Durante el liderazgo del ex Presidente Hugo Chávez, y ahora del Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y persiga penalmente a sus críticos, lo cual ha llevado a crecientes niveles de autocensura.
Dirigentes políticos de oposición han sido arbitrariamente detenidos, juzgados, condenados e inhabilitados para postularse a cargos públicos en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Las autoridades también procesaron penalmente a decenas de ciudadanos de a pie por haber expresado críticas contra el gobierno.
Los abusos policiales, las condiciones deficientes en centros penitenciarios y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad —incluidas detenciones arbitrarias, golpizas y negación de derechos básicos de debido proceso a participantes en manifestaciones mayormente pacíficas ocurridas a principios de 2014— continúan siendo problemas muy serios.
Otros problemas incluyen la falta de acceso a medicamentos e insumos básicos como resultado de políticas gubernamentales, y el repetido hostigamiento a defensores de derechos humanos por parte de funcionarios gubernamentales.
Abusos por miembros de las fuerzas de seguridad
A comienzos de 2014, el gobierno respondió a las manifestaciones masivas en su contra con un uso brutal de la fuerza. A lo largo de varias semanas, miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron asiduamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y contra transeúntes. También toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, o a veces incluso colaboraron de manera directa con ellas. En muchos casos las personas detenidas permanecieron incomunicadas en bases militares por 48 horas o por períodos mayores antes de ser llevadas ante un juez, y algunas sufrieron una variedad de abusos durante su detención que incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligadas a mantenerse en cuclillas o arrodilladas, sin moverse, durante varias horas.
El Ministerio Público informó haber iniciado 189 investigaciones de presuntos abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones, e indicó que 42 funcionarios de seguridad pública habían sido acusados por uso indebido de la fuerza y armas de fuego, y maltrato a ciudadanos. No proporcionó información acerca de si se habían dictado condenas.
Los manifestantes siguen siendo procesados penalmente por participar en manifestaciones pacíficas. En enero, miembros de la Guardia Nacional detuvieron al estudiante universitario Raúl Virgilio Quintero García por haber tomado una fotografía de personas que formaban fila para comprar productos en un supermercado de Caracas. También se detuvo a seis personas que se habían estado manifestando pacíficamente contra las largas filas y a un camarógrafo que los filmaba. Quintero fue imputado de varios delitos y posteriormente liberado, pero sigue en curso el proceso penal en su contra.
Desde julio de 2015, el Presidente Maduro ha movilizado a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de la “Operación Liberación del Pueblo”, para hacer frente al problema de la inseguridad, así como a la venta ilegal de productos con desabastecimiento. En estas operaciones, miembros de las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales a través de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas y abusos verbales y físicos. El gobierno informó que ocurrieron decenas de muertes durante las operaciones; en varios casos, existen señalamientos creíbles de que algunas víctimas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente.
Deportaciones arbitrarias
En agosto, el presidente declaró estado de excepción en seis municipios del estado de Táchira, en de la frontera con Colombia. Entre agosto y fines de septiembre, las fuerzas de seguridad venezolanas deportaron a más de 1.700 ciudadanos colombianos. Al menos otros 22.000 se han ido de Venezuela por temor a sufrir abusos o ser deportados. Cientos de colombianos afirman haber sufrido el desalojo forzado de sus viviendas, que luego fueron destruidas; abusos físicos y verbales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas; y separación forzosa de sus familias. A pesar de que algunos ciudadanos colombianos deportados contaban con permisos legales para vivir en Venezuela, no se les permitió objetar las deportaciones.
Independencia judicial
Desde que en 2004 el ex Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradamente han emitido sentencias a favor de este, avalando así su creciente desprecio por los derechos humanos.
La Jueza María Lourdes Afiuni continúa procesada penalmente como consecuencia de una decisión dictada en 2009, en la cual le concedió libertad condicional a un crítico del gobierno. Si bien la decisión de Afiuni cumplía con una recomendación emitida por organismos internacionales de derechos humanos —y era acorde con el derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al ex Presidente Chávez dispuso su enjuiciamiento por corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Fue puesta en libertad condicional tras un año de prisión y dos años de arresto domiciliario, pero sigue sujeta a proceso penal.
Enjuiciamiento de opositores
En múltiples oportunidades las autoridades venezolanas han abusado de la falta de independencia del sistema judicial para detener y procesar a prominentes dirigentes políticos de oposición.
En septiembre, la justicia condenó al dirigente opositor Leopoldo López a más de 13 años de prisión por diversos delitos, entre ellos el de “incitación pública” a delinquir durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014. También se condenó a tres estudiantes cuyas causas estaban vinculadas con la de López: dos de ellos recibieron cuatro años y medio de prisión, y el tercero una pena de más de diez años. La jueza dispuso que los tres podían cumplir la pena en la libertad condicional.
Durante el juicio de López, la fiscalía no presentó evidencias creíbles que vincularan a López con ningún delito, y la jueza interviniente, que es una jueza provisoria sin garantía de inamovilidad, no permitió que sus abogados aportaran evidencias para su defensa. En octubre, uno de los fiscales acusadores huyó de Venezuela y aseveró que el caso había sido una “farsa”.
Las autoridades también han iniciado o amenazado con iniciar acciones penales contra decenas de venezolanos por criticar al gobierno. Por ejemplo, en febrero, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a un médico y amenazaron con iniciar acciones penales porque había hablado de la escasez de medicamentos en televisión. En abril, agentes del SEBIN detuvieron a un ingeniero luego de que un periódico local publicara declaraciones suyas, en las cuales criticaba políticas gubernamentales sobre regulación del acceso a la electricidad. En julio, agentes del SEBIN detuvieron a un empresario un día después de haber criticado en televisión políticas económicas del gobierno.
También se ha actuado penalmente contra abogados por brindar asistencia letrada legítima a clientes. Marcelo Crovato fue detenido en abril de 2014 mientras asesoraba a un vecino cuya vivienda había sido allanada ilegalmente durante las manifestaciones. Fue imputado por delitos como “instigación a la desobediencia de las leyes” y “asociación”. Aunque la fiscalía no presentó pruebas creíbles en su contra, Crovato permaneció casi 10 meses en prisión hasta febrero, cuando se le concedió arresto domiciliario por motivos médicos. A la fecha de redacción del presente informe, el proceso penal contra Crovato seguía pendiente.
Libertad de expresión
Durante la última década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación, y ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio expresan críticas al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es habitual.
En 2010, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para conceder al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. También amplió el alcance de una ley que regula a los medios, que ya tenía un contenido restrictivo, para incluir Internet, lo cual permite la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”, una infracción definida de manera imprecisa. Diversas reformas anteriores del Código Penal habían ampliado ya el alcance y la severidad de las leyes de difamación que criminalizan la ofensa a funcionarios gubernamentales de alto rango.
En abril, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que es partidario del gobierno, inició acciones civiles y penales por difamación agravada contra 22 “accionistas, directores, [miembros del] consejo editorial y dueños” de los periódicos venezolanos Tal Cual y El Nacional, así como del sitio web de noticias La Patilla, por reproducir un artículo del periódico español ABC. El artículo contenía declaraciones atribuidas al ex escolta de Cabello, quien, según se indicaba en la nota, estaba colaborando con autoridades estadounidenses en la investigación de supuestos vínculos de Cabello con un cartel de narcotráfico.
Defensores de derechos humanos
El gobierno venezolano ha intentado desacreditar a los defensores de derechos humanos del país, a través de reiteradas acusaciones infundadas de que estos pretenden atentar contra la democracia venezolana. En 2015, durante su programa semanal en la televisión estatal, Cabello señaló en varias oportunidades que la participación de organizaciones de derechos humanos en audiencias ante órganos veedores de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o las Naciones Unidas pretendía “desestabilizar al gobierno”.
En octubre, tres personas no identificadas robaron y mantuvieron secuestrado durante varias horas a Marino Alvarado, un conocido defensor de derechos humanos que trabaja en la organización no gubernamental venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Antes del incidente, Alvarado había pedido la intervención de la CIDH por considerar que peligraba su vida y su integridad física, luego de que Cabello y el Presidente Maduro cuestionaran abiertamente las actividades y las fuentes de financiamiento de Alvarado y Provea. Dos semanas después, la CIDH ordenó al gobierno que brindara medidas de protección a Alvarado y a otros miembros de Provea.
En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la patria. A su vez, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que miembros de pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles en las cuales están recluidos. La organización de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones indica que 6.472 personas murieron y 16.387 resultaron heridas en las cárceles entre 1999 y 2014. En julio, el 63 por ciento de las más de 50.000 personas alojadas en centros penitenciarios cumplían prisión preventiva, y más de 100 habían muerto en prisión, según datos del Observatorio.
Derecho a la salud
El gobierno no ha asegurado la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos e insumos esenciales para todos los venezolanos sin discriminación. No ha suministrado medicamentos ni insumos suficientes al sistema de salud pública, y al mismo tiempo sus normas sobre tipo de cambio y controles de precios obstaculizan la importación de medicamentos y productos de salud, lo cual genera una oferta absolutamente inadecuada de medicamentos e insumos médicos básicos.
En marzo, una red de médicos residentes que trabajan en hospitales públicos de distintas regiones del país informó que el 44 por ciento de los quirófanos en Venezuela no estaban funcionando, y que el 94 por ciento de los laboratorios no tenían los insumos que necesitaban para funcionar adecuadamente. Esta red también comprobó que era habitual que en los hospitales venezolanos hubiera escasez o faltantes en el 60 por ciento de los medicamentos o insumos que normalmente se mantienen en los inventarios de hospitales en otros sitios, y que había medicamentos esenciales que no estaban disponibles en farmacias.
Derechos laborales
La legislación laboral adoptada en abril de 2012 contiene disposiciones que limitan la libertad de los sindicatos para redactar sus propios estatutos y elegir a sus representantes. En la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo público, continúa interviniendo en las elecciones sindicales, contrariamente a lo establecido en estándares internacionales que exigen que estas se celebren sin interferencia gubernamental.
Actores internacionales clave
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y varios relatores de la ONU han expresado preocupación por la situación cada vez más precaria de los derechos humanos en Venezuela, incluidas severas reacciones gubernamentales a críticas y expresiones de disenso pacíficas, campañas de intimidación contra defensores de derechos humanos, y maltrato y tortura contra detenidos.
El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU manifestaron profunda preocupación por una variedad de abusos, incluido el proceso para la designación y remoción de jueces, que atenta contra la independencia judicial; el acceso limitado a información en poder del gobierno; la crítica situación del sistema de salud venezolano; y los actos de violencia e intimidación contra sindicalistas.
En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que Venezuela violó el derecho a la libertad de expresión cuando en 2007 sacó del aire al canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV), que era crítico del gobierno, y resolvió que Venezuela debía restablecer la señal del canal.
Debido a la decisión del gobierno de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos venezolanos y residentes en el país no pueden solicitar la intervención de la Corte IDH para la reparación de abusos cometidos luego de septiembre de 2013, cuando no existan recursos locales o estos no sean efectivos. La Comisión Interamericana ha continuado el seguimiento de la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no requiere ratificación por los estados.
Organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) no han instado a Venezuela a abordar los abusos. Si bien algunos gobiernos latinoamericanos —como Chile, Colombia, Costa Rica y Paraguay—se pronunciaron públicamente sobre la condena de López, la mayoría de los líderes regionales han guardado silencio con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En noviembre, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, rompió el silencio y publicó una carta en la cual repudió el encarcelamiento de López y otros abusos de poder del gobierno de Maduro. Días después, el presidente electo de Argentina Mauricio Macri expresó que, una vez que asuma, solicitará que Venezuela sea suspendida del MERCOSUR, de conformidad con una disposición del tratado constitutivo de esta organización, que permite a los estados parte suspender a otros cuando se produzca una “ruptura” de su “orden democrático”.
En diciembre de 2014, Estados Unidos promulgó legislación que le permite inmovilizar activos y denegar visas a personas presuntamente implicadas en abusos contra participantes en las protestas contra el gobierno de 2014. En marzo, el Presidente Barack Obama aplicó por decreto sanciones dirigidas específicamente a siete funcionarios del gobierno venezolano.
Venezuela integra actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual preside los comités de sanciones a Sudán, Somalia y Eritrea. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela votó reiteradamente en contra de medidas para permitir el seguimiento de graves situaciones de derechos humanos en distintas regiones del mundo, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán, Bielorrusia y Ucrania. La campaña de Venezuela iniciada en octubre de 2015 para renovar su mandato en el Consejo de Derechos Humanos resultó exitosa.
En noviembre de 2015, el presidente Maduro habló ante el Consejo de Derechos Humanos durante una sesión extraordinaria convocada a pedido suyo. En una declaración videograbada, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que compartía la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU con respecto a los actos de intimidación, amenazas y ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y abogados en Venezuela. Venezuela no ha permitido que ningún representante de los procedimientos especiales de la ONU visite el país desde 1996, a pesar de reiterados pedidos solicitando autorización para las visitas.