Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aun en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México.
En septiembre de 2015, un grupo de expertos designado a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, refutó las conclusiones clave de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a que indagaran nuevas líneas de investigación. El gobierno aceptó posteriormente prorrogar el mandato del grupo para que continuara el seguimiento a la investigación durante otros seis meses. Al momento de la redacción del presente informe, y a más de un año de las desapariciones, todavía se desconoce el paradero de al menos 41 estudiantes.
Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa y al acceso a derechos reproductivos y a la atención de la salud.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas.
En agosto de 2014, el gobierno reconoció públicamente no saber cuál había sido el destino de más de 22.000 personas cuyo paradero se desconocía desde 2006. Esta cantidad ha aumentado a más de 25.500, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se creó por ley en 2012. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar ellos mismos.
De los 43 estudiantes de una escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron en septiembre de 2014, solamente se ha identificado a dos entre los restos que la PGR afirma haber encontrado. Hasta agosto de 2015, más de 100 personas habían sido acusadas por su presunta participación en el incidente, pero ninguna había sido condenada al momento de redacción del presente documento.
En septiembre, el grupo de expertos de la CIDH convocado para evaluar la respuesta del gobierno al incidente emitió su informe final, en el cual concluyó que se habían producido graves irregularidades en el manejo de pruebas clave, incluida su posible destrucción.
El gobierno federal ha implementado medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad en el ámbito de la PGR para investigar desapariciones. Al ser consultados en agosto, funcionarios de la PGR señalaron que no tenían conocimiento de ningún caso en el cual se hubiera condenado a alguna persona por desapariciones forzadas cometidas desde 2007.
En abril, el Congreso aprobó una reforma constitucional que exige al poder legislativo federal promulgar leyes generales sobre desaparición forzada y tortura, que establecerán una única definición de cada uno de los delitos a nivel nacional, y facilitarán su juzgamiento en los 31 estados y el distrito federal.
Ejecuciones extrajudiciales
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.
En enero de 2015, al menos ocho civiles fueron asesinados en Apatzingán, Michoacán, cuando agentes de la Policía Federal intervinieron en una manifestación a la cual habían concurrido grupos de autodefensa ciudadana. Varios testigos indicaron que policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos. A la fecha del presente, proseguía la investigación federal.
En mayo, un enfrentamiento armado entre policías federales y civiles en el municipio de Tanhuato, Michoacán, dejó un saldo de un policía y 42 civiles muertos. Si bien el Comisionado General de la Policía Federal señaló entonces a los medios de comunicación que los agentes estaban respondiendo en defensa propia a agresiones armadas de civiles, Human Rights Watch recibió información de que al menos cuatro personas fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando ya había concluido el enfrentamiento inicial. Los agentes de la PGR recién iniciaron una investigación del caso tres meses después de ocurrido el incidente fatal.
Abusos militares e impunidad
México ha empleado fuertemente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y los militares han cometido en estas operaciones numerosas violaciones de derechos humanos. Desde 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de 1.700 durante el actual gobierno— y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer la obligatoriedad de que los abusos cometidos contra civiles por militares fueran juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus actos. La reforma dispuso que los abusos cometidos por militares contra otros soldados seguirían alcanzados por la justicia militar.
Al momento de preparación de este informe, ningún militar había sido condenado en relación con el asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en noviembre de 2014. Diversos testigos y un informe de la CNDH indicaron que en este hecho al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados. Según la CNDH, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso torturando a testigos para obligarlos a que prestaran testimonios falsos.
En el estado de Zacatecas, tres soldados y un coronel fueron detenidos en julio en relación con la desaparición de siete personas que posteriormente fueron halladas muertas. Los cuatro fueron consignados en relación con siete cargos por homicidio y desaparición forzada, y serán juzgados en la justicia penal ordinaria.
Tortura
Es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican en el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, durante el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales.
Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual. En 2014, la PGR recibió más de 2.400 denuncias de tortura, lo cual representa más del doble de la cantidad de 2013 (1.165). A pesar de que la Constitución establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, algunos jueces continúan desestimando las denuncias sobre tortura y admiten confesiones obtenidas bajo coacción.
Sistema de justicia penal
Es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.
En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para 2016 su sistema judicial inquisitivo y escrito en uno de tipo acusatorio y oral. La implementación de esta reforma ha sido más bien lenta. En agosto, el nuevo sistema oral se estaba aplicando plenamente —a nivel federal y local— tan sólo en dos estados mexicanos.
En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y reparación a las víctimas de delitos. Hasta agosto de 2015, el distrito federal y 9 de 31 estados todavía no habían aprobado leyes de reglamentación de la Ley General de Víctimas. Solamente 10 estados habían creado una comisión estatal de víctimas, y apenas cinco funcionaban plenamente.
En abril, la Suprema Corte determinó que la disposición sobre arraigo —que permite a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días y antes de ser consignadas a personas que presuntamente estén involucradas en la delincuencia organizada— es constitucional en casos de “delitos graves”, según la definición prevista en el derecho mexicano.
Grupos de autodefensa
La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.
Luego de que se expresara preocupación ante la intervención no regulada de algunos grupos en acciones de seguridad, varios grupos de autodefensa en el estado de Michoacán suscribieron en 2014 un acuerdo con el gobierno, en el cual se comprometieron a que sus miembros registraran sus armas y se sumaran a fuerzas de seguridad locales. A la fecha del presente, no se había llevado a cabo una evaluación independiente sobre cómo se había implementado el acuerdo ni si cumplía con los requisitos que prevé el derecho mexicano sobre selección de aspirantes a miembros de las fuerzas de seguridad.
Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, entre 2000 y octubre de 2015 fueron asesinados 103 periodistas y otros 25 desaparecieron.
En 2012, México promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que facilitó la creación de un mecanismo nacional de protección. Sin embargo, en algunos casos el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o insuficiente. Al momento de preparación de este informe, las autoridades aún no habían formulado cargos sobre la base de esta ley contra ningún presunto responsable de amenazas o ataques a defensores de derechos humanos.
Las autoridades en general no investigan adecuadamente delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2014 que el 89 por ciento de los delitos contra periodistas en México quedan impunes. Hasta octubre, la Fiscalía Especial estaba efectuando 303 investigaciones de delitos contra periodistas o medios de comunicación, y había formulado cargos en apenas 21 casos.
En agosto, el fotoperiodista Rubén Espinosa fue hallado muerto en un departamento en México D.F. junto con cuatro víctimas mujeres, entre ellas la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez. Según informaron los medios, todos habían sido torturados antes de ser ejecutados con un único disparo en la cabeza. Espinosa aparentemente había huido de Veracruz, el estado mexicano que registra la mayor cantidad combinada de asesinatos y desapariciones de periodistas en México. A la fecha del presente, la investigación sobre los asesinatos estaba siendo impulsada por las autoridades locales en vez de la PGR.
Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de funcionarios gubernamentales o grupos delictivos. La regulación insuficiente de la publicidad oficial también puede limitar la libertad de prensa, al otorgar a funcionarios gubernamentales una influencia económica desproporcionada sobre algunos medios de comunicación.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.
En 2008, la Suprema Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Ningún otro estado mexicano tiene leyes que permitan el aborto voluntario.
En 2010, la Suprema Corte resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación. Sin embargo, en la práctica muchas mujeres y jóvenes enfrentan graves obstáculos, incluida información errónea e intimidación por parte de funcionarios, cuando intentan llevar a cabo abortos luego de sufrir hechos de violencia sexual.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en México D.F. desde 2010, y desde entonces ha sido legalizado en los estados de Coahuila y Quintana Roo. En junio, la Suprema Corte dispuso que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer es discriminatoria y resulta violatoria de la Constitución mexicana, lo cual sentaría una base para el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en los 31 estados mexicanos.
Cuidados paliativos
El gobierno mexicano adoptó una serie de medidas importantes para implementar normas que mejoren el acceso a cuidados paliativos y terminales. En junio, creó un nuevo sistema para recetar y suministrar analgésicos fuertes que mejorará sustancialmente la atención de la salud de personas con enfermedades avanzadas. Al momento de redacción de este informe, 29 de los 31 estados contaban con al menos un centro de salud que brinda cuidados paliativos, en comparación con los 24 que contaban con estos centros en 2014.
A pesar de estos importantes esfuerzos, aún subsisten desafíos, como la escasez de establecimientos que ofrecen cuidados paliativos; en muchos estados, solamente un hospital brinda este tipo de atención, debido a lo cual la mayoría de los pacientes no tienen acceso a cuidados paliativos cerca de donde viven o en su domicilio.
Derechos de discapacidad
Una investigación realizada en enero por Disability Rights International reveló la alta propensión a que se nieguen derechos reproductivos a mujeres mexicanas con discapacidad psicosocial, y denunció que en algunos casos en centros de salud estatales de México D.F. se presiona a estas mujeres para que se sometan a esterilizaciones o abortos.
En julio, un informe de Disability Rights International denunció condiciones inhumanas en establecimientos para personas con discapacidad que reciben financiamiento del gobierno de México D.F. En una institución, se encierra en jaulas a menores con discapacidad. A pesar de que el gobierno confeccionó una “lista negra” de instituciones que se consideran abusivas o donde las condiciones son sumamente deficientes, estas siguen funcionando y recibiendo fondos gubernamentales. La Secretaría de Desarrollo Social ha instado a que se prohíban inmediatamente las medidas de inmovilización y las camas jaula.
Actores internacionales clave
Desde 2007, Estados Unidos ha destinado más de USD 2.000 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo podrá desembolsarse una vez que el Secretario de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno mexicano está cumpliendo una serie de requisitos vinculados con los derechos humanos. En una decisión sin precedentes, el Departamento de Estado anunció en octubre que retendría USD 5 millones de los fondos de asistencia de Mérida, debido a que no podía confirmar que México hubiera cumplido con los criterios sobre derechos humanos.
En marzo, un Grupo de Expertos Independientes designado por la CIDH comenzó a prestar colaboración técnica en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. En octubre, el gobierno y la CIDH firmaron un acuerdo para prorrogar el mandato del grupo de expertos por otros seis meses.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó en febrero que existe un “contexto generalizado” de desapariciones en México, muchas de las cuales podrían clasificarse como desapariciones forzadas. El comité expresó preocupación ante los “serios desafíos” que afronta México en materia de prevención, investigación y enjuiciamiento de casos de desapariciones forzadas.
En marzo, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presentó un informe en el cual sostiene que la “tortura es generalizada en México” y que son pocas las instancias en que los responsables son llevados ante la justicia. El gobierno de Peña Nieto respondió calificando públicamente al relator especial de “irresponsable y muy poco ético”.