En 2015, se tramitaron en el Congreso de Chile diversas leyes para fortalecer las garantías de derechos humanos, luego de los compromisos en este sentido asumidos por la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, ninguna de estas leyes había sido promulgada al momento de la redacción de este informe. Esta legislación incluyó reformas a la ley antiterrorista chilena y la despenalización del aborto en algunas circunstancias específicas. Sin embargo, hasta noviembre no se había iniciado el proceso legislativo de otras reformas que el país necesita desde hace tiempo, como un esperado proyecto de ley que ponga fin a la competencia de los tribunales militares respecto de violaciones de derechos humanos cometidas por carabineros, la fuerza policial encargada de mantener el orden público y prevenir delitos.
Si bien la justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos durante el régimen militar, en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir las penas a quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos, y esto ha redundado en penas que no son proporcionales a la gravedad de los delitos.
Juicios por abusos del pasado
En marzo de 2015, el presidente de la Corte Suprema informó que se estaban investigando 1.056 casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1990), de los cuales 112 eran casos de tortura. Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, hasta diciembre de 2015 se habían dictado sentencias definitivas contra 344 personas implicadas en violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas. Se indicó que 117 personas cumplían penas de prisión.
Si bien inicialmente se han aplicado largas penas de prisión a personas condenadas por ejecuciones extrajudiciales, la sala penal de la Corte Suprema en muchos casos ha reducido las condenas en la última instancia de apelación, aduciendo que el tiempo transcurrido desde el delito justifica una pena menos severa o incluso no privativa de la libertad. Dos de los cinco ministros que integran la sala han votado en disidencia en todos estos casos.
Asimismo, el servicio penitenciario y las cortes de apelaciones han concedido beneficios como salidas diurnas y libertad condicional a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Estos privilegios han sido ratificados por la Corte Suprema.
El General Manuel Contreras, quien estuvo al frente de la DINA, la policía secreta de Pinochet, falleció en un hospital militar en agosto de 2015. Contreras fue responsable de la ejecución sumaria, desaparición forzada y tortura de miles de víctimas durante los primeros años de la dictadura. Al momento de su muerte, cumplía la pena acumulada de 529 años de prisión, y se encontraban en curso otras causas en su contra.
El hermetismo todavía impide que se conozca más sobre violaciones de derechos humanos del pasado. Un ejemplo dramático de esta situación fue la publicación, en 2015, del testimonio de un ex soldado que aseveró que un oficial había quemado vivos a dos adolescentes, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, tras ser detenidos durante una protesta callejera en 1986. Rojas murió en un hospital a causa de las lesiones sufridas, mientras que Quintana debió someterse a sucesivas intervenciones quirúrgicas que le dejaron graves cicatrices permanentes.
La versión oficial, basada en el testimonio de testigos pertenecientes a las fuerzas militares que habrían sido intimidados y obligados a declarar, fue que las víctimas se habían quemado accidentalmente con un cóctel Molotov. En noviembre de 2014, un ex soldado declaró que un comandante de patrullas había ordenado que fueran rociados con bencina y prendidos fuego, lo cual confirma el relato de Quintana sobre lo ocurrido. A partir de este testimonio, en julio de 2015 el Juez Mario Carroza imputó a 12 ex soldados por homicidio calificado.
En agosto, el ministro de defensa conformó una unidad de derechos humanos, encabezada por un ex juez, para coordinar y facilitar la cooperación militar en casos investigados por la justicia.
Ley Antiterrorista
A la fecha de preparación de este informe, aún se estaba tratando en el Senado un proyecto de ley presentado por el gobierno en noviembre de 2014 para reformar la ley antiterrorista chilena. La ley actual no contiene suficientes garantías de debido proceso, y define al terrorismo en términos excesivamente amplios. El proyecto de 2014 propone actualizar y limitar la definición de terrorismo, excluyendo los delitos contra la propiedad privada que anteriormente sirvieron de fundamento legal a las causas penales por terrorismo contra activistas mapuches. El proyecto también reforzaría las garantías de debido proceso, al reconocer a los abogados defensores el derecho a ser informados sobre la identidad de testigos protegidos, a interrogarlos en relación con la prueba e indagar su credibilidad.
Jurisdicción militar
La justicia militar continúa conociendo en casos de abusos cometidos por carabineros. Los procedimientos penales en la justicia militar carecen de la independencia y las garantías de debido proceso que distinguen a los juicios en la justicia penal ordinaria. Las investigaciones se instruyen en forma secreta, los procedimientos son en su mayoría escritos y los abogados tienen escasas oportunidades de interrogar a los testigos de la parte contraria.
Muchas de las legítimas demandas por violaciones de derechos humanos que se plantean ante la justicia militar son desestimadas. A menudo las cortes de apelación militar rebajan desproporcionadamente las penas. Tanto el Tribunal Constitucional de Chile como la Corte Suprema se han opuesto a que este tipo de casos sean conocidos por la jurisdicción militar.
En mayo de 2014, el ministro de defensa anunció que presentaría un proyecto legislativo antes de fin de junio de 2015 que reformaría el Código de Justicia Militar y pondría fin a la jurisdicción militar en delitos cometidos contra civiles por miembros de las Fuerzas Armadas (incluidos carabineros). A la fecha de redacción del presente informe, el proyecto aún no había sido presentado.
Abusos policiales
En mayo de 2015, durante una protesta callejera en Valparaíso, el estudiante Rodrigo Avilés fue lanzado violentamente al suelo por el impacto de un cañón de agua policial y sufrió graves heridas al golpear su cabeza con el asfalto. Si bien en un primer momento Carabineros negó responsabilidad por el hecho, posteriormente se difundió un video en la televisión estatal que mostraba el momento en que Avilés era alcanzado por agua lanzada a corta distancia por la policía, y el oficial implicado fue pasado a retiro. Carabineros también anunció que se aplicarían medidas disciplinarias contra dos agentes que, según se ve en una grabación de video, golpean a una adolescente sin que medie provocación, y la dejan en el suelo inconsciente.
Las cortes de apelaciones han instado reiteradamente a los carabineros a observar protocolos rigurosos sobre uso de la fuerza cuando ingresan en comunidades indígenas mapuches en el contexto de conflictos por tierras en el sur de Chile. En febrero de 2015, la Corte Suprema por via de un amparo ordenó que los carabineros respetaran el derecho a la libertad y la seguridad personal de tres adolescentes mapuches que fueron presuntamente perseguidos, detenidos y golpeados por policías en octubre de 2014. Sin embargo, sigue habiendo nuevas denuncias de casos de brutalidad y uso desproporcionado de la fuerza. También mujeres y niños han estado entre las víctimas de estos abusos.
Tortura
La tortura a manos de policías y guardias penitenciarios es un problema que persiste. Luego de que en varios fallos la Corte Suprema se pronunciara en contra de la competencia militar sobre abusos presuntamente cometidos por carabineros, al momento de redacción de este documento algunos casos estaban siendo investigados por fiscales de la justicia penal ordinaria y se esperaba que llegaran a juicio en este fuero. No existe en el Código Penal una referencia específica a la tortura, conforme esta se define en instrumentos internacionales. La Presidenta Bachelet se comprometió a presentar un proyecto para rectificar esta situación en su mensaje presidencial de cuenta pública pronunciado en mayo de 2015.
Condiciones en centros de detención
A pesar de las medidas adoptadas en el período 2010-2013 para reducir la población carcelaria, muchas de las cárceles de Chile todavía presentan graves niveles de hacinamiento. Las condiciones siguen siendo precarias, y son comunes los abusos por parte de guardias penitenciarios. Una encuesta realizada en 2013 por Gendarmería, el servicio penitenciario chileno, en la cual participaron más de 2.000 internos, reveló que más de un tercio afirmaba haber sufrido violencia a manos de guardias, y más de un quinto señaló haber padecido torturas. En enero de 2015, 18 guardias penitenciarios recibieron condenas en suspenso de 61 días de prisión por haber golpeado a un grupo de 57 internos en la cárcel de Rancagua, tras un intento de fuga.
Derechos reproductivos
Chile es uno de los cuatro únicos países de América Latina (los otros tres son El Salvador, Honduras y Nicaragua) que prohíben el aborto de manera absoluta, incluso en casos de necesidad médica o violación. En enero de 2015, la Presidenta Bachelet presentó un proyecto legislativo para despenalizar el aborto en casos de violación o inviabilidad fetal, o cuando exista riesgo para la vida de la mujer o joven.
En agosto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio su aprobación inicial a la ley, y completó así el primer paso del proceso de promulgación. No obstante, el proyecto encontró oposición en la Iglesia católica, que goza de amplia influencia en Chile, el Partido Demócrata Cristiano y legisladores de la fuerza opositora Alianza por Chile, los cuales señalaron que impugnarían la ley ante el Tribunal Constitucional. Hasta la fecha el trámite de la ley continua en la Camara de Diputados.
Orientación sexual e identidad de género
En abril de 2015 se convirtió en ley un proyecto de “unión civil” presentado por el ex Presidente Sebastián Piñera en 2011, que otorga reconocimiento legal y garantías a las parejas del mismo sexo. La norma entró en vigor en octubre. Otro proyecto presentado por cinco senadores de distintos partidos en mayo de 2013 para otorgar reconocimiento legal a la identidad de género de personas transgénero estaba siendo analizado en la comisión de derechos humanos del Senado al momento de redacción del presente.
Defensores de derechos humanos
En abril de 2015, tres miembros del bloque de oposición en la Cámara de Diputados ingresaron una solicitud ante esa cámara para que la Corte Suprema disponga la remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, por “negligencia manifiesta e inexcusable”. Esta medida se produjo luego de que el jefe de Carabineros planteara una queja ante la distribución por el INDH de un texto sobre derechos humanos destinado a estudiantes, en el cual se señalaba que los carabineros efectuaron numerosas detenciones durante las protestas callejeras, en parte para disuadir a los manifestantes de ejercer su derecho de libertad de reunión.
El texto en cuestión se basaba en estadísticas oficiales que mostraban que la cantidad de detenciones superaba ampliamente al número de personas que finalmente eran acusadas en relación con algún delito. Tras recibir la defensa de Fries, en junio la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de remoción por un margen de dos a uno. La solicitud de remoción y la votación en la cámara —que constituyen una reacción desproporcionada a las críticas del INDH sobre la actuación de los carabineros— evidenciaron la vulnerabilidad de este organismo a las represalias políticas.
Actores internacionales clave
En julio de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Chile al comité. El comité instó a Chile a fortalecer sus leyes contra la discriminación y a asignar mayores recursos al INDH. También recomendó a Chile agilizar la adopción del proyecto de ley sobre aborto y a considerar la posibilidad de ampliar las circunstancias en las cuales se permite el aborto, para asegurar que el proyecto sea compatible con los derechos de la mujer a la salud y la vida.
También en julio, los relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de opinión y de expresión, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos enviaron una carta conjunta al embajador de Chile ante la ONU manifestando su consternación ante las acciones de los legisladores contra la directora del INDH.
En mayo, Chile adoptó la Declaración sobre Escuelas Seguras, de alcance global, comprometiéndose así a reforzar sus acciones para proteger a estudiantes, docentes y escuelas en tiempos de conflicto armado, entre otras medidas, implementando las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados.