Las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad —incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. La impunidad sigue siendo la norma. El presidente López Obrador creó la Guardia Nacional, integrada mayormente por militares, y ordenó su movilización para el control de la migración irregular. Diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a abordar las problemáticas de tortura y desapariciones, aunque su implementación ha demorado.
En febrero, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y se le encomendó coordinar la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional.
Se siguen produciendo abusos contra migrantes y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos y persisten las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Sistema de justicia penal
Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano, a pesar de que en 2013 se adoptó una ley que tenía por objeto asegurarles justicia, protección y reparaciones. En un informe de 2018, el Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos declaró que cerca del 98 % de los delitos cometidos en México quedan sin resolver. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la impunidad “recurrente” en relación con graves violaciones de derechos humanos, y puso de manifiesto las “graves” insuficiencias en las investigaciones y enjuiciamientos de estos casos.
Abusos militares e impunidad
México ha utilizado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 quejas sobre presuntos abusos militares. Entre enero y julio de 2019, recibió 241 quejas de este tipo.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para requerir que los abusos cometidos contra civiles por militares se juzguen en la justicia penal ordinaria en vez de la justicia militar. Sin embargo, los esfuerzos para que se haga justicia ante estas violaciones siguen siendo infructuosos. En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU puso de manifiesto su preocupación por las reformas realizadas en 2016 al Código Militar de Procedimientos Penales y al Código de Justicia Militar, que otorgaron a agentes del Ministerio Público Militar y jueces militares amplias facultades para allanar viviendas e intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial.
En noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia derogó la Ley de Seguridad Interior, debido a que “[normalizaba] la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”, lo cual la Corte determinó como inconstitucional y violatorio de las obligaciones internacionales de México.
Sin embargo, ese mismo mes el presidente López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal en operativos de seguridad pública y para colaborar “temporalmente” en tareas de seguridad pública en estados y municipios. Inaugurada en junio, está integrada mayormente por militares y es dirigida por un general del Ejército que se retiró del servicio activo en agosto. La ley que regula a la Guardia Nacional permite que sus miembros participen en investigaciones penales y asuman actividades de inteligencia con fines “preventivos”.
Tortura
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o centros de detención ilegales. En ocasiones, las confesiones obtenidas bajo tortura se usan como prueba en procesos penales.
En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México encuestó a más de 64.000 personas encarceladas en 338 cárceles mexicanas en todo el país. Casi dos de cada tres (el 64 %) reportaron algún tipo de violencia física en el momento de la detención, incluyendo descargas eléctricas, estrangulamiento o asfixia. Entre 2013 y 2018, 2.751 personas privadas de libertad murieron en cárceles federales y estatales, según datos obtenidos por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) inició más de 9.000 investigaciones sobre tortura. Según la Fiscalía, su Dirección General de Especialidades Médico Forenses intervino en 1.903 presuntos casos de tortura en 2019 y la CNDH recibió 84 quejas de tortura entre enero y septiembre de 2019. En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura en México realizadas tan sólo en 2016, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio. El Comité contra la Tortura expresó su preocupación ante información de que la justicia comúnmente falla en investigar los señalamientos de tortura, y se traslada la carga de la prueba a las víctimas.
Existen graves deficiencias en las investigaciones. En 2018, la Oficina en México de la ACNUDH publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. En junio de 2019, medios locales difundieron un video en el cual se ve a uno de los 34 detenidos atado, con los ojos vendados y sometido a asfixia, descargas eléctricas y golpizas durante el interrogatorio realizado por las autoridades. En septiembre, se absolvió a uno de los principales sospechosos de las desapariciones de Ayotzinapa debido a irregularidades y violaciones de derechos humanos durante las investigaciones, incluyendo tortura. Cuando se elaboró el presente informe, 77 personas habían sido absueltas en el caso, por motivos similares.
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en 2017, procuraba combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios que se obtuvieran mediante tortura. Sin embargo, su implementación ha sido lenta. El Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura (MNPT), vinculado con la CNDH, informó en 2018 que menos de la mitad de los estados mexicanos habían adoptado leyes similares, conforme lo exige el derecho nacional. Hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido una problemática generalizada. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones.
Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas desaparecidas que investiguen por su cuenta. Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos. En septiembre de 2019, la unidad especializada en investigación de secuestros de la FGR informó tener apenas una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales. En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó su preocupación por la “alarmante” impunidad en los casos de desapariciones, incluyendo aquellos en los que existen señalamientos de colusión entre la delincuencia organizada y las autoridades.
La ley sobre desapariciones de 2017 estableció una definición única a nivel nacional para el delito y dispuso la creación de entidades que facilitaran la investigación y el juzgamiento de los responsables de desapariciones. La ley también instituye la CNB, creada para coordinar las iniciativas de búsqueda en el terreno, y el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), establecido para coordinar a las instituciones públicas que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
En agosto, Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda y titular de la CNB, indicó que se desconocía el paradero de 40.000 personas. En noviembre, la comisionada anunció la creación de un nuevo registro nacional para personas desaparecidas. Las autoridades destacaron que es probable que aumente la cifra oficial de personas desaparecidas cuando se establezca el nuevo registro. Según estadísticas oficiales, hasta agosto se habían hallado 4.874 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas en todo el país entre 2006 y 2019.
Hasta septiembre, el SNB todavía no era totalmente operativo. Tampoco se ha concretado un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas, para cuya creación la ley había dado plazo hasta abril de 2018. Hasta septiembre, siete de 32 estados no habían establecido las comisiones u oficinas de búsqueda locales que exige la ley. En mayo, la Comisionada Nacional de Búsqueda anunció el inicio del proceso para establecer un plan de búsqueda regional en el noreste de México, y el gobierno federal creó un subsidio para financiar a comisiones de búsqueda locales. Familiares de víctimas han denunciado reiteradamente graves deficiencias en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Funcionarios públicos admitieron que más de 26.000 cuerpos siguen sin ser identificados. En agosto, la Comisionada Nacional de Búsqueda informó de la creación de una evaluación forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Ese mismo mes, tras los reclamos de familias, el gobierno anunció la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para identificar cuerpos.
Ejecuciones extrajudiciales
En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los reportes de ejecuciones extrajudiciales en México y la impunidad en la que habitualmente quedan estos casos.
En septiembre de 2019, ocho civiles fueron presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías estatales en Tamaulipas, en el norte de México. A la fecha de elaborar este informe, las autoridades habían emitido órdenes de aprehensión contra siete policías estatales por los delitos de homicidio, abuso de autoridad, allanamiento de morada y efectuar declaraciones falsas a las autoridades. En octubre, las autoridades seguían investigando.
No existe información confiable sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los homicidios nunca son judicializados. Las autoridades gubernamentales se limitan a registrar la cantidad de homicidios, pero no las circunstancias de estos hechos. Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que en 2014 dejó de registrar la cantidad de civiles muertos, organizaciones de la sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indicaban que esa información existe, pero que la secretaría se ha negado a divulgarla y no ha proporcionado una explicación fundamentada.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de grupos delictivos. Luego de una visita al país en abril, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se refirió a la situación de los defensores de derechos humanos y los periodistas como “alarmante”. La CNDH informó que hubo 148 periodistas asesinados entre 2000 y 2018, y 21 desaparecidos entre 2005 y 2018. Siete periodistas fueron asesinados entre enero y julio de 2019.
Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde que se creó en 2010, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar agresiones contra periodistas ha iniciado más de 1.000 investigaciones. Entre 2010 y diciembre de 2018, la fiscalía especial presentó 186 cargos por delitos contra periodistas, lo cual representa apenas el 16.3 % de las denuncias recibidas. Durante ese mismo período, obtuvo 10 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.
Es común que los defensores de derechos humanos sufren intimidación, criminalización y violencia en México. Entre enero y julio, al menos 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados, lo que representa un aumento respecto de años anteriores, según ACNUDH. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan ni se juzgan.
En 2012, el gobierno federal creó el Mecanismo Nacional de Protección, responsable de dictar medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y coordinar su implementación. Entre octubre de 2012 y marzo de 2019, 800 periodistas y defensores solicitaron medidas de protección, y se concedieron 678 de estos pedidos. En julio, la Oficina de la ACNUDH manifestó preocupación por la falta de recursos suficientes para el mecanismo, así como la ausencia de procedimientos claros y los problemas en la coordinación de las medidas de protección.
Derechos de mujeres y niñas
En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó preocupación por la persistencia de patrones de violencia “generalizada” contra mujeres, incluida la violencia sexual. No obstante, el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen estándares internacionales.
En agosto, la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se hubiera cometido un delito para practicar el aborto.
En octubre de 2019, entró en vigor la despenalización del aborto en el estado sureño de Oaxaca. En septiembre, legisladores locales legalizaron el aborto con independencia de la causa hasta la semana 12 del embarazo. Oaxaca se convierte así en el segundo estado del país en adoptar una ley de este tipo, junto con la Ciudad de México.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. Según datos oficiales, entre enero y julio de 2019, hubo a nivel nacional 540 femicidios, que el derecho mexicano define como la privación de la vida de una mujer debido a su género. Hasta abril de 2018, un registro oficial había contabilizado a 9522 mujeres y niñas desaparecidas.
Migrantes y solicitantes de asilo
Migrantes que atraviesan el territorio de México frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos. En algunos casos, se ha señalado que estarían implicadas autoridades gubernamentales. Entre enero y septiembre de 2019, la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, en su mayoría contra miembros de la policía federal.
En enero de 2019, el gobierno de Trump empezó a enviar de regreso a México a solicitantes de asilo mientras sus solicitudes se encuentran en trámite, aplicando para esto los Protocolos de Protección de Migrantes. A la fecha de preparar el presente documento, más de 40.000 solicitantes de asilo habían sido enviados de regreso, muchos hacia condiciones peligrosas e inhabitables, y con obstáculos importantes a la posibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa. Esto incluía a solicitantes de asilo con discapacidades u otras condiciones de salud crónicas, pese a que las pautas iniciales indicaban que no se incluiría en el programa a “personas con problemas de salud física o mental conocidos”.
En junio, el gobierno de Estados Unidos amenazó con aplicar aranceles a productos mexicanos a menos que México aceptara un aumento sustancial en la cantidad de solicitantes de asilo que son enviados de regreso a México a la espera de que sus casos tramiten en la justicia en Estados Unidos, e interceptara a los migrantes que están en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos. En respuesta, el gobierno de López Obrador anunció que movilizaría a 6.000 miembros de la nueva Guardia Nacional para controlar la migración irregular, una decisión que en la práctica, militarizó las fronteras de México.
En junio, la CNDH dictó medidas de protección a favor de un albergue en los estados mexicanos norteños de Sonora y Coahuila, luego de que miembros de la Guardia Nacional intentaran ingresar para revisar el estatus migratorio de las personas que estaban allí, en contravención a lo establecido por el derecho mexicano.
En septiembre, los centros de detención de migrantes gestionados por el gobierno estaban desbordados, y los migrantes allí detenidos experimentaban condiciones inhumanas como calor extremo, plagas de insectos, falta de acceso a higiene básica, servicios médicos limitados y comida de baja calidad.
Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2018 la agencia de refugiados de México otorgó la condición de refugiados a casi 5.000 personas procedentes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala, lo que supuso un aumento del 75 % en comparación con 2017. El organismo extendió la protección complementaria —una condición que protege de la deportación a personas vulnerables que no reúnen los requisitos para ser refugiadas— a otras 2.200 personas en 2018, en comparación con 1.265 en 2017. En los primeros ocho meses de 2019, la agencia de refugiados de México señaló que había reconocido a 3.173 refugiados y otorgado protección complementaria a otras 702 personas de estos cuatro países.
Orientación sexual e identidad de género
La Ciudad de México y otros 18 estados mexicanos han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. En 2015, la Suprema Corte determinó que la definición única de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es violatoria de la Constitución. En mayo, la Suprema Corte resolvió que se debía autorizar a una pareja del mismo sexo de Aguascalientes a inscribir a su hijo, una decisión que protege el interés superior del niño y reivindica lo principios de igualdad y no discriminación.
En julio, en respuesta a un caso presentado por cinco personas transgénero en Querétaro, un juez federal determinó que las personas trans deben tener la posibilidad de cambiar sus nombres e identificadores de género en los certificados de nacimiento, a través de un procedimiento administrativo sencillo ante el Registro Civil. Según dispuso, la normativa que exigía que las personas trans obtuvieran sentencias judiciales para rectificar sus certificados de nacimiento era discriminatoria y excesivamente onerosa. La sentencia convierte a Querétaro en la octava jurisdicción, de las 32 que hay en México, en establecer una vía administrativa para el reconocimiento legal del género a las personas trans.
Derechos de las personas con discapacidad
En sus observaciones finales sobre México de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concluyó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves deficiencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación. Hasta noviembre, el Presidente López Obrador no había designado a un presidente en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el órgano de alto nivel que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad a nivel federal y con las autoridades de los estados.
En marzo, la Suprema Corte determinó que limitar la capacidad legal de un quejoso —en ese caso, un hombre con discapacidad intelectual— era una medida discriminatoria. Sin embargo, esta sentencia tutela únicamente los derechos del quejoso —y no de otras personas con discapacidad— para, por ejemplo, decidir contraer matrimonio o firmar contratos.
Actores internacionales clave
En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó un informe sobre México como parte de su mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU). México aceptó 262 de las 264 recomendaciones recibidas, incluida una indicando que se establezca un mecanismo independiente contra la impunidad para investigar “delitos atroces” y otras violaciones de derechos humanos. Entre otras de las recomendaciones que aceptó México, se incluyen crear una fiscalía nacional autónoma e independiente, y combatir la impunidad y la corrupción.
En abril, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó México y firmó dos acuerdos: uno para brindar “asistencia técnica” a la controvertida Guardia Nacional y otro para colaborar con una comisión presidencial que trabaja en las desapariciones de Ayotzinapa. Destacó la necesidad de crear una nueva policía civil que esté preparada para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico y, al mismo tiempo, respetar los derechos humanos. También abordó la naturaleza “transversal” de la impunidad, su preocupación por la tortura sexual de mujeres privadas de libertad y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU concluyó su séptimo examen periódico de México. Manifestó consternación por la falta de adopción del Programa Nacional sobre Tortura y el uso del Ejército en operativos de seguridad pública, ante los señalamientos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por soldados.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU indicó en agosto que México no había adoptado medidas suficientes para contrarrestar la discriminación histórica y estructural contra pueblos indígenas y afro mexicanos. Puso de manifiesto que defensores de derechos humanos indígenas y afro mexicanos sufren violencia, amenazas y atentados contra su vida, además de la criminalización de sus actividades. El CEDR sostuvo que las políticas migratorias de México a veces no protegían a migrantes y solicitantes de asilo, incluidos niños y niñas.
En agosto, el gobierno anunció que aceptaría la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para procesar quejas individuales, y que invitaría al Comité a realizar una visita de país en 2020.
En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU informó que en México había altos índices de violencia basada en la identidad o la orientación de género, incluidos asesinatos. El comité subrayó su alarma ante los altos índices de abortos inseguros y obstáculos en el acceso al aborto en casos de violación sexual, en contravención de lo establecido en el derecho mexicano. Instó al estado a evitar un enfoque militarizado de la aplicación de la ley y a conformar la Guardia Nacional como una institución civil.
Desde 2007, Estados Unidos ha destinado casi USD 2.900 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida para colaborar con el país en la lucha contra la delincuencia organizada. El Presidente López Obrador declaró en mayo que su gobierno rechazaría la iniciativa y procuraría reorientar la cooperación para contribuir al desarrollo de la región sudoriental de México y los países centroamericanos.