Los avances logrados en los últimos años en Guatemala en el juzgamiento de casos de corrupción y abusos se encuentran en riesgo, luego de que el gobierno decidiera no prorrogar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas. La CICIG dejó de funcionar en septiembre de 2019. Cuando se elaboró este informe, la fiscal general no había adoptado medidas para garantizar el juzgamiento de más de 60 casos de corrupción en trámite, incluidos casos contra más de una decena de miembros y exmiembros del Congreso, exministros, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
En julio, el gobierno de Guatemala y el de Estados Unidos firmaron un acuerdo para establecer a Guatemala como “tercer país seguro”. Cuando se preparó este informe, no había claridad con respecto a cómo se implementaría el acuerdo.
Seguridad pública, corrupción y justicia penal
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo serios problemas en Guatemala. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas a irse del país, incluidos niños y niñas y adultos jóvenes no acompañados.
En los últimos años, las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público han puesto al descubierto más de 60 tramas de corrupción, en las cuales estaban implicados funcionarios de los tres poderes del gobierno. Estas investigaciones propiciaron en 2015 la renuncia y la detención de los entonces presidente y vicepresidenta.
Sin embargo, hay en Guatemala altos niveles de impunidad, en parte porque es común que haya demoras irrazonables en procesos penales contra poderosos actores debido al uso excesivo de recursos por las personas acusadas. Estas demoras se ven agravadas a causa de que, a menudo, la justicia no observa los plazos legalmente establecidos, y a veces tarda meses en reprogramar audiencias suspendidas. Persisten problemas como la intimidación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema de justicia. A causa de esto, todavía no han empezado juicios en la mayor parte de los casos de corrupción iniciados desde 2015.
Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado
Los pocos avances que logró Guatemala en los últimos años en el juzgamiento de delitos del pasado parecen ahora haberse estancado.
En noviembre de 2018, se condenó a un exintegrante de las fuerzas especiales por su papel en la masacre de las Dos Erres, en la cual fuerzas especiales del Ejército guatemalteco asesinaron, en 1982, a unos 200 civiles como parte de su política contra la insurgencia durante el conflicto armado. En 2011 y 2012, cinco otras personas fueron condenadas por su participación en la masacre. Sin embargo, otras 10 siguen prófugas y tres ex altos funcionarios, entre ellos el exlíder Efraín Ríos Montt, fallecieron antes de ser juzgados.
En junio, en un caso sobre violencia sexual perpetrada contra 36 mujeres Maya Achí en la década de 1980, la jueza que presidía la fase preliminar del proceso desestimó los procesos contra seis exparamilitares y dispuso la liberación de los acusados tras excluir prueba clave del caso, incluidos testimonios de víctimas y testigos. Cuando se redactó este informe, estaban en trámite apelaciones planteadas por las demandantes y un pedido del fiscal de que se retirara la inmunidad a la jueza y se la acusara de prevaricato y denegación de justicia.
La misma jueza había llegado a una decisión similar en el caso CREOMPAZ, sobre desapariciones forzadas y hechos de violencia sexual en una base militar durante el conflicto armado interno en Guatemala. La jueza excluyó del caso a 123 de las 152 víctimas, y no incorporó a la prueba importantes documentos militares. Las apelaciones de la fiscalía seguían en trámite a la fecha de redacción de este informe.
En marzo de 2019, el Congreso guatemalteco completó la segunda instancia de aprobación (de las tres necesarias) de un proyecto que otorgaría la amnistía por genocidio y otras atrocidades del pasado, una medida claramente violatoria del derecho internacional de los derechos humanos. Ese mismo mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una decisión vinculante que obliga a Guatemala a archivar el proyecto legislativo, y en julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó una sentencia similar. No obstante, el proyecto no se había archivado al momento de elaboración del presente informe.
Violencia contra periodistas
Es habitual que periodistas sean blanco de hostigamiento y violencia. En febrero de 2018, se hallaron los cuerpos del periodista Laurent Castillo y el trabajador de radio Luis de León, con heridas de bala en la cabeza. En junio de 2017, el periodista de televisión Carlos Rodríguez sobrevivió a un disparo en la cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 fueron asesinados los periodistas Danilo López y Federico Salazar. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por la CICIG y el Ministerio Público implicaron en este delito al diputado Julio Juárez, del expartido gobernante FCN-Nación. En junio, un juez de instrucción elevó a juicio el caso contra Juárez. Al momento de elaboración de este informe, aún no se había fijado una fecha para el juicio.
Derechos del niño
En marzo de 2017, 41 niñas adolescentes murieron en un incendio en el refugio Hogar Seguro, gestionado por el gobierno. Se había encerrado durante la noche a 56 niñas en un espacio que solo podía albergar en forma segura a 11, sin acceso a agua ni baños, tras una protesta por las precarias condiciones de vida y el trato recibido en el refugio, incluidos señalamientos de violencia sexual que databan de varios años. Luego de al menos seis horas en esas condiciones, una de las niñas quemó un colchón para que los policías de guardia las dejaran salir, pero tardaron nueve minutos en abrir la puerta. Estaba previsto que tres funcionarios públicos fueran juzgados en febrero de 2019 por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, entre otros cargos. Cuando se preparó este informe, había demoras en el proceso y todavía no se había iniciado el juicio.
Salud sexual y reproductiva
En agosto de 2018, el Congreso guatemalteco aprobó una versión preliminar del proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”. Esta ley ampliaría la penalización del aborto, que en la actualidad solo es legal cuando está en riesgo la vida de la mujer o niña embarazada, y podría exponer a las mujeres con abortos espontáneos a la posibilidad de ser juzgadas penalmente. Elevaría la pena máxima para el aborto de 3 a 10 años de prisión y tipificaría la “promoción del aborto”. Como resultado de esto, brindar información, asesoramiento o derivaciones en materia de salud sexual y reproductiva podría ser causal de penas de hasta 10 años de prisión.
El proyecto legislativo también contiene disposiciones que discriminan a personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer según su sexo asignado al nacer, asíexcluyendo a numerosas personas transgénero además de prohibir las uniones entre personas del mismo sexo. El proyecto define la “diversidad sexual” como “incompatibl[e] con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Establece además que la “libertad de conciencia y expresión” protege a las personas de ser “obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”.
Esta disposición podría interpretarse de forma tal que niegue servicios a las personas en función de su orientación sexual o identidad de género, en contravención a estándares internacionales de derechos humanos. Guatemala no cuenta con leyes que protejan específicamente los derechos de las personas LGBT.
El presidente entrante Giammatei expresó en la campaña electoral que apoyaba el proyecto. Cuando se redactó este informe, el proyecto debía recibir otras aprobaciones legislativas para el presidente pudiera promulgarlo.
Actores internacionales clave
Desde su inicio en 2007, la CICIG, que trabajaba con el respaldo de la ONU, desempeñó un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala en el procesamiento de delitos violentos. La CICIG trabajó en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Identificó más de 60 estructuras delictivas, presentó más de 110 casos —en los cuales había más de 680 implicados—y planteó más de 34 proyectos de reformas legales al Congreso guatemalteco. Según una encuesta realizada en abril, más del 70 % de la población apoyaba a la CICIG.
No obstante, luego de que la CICIG y la fiscal general presentaron un nuevo pedido en agosto de 2018 para quitar la inmunidad presidencial a Jimmy Morales con el fin de investigar su papel en el financiamiento electoral ilícito, Morales anunció, acompañado de altos mandos militares y policiales, que no renovaría el mandato de la CICIG. Como resultado, la CICIG dejó de funcionar en septiembre de 2019.
Al momento de preparación del presente informe, la Fiscal General de Guatemala no había acordado un plan para garantizar la continuidad de la fiscalía a cargo del procesamiento de los casos de la CICIG.
En julio, luego de que el gobierno de Trump amenazara con aplicar aranceles a productos guatemaltecos y cargos a las remesas de migrantes, funcionarios guatemaltecos y estadounidenses firmaron un acuerdo para establecer a Guatemala como “tercer país seguro”. Esto significa que los ciudadanos de otros países que pasaron por Guatemala antes de presentar un pedido de asilo en EE. UU., tengan que presentar una solicitud de asilo en Guatemala. Cuando se preparó este informe, no había claridad con respecto a cómo se implementaría el acuerdo.
El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por USD 615 millones para 2018 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Esta iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras, mediante medidas para paliar la violencia, fortalecer la gobernabilidad y generar más oportunidades económicas en esos países. Sin embargo, en marzo el Presidente Donald Trump anunció que se recortaría la asistencia a los países del Triángulo Norte. Esto se traduciría en la reducción o finalización de programas sobre desarrollo económico local, prevención de la violencia y esfuerzos contra la corrupción.
En 2019, Guatemala se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso internacional para proteger la educación durante los conflictos armados.