penal militar sobre las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública.
En la madrugada del 8 de septiembre, miembros de la Armada abrieron fuego contra una embarcación en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera, en el departamento de Nariño, causando la muerte de un líder comunitario que ejercía de asesor de la alcaldía.
El gobierno ha reanudado los bombardeos contra grupos disidentes de las FARC. Entre agosto y noviembre, al menos 15 niños y niñas reclutados por estos grupos murieron en estas operaciones.
En noviembre, el medio de comunicación Caracol reveló pruebas de que algunos funcionarios de inteligencia y miembros de la fuerza pública colaboraban con grupos disidentes de las FARC, proporcionándoles información de inteligencia y obteniendo permisos para adquirir y portar armas y vehículos blindados.
Violencia contra los defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo
Colombia es uno de los países con el mayor número de defensores de los derechos humanos asesinados en todo el mundo. Al menos 1.500 han sido asesinados desde 2016, según la Defensoría del Pueblo. Entre enero y septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 157 nuevas denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
El país cuenta con una amplia gama de políticas, mecanismos y leyes para prevenir los abusos contra los defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo, incluidos excombatientes de las FARC. Sin embargo, las medidas del gobierno no han sido suficientes para hacer frente a esta violencia.
Datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación muestran que entre enero de 2016 y diciembre de 2024 se investigaron 1.381 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Los fiscales presentaron cargos en 527 (38 %) y lograron condenas en 227 (16,5 %).
El período previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se vio empañado por la violencia, incluyendo el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Defensoría del Pueblo identificó riesgos para los derechos civiles y políticos que podrían afectar al proceso electoral y pidió que se adoptaran medidas inmediatas y urgentes en 224 de los 1.103 municipios del país. El Servicio Europeo de Acción Exterior y el Parlamento Europeo instaron a las autoridades a proteger a los actores políticos y a otras personas que ejercen sus derechos democráticos.
Negociaciones de paz, desarme negociado y rendición de cuentas
El acuerdo de paz de 2016 estableció una ruta para reducir la pobreza rural, aumentar la participación ciudadana en las decisiones políticas, desarmar y reincorporar a los antiguos combatientes de las FARC, romper los vínculos entre el narcotráfico y la violencia política, y garantizar los derechos de las víctimas mediante mecanismos de justicia transicional. A pesar del respaldo del presidente Petro al acuerdo, su implementación sigue siendo limitada.
En septiembre, la Corte Constitucional ordenó una evaluación de la unidad responsable de la implementación del acuerdo de paz, dadas sus deficiencias.
El acuerdo de paz creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y juzgar a las partes del conflicto armado. En virtud del acuerdo, los acusados que confiesen sus crímenes y cooperen plenamente con el sistema judicial, serán condenados a “sanciones propias”, lo que significa hasta ocho años de servicio comunitario bajo “restricciones efectivas de libertad”, pero sin penas de prisión.
En agosto, concluyó el primer juicio adversarial de la JEP contra el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su presunta responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales; al cierre de este informe aún no se había dictado sentencia. En julio, comenzó el juicio adversarial contra el coronel David Herley Guzmán Ramírez por su presunta participación en 18 ejecuciones extrajudiciales.
En septiembre, la JEP dictó sus dos primeras sentencias. Declaró a siete exmiembros del Secretariado de las FARC culpables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo tortura, violencia sexual y esclavitud, por su responsabilidad en el secuestro de al menos 21.396 víctimas; y declaró a 12 exmiembros del Ejército culpables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por su responsabilidad en 135 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Ambas decisiones condenaron a los responsables a ocho años de restricción efectiva de la libertad, pero no establecieron un sistema de vigilancia estricto ni definieron claramente un perímetro que restringiera el movimiento a los condenados, lo que debilitó el carácter efectivo de las sanciones. Organizaciones de víctimas apelaron ambas decisiones.
El gobierno continuó con su política de “paz total”, que busca el desarme negociado de los grupos armados y organizaciones criminales. En enero de 2025, el gobierno suspendió las negociaciones con el ELN tras una ola de abusos en el Catatumbo. Las negociaciones continuaron con otros grupos armados, como el EMBF, el CNEB, Comuneros del Sur, un grupo disidente del ELN, y el EGC, pero los avances han sido limitados.
En julio de 2024, el gobierno presentó en el Congreso un proyecto de ley que permitiría a los grupos criminales recibir penas reducidas y conservar una parte de sus ganancias ilícitas a cambio del desarme.
Desplazamiento interno, reparaciones y restitución de tierras
OCHA informó que entre enero y agosto más de 79.500 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos, la mayoría de ellas en la región del Catatumbo, superando en un 53 % el total registrado en todo el año 2024 (52.000). Colombia define el “desplazamiento masivo” como el desplazamiento de 50 o más personas o de 10 o más familias.
Para agosto, alrededor del 17 % de los más de 10 millones de víctimas del conflicto armado registradas habían recibido indemnización administrativa. El 41 % de las reclamaciones de restitución de tierras presentadas ante los tribunales se han resuelto mediante sentencias, lo que ha beneficiado a más de 12.000 familias.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Más de 2,9 millones de venezolanos viven en Colombia. Al momento de redactar este informe, 2,1 millones de ellos habían recibido el estatus de protección temporal durante 10 años. Aproximadamente 2,5 millones lo habían solicitado.
En respuesta a los cambios en las políticas migratorias y de asilo de Estados Unidos, muchos migrantes y solicitantes de asilo intentaron regresar a sus países de origen, a menudo a través de Colombia. Hasta agosto de 2025, más de 14.000 personas habían ingresado a Colombia como parte de una migración inversa, y algunas de ellas sufrieron graves abusos durante el viaje, incluyendo violencia sexual y reclutamiento forzoso.
Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, las mujeres y los jóvenes migrantes en Colombia se enfrentan a obstáculos adicionales, tales “como la discriminación en la contratación y una mayor probabilidad de ser contratados para realizar empleos precarios”.
Violencia sexual y de género
En 2024 y 2025, los feminicidios y la violencia sexual aumentaron en comparación con años anteriores, según la Defensoría del Pueblo. Se reportó también el aumento de casos de trata de personas; el 75% de las víctimas son mujeres. Entre enero y junio, aproximadamente el 60 % de los casos denunciados estaban relacionados con la explotación sexual. En agosto, el Congreso aprobó una ley para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso laboral.
Orientación sexual e identidad de género
A pesar de las protecciones constitucionales contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) siguen enfrentándose a altos niveles de violencia y discriminación. Según las cifras de la organización no gubernamental Caribe Afirmativo publicadas en mayo, 164 personas LGBT fueron asesinadas en Colombia en 2024.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los altos niveles de pobreza, especialmente en las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo un grave problema de derechos humanos. Las mujeres siguen padeciendo niveles de pobreza más elevadas que los hombres.
El acuerdo de paz de 2016 estableció los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET) para aumentar la presencia del Estado en 170 municipios altamente afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilegales, como el tráfico de drogas. Sin embargo, los esfuerzos para implementar los PDET han sido limitados. En 2024, la tasa de pobreza multidimensional en estas zonas (24,4 %) era más del doble de la tasa nacional (11,5 %).
Políticas sobre cambio climático y sus impactos
En el primer trimestre de 2025, el gobierno registró una disminución del 33 % en la deforestación en comparación con el mismo período de 2024. Sin embargo, según las cifras del gobierno, en 2024 se deforestaron 113.608 hectáreas, lo que supone un aumento del 43 % en comparación con 2023.
Los ganaderos y los grupos disidentes de las FARC son los principales impulsores de la deforestación. Los disidentes presionan a las comunidades para que talen árboles, extorsionan a los agricultores, promueven los cultivos de coca para producir cocaína o amenazan a las personas que defienden la conservación ambiental.
Libertad de expresión
Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
En septiembre de 2024, el presidente Petro emitió una directiva presidencial sobre la libertad de prensa, en la que ordenaba a todos los funcionarios del poder ejecutivo a garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informaron en septiembre que la aplicación de la resolución había sido lenta y documentaron casos de estigmatización y acoso judicial a periodistas por parte de funcionarios públicos.
Sanciones de Estados Unidos
En septiembre, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Posteriormente, ese mismo mes, Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro después de que este pidiera, durante una protesta pro-Palestina en Nueva York que el ejército estadounidense ignorara órdenes presidenciales. En octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Petro y a miembros de su círculo más cercano, acusándolos de participar en el “comercio ilícito global de drogas”.